CANARIAS A LA VENTA: EL SUELO COMO BOTÍN EN LA ECONOMÍA ESPECULATIVA DEL LADRILLO

Por CLAUDIA MELIÁN SANTANA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La vivienda, que debería ser un derecho humano inalienable, ha sido absorbida por la lógica del mercado, convirtiéndose en una mercancía más, sometida a la especulación, la rentabilidad y la acumulación privada. En Canarias, esta situación ha alcanzado niveles alarmantes. A finales de 2025, el precio medio del metro cuadrado de vivienda se sitúa en torno a los 3.100 euros, lo que significa que una vivienda estándar de 80 metros cuadrados puede superar los 248.000 euros. Esta cifra coloca a Canarias entre las comunidades más caras del Estado, únicamente superada por Baleares, Madrid y el País Vasco. Para la clase trabajadora del archipiélago, este escenario se traduce en una exclusión sistemática del mercado inmobiliario.

  Pero esta crisis no es un accidente. No se trata de una desviación, sino del funcionamiento “normal” de un sistema que coloca la propiedad privada y la obtención de beneficios por encima de cualquier necesidad humana. El capitalismo convierte el suelo, la vivienda y la ciudad en campos abiertos a la inversión, el negocio y el lucro. Bajo esta lógica, la vivienda deja de responder a su función social para convertirse en un activo financiero que cotiza en función de su rentabilidad futura y no de las condiciones de vida que pueda ofrecer.

UN MERCADO AL ALZA Y UNA OFERTA EN CAÍDA LIBRE

   Si en mayo de 2025 se hablaba de un incremento interanual del 17,9 % en el precio de la vivienda en Canarias, los datos más recientes confirman que, aunque el ritmo de subida se ha moderado ligeramente, el encarecimiento sigue siendo severo. En septiembre, el portal Idealista registraba un precio medio de 3.084 €/m², con una subida interanual del 13,4 %. Otras fuentes sitúan el promedio incluso por encima. En núcleos urbanos como Las Palmas de Gran Canaria o zonas turísticas de Tenerife, los precios superan ampliamente esta media, presionados por una demanda que no cesa y una oferta cada vez más reducida.

   El desequilibrio entre quienes buscan vivienda y la escasa disponibilidad del mercado es uno de los elementos centrales de la crisis. Estudios recientes indican que mientras un 14 % de los canarios manifiestan intención de comprar vivienda, solo un 2 % la ha puesto en venta. En el mercado del alquiler la situación es todavía más desequilibrada: el 15 % de los encuestados busca vivienda en alquiler, pero solo un 3 % ha ofrecido alguna en el último año. Esta escasez no es espontánea. Es el resultado de una estructura económica que ha puesto al mercado inmobiliario al servicio del turismo y la inversión extranjera, provocando un drenaje constante del parque de vivienda disponible para residentes.

EL TURISMO COMO FACTOR DE EXPULSIÓN

   Canarias ha hecho del turismo el eje central de su modelo económico y la compra de viviendas por parte de no residentes, el auge de los pisos turísticos y el desplazamiento de la vivienda al sector del alquiler vacacional están reduciendo drásticamente la oferta habitacional para los habitantes del archipiélago. Este fenómeno tiene consecuencias directas en los precios, en la presión sobre el suelo y en la transformación del tejido urbano.

   Barrios enteros, antaño populares, se reconvierten en enclaves exclusivos destinados al visitante, mientras sus antiguos residentes son expulsados hacia zonas más periféricas, con peor dotación de servicios. Esta gentrificación, que en otros lugares ha avanzado durante décadas, en Canarias se está produciendo a una rapidez vertiginosa. Y lo hace bajo el amparo de una legislación que prioriza la libertad del mercado sobre cualquier criterio de justicia social.

UN ESTADO CÓMPLICE

   La gravedad de la crisis habitacional en Canarias no puede entenderse sin analizar el papel de las políticas públicas. O, más precisamente, la falta de ellas. Durante décadas, el Estado ha renunciado a intervenir de forma efectiva en el mercado de la vivienda. La construcción de vivienda protegida, que en los años 80 alcanzaba cifras anuales superiores a las 2.000 unidades, ha caído hasta niveles testimoniales. En 2023, apenas se construyeron 69 viviendas con algún tipo de protección oficial en todo el archipiélago.

  Esta dejación de funciones es coherente con una visión neoliberal que considera que “el mercado es el mejor regulador de la economía y que la intervención pública solo puede distorsionar su funcionamiento”. Pero los hechos demuestran lo contrario. Donde el mercado domina, la vivienda se encarece, la especulación florece y los derechos se diluyen. El resultado es un escenario en el que miles de personas no pueden permitirse un alquiler digno, donde familias enteras destinan más del 50 % de sus ingresos a pagar la vivienda, y donde tener casa propia se convierte en una quimera para los jóvenes y los sectores populares.

    La vivienda, como cualquier otra mercancía, se produce, se intercambia y se acumula con fines lucrativos. Su valor de uso —protegernos de la intemperie, ofrecernos un espacio para vivir— se subordina completamente a su valor de cambio. Esta subordinación produce efectos devastadores. Por un lado, amplios sectores de la población quedan excluidos del acceso a una vivienda digna. Por otro, se multiplican las viviendas vacías —muchas de ellas en manos de fondos de inversión o grandes propietarios— que esperan un mejor momento para ser vendidas o alquiladas. No es casualidad que mientras cientos de familias viven en condiciones de hacinamiento o inseguridad residencial, miles de inmuebles permanezcan cerrados, como depósitos de valor para sus propietarios.

¿ES POSIBLE UN MODELO DIFERENTE?

  Frente a este panorama, se hace urgente imaginar y construir un modelo radicalmente diferente. Un modelo que no se base en la lógica del beneficio, sino en el principio de que la vivienda es un derecho inalienable que debe estar garantizado para todas las personas. Esto requiere un compromiso político decidido que recupere la capacidad del Estado para planificar, intervenir y regular el mercado inmobiliario.

  Esa transformación implica volver a situar la vivienda pública como eje central de la política habitacional, con la construcción sostenida de un parque de alquiler social que garantice precios justos y acceso universal. También supone establecer límites claros al precio del alquiler, así como desarrollar marcos legales que impidan la compraventa especulativa de viviendas en zonas donde la población residente está siendo expulsada. En este sentido, limitar la adquisición de propiedades por parte de no residentes se convierte en una medida urgente para proteger el acceso local a la vivienda.

   Pero no basta con construir o regular. Es imprescindible movilizar los recursos ya existentes. La existencia de miles de viviendas vacías debe ser abordada mediante políticas de movilización forzosa, ya sea a través de la expropiación, el alquiler obligatorio o la cesión a entidades públicas o sociales. Además, promover modelos colectivos como las cooperativas de vivienda o las fórmulas de cesión de uso permitiría superar la lógica individualista y mercantil, abriendo paso a formas más solidarias y sostenibles de habitar.

   Nada de esto será posible, sin embargo, sin la presión organizada de la ciudadanía. La crisis habitacional en Canarias, como en otras regiones, no se resolverá desde los despachos políticos donde se decide en función de los intereses del capital. Se resolverá en la calle, en los barrios, en la organización de los afectados, en la lucha por transformar un modelo de desarrollo que ha convertido lo común en negocio, y los derechos en mercancía.