LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD QUE DESANGRA A CANARIAS: UN 1% DE MILLONARIOS ACUMULA EL 30% DE LA RIQUEZA
La desigualdad social del Archipiélago se asemeja cada vez más a la de los países subdesarrollados
Canarias vive una desigualdad tan extrema que sus cifras patrimoniales se asemejan más a las de los países subdesarrollados que a las de sus vecinas europeas. Mientras un 1 % concentra el 30 % de la riqueza, la mitad más pobre apenas sobrevive con el 4,2 %. Esta brecha no es fruto del azar, sino de un sistema diseñado para concentrar poder económico en manos de una aristocracia local que ha convertido el paraíso en su finca privada.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mientras las postales venden la imagen de un paraíso soleado, tras el telón turístico de Canarias se oculta una realidad social que se asemeja más a la de los países subdesarrollados que a la de los territorios más avanzados de Europa occidental, a los que, políticamente, pertenecen las islas. La última edición del Atlas de la Riqueza de España, elaborada por EsadeEcPol a partir de datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, vuelve a colocar al Archipiélago entre los lugares más desiguales del Estado español. El dato estadístico que resume esta desigualdad es sencillamente contundente: el 1 % más rico de la población canaria acumula cerca del 30 % de toda la riqueza regional. Al mismo tiempo, la mitad más pobre apenas roza el 4,2 % del total.
Esto significa que más de un millón de personas reparten migajas, mientras un puñado de familias nada en una abundancia que no solo se hereda, sino que se protege con redes de poder, privilegios institucionales y una arquitectura económica diseñada a su medida. Este contraste brutal no solo evidencia una fractura social, sino que coloca en entredicho el modelo económico de las islas, fuertemente dependiente del turismo masivo, el ladrillo y la inversión inmobiliaria especulativa.
El dato que más ilustra esta grieta es el del patrimonio medio por hogar. En Canarias se sitúa en torno a los 250.000 euros, una cifra muy por debajo de los 687.000 euros que se registran en Madrid, los 477.000 de Baleares o los 434.000 de Cataluña. En términos relativos, Canarias no solo es pobre, sino que es pobre dentro de los pobres. Y lo más alarmante: incluso en esa pobreza relativa, la desigualdad es abismal. El índice de Gini, el más utilizado para medir la desigualdad, alcanzó en 2022 un 75,2 en Canarias. Se trata del segundo más alto del Estado, solo superado por Madrid.
Este nivel de concentración patrimonial no es casual ni producto del azar. Responde a una estructura social profundamente arraigada, donde la propiedad de los medios de producción, del suelo y de los sectores estratégicos está en manos de un número muy reducido de familias o de grandes corporaciones o fondos de inversión ubicados fuera del Archipiélago.
Los nombres del poder
La cara visible de la aristocracia económica autóctona es una constelación de apellidos que se repiten en los negocios, las fundaciones, los consejos de administración y las portadas de la prensa local. Un “club de intocables” que no necesita competir, porque ya ha ganado antes de empezar el juego.
Eustasio López González, dueño del Grupo Lopesan, lidera la lista con un imperio turístico e inmobiliario que le otorga más de 1.200 millones de euros en activos. A su lado, los hermanos Domínguez Santana, fundadores de HiperDino, controlan una fortuna que ronda los 400 millones. Wolfgang Kiessling, el magnate conocido por ser el dueño de Loro Parque y Siam Park, suma entre 370 y 550 millones. Y así continúa la lista: Pedro Agustín del Castillo (Binter), Juan Miguel Sanjuán (Satocan), la familia Cobiella (Hospiten), los Martínón, los Bhavnani, los Alonso, los Ramírez, los Rosa, los Hardisson… Todos ellos protagonistas del oligopolio económico de las islas.
Se estima que estas familias, unas 8.551, que representan apenas el 1 % de los hogares canarios, concentran un patrimonio conjunto de 60.000 millones de euros. Su riqueza no solo se acumula: se protege mediante mecanismos legales, concesiones públicas, exenciones fiscales y subvenciones estatales y europeas. El propio sistema fiscal canario —con su Zona Especial Canaria (ZEC) y el Régimen Económico y Fiscal (REF)— ha sido diseñado para favorecer la inversión de capitales, impidiendo una mínima redistribución de la riqueza generada.
Una parte significativa de estas fortunas tiene su origen en procesos históricos de acumulación: la desamortización de tierras, la privatización de servicios públicos, la entrega de licencias para operar infraestructuras clave, o la participación privilegiada en los fondos europeos de desarrollo. Es decir, se trata de riqueza privada construida, en gran medida, con fondos públicos. El Estado, lejos de redistribuir la riqueza, actúa como una plataforma de enriquecimiento para los más ricos.
La vivienda, pilar central del patrimonio de muchas familias, se ha convertido también en un instrumento de exclusión. Mientras los más pobres apenas alcanzan un patrimonio medio de 3.714 euros, basado casi exclusivamente en cuentas corrientes, las élites concentran sus activos en inmuebles de lujo, fondos de inversión, empresas, valores bursátiles y propiedades turísticas. El negocio de la vivienda vacacional, el alquiler turístico y la especulación inmobiliaria no solo expulsa a las familias locales de sus barrios, sino que convierte la vivienda en una mercancía altamente rentable.
¿Una estructura de subdesarrollo en Europa?
Si tenemos en cuenta su desigual distribución de la riqueza, comparar a Canarias con países empobrecidos no es una exageración panfletaria. Una consideración rigurosa de los datos permite dimensionar la magnitud del problema.
En Sudáfrica, por ejemplo, el 1 % más rico llega a concentrar en algunos estudios hasta el 55 % de la riqueza. En América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta, el 50 % más pobre apenas accede a un 1-2 % del patrimonio total. Las cifras canarias, con un 30 % de riqueza en manos del 1 % y solo un 4,2 % en manos de la mitad más pobre, se sitúan peligrosamente cerca de estos niveles.
La situación se agrava si se considera la movilidad social. En Canarias, como en muchos países “subdesarrollados”, el lugar donde uno nace determina casi por completo su lugar en la escala social. Se estima que el 30 % de la desigualdad patrimonial se debe a la herencia. Si naces rico, seguirás siéndolo. Si naces pobre, si no tienes patrimonio que heredar, ni activos que utilizar como palanca, ni oportunidades reales para revertir esa situación, muy difícilmente dejarás de serlo por más empeño que pongas en tu formación y en el trabajo.
Esta realidad no es un “fallo” del sistema, sino la manifestación más clara de su funcionamiento normal. La propiedad privada de los medios de producción, la concentración del suelo, la conversión de la vivienda en inversión y no en derecho, y la subordinación de la economía al capital turístico e inmobiliario generan inevitablemente desigualdad.
Como sucede en países del Sur global, la dependencia económica externa juega un papel central. Canarias vive del turismo internacional, un sector vulnerable a crisis externas, desastres naturales, conflictos geopolíticos o pandemias. Esta dependencia limita la soberanía económica y precariza a la clase trabajadora, que ocupa los escalones más bajos del empleo turístico: camareros, limpiadoras, cocineros, vigilantes, mal pagados y sobreexplotados.
A esta fragilidad se suma una estructura empresarial dominada por monopolios y oligopolios. Como en muchos países subdesarrollados, la competencia real es casi inexistente. El mercado está dominado por grandes grupos familiares o empresas extranjeras que fijan precios, condiciones laborales, pautas de consumo y hasta políticas públicas. Son empresas que no necesitan innovar, competir ni arriesgar: tienen garantizada su rentabilidad gracias al control institucional y la captura del aparato estatal.
Es por ello que no se puede entender la desigualdad sin entender el modelo económico. Un modelo que no produce riqueza para redistribuirla, sino que produce desigualdad como condición de su funcionamiento. Un modelo que necesita mano de obra barata, tierra barata, alquileres altos y consumo interno contenido para sostener el beneficio privado. Y que necesita, por supuesto, un Estado cómplice.
La gran paradoja de Canarias es que, estando dentro de un Estado con capacidad redistributiva, reproduce los patrones económicos y sociales del subdesarrollo, como resultado de decisiones políticas, fiscales y económicas que priorizan el beneficio de unos pocos frente al bienestar de la mayoría.
El camino para revertir esta situación no pasa por discursos vacíos ni promesas de “mejor gestión”. Requiere transformar de raíz el modelo de desarrollo. Recuperar el control del suelo. Limitar los alquileres. Apostar por una economía diversificada que no dependa del turismo de masas. Democratizar el acceso al crédito. Fortalecer el sector público. Y romper, de una vez por todas, con el pacto no escrito que garantiza impunidad a quienes más tienen.
Porque la pregunta ya no es si Canarias se parece a los países subdesarrollados. La pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos que esto sea así y que nos acerquemos, cada vez un poco más, a la realidad social que caracteriza a esos países.
Fuentes utilizadas
-
-
-
-
-
-
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Mientras las postales venden la imagen de un paraíso soleado, tras el telón turístico de Canarias se oculta una realidad social que se asemeja más a la de los países subdesarrollados que a la de los territorios más avanzados de Europa occidental, a los que, políticamente, pertenecen las islas. La última edición del Atlas de la Riqueza de España, elaborada por EsadeEcPol a partir de datos de la Agencia Tributaria, el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, vuelve a colocar al Archipiélago entre los lugares más desiguales del Estado español. El dato estadístico que resume esta desigualdad es sencillamente contundente: el 1 % más rico de la población canaria acumula cerca del 30 % de toda la riqueza regional. Al mismo tiempo, la mitad más pobre apenas roza el 4,2 % del total.
Esto significa que más de un millón de personas reparten migajas, mientras un puñado de familias nada en una abundancia que no solo se hereda, sino que se protege con redes de poder, privilegios institucionales y una arquitectura económica diseñada a su medida. Este contraste brutal no solo evidencia una fractura social, sino que coloca en entredicho el modelo económico de las islas, fuertemente dependiente del turismo masivo, el ladrillo y la inversión inmobiliaria especulativa.
El dato que más ilustra esta grieta es el del patrimonio medio por hogar. En Canarias se sitúa en torno a los 250.000 euros, una cifra muy por debajo de los 687.000 euros que se registran en Madrid, los 477.000 de Baleares o los 434.000 de Cataluña. En términos relativos, Canarias no solo es pobre, sino que es pobre dentro de los pobres. Y lo más alarmante: incluso en esa pobreza relativa, la desigualdad es abismal. El índice de Gini, el más utilizado para medir la desigualdad, alcanzó en 2022 un 75,2 en Canarias. Se trata del segundo más alto del Estado, solo superado por Madrid.
Este nivel de concentración patrimonial no es casual ni producto del azar. Responde a una estructura social profundamente arraigada, donde la propiedad de los medios de producción, del suelo y de los sectores estratégicos está en manos de un número muy reducido de familias o de grandes corporaciones o fondos de inversión ubicados fuera del Archipiélago.
Los nombres del poder
La cara visible de la aristocracia económica autóctona es una constelación de apellidos que se repiten en los negocios, las fundaciones, los consejos de administración y las portadas de la prensa local. Un “club de intocables” que no necesita competir, porque ya ha ganado antes de empezar el juego.
Eustasio López González, dueño del Grupo Lopesan, lidera la lista con un imperio turístico e inmobiliario que le otorga más de 1.200 millones de euros en activos. A su lado, los hermanos Domínguez Santana, fundadores de HiperDino, controlan una fortuna que ronda los 400 millones. Wolfgang Kiessling, el magnate conocido por ser el dueño de Loro Parque y Siam Park, suma entre 370 y 550 millones. Y así continúa la lista: Pedro Agustín del Castillo (Binter), Juan Miguel Sanjuán (Satocan), la familia Cobiella (Hospiten), los Martínón, los Bhavnani, los Alonso, los Ramírez, los Rosa, los Hardisson… Todos ellos protagonistas del oligopolio económico de las islas.
Se estima que estas familias, unas 8.551, que representan apenas el 1 % de los hogares canarios, concentran un patrimonio conjunto de 60.000 millones de euros. Su riqueza no solo se acumula: se protege mediante mecanismos legales, concesiones públicas, exenciones fiscales y subvenciones estatales y europeas. El propio sistema fiscal canario —con su Zona Especial Canaria (ZEC) y el Régimen Económico y Fiscal (REF)— ha sido diseñado para favorecer la inversión de capitales, impidiendo una mínima redistribución de la riqueza generada.
Una parte significativa de estas fortunas tiene su origen en procesos históricos de acumulación: la desamortización de tierras, la privatización de servicios públicos, la entrega de licencias para operar infraestructuras clave, o la participación privilegiada en los fondos europeos de desarrollo. Es decir, se trata de riqueza privada construida, en gran medida, con fondos públicos. El Estado, lejos de redistribuir la riqueza, actúa como una plataforma de enriquecimiento para los más ricos.
La vivienda, pilar central del patrimonio de muchas familias, se ha convertido también en un instrumento de exclusión. Mientras los más pobres apenas alcanzan un patrimonio medio de 3.714 euros, basado casi exclusivamente en cuentas corrientes, las élites concentran sus activos en inmuebles de lujo, fondos de inversión, empresas, valores bursátiles y propiedades turísticas. El negocio de la vivienda vacacional, el alquiler turístico y la especulación inmobiliaria no solo expulsa a las familias locales de sus barrios, sino que convierte la vivienda en una mercancía altamente rentable.
¿Una estructura de subdesarrollo en Europa?
Si tenemos en cuenta su desigual distribución de la riqueza, comparar a Canarias con países empobrecidos no es una exageración panfletaria. Una consideración rigurosa de los datos permite dimensionar la magnitud del problema.
En Sudáfrica, por ejemplo, el 1 % más rico llega a concentrar en algunos estudios hasta el 55 % de la riqueza. En América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta, el 50 % más pobre apenas accede a un 1-2 % del patrimonio total. Las cifras canarias, con un 30 % de riqueza en manos del 1 % y solo un 4,2 % en manos de la mitad más pobre, se sitúan peligrosamente cerca de estos niveles.
La situación se agrava si se considera la movilidad social. En Canarias, como en muchos países “subdesarrollados”, el lugar donde uno nace determina casi por completo su lugar en la escala social. Se estima que el 30 % de la desigualdad patrimonial se debe a la herencia. Si naces rico, seguirás siéndolo. Si naces pobre, si no tienes patrimonio que heredar, ni activos que utilizar como palanca, ni oportunidades reales para revertir esa situación, muy difícilmente dejarás de serlo por más empeño que pongas en tu formación y en el trabajo.
Esta realidad no es un “fallo” del sistema, sino la manifestación más clara de su funcionamiento normal. La propiedad privada de los medios de producción, la concentración del suelo, la conversión de la vivienda en inversión y no en derecho, y la subordinación de la economía al capital turístico e inmobiliario generan inevitablemente desigualdad.
Como sucede en países del Sur global, la dependencia económica externa juega un papel central. Canarias vive del turismo internacional, un sector vulnerable a crisis externas, desastres naturales, conflictos geopolíticos o pandemias. Esta dependencia limita la soberanía económica y precariza a la clase trabajadora, que ocupa los escalones más bajos del empleo turístico: camareros, limpiadoras, cocineros, vigilantes, mal pagados y sobreexplotados.
A esta fragilidad se suma una estructura empresarial dominada por monopolios y oligopolios. Como en muchos países subdesarrollados, la competencia real es casi inexistente. El mercado está dominado por grandes grupos familiares o empresas extranjeras que fijan precios, condiciones laborales, pautas de consumo y hasta políticas públicas. Son empresas que no necesitan innovar, competir ni arriesgar: tienen garantizada su rentabilidad gracias al control institucional y la captura del aparato estatal.
Es por ello que no se puede entender la desigualdad sin entender el modelo económico. Un modelo que no produce riqueza para redistribuirla, sino que produce desigualdad como condición de su funcionamiento. Un modelo que necesita mano de obra barata, tierra barata, alquileres altos y consumo interno contenido para sostener el beneficio privado. Y que necesita, por supuesto, un Estado cómplice.
La gran paradoja de Canarias es que, estando dentro de un Estado con capacidad redistributiva, reproduce los patrones económicos y sociales del subdesarrollo, como resultado de decisiones políticas, fiscales y económicas que priorizan el beneficio de unos pocos frente al bienestar de la mayoría.
El camino para revertir esta situación no pasa por discursos vacíos ni promesas de “mejor gestión”. Requiere transformar de raíz el modelo de desarrollo. Recuperar el control del suelo. Limitar los alquileres. Apostar por una economía diversificada que no dependa del turismo de masas. Democratizar el acceso al crédito. Fortalecer el sector público. Y romper, de una vez por todas, con el pacto no escrito que garantiza impunidad a quienes más tienen.
Porque la pregunta ya no es si Canarias se parece a los países subdesarrollados. La pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos que esto sea así y que nos acerquemos, cada vez un poco más, a la realidad social que caracteriza a esos países.
Fuentes utilizadas
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.120