CRECEN LAS DENUNCIAS CONTRA EL ALCALDE DE ADEJE Y EL PROYECTO DE CUNA DEL ALMA

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los colectivos promotores de la denuncia penal contra el alcalde de Adeje y el proyecto urbanístico Cuna del Alma han vulelto a denunciar, públicamente, nuevas actuaciones urbanísticas que consideran ilegales, autoritarias y peligrosas para el medio ambiente y los derechos ciudadanos.

   En su nota, los colectivos aseguran que el Ayuntamiento de Adeje, dirigido por el alcalde socialista José Miguel Rodríguez Fraga, ha aprobado un nuevo Estudio de Detalle en la zona de Torviscas (AU-11), impulsado por el fondo buitre extranjero BHC Immobilien GmbH. Esta aprobación, recogida en el Boletín Oficial de Canarias del 10 de septiembre, tiene como objetivo —según los denunciantes— "eliminar limitaciones urbanísticas que frenaban la construcción intensiva, facilitando así la especulación urbanística en un entorno natural de alto valor como la Caldera del Rey".

   Según los colectivos firmantes del comunicado, esta decisión institucional forma parte de una "locura desarrollista sin límites" impulsada desde hace décadas por el alcalde de Adeje, en beneficio del capital extranjero y en detrimento de la protección del territorio y los intereses sociales locales. Además, realizan un llamamiento a la ciudadanía a presentar alegaciones durante el mes de plazo legal abierto para tratar de frenar este nuevo proyecto urbanístico.

    En otro apartado del comunicado, los colectivos expresan su indignación ante el silencio de la Delegación del Gobierno tras la queja formal presentada por el desproporcionado despliegue policial durante la manifestación pacífica del 29 de agosto en El Puertito. Según afirman, la falta de respuesta constituye un grave desprecio al derecho constitucional de manifestación y un acto de complicidad con la represión institucional.

    Asimismo, los denunciantes señalan posibles tensiones internas dentro de la promotora del proyecto Cuna del Alma, al haber sustituido recientemente al prestigioso despacho de arquitectos original por un equipo local de menor trayectoria. Esta sustitución podría —según interpretan— evidenciar discrepancias técnicas de fondo que cuestionan la viabilidad del proyecto urbanístico.

   Otro punto crítico abordado en el comunicado es la continuidad de las obras en la zona de servidumbre marítimo-terrestre, pese a carecer —afirman— de autorización legal para actuar en dicho ámbito. Según los colectivos, estas actividades han contado incluso con la presencia y validación de técnicos del Cabildo de Tenerife, lo cual consideran una "gravísima irregularidad" que vulnera la legalidad y consolida hechos consumados en zonas que deberían estar protegidas.

   Uno de los hechos más graves señalados por los colectivos es la querella interpuesta por el propio alcalde de Adeje contra un trabajador asalariado del municipio que participó en la denuncia colectiva contra el proyecto Cuna del Alma. Los denunciantes afirman que esta acción judicial se trata de una estrategia SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública), orientada a intimidar y represaliar a quienes se oponen al modelo urbanístico del consistorio. Consideran que esta acción del alcalde constituye una amenaza directa contra el activismo ciudadano y no descartan solicitar medidas de protección para garantizar la integridad física de las persona s involucradas.

   Finalmente, el comunicado subraya que José Miguel Rodríguez Fraga ha permanecido en el cargo de alcalde durante más de 38 años, lo que consideran un factor de riesgo institucional. A su juicio, esta longevidad en el poder ha dado lugar a redes de clientelismo, opacidad en la gestión pública y connivencia con intereses privados, como se refleja —según denuncian— en la permisividad del Ayuntamiento con el proyecto Cuna del Alma.

Ante esta situación, los colectivos promotores de la denuncia exigen la paralización inmediata de las obras de Cuna del Alma, unainvestigación sobre la responsabilidad de las administraciones implicadas, ​una respuesta inmediata de la Delegación del Gobierno ante la represión del 29 de agosto y el respeto a la legalidad urbanística y medioambiental en El Puertito de Adeje.