LA NUEVA LEY DE TURISMO DE CANARIAS: LEGISLAR PARA LOS RICOS, EXPROPIAR A LOS TRABAJADORES

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias avanza hacia la promulgación de una nueva Ley de Ordenación del Uso Turístico que, según la patronal hotelera, es “compleja pero necesaria”. Pero, ¿necesaria para quién? Detrás de los conceptos técnicos de la legislación que se está preparando,  como “unidad de explotación” o “residencialización” se esconde una ofensiva legal en favor de los grandes inversores y en contra de los pequeños propietarios, muchos de ellos trabajadores locales que con esfuerzo compraron un apartamento en el sur de las islas.

   La nueva ley, que reemplazará a las normas de 1995 y 2013, refuerza el principio de “unidad de explotación”, según el cual, en un complejo turístico debe existir una sola empresa encargada de gestionar todos los apartamentos. Esto significa que si una persona compró uno de esos apartamentos para alquilarlo o incluso para vivir en él, pierde su derecho a hacerlo libremente. Debe ceder su propiedad a un explotador turístico o enfrentarse a sanciones. Así, la administración no solo no garantiza su derecho a la vivienda, sino que legisla activamente para despojarlo de ese derecho.

UNA LEY PARA LOS PRIVILEGIADOS

   No puede sorprender, pues, que la patronal hotelera de Las Palmas (FEHT) haya celebrado esta normativa como una victoria. Fernando Estany, vicepresidente de la organización, ha defendido que esta ley impedirá “el uso mixto de la propiedad”, forzando a que todos los apartamentos de un complejo se exploten bajo los mismos estándares- Es decir, bajo control empresarial. Lo que se presenta como una “homogeneización” del producto turístico no es más que una coartada para impedir que los pequeños propietarios ejerzan su derecho de uso y disfrute sobre su vivienda.

    De esta form, el Gobierno canario legisla para los privilegiados. Mientras cientos de propietarios individuales se ven obligados a entregar la gestión de su inmueble a una empresa, los grandes grupos empresariales —socimis, fondos de inversión, cadenas hoteleras— acumulan propiedades enteras con el beneplácito del Estado.

EL CAPITAL FINANCIERO REORDENA EL TURISMO CANARIO

   Hoy, el control del Turismo en Canarias ya no lo ejercen sólo cadenas hoteleras tradicionales, sino fondos de inversión que operan con una lógica puramente financiera. En Gran Canaria, zonas como Maspalomas o Mogán ya están en manos de grandes tenedores: en 2025, más del 55 % del volumen de inversión hotelera vino de estos actores. Entre ellos se encuentran Stoneweg (con más de 1.000 millones en proyectos) y Azora, que acumula decenas de hoteles y complejos. Su operativa es simple: compran en bloque, operan con rentabilidades altas y expulsan al propietario tradicional.

   A esto se suma la compra masiva de viviendas por parte de fondos antes de la entrada en vigor de la ley del alquiler vacacional. Se calcula que sólo en el primer trimestre de 2024, más de 150 millones de euros fueron invertidos en viviendas turísticas por fondos externos, anticipándose a la legislación para blindar su control.

  Mientras tanto, los propietarios individuales, muchos de ellos canarios, que han pagado sus hipotecas durante décadas, se ven abocados a entregar su propiedad a estos explotadores o a ser sancionados. La propiedad privada no se defiende cuando pertenece a los trabajadores, sino cuando es del capital.

TESTIMONIOS DE UNA INJUSTICIA

  En San Bartolomé de Tirajana, donde la ofensiva legal ha sido más intensa, se han alzado voces críticas. La portavoz de la plataforma de afectados, Doris Borrego, ha denunciado que esta ley “castiga a quien vive en su propiedad y protege a quien solo la quiere para especular”. La paradoja es brutal: quien reside en su apartamento recibe una multa, mientras el gran tenedor recibe beneficios.

  Decenas de alegaciones contra la ley repiten el mismo clamor: que se permita a los pequeños propietarios alquilar o vivir en su propiedad.

   Sergio Giovagnoli, propietario afectado, lo resume de manera contundente: 

   “Este proyecto de ley es un despropósito para los pequeños propietarios como yo que vivimos de esto”.

Juan Félix Eugenio, vecino de El Rosario, exige que se legalice la comercialización individual cuando no haya empresa explotadora: “Es de sentido común”.

UN MODELO QUE EXPULSA A LA CLASE TRABAJADORA

  El modelo de turismo que se consolidará con la nueva legislación no es solamente injusto, es insostenible. En menos de un año, el número de pisos turísticos en Canarias creció un 21 %, alcanzando los 65.000. Esto ha encarecido el alquiler residencial y desplazado a las familias canarias fuera de sus barrios.

  Pero lo más grave es la concentración progresiva de la propiedad. Lo que antes eran pequeños apartamentos propiedad de miles de familias, hoy son bloques enteros en manos de fondos de inversión, con sede en Madrid, Luxemburgo o Zúrich. Este es el resultado lógico de una ley que no protege al pequeño propietario, sino que lo desposee en beneficio de los grandes capitales.

UN ESTADO AL SERVICIO DE LA GRAN PROPIEDAD

  El Gobierno de Canarias justifica la ley en nombre de "la sostenibilidad, el orden y el desarrollo turístico". Se trata, sin embargo, de un modelo basado en la expropiación silenciosa de la clase trabajadora. En este contexto,el "orden" es sinónimo de subordinación forzosa a las empresas. Y el "desarrollo"  es sinónimo de acumulación capitalista.

  La misma ley que dice proteger la función social de la vivienda impide a sus legítimos propietarios vivir en ella. La misma administración que presume de participación ciudadana, ignora las alegaciones de miles de afectados. La misma Consejería que habla de renovación turística financia eventos exclusivos para el sector privado con dinero público.

   El poder político se alinea con los grandes tenedores para reordenar el territorio en función de la rentabilidad del capital.

  Pero frente a la desposesión, crece también la resistencia. Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Ley Turística han comenzado a organizarse. Algunas comunidades vecinales han impugnado judicialmente las sanciones que ya ahn recibidido por hacer uso de sus propiedades. Y cada vez más voces se levantan para denunciar que esta ley no busca regular el turismo, sino blindar el negocio de unos pocos.

  La defensa del derecho a la vivienda, del uso libre de la propiedad, del territorio como bien común, exige una respuesta colectiva. No basta con esperar un cambio en las urnas. Hay que construir poder desde abajo, con solidaridad, organización y movilización. Porque esta ley no es una excepción. Es el síntoma de un sistema que antepone la propiedad de los magnates a la vida de los pueblos.