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MÁS DE 500 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CANARIAS, AL BORDE DEL DESEMPLEO POR LA NEGLIGENCIA DEL GOBIERNO

"Una transición administrativa caótica en el SCE ha paralizado el pago de las subvenciones"

Más de 500 personas con discapacidad podrían perder su empleo en Canarias por una gestión negligente del Gobierno autonómico. La parálisis en el pago de ayudas a los Centros Especiales de Empleo ha desatado una crisis silenciosa que pone en jaque décadas de lucha por la inclusión.

  Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, la Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo (ACCEE) ha alertado sobre la amenaza que se cierne sobre el futuro laboral de más de 500 personas con discapacidad en las islas.

 

   La ACCEE es una entidad que agrupa a los Centros Especiales de Empleo de Canarias, organizaciones que tienen como misión fundamental la integración social y laboral de personas con discapacidad, ofreciéndoles un entorno adaptado, apoyo constante y condiciones de trabajo dignas.

 

   Según denuncia el colectivo, una transición administrativa caótica en el Servicio Canario de Empleo ha paralizado desde enero el pago de las subvenciones que financian los salarios de los trabajadores de estos centros. La situación está provocando un estrangulamiento económico que pone en serio peligro la continuidad de numerosas entidades, que ya operan con márgenes muy limitados y dependen de forma decisiva de estas ayudas públicas.

 

   La ACCEE subraya que no se trata únicamente de preservar puestos de trabajo, sino de defender un modelo de inclusión que ha demostrado ser eficaz. Los Centros Especiales de Empleo han permitido a cientos de personas con discapacidad desarrollar una trayectoria profesional y alcanzar mayor autonomía personal.

 

   “Permitir que este modelo se desmantele por una gestión deficiente sería un retroceso inaceptable para una sociedad que aspira a ser justa y cohesionada”, advierte la asociación.

  

   Diversos informes respaldan la gravedad de esta denuncia. El Observatorio de Economía Social de Canarias señala que, aunque el acceso al empleo del colectivo ha mejorado en los últimos años, las tasas de desempleo y precariedad siguen siendo elevadas. En este contexto, los CEE son una herramienta esencial para garantizar la inclusión laboral.

 

   Además, la normativa aprobada en Canarias en diciembre de 2022 reconoce de forma explícita la necesidad de financiar tanto la contratación como la adaptación de puestos de trabajo en los CEE. Incluso se prevén subvenciones específicas, como las destinadas a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, con cuantías que pueden alcanzar los 1.440 euros anuales por trabajador con discapacidad severa, reflejando el esfuerzo que supone mantener un empleo adaptado.

 

  No obstante, la gestión de estas ayudas ha sido objeto de críticas recurrentes. El propio Auditor de Cuentas de Canarias ha advertido en informes de fiscalización de demoras administrativas y de la existencia de subvenciones pendientes de justificar, lo que refleja un sistema burocrático ineficaz que repercute directamente en los beneficiarios más vulnerables.

 

   La ACCEE recuerda que detrás de cada puesto de trabajo amenazado hay historias de superación personal y familiar. La angustia que padecen quienes dependen de estos ingresos se agrava por un contexto en el que, según cifras recientes, más de 8.000 personas con discapacidad están registradas como desempleadas en Canarias, muchas de ellas sobreviviendo con prestaciones mínimas.

   

Ante esta situación, el colectivo exige una solución inmediata y transparente por parte del Gobierno de Canarias, que garantice el flujo de financiación y evite que el entramado de Centros Especiales de Empleo se derrumbe. “Cualquier difusión que puedan dar a esta noticia significará un mundo para las personas a las que representamos”, concluye la ACCEE en su comunicado.

 
 
 
 
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