CANARIAS SE AHOGA EN CEMENTO: LOS DELITOS MEDIOAMBIENTALES MARCAN UN RÉCORD HISTÓRICO
¿Quién gana con el modelo de crecimiento urbanístico que arrasa con el territorio canario?
Mientras los discursos oficiales celebran la “recuperación económica”, el Archipiélago canario lidia con una avalancha de construcciones ilegales, vertidos y parcelaciones fraudulentas que baten récords históricos. Lejos de ser accidentes, estos delitos medioambientales forman parte de un modelo institucionalizado de expolio territorial (...).
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras el paréntesis que impuso la pandemia del Covid-19, la maquinaria constructiva se reactivó en Canarias con una fuerza tal que, en los últimos años, ha traído consigo algo más que grúas, cemento y ladrillos. En paralelo, ha estallado una auténtica oleada de delitos medioambientales que pone de nuevo en jaque al frágil ecosistema del Archipiélago. Lo que para algunos sectores privilegiados, y minoritarios, significa “recuperación económica”, para otros representa “la vuelta al expolio legalizado del territorio”.
Las cifras hablan por sí solas. En 2022 se registraron 1.691 expedientes sancionadores por infracciones medioambientales. Para 2024, la cifra subió a 2.042, con un crecimiento del 18 % respecto al año anterior. Las infracciones más comunes tienen un denominador claro: licencias de construcción, vertidos incontrolados y usos no autorizados del suelo. Gran Canaria y Tenerife lideran el mapa del deterioro, concentrando la mayoría de las sanciones.
CUANDO LAS LEYES SON UN PUENTE PARA LA IMPUNIDAD
Lejos de representar un freno, el marco legislativo actual ha servido en muchos casos como palanca para el crecimiento descontrolado. Dos normas destacan especialmente por su impacto: la Ley del Suelo de 2017 y la Ley de Islas Verdes. Presentadas con la promesa de “ordenar el uso del territorio” o “garantizar un desarrollo sostenible”, ambas han terminado por abrir grietas legales por las que se cuelan desde urbanizaciones en suelo rústico hasta parcelaciones ilegales avaladas por ayuntamientos cómplices o indiferentes.
La Ley de Islas Verdes, en particular, permite construir en suelo no urbano “bajo ciertas condiciones”, una fórmula ambigua que ha generado lo contrario de lo que predicaba: descontrol, picaresca y vulnerabilidad ambiental.
Las instituciones no están, obviamente, al margen del conflicto, sino en el centro de él. No por omisión solamente, sino por diseño. Cuando la normativa permite usos intensivos del suelo sin herramientas efectivas de control, estamos ante una institucionalización del daño ecológico.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) emitió en 2024 más de mil sanciones, muchas de ellas graves. Pero la vigilancia no es homogénea. Hay municipios con apenas inspectores activos, y otros donde las licencias se conceden sin informes técnicos rigurosos. Mientras tanto, el capital constructor —grandes y pequeños— avanza.
Durante el primer semestre de 2025, Arrecife registró 130 sanciones por vertidos ilegales de enseres. Al mismo tiempo, se multiplicaban las denuncias por construcciones ilegales en zonas rústicas protegidas, tanto en Lanzarote como en La Palma. La invasión de plagas en barrios turísticos, asociada al uso irresponsable de biocidas no regulados, es otro efecto colateral de este modelo que avanza como una mancha de aceite.
EL TERRITORIO COMO MERCANCÍA
La raíz del problema no es técnica, sino estructural. El crecimiento urbanístico no se traduce en una respuesta a la necesidad de viviendas dignas para la clase trabajadora canaria, sino a la lógica del beneficio privado. Bajo la apariencia de “desarrollo económico” se oculta un modelo basado en la especulación con el suelo, la construcción de segundas viviendas turísticas y la apropiación privada de espacios públicos o naturales.
El Gobierno canario ha reaccionado con iniciativas como el Programa de Inspección Ambiental 2025, que prioriza la vigilancia en sectores de alto riesgo como residuos, vertidos y construcción. Sin embargo, este tipo de planes, al no ir acompañados de una inversión sólida en personal y tecnología se convierte en algo puramente testimonial.
La propia ACPMN reconoce que el 60 % de los expedientes abiertos en 2024 estuvieron relacionados con obras sin licencia o mal ejecutadas, vertidos ilegales o parcelaciones fraudulentas. En Tenerife, por ejemplo, los agentes medioambientales tramitaron más de 300 sanciones en menos de un año, pero eso no impidió que nuevas construcciones surgieran en espacios protegidos.
EL COSTE SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN AMBIENTAL
Los delitos medioambientales no son meros errores administrativos. Son atentados contra un recurso finito, el suelo, y contra un bien común: el equilibrio ecológico de las islas. La degradación del medio no solo afecta a la biodiversidad, sino también a los habitantes de las zonas más precarizadas. La contaminación, la pérdida de espacios públicos, la turistificación salvaje y el colapso de servicios urbanos son consecuencias directas de un modelo que prioriza el capital sobre la vida.
La dinámica de apropiación del territorio responde a una correlación de fuerzas donde el poder económico impone su lógica, y el aparato institucional la legitima o mira hacia otro lado. El crecimiento económico se mide en toneladas de cemento y metros cuadrados vendidos, mientras nadie mide la pérdida de suelo fértil, agua potable o calidad de vida.
Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras el paréntesis que impuso la pandemia del Covid-19, la maquinaria constructiva se reactivó en Canarias con una fuerza tal que, en los últimos años, ha traído consigo algo más que grúas, cemento y ladrillos. En paralelo, ha estallado una auténtica oleada de delitos medioambientales que pone de nuevo en jaque al frágil ecosistema del Archipiélago. Lo que para algunos sectores privilegiados, y minoritarios, significa “recuperación económica”, para otros representa “la vuelta al expolio legalizado del territorio”.
Las cifras hablan por sí solas. En 2022 se registraron 1.691 expedientes sancionadores por infracciones medioambientales. Para 2024, la cifra subió a 2.042, con un crecimiento del 18 % respecto al año anterior. Las infracciones más comunes tienen un denominador claro: licencias de construcción, vertidos incontrolados y usos no autorizados del suelo. Gran Canaria y Tenerife lideran el mapa del deterioro, concentrando la mayoría de las sanciones.
CUANDO LAS LEYES SON UN PUENTE PARA LA IMPUNIDAD
Lejos de representar un freno, el marco legislativo actual ha servido en muchos casos como palanca para el crecimiento descontrolado. Dos normas destacan especialmente por su impacto: la Ley del Suelo de 2017 y la Ley de Islas Verdes. Presentadas con la promesa de “ordenar el uso del territorio” o “garantizar un desarrollo sostenible”, ambas han terminado por abrir grietas legales por las que se cuelan desde urbanizaciones en suelo rústico hasta parcelaciones ilegales avaladas por ayuntamientos cómplices o indiferentes.
La Ley de Islas Verdes, en particular, permite construir en suelo no urbano “bajo ciertas condiciones”, una fórmula ambigua que ha generado lo contrario de lo que predicaba: descontrol, picaresca y vulnerabilidad ambiental.
Las instituciones no están, obviamente, al margen del conflicto, sino en el centro de él. No por omisión solamente, sino por diseño. Cuando la normativa permite usos intensivos del suelo sin herramientas efectivas de control, estamos ante una institucionalización del daño ecológico.
La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) emitió en 2024 más de mil sanciones, muchas de ellas graves. Pero la vigilancia no es homogénea. Hay municipios con apenas inspectores activos, y otros donde las licencias se conceden sin informes técnicos rigurosos. Mientras tanto, el capital constructor —grandes y pequeños— avanza.
Durante el primer semestre de 2025, Arrecife registró 130 sanciones por vertidos ilegales de enseres. Al mismo tiempo, se multiplicaban las denuncias por construcciones ilegales en zonas rústicas protegidas, tanto en Lanzarote como en La Palma. La invasión de plagas en barrios turísticos, asociada al uso irresponsable de biocidas no regulados, es otro efecto colateral de este modelo que avanza como una mancha de aceite.
EL TERRITORIO COMO MERCANCÍA
La raíz del problema no es técnica, sino estructural. El crecimiento urbanístico no se traduce en una respuesta a la necesidad de viviendas dignas para la clase trabajadora canaria, sino a la lógica del beneficio privado. Bajo la apariencia de “desarrollo económico” se oculta un modelo basado en la especulación con el suelo, la construcción de segundas viviendas turísticas y la apropiación privada de espacios públicos o naturales.
El Gobierno canario ha reaccionado con iniciativas como el Programa de Inspección Ambiental 2025, que prioriza la vigilancia en sectores de alto riesgo como residuos, vertidos y construcción. Sin embargo, este tipo de planes, al no ir acompañados de una inversión sólida en personal y tecnología se convierte en algo puramente testimonial.
La propia ACPMN reconoce que el 60 % de los expedientes abiertos en 2024 estuvieron relacionados con obras sin licencia o mal ejecutadas, vertidos ilegales o parcelaciones fraudulentas. En Tenerife, por ejemplo, los agentes medioambientales tramitaron más de 300 sanciones en menos de un año, pero eso no impidió que nuevas construcciones surgieran en espacios protegidos.
EL COSTE SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN AMBIENTAL
Los delitos medioambientales no son meros errores administrativos. Son atentados contra un recurso finito, el suelo, y contra un bien común: el equilibrio ecológico de las islas. La degradación del medio no solo afecta a la biodiversidad, sino también a los habitantes de las zonas más precarizadas. La contaminación, la pérdida de espacios públicos, la turistificación salvaje y el colapso de servicios urbanos son consecuencias directas de un modelo que prioriza el capital sobre la vida.
La dinámica de apropiación del territorio responde a una correlación de fuerzas donde el poder económico impone su lógica, y el aparato institucional la legitima o mira hacia otro lado. El crecimiento económico se mide en toneladas de cemento y metros cuadrados vendidos, mientras nadie mide la pérdida de suelo fértil, agua potable o calidad de vida.
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