REPRESIÓN JUDICIAL CONTRA LOS OBREROS DEL METAL EN CÁDIZ: DETENCIONES MASIVAS Y FIANZAS INACCESIBLES

Por A.R. SUÁREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La reciente escalada de represión dirigida contra los trabajadores del metal en la Bahía de Cádiz ha levantado voces de alarma, no solo entre los implicados directamente, sino también en amplios sectores de la sociedad y de la izquierda sindical.

  Detenciones masivas, fianzas prohibitivas, acusaciones por desórdenes públicos y un acuerdo de convenio que muchos califican como inaceptable marcan un conflicto que rehúye los intentos de solución pactados desde arriba. Se trata de una confrontación abierta entre la clase obrera organizada y el aparato represivo del Estado y de la burocracia sindical.

El conflicto en cifras y hechos

   La huelga del metal en Cádiz, que movilizó a unos 30.000 trabajadores en más de 5.000 empresas del sector —incluyendo centros clave como Navantia, Airbus y múltiples auxiliares—, concluyó tras intensas semanas de paros, manifestaciones y una fuerte represión. 

  Las acusaciones son claras: más de 20 detenidos, algunos arrestados directamente en sus domicilios; fianzas impuestas que alcanzan 15.000 €, 40.000 € e incluso 45.000 €, unas cifras que, según el movimiento, buscan quebrar la presunción de inocencia y empujar a los trabajadores a prisión.

   Una de las víctimas de esta represión fue parte de la llamada “Operación Fuego”, que ha investigado todo lo ocurrido desde el inicio de la huelga, con cargos por “atentado contra la autoridad”, “desórdenes públicos” y “daños”, especialmente en protestas como la del 18 de junio, donde se quemaron contenedores y hubo enfrentamientos con la policía.

Convenio firmado: ¿traición, acuerdo o imposición?

  El 27 de junio, UGT firmó un preacuerdo con la patronal FEMCA y desconvocó la huelga indefinida. El documento abarca el periodo 2024-2031 e incluye incrementos salariales modestos para 2024 y 2025, la recuperación progresiva del plus por trabajos tóxicos hasta 2030, y regulaciones sobre contratos discontinuos y nuevos contratos formativos.

   Sin embargo, tanto CCOO como CGT criticaron duramente el acuerdo. CCOO se desmarcó del pacto; CGT mantuvo la lucha en asamblea días después. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) también rechazó el acuerdo, denunciando que fue negociado “a espaldas de los trabajadores” y que los firmantes actúan más en connivencia con la patronal que en defensa de los obreros.

   Desde el Movimiento Obrero Activo y organizaciones como CTM y CGT, se denuncia que esta represión masiva —judicial, policial y mediática— es un intento deliberado para desmovilizar a la clase trabajadora. Se habla de “medidas ejemplarizantes” y de un esfuerzo por criminalizar la protesta: portadas manipuladas y filtraciones que asocian la huelga con violencia o caos urbano. 

• Órdenes detenciones nocturnas a compañeros, incluso en presencia de familiares.

• Fianzas exorbitantes, designadas para que trabajadores con recursos limitados no puedan pagarlas y terminen en prisión.

• Presión sindical: expedientes disciplinarios, amenazas de despido, manipulación sindical, y pactos que dividen al movimiento. 

    La CTM señala, igualmente, el "silencio vergonzoso de autoridades" como los alcaldes —Bruno, Cavada y Aurora—, acusándolos de “complicidad” por mirar hacia otro lado en este conflicto.

   Los trabajadores organizados denuncian, asimismo,  que partidos que dicen ser de izquierdas no están defendiendo a la clase trabajadora.

   “¿Qué política de izquierda permite que se detenga a trabajadores a la puerta de sus casas? ¿Qué política de izquierda se calla cuando la justicia los quiere meter en la cárcel?”, cuestionan, señalando el vacío ético de las instituciones.

   Los trabajadores reclaman un sindicalismo de clase, combativo, asambleario y democrático, frente al llamado “sindicalismo de salón” que pacta a espaldas del pueblo y desarma la lucha obrera.