25 DE OCTUBRE: EN PIE DE GUERRA EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   El próximo 25 de octubre, a las 11:30 horas, el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife albergará una concentración convocada por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias –integrada en la Coordinadora Estatal de Pensionistas en defensa del sistema público de pensiones (COESPE)  y por el cumplimiento de la Ley 21/21, que obliga a realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.

  Con este acto, los convocantes se suman, desde Canarias, a la manifestación que tendrá lugar en Madrid ese mismo día y a la misma hora, con recorrido desde Atocha hasta la Puerta del Sol, en la que participarán plataformas de pensionistas de todo el Estado. Será la sexta gran marcha organizada a nivel estatal para exigir al Gobierno medidas contundentes que garanticen un sistema público de pensiones digno y sostenible.

¿Qué se reivindica en esta convocatoria?

   Entre las principales reivindicaciones, la plataforma exige que se cumpla de inmediato la ley que obliga a auditar las cuentas de la Seguridad Social, con el objetivo de esclarecer en qué se ha invertido el dinero cotizado durante décadas por la clase trabajadora.

   Denuncian también los intentos de privatización del sistema público de pensiones y advierten de que más del 60 % de las personas pensionistas perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Reclaman que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza y exigen que las pensiones mínimas se equiparen al 60 % del salario medio del país.

   La plataforma visibiliza, además, la grave repercusión que tiene la especulación inmobiliaria en la población pensionista, tanto en Canarias como en el resto del Estado. Alertan de situaciones de desahucio, hipotecas inversas impuestas y alquileres inasumibles, que se agravan por el deterioro de los servicios sociales y sanitarios. En este sentido, denuncian el retroceso en la atención a la dependencia, la escasez de recursos públicos como plazas residenciales o centros de día, y el avance de la privatización de servicios esenciales.

  Una de las dimensiones más destacadas de la movilización es la denuncia de la brecha de género en las pensiones, que supera el 33 %. La Coordinadora Estatal señala que esta desigualdad es consecuencia de años de discriminación salarial y laboral hacia las mujeres, así como de la invisibilización y desvalorización del trabajo de cuidados que estas han asumido históricamente. Exigen medidas correctoras tanto en la etapa laboral como en la compensación a las actuales pensionistas.

  También critican el aumento del gasto militar en los presupuestos generales del Estado y reclaman que esos recursos se destinen, en cambio, a reforzar los servicios públicos, garantizar una vivienda digna y avanzar en políticas sociales. La seguridad –afirman– no se construye con tanques ni aviones de guerra, sino con condiciones de vida dignas para toda la población.

Un foco en Canarias

  Desde la organización convocante se subraya la importancia específica que estas demandas tienen para Canarias, donde el coste de la vida y la precariedad estructural del empleo provocan un mayor nivel de pobreza entre las personas jubiladas. En ese contexto, reclaman al Gobierno autonómico el cumplimiento de la Ley de Renta Ciudadana y exigen que se complemente urgentemente a las pensiones no contributivas, modificando la Ley de la Seguridad Social para que dicho complemento no compute como renta.