LA JUSTICIA COMO ARMA POLÍTICA: EL CASO DEL FISCAL GARCÍA ORTIZ
¿Cuáles son la razones ocultas por la que a lo largo de las últimas décadas todos los "gobiernos turnantes", - PSOE y PP-, han tratado de controlar el Poder judicial?
La reciente condena al ex Fiscal General del Estado ha vuelto a abrir el debate sobre la supuesta independencia del poder judicial. Más allá del caso concreto, se trata de un episodio que revela una constante en la historia del Régimen del 78: el uso de los tribunales como herramientas de control político, por parte de los dos partidos que se turnan en la administración del aparato del Estado.
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hace unas horas, el Tribunal Supremo (TS) condenó al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz —nombrado por el gobierno— a dos años de inhabilitación por un delito de “revelación de secretos”, además de una multa y una indemnización a favor de la persona perjudicada.
La condena se basa en la conclusión del tribunal de que García Ortiz —o alguien de su entorno, con su conocimiento— filtró a la prensa un correo confidencial en que un abogado reconocía delitos fiscales vinculados con la pareja de una figura política de alto perfil. Además, el TS consideró delito la difusión pública de esa información vía nota de prensa, y subrayó que el cargo de Fiscal General lleva un “reforzado deber de reserva” que habría sido quebrantado.
Pero la sentencia ha generado una enorme polémica: muchos juristas y académicos cuestionan la solidez de las pruebas, denuncian la inversión de la carga de la prueba y alertan sobre el peligro de que se normalice lo que se ha calificado de “filtración sin filtrar” —esto es, condenar sin pruebas directas claras.
“El poder judicial ha sido, históricamente, un recurso más de las élites para conservar el control político”
Este episodio no es un accidente: viene a sumarse a una larga tradición —desde los orígenes del Régimen del 78— de conflictos entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde el control de la justicia ha servido como arma política. La historia de España en democracia está salpicada de episodios que demuestran que el poder judicial ha sido, con frecuencia, un instrumento subalterno al poder político.
UN PATRÓN HISTÓRICO: LA DISPUTA POR EL CONTROL DEL PODER JUDICIAL EN EL RÉGIMEN DEL 78
La realidad es, no obstante, que los conflictos entre el poder judicial y el ejecutivo no son episodios puntuales o fallos del sistema: son el sistema mismo.
Desde los años de la llamada Transición, el Poder judicial ha sido una pieza de alto valor estratégico para los dos bloques que se han disputado con enconada ferocidad el control del aparato del Estado. Su dominio ha permitido a ambos contendientes blindar políticas, proteger aliados, perseguir adversarios, penetrar en los poderosos círculos del poder económico, recibir todo tipo de prebendas, participar en suculentas tramas corruptas...
Ya durante los primeros gobiernos del régimen monárquico postfranquista, la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convirtió en un auténtico campo de batalla. El partido gobernante, tanto si era el PSOE como el PP, buscaba mayorías favorables entre los vocales y magistrados, muchas veces no por razones técnicas o jurídicas, sino por cálculos de oportunidad política.
En la década de los años 80, por ejemplo, fue notoria la tensión entre el Gobierno de Felipe González y sectores del poder judicial, sobre todo en casos de corrupción y terrorismo de Estado vinculados al GAL. La justicia fue enormemente lenta y notoriamente tibia, y solo con mucha presión social y mediática pudo llegarse a algunas pocas condenas importantes.
En los años 90, durante el Gobierno de Aznar, se consolidó un modelo de colonización partidista del poder judicial a través del control del CGPJ y del Ministerio Fiscal. La judicatura, lejos de actuar como “contrapoder”, funcionaba con una lógica de lealtades cruzadas. No es casual que muchas de las figuras que hoy lideran espacios clave del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional hayan sido promocionadas en esa etapa.
Durante la década del 2000, el PP acusó al PSOE de querer “politizar la justicia” por proponer reformas al sistema de nombramientos. Pero lo cierto es que ambos partidos, PP y PSOE, han utilizado el sistema a conveniencia: cuando gobiernan, aspiran a controlarlo; cuando están en la oposición, denuncian su politización. El resultado es que el Poder Judicial ha sido utilizado como un botín más del juego institucional.
¿Por qué cada gobierno busca controlar el poder judicial?
Un ejemplo reciente que ilustra este patrón es el bloqueo del CGPJ desde 2018. Su renovación ha sido saboteada sistemáticamente por el PP, que ha preferido mantener a un órgano caducado pero afín, antes que permitir su actualización conforme a los resultados parlamentarios. Esta situación revela hasta qué punto el Poder judicial no es una institución “neutral” o meramente “técnica”, sino un espacio de lucha política, donde lo que está en juego es quién juzga a quién, y con qué intención.
A esto vienen a sumarse los llamados “lawfare” o guerras judiciales, es decir, el uso estratégico del aparato judicial para deslegitimar o paralizar a adversarios políticos. En el caso español, esto ha sido particularmente evidente en la persecución contra dirigentes independentistas catalanes, procesados por rebelión y sedición en un marco que muchos juristas calificaron como forzado y desproporcionado.
En ese contexto, la sentencia contra García Ortiz parece menos una excepción y más una continuidad. Las facciones conservadoras dentro del aparato judicial tienen un largo historial de intervenciones políticas desde los tribunales, sobre todo cuando sienten que su hegemonía corre peligro. No se trata solo de jueces que “simpatizan” con ciertas ideologías, sino de estructuras judiciales profundamente imbricadas en el entramado de poder que se gestó en la Transición, donde las depuraciones del franquismo fueron mínimas y donde el aparato del Estado se reconstruyó sin romper con el pasado autoritario.
¿INDEPENDENCIA JUDICIAL? UN IDEAL IMPOSIBLE BAJO EL CAPITALISMO
La Constitución de 1978 proclama rimbombante que “los jueces son independientes” y que estos no pueden recibir órdenes de nadie.
Pero esa es solo una declaración formal. En la práctica, ningún Poder Judicial puede ser verdaderamente independiente en una sociedad dividida en clases. ¿Por qué razón? Pues porque el Estado es una superestructura política que se erige sobre una base económica concreta: la de la propiedad privada de los medios de producción.
En ese contexto, las instituciones jurídicas y judiciales no son neutras, sino que su tendencia natural tiende a defender el orden vigente y a sancionar las amenazas contra él.
El Poder Judicial no es un árbitro por encima de las partes, sino un componente más del aparato estatal que garantiza la reproducción del sistema. Por eso, lejos de actuar siempre “en defensa del débil”, como reza la retórica oficial, los tribunales tienden a proteger a los poderosos, a criminalizar la protesta social, a perseguir a quienes desafían los intereses del capital o del Estado central.
“La sentencia al Fiscal General no es una anomalía: es un mensaje y una advertencia.”
Y no se trata de un fenómeno exclusivo de España, aunque en este país los rasgos de pertenencia de esta institución sean considerablemente más sólidos que en otras geografías próximas. En América Latina, en Europa, o en los propios Estados Unidos, sobran ejemplos de cómo el sistema judicial ha sido utilizado para perseguir políticamente a líderes populares, defender a grandes empresas o blindar determinadas impunidades. Lo que varía es la forma, el envoltorio legal, pero no el fondo estructural.
La idea de una “justicia imparcial”, aunque sea deseable en términos normativos, no puede realizarse en una sociedad donde las condiciones materiales están profundamente desequilibradas. Mientras el acceso a los recursos legales, a la defensa jurídica, a los medios de comunicación, esté mediado por el poder económico o institucional, la justicia será siempre parcial.
UNA SENTENCIA QUE HABLA DEL SISTEMA
La condena del Fiscal Gral. del Estado, Álvaro García Ortiz no solo ha castigado a una figura concreta, sino que también ha lanzado un mensaje. El aparato judicial puede —y va a— intervenir activamente cuando se sienta amenazado. No se trata de errores aislados, sino de una lógica estructural, un movimiento reflejo, donde el poder judicial actúa como mecanismo de control político, no como espacio neutral.
Lejos, pues, de ser poderes independientes, los tribunales forman parte de un sistema que gestiona los conflictos internos de la clase dominante y que, cuando se hace necesario, actúa también contra sectores del propio aparato estatal si estos se desmarcan de la línea dominante.
La disputa no es, por tanto, entre “buenos” y “malos” jueces, ni entre “fiscales honrados” y “corruptos”. La verdadera cuestión es si una justicia al servicio del poder —económico, mediático o político— puede alguna vez ser compatible con una democracia real. Y la historia, con machacona contumacia, nos ha respondido con claridad que no.
FUENTES CONSULTADAS
El País: "Once juristas analizan la sentencia al fiscal general"
Cadena SER: "La UPF denuncia la falta de garantías"
HuffPost: Opinión de exmagistrado del Supremo
Verfassungsblog.de: "Justice and independence: an actual problem in Spain"
European Constitutional Law Review (Cambridge)
POR MÁXIMO RELTI PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
Hace unas horas, el Tribunal Supremo (TS) condenó al entonces Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz —nombrado por el gobierno— a dos años de inhabilitación por un delito de “revelación de secretos”, además de una multa y una indemnización a favor de la persona perjudicada.
La condena se basa en la conclusión del tribunal de que García Ortiz —o alguien de su entorno, con su conocimiento— filtró a la prensa un correo confidencial en que un abogado reconocía delitos fiscales vinculados con la pareja de una figura política de alto perfil. Además, el TS consideró delito la difusión pública de esa información vía nota de prensa, y subrayó que el cargo de Fiscal General lleva un “reforzado deber de reserva” que habría sido quebrantado.
Pero la sentencia ha generado una enorme polémica: muchos juristas y académicos cuestionan la solidez de las pruebas, denuncian la inversión de la carga de la prueba y alertan sobre el peligro de que se normalice lo que se ha calificado de “filtración sin filtrar” —esto es, condenar sin pruebas directas claras.
“El poder judicial ha sido, históricamente, un recurso más de las élites para conservar el control político”
Este episodio no es un accidente: viene a sumarse a una larga tradición —desde los orígenes del Régimen del 78— de conflictos entre los poderes Ejecutivo y Judicial, donde el control de la justicia ha servido como arma política. La historia de España en democracia está salpicada de episodios que demuestran que el poder judicial ha sido, con frecuencia, un instrumento subalterno al poder político.
UN PATRÓN HISTÓRICO: LA DISPUTA POR EL CONTROL DEL PODER JUDICIAL EN EL RÉGIMEN DEL 78
La realidad es, no obstante, que los conflictos entre el poder judicial y el ejecutivo no son episodios puntuales o fallos del sistema: son el sistema mismo.
Desde los años de la llamada Transición, el Poder judicial ha sido una pieza de alto valor estratégico para los dos bloques que se han disputado con enconada ferocidad el control del aparato del Estado. Su dominio ha permitido a ambos contendientes blindar políticas, proteger aliados, perseguir adversarios, penetrar en los poderosos círculos del poder económico, recibir todo tipo de prebendas, participar en suculentas tramas corruptas...
Ya durante los primeros gobiernos del régimen monárquico postfranquista, la composición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convirtió en un auténtico campo de batalla. El partido gobernante, tanto si era el PSOE como el PP, buscaba mayorías favorables entre los vocales y magistrados, muchas veces no por razones técnicas o jurídicas, sino por cálculos de oportunidad política.
En la década de los años 80, por ejemplo, fue notoria la tensión entre el Gobierno de Felipe González y sectores del poder judicial, sobre todo en casos de corrupción y terrorismo de Estado vinculados al GAL. La justicia fue enormemente lenta y notoriamente tibia, y solo con mucha presión social y mediática pudo llegarse a algunas pocas condenas importantes.
En los años 90, durante el Gobierno de Aznar, se consolidó un modelo de colonización partidista del poder judicial a través del control del CGPJ y del Ministerio Fiscal. La judicatura, lejos de actuar como “contrapoder”, funcionaba con una lógica de lealtades cruzadas. No es casual que muchas de las figuras que hoy lideran espacios clave del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional hayan sido promocionadas en esa etapa.
Durante la década del 2000, el PP acusó al PSOE de querer “politizar la justicia” por proponer reformas al sistema de nombramientos. Pero lo cierto es que ambos partidos, PP y PSOE, han utilizado el sistema a conveniencia: cuando gobiernan, aspiran a controlarlo; cuando están en la oposición, denuncian su politización. El resultado es que el Poder Judicial ha sido utilizado como un botín más del juego institucional.
¿Por qué cada gobierno busca controlar el poder judicial?
Un ejemplo reciente que ilustra este patrón es el bloqueo del CGPJ desde 2018. Su renovación ha sido saboteada sistemáticamente por el PP, que ha preferido mantener a un órgano caducado pero afín, antes que permitir su actualización conforme a los resultados parlamentarios. Esta situación revela hasta qué punto el Poder judicial no es una institución “neutral” o meramente “técnica”, sino un espacio de lucha política, donde lo que está en juego es quién juzga a quién, y con qué intención.
A esto vienen a sumarse los llamados “lawfare” o guerras judiciales, es decir, el uso estratégico del aparato judicial para deslegitimar o paralizar a adversarios políticos. En el caso español, esto ha sido particularmente evidente en la persecución contra dirigentes independentistas catalanes, procesados por rebelión y sedición en un marco que muchos juristas calificaron como forzado y desproporcionado.
En ese contexto, la sentencia contra García Ortiz parece menos una excepción y más una continuidad. Las facciones conservadoras dentro del aparato judicial tienen un largo historial de intervenciones políticas desde los tribunales, sobre todo cuando sienten que su hegemonía corre peligro. No se trata solo de jueces que “simpatizan” con ciertas ideologías, sino de estructuras judiciales profundamente imbricadas en el entramado de poder que se gestó en la Transición, donde las depuraciones del franquismo fueron mínimas y donde el aparato del Estado se reconstruyó sin romper con el pasado autoritario.
¿INDEPENDENCIA JUDICIAL? UN IDEAL IMPOSIBLE BAJO EL CAPITALISMO
La Constitución de 1978 proclama rimbombante que “los jueces son independientes” y que estos no pueden recibir órdenes de nadie.
Pero esa es solo una declaración formal. En la práctica, ningún Poder Judicial puede ser verdaderamente independiente en una sociedad dividida en clases. ¿Por qué razón? Pues porque el Estado es una superestructura política que se erige sobre una base económica concreta: la de la propiedad privada de los medios de producción.
En ese contexto, las instituciones jurídicas y judiciales no son neutras, sino que su tendencia natural tiende a defender el orden vigente y a sancionar las amenazas contra él.
El Poder Judicial no es un árbitro por encima de las partes, sino un componente más del aparato estatal que garantiza la reproducción del sistema. Por eso, lejos de actuar siempre “en defensa del débil”, como reza la retórica oficial, los tribunales tienden a proteger a los poderosos, a criminalizar la protesta social, a perseguir a quienes desafían los intereses del capital o del Estado central.
“La sentencia al Fiscal General no es una anomalía: es un mensaje y una advertencia.”
Y no se trata de un fenómeno exclusivo de España, aunque en este país los rasgos de pertenencia de esta institución sean considerablemente más sólidos que en otras geografías próximas. En América Latina, en Europa, o en los propios Estados Unidos, sobran ejemplos de cómo el sistema judicial ha sido utilizado para perseguir políticamente a líderes populares, defender a grandes empresas o blindar determinadas impunidades. Lo que varía es la forma, el envoltorio legal, pero no el fondo estructural.
La idea de una “justicia imparcial”, aunque sea deseable en términos normativos, no puede realizarse en una sociedad donde las condiciones materiales están profundamente desequilibradas. Mientras el acceso a los recursos legales, a la defensa jurídica, a los medios de comunicación, esté mediado por el poder económico o institucional, la justicia será siempre parcial.
UNA SENTENCIA QUE HABLA DEL SISTEMA
La condena del Fiscal Gral. del Estado, Álvaro García Ortiz no solo ha castigado a una figura concreta, sino que también ha lanzado un mensaje. El aparato judicial puede —y va a— intervenir activamente cuando se sienta amenazado. No se trata de errores aislados, sino de una lógica estructural, un movimiento reflejo, donde el poder judicial actúa como mecanismo de control político, no como espacio neutral.
Lejos, pues, de ser poderes independientes, los tribunales forman parte de un sistema que gestiona los conflictos internos de la clase dominante y que, cuando se hace necesario, actúa también contra sectores del propio aparato estatal si estos se desmarcan de la línea dominante.
La disputa no es, por tanto, entre “buenos” y “malos” jueces, ni entre “fiscales honrados” y “corruptos”. La verdadera cuestión es si una justicia al servicio del poder —económico, mediático o político— puede alguna vez ser compatible con una democracia real. Y la historia, con machacona contumacia, nos ha respondido con claridad que no.
FUENTES CONSULTADAS
El País: "Once juristas analizan la sentencia al fiscal general"
Cadena SER: "La UPF denuncia la falta de garantías"
HuffPost: Opinión de exmagistrado del Supremo
Verfassungsblog.de: "Justice and independence: an actual problem in Spain"
European Constitutional Law Review (Cambridge)
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