POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

   Minneapolis, esa ciudad que una vez fue epicentro del clamor por justicia tras la muerte de George Floyd, ha vuelto a ponerse en el ojo de un huracán político y social, pero esta vez bajo un dosel de niebla invernal, helicópteros, agentes federales y la sombra ominosa del Ejército preparado para el asalto a la ciudad.

    En enero de 2026, la ciudad se encontró de nuevo en el filo de un cuchillo: protestas que no se apagan, un Gobierno federal que amenaza con usar una ley casi centenaria para desplegar tropas y una comunidad exhausta pero desafiante que grita desde las aceras congeladas.

    El detonante de esta nueva crisis fue la muerte de Renée Nicole Good, una madre de familia de 37 años, abatida por un agente de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) durante una operación de deportación en Minneapolis. El disparo transformó la furia latente sobre las políticas migratorias de Washington en un fuego abierto de indignación, manifestaciones y confrontaciones diarias en torno al edificio federal Bishop Henry Whipple.

    Las protestas, inicialmente relatadas como reacciones espontáneas ante la violencia policial, rápidamente se articulan en un movimiento más amplio: vecinos, inmigrantes, sindicalistas, y jóvenes salen a las calles con una consigna común —no solo justicia por Good, sino el rechazo frontal a la presencia masiva de agentes federales en sus barrios.

    Organizaciones locales como sindicatos de docentes y grupos de defensa de derechos humanos comenzaron a organizar patrullas comunitarias y alianzas de protección, subrayando una resistencia que va más allá del simple rechazo de la violencia: es un intento de restituir la dignidad colectiva ante un Estado que parece haber olvidado su razón de ser.

     Pero lo que ha hecho únicas estas protestas no es solo su extensión ni su duración, sino la respuesta del poder federal: miles de agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza han sido enviados a Minneapolis y St. Paul para llevar a cabo lo que la Administración Trump ha denominado una campaña contra el crimen y el fraude social.

    Más de 3 000 agentes federales han estado operando en el área, en lo que se ha descrito como “la operación de inmigración más grande jamás realizada”. Las tácticas han incluido arrestos, el uso de gases lacrimógenos y municiones menos letales, y un despliegue que ha alterado profundamente la vida comunitaria.

    La respuesta local no se hizo esperar. Alcaldes y funcionarios estatales han denunciado la presencia militarizada como una invasión de facto por parte del Gobierno federal en una ciudad con una policía local ya sobrecargada. La tensión política se agrava porque Minneapolis tiene una tradición de gobierno progresista, muy distante de las políticas de mano dura que impulsan en Washington.

LA SOMBRA DE LA LEY DE INSURRECCIÓN

    En medio de este caldo de cultivo, llegó la amenaza mayor: el Presidente Donald Trump amenazó con invocar la célebre Ley de Insurrección de 1807, una autoridad legal casi olvidada que permite al Presidente desplegar al Ejército dentro de los Estados Unidos para responder a disturbios internos en circunstancias extremas. Nunca ha sido usada plenamente desde los disturbios de Los Ángeles en 1992.

    Ya en medios y plataformas sociales, Trump apuntó que si las autoridades locales en Minnesota no detenían a quienes “atacan agentes federales”, podría activar esta ley para “poner fin a la travesía que está ocurriendo en ese otrora gran estado”.

    La mera mención desató alarma: la idea de Ejército en las calles de Minneapolis es un salto cuántico respecto a las habituales disputas entre policías y manifestantes.

     Las fuerzas armadas, por su parte, han recibido órdenes de prepararse para un posible despliegue: aproximadamente 1 500 soldados de la División Aerotransportada 11ª, entrenados para condiciones árticas, fueron puestos en alerta en Alaska para un eventual envío a Minnesota. Aunque aún no se ha concretado su llegada, su presencia en espera es un signo del nivel de tensión que existe entre el poder central y el tejido social de Minneapolis.

    Esta situación ha puesto en evidencia varios elementos que pocos esperaban ver de nuevo en Estados Unidos: la militarización de un conflicto interno, la utilización de leyes antiguas con propósitos contemporáneos y una fractura evidente entre gobiernos locales y el poder federal. Muchos observadores ven en esta postura una señal de desgaste de las instituciones tradicionales y un desplazamiento hacia mecanismos de control más duros.

CRÍTICA, RESISTENCIA Y NARRATIVAS ENCONTRADAS

     Los críticos del Gobierno señalan que el uso de amenazas militares para sofocar protestas civiles no solo es innecesario, sino que corroe la propia esencia democrática.

    Grupos de derechos civiles han argumentado que invocar la Ley de Insurrección sería un abuso de poder que violaría las libertades básicas de reunión y expresión. Para ellos, el verdadero problema no es el orden público, sino una administración que usa la violencia institucional para imponer su agenda política.

    Desde la comunidad local, la resistencia ha tomado formas múltiples: manifestaciones diarias, asambleas comunales, y hasta preparativos organizativos para una huelga general convocada por sindicatos el 23 de enero, buscando no solo el retiro de las fuerzas federales sino también un debate nacional sobre derechos civiles, inmigración y justicia social.

    Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia ha intensificado una ofensiva legal contra las autoridades estatales y locales, incluyendo citaciones a altos funcionarios como el gobernador de Minnesota y otros líderes democráticos, bajo acusaciones que muchos califican de intimidación política. Este proceso ha alimentado aún más el sentimiento de que el conflicto ya no es solo social, sino profundamente político, con ecos de pugnas federales que van más allá de Minneapolis.

UNA CIUDAD ENTRE DOS MUNDOS

    Hoy Minneapolis vive en un limbo: por un lado, las protestas no ceden y la comunidad se articula con una nueva conciencia de solidaridad; por otro, la amenaza de despliegue militar se cierne como una espada de Damocles. Lo que comenzó como una protesta contra una muerte injusta se ha transformado en un símbolo de resistencia frente al uso expandido de la fuerza estatal.

   Este episodio plantea preguntas profundas:

- ¿puede un Gobierno usar sus fuerzas armadas dentro de su propio país contra su pueblo?

- ¿Dónde está el límite entre mantener el orden y silenciar la disidencia?

- ¿Qué significa ser ciudadano cuando la propia tierra parece convertirse en un campo de batalla?

    Minneapolis se erige ahora no solo como un lugar en conflicto, sino como un espejo que refleja tensiones más amplias en una nación fracturada. Más allá del hielo que cubre sus calles, lo que arde es el debate sobre quién tiene el derecho de definir seguridad, justicia y democracia en el siglo XXI estadounidense.