EL HORMIGÓN DEVORA LA COSTA CANARIA: EL ARCHIPIÉLAGO PUEDE PERDER EL 80 % DE SUS PLAYAS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 El litoral canario ha sido escenario de un proceso de transformación, acelerado a partir de la segunda mitad del pasado siglo XX; marcado por el avance del hormigón sobre la arena. Primero fueron los puertos y las carreteras; después, los hoteles y las urbanizaciones turísticas. Hoy, además de esa presión humana, fruto de un modelo económico depredador e insostenible, las playas de Canarias afrontan un enemigo global: el cambio climático y el aumento del nivel del mar. La combinación de ambos factores está empujando al archipiélago hacia un futuro en el que buena parte de su patrimonio costero —natural, cultural y social— podría desaparecer.

UNA HISTORIA DE PÉRDIDAS

  En el último siglo, Canarias ha perdido cerca de cuarenta playas por decisiones urbanísticas y portuarias marcadas por la especulación y la falta de planificación ambiental. Lugares como San Andrés, Ruiz, San Antonio y Los Melones, en Santa Cruz de Tenerife; la playa del Berrugo, en Lanzarote; buena parte de Costa Calma, en Fuerteventura, o las playas de La Luz, Lugo y Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, son solo algunos ejemplos.

  Estos espacios, que antaño fueron centros de vida social y cultural para las comunidades locales, fueron literalmente “devorados” por carreteras, muelles, puertos deportivos y centros comerciales. En muchos casos, su destrucción fue impulsada por el desarrollismo turístico, que priorizó el beneficio a corto plazo frente a la preservación del territorio.

UN FUTURO BAJO EL AGUA

   Pero el problema principal que se enfrenta en el Archipiélago ni siquiera tiene que ver con lo ya perdido. El panorama que anticipan los científicos es inquietante. Según estudios académicos, si no se actúa de forma inmediata, 147 playas más podrían desaparecer en las próximas décadas por el aumento del nivel del mar. En un escenario de emisiones medias, para 2050 el mar podría elevarse 18 cm, y a finales de siglo la pérdida de superficie de playa podría alcanzar entre el 48 % y el 80 % de las existentes.

 Esta amenaza no es homogénea: afectará especialmente a zonas bajas, abiertas y con escaso margen de retracción natural. Pero se trata de lugares tan emblemáticos, e importantes desde el punto de vista económico y poblacional, como Maspalomas, Las Canteras o varias calas de Fuerteventura y Lanzarote. La urbanización inmediata del borde costero impide la migración natural de las playas hacia el interior, bloqueando su capacidad de adaptación.

REPETIR LOS ERRORES DEL PASADO

   Uno de los casos más simbólicos de la repetición de “errores" es la construcción, en 2003, del puerto deportivo Marina Rubicón sobre la playa del Berrugo, en Yaiza (Lanzarote). Pese a la existente de números ejemplos previos que demostraban el impacto irreversible de este tipo de proyectos, se volvió a apostar por un modelo que destruye el litoral para convertirlo en un espacio comercial y privado. Durante años, gran parte de los locales del complejo estuvieron vacíos, como recordatorio del divorcio entre las promesas del desarrollismo y la realidad económica.

   Otro ejemplo es el desmantelamiento del sistema dunar que existía entre el Puerto de La Luz y la zona de Arenales en Las Palmas de Gran Canaria. A finales del siglo XIX, aquel ecosistema era más valioso ambientalmente que las dunas de Maspalomas, pero fue sacrificado para expandir el puerto y urbanizar la franja costera, perdiéndose así un espacio de gran biodiversidad y un amortiguador natural contra temporales y erosión.

EL TURISMO MASIVO Y LA ESPECULACIÓN

  A partir de los años 60, el boom turístico multiplicó la presión sobre las costas. Hoteles, apartamentos y urbanizaciones crecieron muchas veces sin control. El caso del Hotel Dunas, construido en plena playa de Maspalomas a escasos metros de la charca y demolido en 1980 sin haber sido inaugurado, ilustra el absurdo de un modelo que sacrificaba la lógica ambiental por el atractivo especulativo del “sol y playa”.

  En décadas más recientes, la turistificación se ha combinado con la especulación inmobiliaria para generar nuevas tensiones. En Fuerteventura, en los años 70 y 80, se llegaron a vender parcelas a pie de playa aprovechando la marea baja, que quedaban sumergidas en pleamar. Hoy, grandes proyectos como Cuna del Alma en Adeje (Tenerife) continúan la tendencia de urbanizar espacios con alto valor natural y cultural, a menudo en contra de la oposición vecinal y de organizaciones ecologistas.

EL IMPACTO SOCIAL: MUCHO MÁS QUE PERDER ARENA

   La pérdida de playas no se traduce solamente en un daño ecológico. Supone también un golpe a la identidad, las economías locales y el bienestar de las comunidades costeras. En las ciudades, las playas han sido históricamente espacios de socialización, actividad física y encuentro intergeneracional. Su desaparición fuerza a la población a desplazarse más lejos para acceder al mar y concentra la presión humana en menos espacios, con mayor degradación ambiental.

      La costa, transformada en mercancía, deja así de ser un espacio libre para convertirse en un recurso controlado por intereses privados, reduciendo el acceso para quienes no pueden pagar por consumirlo en forma de servicios turísticos.

     Por otro lado, es preciso recordar que las playas no son solo postales turísticas: cumplen funciones ecológicas vitales. Son zonas de amortiguación frente a temporales, hábitat de especies marinas y terrestres, y filtros naturales para la calidad del agua. Su desaparición altera cadenas tróficas, reduce la biodiversidad y expone a infraestructuras y viviendas a un mayor riesgo por inundaciones.

   En Canarias, donde el 80 % de la población vive en la franja costera, esta vulnerabilidad es especialmente grave. La erosión y la subida del mar pueden afectar a carreteras, puertos y redes de saneamiento, multiplicando los costes de mantenimiento y reparación.

    Las propuestas de científicos y colectivos ecologistas para poder paliar esta dramática degradación pasan por la necesidad de establecer moratorias a nuevas construcciones en las primeras líneas de costa, la restauración de ecosistemas como dunas, humedales y praderas marinas, la implementación de planes de adaptación al aumento del nivel del mar, incluyendo la retirada de infraestructuras en zonas de alto riesgo o la reorientación del modelo turístico hacia uno de bajo impacto, diversificado y menos dependiente del consumo intensivo de costa. Medidas que, sin embargo, chocan de frente con los intereses de los grupos que controlan la economía del Archipiélago y los partidos políticos institucionales que los representan. Las decisiones que han llevado a esta situación —así como las que podrían revertirla— dependen de la correlación de fuerzas entre quienes se enriquecen gracias a un modelo económico basado en la explotación ilimitada del territorio, por un lado, y una mayoría de la población, por el otro, que se ve obligada a pagar todas las "externalidades" y consecuencias de este modelo. 

   Si los primeros continúan manteniendo las riendas de la economía isleña, el resultado será un litoral privatizado, degradado y más vulnerable a los impactos climáticos. Si la concienciación y la movilización popular logran imponer una planificación a largo plazo que ponga por delante la preservación de los bienes comunes y el derecho de acceso de toda la población, todavía habría margen para evitar la desaparición de buena parte del patrimonio costero de Canarias.