ANALIZAMOS LAS CATASTRÓFICAS REPERCUSIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA DE LA ULTRADERECHA ESPAÑOLA DE EXPULSAR A 8 MILLONES DE EMIGRANTES

POR MARTÍN ÁLVAREZ PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

    Imaginemos, por un momento, un escenario que parece sacado de una película distópica: ocho millones de personas desaparecen de golpe de nuestras ciudades, pueblos y campos.

     No se trata de una catástrofe natural ni de una plaga bíblica. Es una propuesta real lanzada por el partido de extrema derecha Vox, que plantea la expulsión masiva de inmigrantes en España, incluyendo incluso a quienes ya nacieron aquí, pero tienen origen extranjero. Una idea que, más allá de sus inaceptables tintes ideológicos, plantea interrogantes económicos, sociales y humanos de una magnitud incalculable.

    Lo que aquí proponemos no es una diatriba política, sino un ejercicio de sentido común. ¿Qué implicaría de forma concreta la desaparición de ocho millones de personas de nuestro tejido social y productivo? ¿A qué se dedican hoy en día esas personas?

“Sin los migrantes, muchos sectores económicos colapsarían en cuestión horas o días”

   ¿Cómo afectaría su expulsión a la economía española? ¿Y a las pensiones? ¿Son realmente una amenaza para el empleo de los trabajadores españoles o más bien un apoyo silencioso que sostiene pilares fundamentales de la vida cotidiana?

    ¿A QUÉ SE DEDICAN LOS MIGRANTES EN ESPAÑA?

   Los datos no mienten: los migrantes en España forman parte del corazón de las cadenas productivas. Están en la agricultura, en la hostelería, en la construcción, en el servicio doméstico, en el cuidado de mayores, en el transporte, en la limpieza y hasta en la Sanidad.

   Ocupan un conjunto de ocupaciones esenciales que sostienen desde la mesa de cada familia hasta el cuidado de las personas mayores.

    Más del 45% de quienes trabajan en el campo recogiendo frutas y verduras son migrantes. Sin ellos, gran parte de la producción agrícola del país quedaría sin manos que la recojan.

    En ciudades como Madrid o Barcelona, más del 70% de las personas que cuidan ancianos o enfermos son mujeres migrantes.

    En la construcción, casi un tercio de los trabajadores son extranjeros. En hostelería, limpieza y logística, su presencia es igualmente masiva.

   No es una casualidad que se concentren en esos sectores. Se trata de trabajos duros, mal remunerados o con condiciones poco atractivas, que muchos nacionales no están dispuestos a aceptar. Pero son trabajos indispensables. Y la economía, como un reloj, necesita que cada pieza funcione.

 CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INMEDIATAS

     Eliminar de golpe a ocho millones de personas del ciclo económico de cualquier país supone un cataclismo de proporciones gigantescas. Primero, porque se perdería una fuerza de trabajo crucial. Pero también porque dejarían de consumir, de alquilar viviendas, de pagar impuestos y de cotizar a la Seguridad Social.

     Según estimaciones económicas, una expulsión masiva   provocaría una contracción automática del 7% del PIB nacional.

    Habría escasez de mano de obra en sectores clave, lo que llevaría a cierres de empresas, subida de precios, colapso de servicios y un desplome del consumo interno. El desempleo aumentaría, no por competencia, sino por desaparición de actividades económicas que dejarían de ser viables.

    En el campo, toneladas de productos se quedarían sin recolectar. En los bares, hoteles y restaurantes, faltaría personal. Las obras se pararían.

    Las casas no tendrían quien las limpie ni quien cuide a las personas mayores. Las consecuencias no tardarían en notarse en el supermercado, en la calle, en los hospitales y en los hogares.

  LA APORTACIÓN MIGRANTE A LAS PENSIONES

     Un aspecto que rara vez se suele mencionar con claridad es el siguiente: los migrantes aportan hoy más del 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social.

     Es decir, ayudan a financiar pensiones, sanidad y prestaciones sociales. Si se fueran, ese dinero se esfumaría de inmediato.

“Eliminar 8 millones de cotizantes supondría un golpe letal a las pensiones”

     En un país con una de las tasas de envejecimiento más altas de Europa, donde el número de jubilados supera ya al de nuevos nacimientos, la sostenibilidad del sistema depende críticamente de quienes trabajan hoy.

    Expulsar a millones de cotizantes haría tambalear el sistema de pensiones. Las cuentas simplemente no saldrían. Y el supuesto "beneficio" de la expulsión se convertiría rápidamente en un agujero financiero.

¿COMPITEN LOS MIGRANTES CON LOS  ASALARIADOS ESPAÑOLES?

     Uno de los grandes mantras repetidos por sectores más conservadores es que los migrantes compiten con los españoles y les quitan el empleo. Pero las cifras y los estudios desmienten esa afirmación.

     Los migrantes ocupan, en su mayoría, puestos que no están siendo demandados por los nacionales. Además, contribuyen a la creación de empleo indirecto: su consumo genera demanda, y su trabajo mantiene en pie sectores enteros.

     Durante la crisis de 2008, cuando disminuyó la llegada de migrantes, el desempleo no bajó. Al contrario: aumentó. La teoría de que su ausencia mejora el acceso al trabajo para los nacionales no se sostiene empíricamente.

     Lo que sí ocurre es que en muchos casos se aprovechan de su situación para pagarles considerablemente menos o imponerles peores condiciones. Pero eso es un problema de regulación laboral, no de presencia migrante.

UNA LECCIÓN DE LA HISTORIA

   Hasta los años 80, España era un país emisor de migrantes. Millones de españoles buscaron una vida mejor en Francia, Alemania, Suiza o América Latina. Lo hicieron porque aquí no había empleo o porque eran perseguidos políticamente. Fueron recibidos con recelo, pero también levantaron economías ajenas. Hoy, el país receptor es España.

    Pero ese pasado debería servir para entender que migrar no es un capricho, sino una necesidad. Y que quienes llegan, en su inmensa mayoría, no vienen a aprovecharse de nadie, sino a construir una vida y contribuir con su trabajo.

CUANDO OTROS PAÍSES EXPULSARON MIGRANTES

    En Estados Unidos, las políticas antiinmigrantes de Trump generaron escasez de trabajadores en el campo, pérdidas para los agricultores y aumentos de precios. En Reino Unido, tras el Brexit, la salida de trabajadores europeos provocó crisis en la logística, en la hostelería y en los cuidados. Faltaban camioneros, camareros, enfermeros. La inflación subió.

   El gobierno tuvo que dar marcha atrás en varias medidas. En la República Dominicana, una ley de desnacionalización contra descendientes de haitianos generó una crisis humanitaria y condenas internacionales. El turismo se resintió, la imagen del país se deterioró, y el conflicto social se agudizó.

   El patrón se repite: donde se expulsó, hubo caos. Donde se restringió en exceso, aumentó la economía sumergida, la explotación y la ineficiencia. Ningún país ha prosperado como resultado del cierre de sus puertas de golpe.

IMPACTOS A MEDIO PLAZO EN ESPAÑA

     Si se aplicara una política de expulsión masiva, los efectos no serían solo inmediatos, sino también devastadores a medio plazo. La población activa disminuiría, lo que implica menos consumo, menos producción y menos recaudación fiscal. Las zonas rurales, que hoy ya están semivacías, perderían el poco tejido social que les queda.

    El envejecimiento se dispararía. Sin jóvenes que trabajen, que coticen, que dinamicen la sociedad, el país entraría en una trampa demográfica. En lo económico, aumentaría la inflación por falta de oferta laboral. La economía sumergida crecería, pues muchas personas quedarían en situación irregular.

    La productividad caería. El sistema sanitario y de cuidados se vería completamente colapsado. En lo social, se rompería la convivencia. Se alimentaría el odio, el racismo, la división. Y eso tiene consecuencias imprevisibles: violencia, guetización, inseguridad, tensión institucional.

EL COSTE DE UNA ESPAÑA SIN MIGRANTES

      Expulsar a ocho millones de migrantes no es solo un acto inhumano. Es también una locura económica, una torpeza histórica y un suicidio social. Sin ellos, el país no funcionaría. Ni el campo, ni los hospitales, ni las residencias, ni la hostelería, ni la construcción.

    El sistema de pensiones se derrumbaría. Las empresas cerrarían. El consumo caería en picado. La imagen internacional quedaría por los suelos. Los migrantes no son un problema. Son parte de la solución.

    Quienes plantean su expulsión no están proponiendo orden, sino desorden. No están defendiendo "a la patria", sino vaciándola de sentido y de futuro.