DEL AMPARO AL DESARRAIGO: COLECTIVOS SOCIALES DENUNCIAN UN NUEVO CASO DE SEPARACIÓN FAMILIAR

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Una reciente denuncia pública realizada por los colectivos DENIPER y ARCAN (Asamblea Reivindicativa Canaria) ha vuelto a situar bajo el foco el funcionamiento del sistema de protección a la infancia en Canarias. En un extenso comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, ambas organizaciones, que aseguran estar respaldadas por familias afectadas, denuncian un caso que consideran "paradigmático de robo institucional de menores" y que -según afirman- pone de manifiesto "la opacidad, negligencia y violencia institucional" que, a su juicio, caracteriza las actuaciones de los servicios sociales, las entidades concertadas y las administraciones públicas implicadas en la protección infantil.

EL CASO DE TERESA CERPA E IVÁN ANTONIO: UNA SEPARACIÓN EN NAVIDAD

   El caso gira en torno a Teresa Cerpa e Iván Antonio, una pareja residente en Tenerife y padres de cuatro menores. Según exponen DENIPER y ARCAN, sus hijos fueron separados del núcleo familiar en diciembre de 2021, en un momento de extrema vulnerabilidad para la madre, quien atravesaba un cuadro severo de depresión tras la muerte casi simultánea de su padre y de su hermano.

  La intervención - según estos colectivos -  se habría producido sin una adecuada valoración de la situación familiar más amplia y sin tener en cuenta la presencia del padre ni de la red de familiares paternos disponibles para asumir el cuidado de los niños.

   Según denuncian, en aquel contexto la madre, medicada y emocionalmente afectada, habría firmado un documento para entregar temporalmente la custodia de sus hijos a la Dirección General de Protección a la Infancia. Aseguran que se le prometió una separación por un plazo de seis meses, al término del cual se evaluaría la reunificación familiar. Sin embargo, transcurrido ese tiempo, y a pesar de que, según los denunciantes, la madre había superado su situación de vulnerabilidad, contaba con vivienda propia sin cargas, empleo estable y el apoyo del padre de los menores y su familia extensa, la restitución no se produjo.

ENTIDADES BAJO SOSPECHA

   Las entidades Mundo Nuevo y Aldeas Infantiles son mencionadas en el comunicado de DENIPER y ARCAN como actores centrales del proceso.

  Según DENIPER y ARCAN, la primera, encargada del seguimiento inicial,

"habría ocultado deliberadamente la existencia de familiares paternos y habría emitido informes desfavorables sin reflejar adecuadamente la evolución de la situación familiar".

    Los tres hijos mayores permanecen internados desde entonces, sin que -según los colectivos- se haya considerado su voluntad de regresar con sus progenitores. Aseguran que los menores han llegado a escribir solicitudes para volver con su madre y padre, que se han fugado de los centros en varias ocasiones, y que han denunciado condiciones precarias de alimentación y abrigo.

   Pero la situación adquiere -según relatan- un cariz aún más alarmante con lo ocurrido a la hija menor del matrimonio. Esta niña, mediante un programa del Cabildo de Gran Canaria de "familias colaboradoras", habría sido puesta en contacto con una conocida presentadora televisiva de Las Palmas. A partir de ahí, y con el respaldo de informes técnicos emitidos por la Unidad de Infancia y Familia del Cabildo, se habría iniciado un proceso de acogimiento, con informes posteriores que alegaban una "vinculación especial" entre la menor y la presentadora. La niña fue finalmente trasladada a vivir con esta mujer en Las Palmas durante el verano de 2025.

   El relato de los colectivos asegura que este traslado se hizo

"sin tener en cuenta la negativa de la menor, su voluntad de no separarse de sus hermanos y la oposición expresa de sus progenitores".

   Aseguran que

"la niña fue obligada a llamar "mamá" a la presentadora y que se le restringió el contacto con su familia biológica".

   También denuncian que Aldeas Infantiles "emitió informes en los que se afirmaba que los hermanos mayores no deseaban tener relación con la pequeña", algo que los colectivos consideran falso y parte de una estrategia de distorsión de la realidad familiar.

OBSTÁCULOS JUDICIALES Y DILACIONES ADMINISTRATIVAS 

   En el plano judicial, los abogados de la familia habrían iniciado un procedimiento de oposición a la situación de desamparo y a la separación de la menor de sus hermanos, solicitando medidas cautelares que devolvieran a la niña a su entorno familiar.

    Sin embargo, según indican, ni la Fiscalía ha emitido aún informe alguno, pese a que la jueza lo solicitó hace cinco meses, ni la Dirección General de Protección a la Infancia ha remitido la documentación completa del expediente. Señalan que el único informe recibido proviene de Aldeas Infantiles y que, según afirman, responde más a los intereses de la presentadora que al interés superior de la menor.

  La última visita presencial de la madre a su hija menor se produjo, según el comunicado, el 8 de noviembre, durante una hora supervisada. La siguiente, prevista para el 14 de diciembre, fue suspendida con el argumento de la borrasca Emilia, a pesar de que -según denuncian- las comunicaciones ya estaban restablecidas en esa fecha. En plena época navideña, la familia aún no ha recibido una nueva fecha para reencontrarse con la niña.

ACUSACIONES DE CENSURA MEDIÁTICA Y DEMANDAS DE DIMISIÓN

  Los colectivos denuncia, asimismo, "la falta de cobertura mediática a este caso". Aseguran que la Televisión Canaria grabó imágenes de Teresa Cerpa y otras madres afectadas durante una concentración frente a la Dirección General del Menor, convocada el pasado 20 de noviembre con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, pero que la noticia nunca fue emitida. Consideran significativo que la presentadora implicada en el acogimiento haya trabajado previamente en ese ente público, lo que, a su juicio, podría explicar la omisión informativa.

  DENIPER y ARCAN han exigido públicamente la restitución inmediata de los cuatro menores a su familia, así como la apertura de investigaciones administrativas y judiciales sobre las actuaciones de todas las entidades y administraciones implicadas. Reiteran además la petición de dimisión de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, a la que consideran "máxima responsable de que estas cosas pasen".

   En un comunicado anterior, ambas organizaciones ya habían acusado a la Consejería de realizar una gestión "negligente, opaca y profundamente lesiva", y de incumplir compromisos adquiridos con las familias afectadas en reuniones mantenidas a inicios de año.

    "El de Teresa Cerpa e Iván Antonio -aseguran- no es un caso aislado, sino que "forma parte de un patrón de actuación donde la vulnerabilidad o la precariedad temporal se confunden con desamparo estructural".

   Según estos colectivos,

"los informes se tergiversan, se invisibiliza deliberadamente a la familia extensa y se bloquea la restitución familiar, mientras se priorizan vínculos afectivos construidos en contextos institucionales sobre los lazos familiares consolidados".

   "Se trata - concluyen - de una dinámica que reproduce prácticas de desarraigo y que coloca a los menores en una situación de indefensión prolongada, sin que las autoridades responsables intervengan de forma efectiva para restaurar sus derechos fundamentales".