¿PREVARICAN EL GOBIERNO DE CANARIAS Y EL CABILDO DE TENERIFE CON EL PROYECTO DE "CUNA DEL ALMA"?

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los colectivos ciudadanos que denunciaron penalmente el proyecto "Cuna del Alma" han expresado su profunda preocupación por la inacción del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias ante "las nuevas evidencias" que rodean este polémico desarrollo urbanístico.

   En la mañana de este miércoles, 30 de julio, dichos colectivos presentarán escritos formales tanto ante el Cabildo insular como ante la Consejería competente del Gobierno de Canarias, exigiendo la paralización inmediata de las obras en El Puertito de Adeje. Los firmantes del comunicado advierten que de no tomarse medidas urgentes, ambas administraciones "podrían estar incurriendo en un delito de prevaricación por omisión", al mantenerse pasivas ante hechos que -según afirman- "constituyen infracciones evidentes de la normativa vigente".

   Los colectivos promotores de esta denuncia subrayan que tanto el Cabildo como el Gobierno canario han sido informados reiteradamente de las "graves irregularidades del proyecto Cuna del Alma".

   Desde el inicio, este desarrollo urbanístico ha estado marcado por denuncias ciudadanas, manifestaciones y paralizaciones temporales de las obras, y ahora cuenta con nuevos documentos y elementos probatorios que refuerzan las exigencias de freno inmediato.

   Uno de los puntos más contundentes de los nuevos escritos es la revelación de fragmentos del Plan Parcial del proyecto, en los que se establece con claridad la obligación de Ayuntamiento y Cabildo de adoptar medidas cautelares —como la suspensión de obras— en caso de hallazgos patrimoniales o indicios de deterioro del patrimonio cultural. Tal como recuerdan los colectivos, estas condiciones ya se han cumplido, con varios reportes recientes sobre elementos patrimoniales en riesgo en la zona.

   Otro aspecto alarmante señalado por los denunciantes es la falta de transparencia y manipulación en la Junta de Compensación de El Puertito, que permitió a la promotora del proyecto adjudicarse las obras a sí misma sin concurso público, sin control del Ayuntamiento y en base a un voto decisivo de una persona que, posteriormente, pasó a integrar la misma empresa promotora. Este hecho, indican, constituye una violación directa de los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia.

   Asimismo, los colectivos sostienen que las administraciones han vulnerado el principio de precaución y de tutela del interés público, tanto desde el punto de vista del patrimonio cultural como del entorno ecológico de la zona, cuyas condiciones ambientales son altamente sensibles.

   Los escritos entregados recuerdan que no actuar en este contexto, pese a estar formalmente advertidos, no solo compromete la responsabilidad política de ambas instituciones, sino que puede acarrear responsabilidades penales. Citando jurisprudencia como la Sentencia del Tribunal Supremo del 27 de diciembre de 1995, los colectivos recuerdan que el delito de prevaricación administrativa puede cometerse también por omisión, cuando una autoridad se abstiene de actuar a pesar de conocer su deber legal.

  Por todo ello, exigen una actuación inmediata: “el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias podrían estar prevaricando si no actúan ya paralizando las obras”, afirman categóricamente en su comunicado.

   Además, los colectivos anuncian que permanecerán dentro de las instalaciones del Cabildo y del Gobierno autonómico hasta ser recibidos por cargos responsables, con el fin de garantizar que su denuncia sea atendida y que se tome conciencia real de la gravedad de los hechos denunciados.

   La presentación de los escritos comenzará a las 11:30 horas en el Cabildo de Tenerife, seguida de su entrega en las oficinas del Gobierno de Canarias en la avenida Francisco La Roche. Paralelamente, se realizará una rueda de prensa en la Plaza del Cabildo como acto de apoyo e información a los medios de comunicación.

   Los colectivos denuncian así, una vez más, la pasividad institucional ante un proyecto urbanístico que ha generado fuerte rechazo social y legal desde su origen, y que ahora enfrenta nuevas pruebas de irregularidad y potencial ilegalidad, cuyas consecuencias podrían llegar a los tribunales si las administraciones no cumplen con su deber de actuar.