DE LA PROMESA AL ENGAÑO: EL FRAUDE SOCIAL DEL DECRETO DE DEPENDENCIA DE CANARIAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En abril de 2025, el Gobierno de Canarias aprobaba un decreto con la promesa rotunda de agilizar el acceso al sistema de dependencia, acortar listas de espera y facilitar a la ciudadanía el reconocimiento y disfrute de un derecho garantizado por ley. Se trataba, según su propia exposición, de unificar trámites, reducir duplicidades administrativas y avanzar hacia una atención más eficiente. Sin embargo, seis meses después, los datos y las voces profesionales revelan una realidad muy diferente.  Miles de personas atrapadas en una maraña burocrática, sin atención efectiva y con sus derechos convertidos en papel mojado.

    Aunque las cifras oficiales celebran un aumento de las personas incorporadas al sistema, lo cierto es que casi 14.000 personas permanecen en el limbo: han sido reconocidas como dependientes, pero no reciben ninguna prestación. Muchas de ellas llevan más de seis meses esperando y en ese tiempo, más de 1.900 han muerto sin haber accedido nunca a la ayuda que les correspondía. El supuesto avance se convierte así en una fachada que oculta el mantenimiento —e incluso el agravamiento— de un sistema profundamente desigual.

UNA REFORMA QUE TRASLADA LA CARGA AL CIUDADANO

  El decreto, lejos de resolver los problemas estructurales que arrastra el sistema de dependencia en Canarias desde hace años, ha multiplicado la carga administrativa sobre los propios usuarios y trabajadores. Elimina trámites intermedios, sí, pero lo hace trasladando al ciudadano buena parte del trabajo burocrático que antes asumía la administración. Las solicitudes exigen ahora una cantidad de documentación tan exhaustiva —incluyendo datos económicos y personales de todos los convivientes, incluso menores— que muchas personas mayores o con dificultades funcionales desisten del proceso. No se trata  tan solo de una barrera técnica, sino de una forma de exclusión institucional encubierta bajo el argumento de la "simplificación".

LA DEVALUACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL Y EL CONTROL SIN ROSTRO

   No es casualidad que los colegios profesionales del Trabajo Social en Canarias hayan denunciado abiertamente que este modelo burocratiza aún más la atención y desplaza el centro del sistema desde el cuidado hacia el control. Según expresan, lo que antes era un informe social elaborado por profesionales cualificados, hoy se ha convertido en un “informe del entorno”, sin criterios claros, que vacía de contenido la intervención técnica y diluye las responsabilidades. Esta lógica se corresponde perfectamente con un modo de gestión que reduce la atención social a una cadena de producción de expedientes, empujando a los trabajadores a medir su eficacia por el número de valoraciones realizadas y no por la calidad de la intervención.

  En este contexto, el supuesto “éxito” del decreto, publicado por el Gobierno regional, se apoya en una ficción estadística: se contabilizan como avances los reconocimientos administrativos, sin importar si las prestaciones efectivas llegan o no a quienes las necesitan. Es decir, se acelera el trámite, pero no se mejora la atención. Se reconoce un derecho, pero no se garantiza su ejercicio. El resultado es un sistema cada vezmás alejado de las personas reales a las que dice proteger.

LA LÓGICA DEL CAPITAL PENETRA EN EL CUIDADO

   Esta dinámica se inscribe en un proceso más amplio de degradación de lo público. La ley de dependencia, nacida en 2006, ha sido lentamente vaciada de contenido material por los sucesivos recortes, la falta de financiación suficiente y la creciente externalización de los servicios. En Canarias, como en muchas otras regiones del Estado, los servicios públicos no dan abasto y la red privada —concertada o subvencionada— absorbe buena parte de la gestión. Pero esta red no llega a todos los territorios, ni responde con criterios de equidad, ni mucho menos garantiza estabilidad en las condiciones laborales del personal que trabaja en ella.

  El caso de la ayuda a domicilio es paradigmático. Las empresas que prestan el servicio han incrementado sus tarifas por hora, lo que se traduce en una reducción efectiva de las horas cubiertas para cada usuario. Con el mismo presupuesto, ahora se atiende menos tiempo a cada persona. Y si ya antes las prestaciones eran consideradas insuficientes, hoy lo son aún más. La lógica del capital penetra en la asistencia: se paga más por menos, se optimiza el beneficio empresarial mientras se precariza el derecho de quienes más lo necesitan.

   Los testimonios de los profesionales que trabajan en el sistema son elocuentes. Denuncian una sobrecarga constante, falta de formación sobre los nuevos procedimientos y una ausencia casi total de espacios de coordinación.

   En palabras de un colectivo de trabajadoras sociales, el nuevo decreto “transforma el cuidado en vigilancia y convierte al usuario en gestor de su propia dependencia”. Un relato que se repite en múltiples niveles del sistema, desde los centros de salud en zonas rurales hasta las oficinas de atención social en las capitales.

   La estructura material que debería sostener el sistema sigue sin reforzarse. No se han creado nuevas plazas residenciales ni se han mejorado sustancialmente las condiciones del personal. No hay una política clara de inversión pública sostenida, ni una planificación estratégica a medio plazo. Lo que se presenta como reforma es, en realidad, un parche técnico que mantiene intacta la lógica de fondo: hacer más con menos, agilizar sin garantizar, mostrar resultados formales sin atender las necesidades de las personas dependientes. 

DERECHO RECONOCIDO, DERECHO NEGADO

   La contradicción entre la expansión formal del derecho y la restricción real de su ejercicio es uno de los rasgos centrales de esta política. En una sociedad capitalista donde el Estado actúa más como gestor del equilibrio presupuestario que como garante de los derechos sociales, las políticas públicas se subordinan a los imperativos del ahorro, la rentabilidad y la gestión empresarial. La dependencia se convierte así en un terreno más de ajuste, donde lo que se contabiliza no son vidas cuidadas, sino expedientes cerrados.

   Mientras tanto, los números siguen creciendo. No solo los de quienes esperan una prestación que muchas veces no llega, sino también los de quienes abandonan el trámite por agotamiento, quienes pagan de su bolsillo la atención que no reciben, quienes dependen de familiares sin formación ni apoyos, quienes ven reducirse cada año las horas de asistencia.