NEGOCIOS SOBRE LAS RUINAS DE PALESTINA: EMPRESAS ESPAÑOLAS IMPLICADAS EN LA COLONIZACIÓN
Empresas del IBEX, constructoras públicas y privadas sostienen la infraestructura del apartheid en los territorios ocupado
Cuatro empresas españolas —una de ellas pública— han sido señaladas por la ONU por su implicación en proyectos que sostienen la ocupación de Palestina. El silencio del Estado y la pasividad del sector privado abren interrogantes sobre la complicidad institucional con el apartheid israelí.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 26 de septiembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hacía pública la actualización de su Base de Datos de empresas que operan en los territorios ocupados de Palestina. En la lista figuran 158 empresas, entre ellas cuatro españolas: ACS, CAF, INECO (empresa pública) y SEMI (propiedad del grupo francés Vinci).
"Se trata - denuncian desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe- de compañías que están implicadas en el sostenimiento de la colonización y el apartheid, y por tanto deben ser sancionadas por el Estado, las administraciones locales y el sector privado".
LA BASE DE DATOS DE LA ONU: MÁS QUE UNA LISTA
La Base de Datos de la ONU no es una simple recopilación informativa. Es un instrumento de presión política y jurídica, resultado de años de investigaciones, resoluciones y demandas de organizaciones palestinas y defensoras de los derechos humanos. Su objetivo es claro: visibilizar el papel de las empresas que operan o se benefician directamente de la ocupación, con el fin de frenar el lucro derivado de violaciones sistemáticas del derecho internacional.
Como explicó la Relatora Especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en su informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, el entramado económico de la colonización no es una consecuencia colateral del conflicto, sino su infraestructura esencial. Las empresas listadas contribuyen, por acción u omisión, al sostenimiento de un sistema de apartheid, expropiación y limpieza étnica.
EMPRESAS ESPAÑOLAS: EL NEGOCIO SOBRE LOS DERECHOS
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe detalla el papel de cada empresa española involucrada.
CAF construye y gestiona líneas de tranvía que conectan Jerusalén ocupada con asentamientos ilegales. Pese a advertencias del Comité de Empresa, del gobierno español y de la Autoridad Palestina, CAF optó por el beneficio.
INECO, empresa pública española, participa en labores de ingeniería para esas mismas infraestructuras. Lo más grave aquí no es solo la actividad, sino la flagrante contradicción entre el discurso oficial del Estado español en defensa del derecho internacional y la implicación de una entidad estatal en la colonización.
SEMI colaboró en la construcción de una línea ferroviaria entre Tel Aviv y Jerusalén que atraviesa territorio palestino ocupado, con todas las consecuencias legales y humanitarias que ello conlleva. Y ACS, la constructora de Florentino Pérez, tampoco escapa: su historial está plagado de actividades en territorios ocupados, aunque ahora se excuse en antiguos contratos o filiales ya vendidas.
¿QUÉ DEBE HACER EL ESTADO ESPAÑOL?
Para el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe las administraciones públicas no deben seguir contratando con estas empresas. Existen antecedentes, como el Ayuntamiento de Barcelona, que estableció cláusulas específicas en sus contratos para excluir a compañías que vulneren el derecho internacional. Las comunidades autónomas y municipios pueden seguir este camino, blindando legalmente sus licitaciones.
Además, el Comité exige que los consejos de administración de estas empresas revisen sus decisiones, rescindan contratos y aborden reparaciones simbólicas o económicas hacia el pueblo palestino. Y se pide a los accionistas que no miren hacia otro lado: la complicidad con el crimen no se borra en la Junta Anual de Accionistas.
A nivel estatal, el gobierno debe abandonar la ambigüedad. No basta con hacer declaraciones diplomáticas a favor de la legalidad internacional mientras una empresa de titularidad estatal como INECO colabora en proyectos colonizadores. Las palabras se deslegitiman cuando los hechos las contradicen.
CUANDO EL CAPITAL TRANSNACIONAL ELUDE TODA RESPONSABILIDAD
La exigencia de justicia enfrenta obstáculos estructurales. Las redes transnacionales del capital, las estructuras de subcontratación y las filiales empresariales diluyen responsabilidades. Incluso cuando una empresa como SEMI aparece en la lista, su control extranjero dificulta la rendición de cuentas nacional.
Además, la normativa contractual y mercantil vigente no siempre está alineada con los principios del derecho internacional humanitario. Excluir a una empresa de un concurso público por razones éticas puede abrir la puerta a litigios y presiones económicas.
Sin embargo, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe sostiene que el miedo no puede ser el timón del Estado.
"Si realmente se quiere estar del lado del derecho y no de la barbarie, es necesario -afirman- ir más allá del gesto simbólico: convertir las listas negras en exclusiones reales".
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
El pasado 26 de septiembre, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU hacía pública la actualización de su Base de Datos de empresas que operan en los territorios ocupados de Palestina. En la lista figuran 158 empresas, entre ellas cuatro españolas: ACS, CAF, INECO (empresa pública) y SEMI (propiedad del grupo francés Vinci).
"Se trata - denuncian desde el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe- de compañías que están implicadas en el sostenimiento de la colonización y el apartheid, y por tanto deben ser sancionadas por el Estado, las administraciones locales y el sector privado".
LA BASE DE DATOS DE LA ONU: MÁS QUE UNA LISTA
La Base de Datos de la ONU no es una simple recopilación informativa. Es un instrumento de presión política y jurídica, resultado de años de investigaciones, resoluciones y demandas de organizaciones palestinas y defensoras de los derechos humanos. Su objetivo es claro: visibilizar el papel de las empresas que operan o se benefician directamente de la ocupación, con el fin de frenar el lucro derivado de violaciones sistemáticas del derecho internacional.
Como explicó la Relatora Especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, en su informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, el entramado económico de la colonización no es una consecuencia colateral del conflicto, sino su infraestructura esencial. Las empresas listadas contribuyen, por acción u omisión, al sostenimiento de un sistema de apartheid, expropiación y limpieza étnica.
EMPRESAS ESPAÑOLAS: EL NEGOCIO SOBRE LOS DERECHOS
El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe detalla el papel de cada empresa española involucrada.
CAF construye y gestiona líneas de tranvía que conectan Jerusalén ocupada con asentamientos ilegales. Pese a advertencias del Comité de Empresa, del gobierno español y de la Autoridad Palestina, CAF optó por el beneficio.
INECO, empresa pública española, participa en labores de ingeniería para esas mismas infraestructuras. Lo más grave aquí no es solo la actividad, sino la flagrante contradicción entre el discurso oficial del Estado español en defensa del derecho internacional y la implicación de una entidad estatal en la colonización.
SEMI colaboró en la construcción de una línea ferroviaria entre Tel Aviv y Jerusalén que atraviesa territorio palestino ocupado, con todas las consecuencias legales y humanitarias que ello conlleva. Y ACS, la constructora de Florentino Pérez, tampoco escapa: su historial está plagado de actividades en territorios ocupados, aunque ahora se excuse en antiguos contratos o filiales ya vendidas.
¿QUÉ DEBE HACER EL ESTADO ESPAÑOL?
Para el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe las administraciones públicas no deben seguir contratando con estas empresas. Existen antecedentes, como el Ayuntamiento de Barcelona, que estableció cláusulas específicas en sus contratos para excluir a compañías que vulneren el derecho internacional. Las comunidades autónomas y municipios pueden seguir este camino, blindando legalmente sus licitaciones.
Además, el Comité exige que los consejos de administración de estas empresas revisen sus decisiones, rescindan contratos y aborden reparaciones simbólicas o económicas hacia el pueblo palestino. Y se pide a los accionistas que no miren hacia otro lado: la complicidad con el crimen no se borra en la Junta Anual de Accionistas.
A nivel estatal, el gobierno debe abandonar la ambigüedad. No basta con hacer declaraciones diplomáticas a favor de la legalidad internacional mientras una empresa de titularidad estatal como INECO colabora en proyectos colonizadores. Las palabras se deslegitiman cuando los hechos las contradicen.
CUANDO EL CAPITAL TRANSNACIONAL ELUDE TODA RESPONSABILIDAD
La exigencia de justicia enfrenta obstáculos estructurales. Las redes transnacionales del capital, las estructuras de subcontratación y las filiales empresariales diluyen responsabilidades. Incluso cuando una empresa como SEMI aparece en la lista, su control extranjero dificulta la rendición de cuentas nacional.
Además, la normativa contractual y mercantil vigente no siempre está alineada con los principios del derecho internacional humanitario. Excluir a una empresa de un concurso público por razones éticas puede abrir la puerta a litigios y presiones económicas.
Sin embargo, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe sostiene que el miedo no puede ser el timón del Estado.
"Si realmente se quiere estar del lado del derecho y no de la barbarie, es necesario -afirman- ir más allá del gesto simbólico: convertir las listas negras en exclusiones reales".
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