POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    En un artículo publicado en el periódico El País  este mismo domingo, titulado   "La mayoría del PSOE y del Gobierno anima a Sánchez a convocar elecciones ya: “Ahora hay una oportunidad”,  se informa de que una parte mayoritaria del PSOE y del Gobierno estima conveniente "adelantar las elecciones".

  Leído desde una perspectiva de izquierda no institucional, resulta particularmente revelador, porque le permite a uno reconstruir la lógica con la que una fuerza gubernamental transforma una derrota parlamentaria y una movilización social en una posible oportunidad de recomposición electoral.

  El propio contenido del artículo presenta el adelanto como la opción preferida por buena parte de los dirigentes socialistas y sitúa el 29 de noviembre como primera fecha posible.  Esa posibilidad seguía oficialmente abierta este domingo, según RTVE, mientras Sánchez mantenía consultas con ministros y dirigentes del partido. 

DE LA CRISIS DE LA VIVIENDA A LA OPORTUNIDAD ELECTORAL

   El primer elemento que llama la atención es el desplazamiento de la cuestión central. En las calles existe una crisis material: alquileres, desahucios, precariedad habitacional y dificultad creciente para acceder a una vivienda. Las movilizaciones del fin de semana abarcaron más de medio centenar de ciudades y congregaron a decenas de miles de personas, con consignas que llegaron a plantear una huelga general. Sin embargo, de acuerdo con las conversaciones internas que están teniendo lugar y que fueron reproducidas por El País, esa movilización es automáticamente traducida al lenguaje de la rentabilidad electoral.

    El periódico afirma que la indignación provocada por el rechazo de PP, Vox y Junts a los decretos ha sido traducida por la dirigencia socialista consultada,  en una «oportunidad irrepetible». 

    Un ministro llegó a sostener que no sabía qué escenario podría ser mejor y que habría que aprovechar la indignación mediante una campaña centrada no solamente en la vivienda, sino en todo el «paquete social».  

   Una lectura crítica indicaría la existencia de una contradicción importante en esas pulsiones: una movilización que nace de problemas sociales acumulados por este mismo gobierno y los que le precedieron de distinto signo, podría acabar siendo utilizada como eficaz combustible para la recomposición de una fuerza gubernamental que ha sido corresponsable de las políticas que han generado la crisis. La calle reclama vivienda; el aparato político calcula votos. Que ambas cosas puedan coincidir circunstancialmente no significa, ni mucho menos, que sus objetivos sean los mismos.

UN ADELANTO PARA CAMBIAR EL MARCO POLÍTICO

     El segundo argumento es todavía más explícito. Según uno de los dirigentes territoriales citados, apenas dos semanas antes el PSOE estaba «muerto» y atrapado en la crisis de Ceuta, mientras que la vivienda habría proporcionado «la sacudida» necesaria para resurgir.   Otro dirigente afirmaba que con la vivienda lo de «Ceuta se ha ido olvidando» y que ahora existe un nuevo eje electoral favorable a los socialistas.  

    Eso explica la insistencia en que «ahora» existe una oportunidad. Las elecciones anticipadas permitirían intentar convertir una coyuntura excepcional en mandato político antes de que el efecto movilizador se desgaste.

LA LEGISLATURA AGOTADA: EL ARGUMENTO MÁS SÓLIDO

     Existe, no obstante, un argumento institucional difícil de ignorar: la dificultad del Gobierno para continuar legislando. Después del voto de Junts contra los decretos, dirigentes socialistas plantean abiertamente cómo podrían aprobarse unos Presupuestos o una reforma de la financiación si ni siquiera ha sido posible sacar adelante esas medidas. El Congreso, efectivamente, rechazó los dos reales decretos-ley de vivienda en su sesión del 2 de octubre. 

   Desde una perspectiva crítica, este sería probablemente el motivo menos propagandístico del adelanto: cuando un Ejecutivo carece de una mayoría parlamentaria mínimamente estable, gobernar mediante negociaciones, operación por operación, puede acabar resultando extremadamente difícil.

    Pero incluso aquí cabría añadir una objeción: esa fragilidad no apareció el pasado viernes. La dependencia de la derecha catalana y de otros grupos formaba parte de la arquitectura parlamentaria desde el comienzo de la legislatura. Lo nuevo no sería, por tanto, la fragilidad, sino la aparición de una coyuntura que el PSOE considera "aprovechable electoralmente".

ANTES DE QUE EMPEORE EL ESCENARIO

   El artículo contiene otro reconocimiento político extraordinariamente significativo. Un responsable regional señalaba a El País que la inflación se encuentra elevada, que la cesta de la compra se ha encarecido notablemente desde 2021 y que en enero terminarán los fondos europeos, pero considera que la actuación de la derecha en la crisis del desahucio ha cambiado temporalmente el marco político en beneficio del PSOE. Su conclusión es reveladora: «La cuestión es mantenerlo dos meses».  

     Conviene distinguir aquí entre los datos económicos concretos —que el artículo atribuye a esa fuente socialista— y el razonamiento político que la cita revela. Este último es inequívoco: una buena parte del PSOE piensa que sería preferible votar antes de que unas condiciones económicas potencialmente más desfavorables vuelvan a imponerse en el debate público.

    Desde una izquierda no comprometida institucionalmente, esto no podría interpretarse de otra forma más que como una lógica clásica del electoralismo: elegir no solamente qué políticas presentar ante los electores, sino también cuál es el instante más propicio para someterse a ellos.

ABSORBER EL VOTO A LA IZQUIERDA DEL PSOE

    Probablemente, el aspecto más estratégico del artículo de "El País" sea el relacionado con el espacio situado ambiguamente a la izquierda del PSOE. Los propios dirigentes socialistas reconocen que Sumar y Podemos llegan desorganizados y sin una candidatura conjunta y consideran que el PSOE tendría que absorber una parte importante de ese electorado.  RTVE confirmó que el espacio de Sumar se encontraba este domingo discutiendo incluso la eventual candidatura ante un posible adelanto. 

    Aquí aparece claramente el mecanismo del llamado voto útil. La campaña podría reducirse progresivamente a una exclusiva disyuntiva del PSOE frente a PP-Vox, desplazando hacia un segundo plano las diferencias existentes dentro de la propia izquierda institucional.

   Para la izquierda no institucional, ese mecanismo tiene una consecuencia política relevante: la movilización social puede terminar subordinada al objetivo de impedir un Gobierno de la derecha histórica. 

  Las reivindicaciones estructurales —intervención del mercado inmobiliario, parque público, reducción efectiva de rentas o cuestionamiento del poder de propietarios y fondos— corren entonces el riesgo de quedar sustituidas por una pregunta mucho más limitada: quién debe administrar el Gobierno.

CONVERTIR LA PROTESTA SOCIAL EN PLEBISCITO

    El PSOE parece confiar, según el artículo del periódico citado, en que la vivienda pueda actuar como catalizador de una izquierda electoralmente desmovilizada, mientras reconoce simultáneamente que la derecha se encuentra muy movilizada.  De ahí la urgencia.

    La operación política consistiría en intentar transformar el conflicto de vivienda en una especie de plebiscito entre un bloque presentado como defensor de determinadas medidas sociales y otro identificado con quienes las bloquearon.

     Es una estrategia comprensible desde el puro martingaleo electoralista, pero una izquierda no institucional y auténticamente revolucionaria tendría que advertir contra la identificación automática entre movilización popular y apoyo al Gobierno, como si toda expresión de descontento social pudiera traducirse mecánicamente en respaldo electoral al Ejecutivo.

   Las protestas por la vivienda no surgieron para reforzar al PSOE. Surgieron porque existe un problema social que también se ha desarrollado durante los años en que el PSOE ha ocupado la presidencia del Gobierno.

    Ahí se encuentra quizá la principal contradicción que deja entrever el propio artículo, cuyos planteamientos no tienen nada de inocentes: quienes protestan reclaman soluciones materiales; quienes calculan el adelanto hablan de «ventana de oportunidad», «marco», movilización electoral, absorción de votos y posibilidad de «resurgir».

   Por eso, desde esta perspectiva crítica en la que se sitúa este comentarista, el posible adelanto podría interpretarse menos como el resultado de una súbita radicalización social del PSOE que como un intento de aprovechar un momento excepcionalmente favorable antes de que desaparezca: capitalizar la derrota parlamentaria, responsabilizar a PP, Vox y Junts, recuperar electorado desmovilizado, absorber parte del espacio situado a su izquierda, enterrar crisis anteriores y acudir a las urnas antes de que otros problemas económicos vuelvan a dominar la agenda.

        El propio relato de los dirigentes socialistas recogido por El País, más que cualquier acusación externa, aporta buena parte de los elementos que nos permiten reflexionar sobre el feroz canibalismo electoralista del que adolecen tanto la dirección de ese Partido, como el de sus hermanos de sangre de la "coalición progresista", siempre predispuestos a convertir cualquier conflicto social, crisis parlamentaria o movilización popular en una oportunidad para reforzar sus posiciones electorales como finalidad última de toda su actividad política.