REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

     Este 8 de julio, tres ciudadanos españoles fueron expulsados del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos.

    Se trataba de dos periodistas —Leonor Suárez y Óscar Allende, director del medio digital El Faradio— y el activista de derechos humanos Raúl Conde, de la organización Cantabria por el Sáhara.

    Su "delito": tratar de observar y documentar la situación de la población saharaui, silenciada desde hace décadas bajo un régimen de ocupación que, más allá de las formas diplomáticas, ejerce el control mediante la represión sistemática y la censura más absoluta.

     Fueron interceptados en un control policial al entrar en El Aaiún. Allí, sin explicación legal alguna, fueron declarados "personas no gratas" y obligados a abandonar el territorio escoltados hasta Agadir por cuatro vehículos de la policía secreta marroquí.

    Su caso no es único: con ellos, el número de observadores y activistas expulsados del Sáhara Occidental desde el inicio del cerco informativo supera ya los 330.

     Estos hechos reflejan una estrategia prolongada del Estado marroquí para silenciar no solo a la resistencia saharaui, sino también a quienes desde fuera intentan romper ese muro de silencio.

    Como denunciara Óscar Allende,

     “se nos comunicó que no teníamos autorización… sin más justificación”. Y añadió: “Estas acciones reflejan que Marruecos no respeta los derechos humanos más básicos, y resulta preocupante que siga siendo un socio preferente de países democráticos como España”.

     Estas medidas represivas no son un accidente ni una simple anomalía en el ejercicio del poder estatal. Es la expresión concreta de una forma de dominación colonial que, bajo nuevas formas, sigue cumpliendo las mismas funciones: el saqueo de los recursos, el control territorial y la supresión ideológica de cualquier relato que cuestione el poder del ocupante.

     El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca y potencial energético. Marruecos no solo ocupa el suelo, sino que explota sus recursos naturales con la complicidad de grandes empresas y la indiferencia activa de potencias como España o Francia.

    La prensa y los activistas son percibidos como una amenaza precisamente porque pueden hacer visible esa contradicción: que los pueblos pueden hablar por sí mismos, y que el relato hegemónico de Marruecos no es el único.

   Nazha El-Khalidi, periodista saharaui y miembro de Équipe Media, lo sabe bien. Ha sido detenida y acosada en múltiples ocasiones por filmar protestas pacíficas. Su testimonio refleja la represión cotidiana:

    “Nos detienen por grabar, por mostrar la verdad. No tenemos más armas que una cámara y una palabra, pero ellos responden con porras y cárcel”.

También lo sabe Aminatou Haidar, símbolo internacional de la resistencia saharaui, quien ha sufrido prisión, torturas y vigilancia constante. Haidar ha afirmado:

    “El régimen de ocupación busca silenciarnos, pero nuestra voz es más fuerte. La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado”.

     El caso de los tres expulsados es, en este contexto, una pieza más del engranaje represivo. Como denunció Cantabria por el Sáhara, se trata de un acto “ilegal”, y su objetivo es impedir cualquier tipo de documentación independiente sobre lo que ocurre en el territorio ocupado.

     Desde 2010, cada vez que un periodista ha tratado de informar sobre lo que viven los saharauis, ha sido expulsado, detenido o acosado. José Carmona, de Público, fue también obligado a salir del territorio este mismo año: “Solo por tener contacto con los saharauis ya estás en su lista negra”.

      A la luz de estos testimonios, se hace evidente que lo que está en juego no es solo la libertad de prensa, sino la capacidad de los pueblos para relatarse a sí mismos. En la lógica del capital y del imperialismo, el control de la información es tan importante como el control de los recursos. Por eso Marruecos invierte tanto esfuerzo en silenciar a quienes puedan alterar el relato.

    Pero la resistencia no se apaga. Cada expulsión es también una denuncia. Cada cámara apagada, una verdad que se abre paso por otras vías. Los movimientos solidarios internacionales, los medios alternativos y las voces del pueblo saharaui siguen desafiando ese cerco. Frente a la lógica del saqueo y del silencio, se levanta la dignidad de quienes no aceptan desaparecer.

    Marruecos podrá cerrar sus fronteras, pero no podrá impedir que el mundo escuche. Lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental no es solo una cuestión de diplomacia: es un crimen silenciado, un pueblo reprimido, y una causa que merece justicia.

    La expulsión de los tres españoles es solo la punta del iceberg. El problema realmente es: ¿hasta cuándo seguiremos mirando hacia otro lado?