EL TITO BERNI Y EL GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL: SOBRES, CONTRATOS Y UNA TRAMA QUE LLEGÓ HASTA EL SAHEL
El juicio del caso Mediador arranca en Tenerife
El juicio por el llamado Caso Mediador arrancaba la semana pasada con declaraciones que ponen de nuevo bajo los focos a dos figuras clave: el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como “Tito Berni”, y el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa. Ambos estarían presuntamente vinculados a una red de sobornos, favores y contratos públicos amañados, algunos financiados con fondos europeos destinados al Sahel. El caso revela hasta qué punto las instituciones pueden ser usadas para intereses privados.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pasada semana, el llamado Caso Mediador o Caso Tito Berni" volvía a ocupar las páginas de los tribunales y la prensa con el inicio del juicio por la primera de las piezas separadas de la causa.
Más de tres años después de que estallara en febrero de 2023, la trama sigue aflorando detalles que muestran una red de poder cruzada por sobornos, influencias y el uso de posiciones públicas para abrir puertas privadas.
La Guardia Civil, en la segunda sesión del juicio en Santa Cruz de Tenerife, ha relatado ante el Tribunal que la operativa de la trama arrancaba siempre igual: “engrasamiento” con regalos y atenciones —cajas de puros, encendedores, comidas de lujo— seguidos de pagos en efectivo y tarjetas prepago de difícil trazabilidad. Según el testimonio de un capitán de Asuntos Internos, esa fase inicial era solo el primer eslabón de un sistema que buscaba favores y accesos directos al poder.
Y hoy, casi tres años después, la historia ya no es solo la del intermediario que dio nombre a la causa —Marco Antonio Navarro Tacoronte, el “mediador”— sino la del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, que habría utilizado su posición jerárquica en ese Cuerpo armado para obtener beneficios privados y favorecer a determinados empresarios a cambio de dádivas.
DE CANARIAS A MADRID: ASÍ COMENZÓ EL CASO MEDIADOR
El caso se destapó cuando, en febrero de 2023, se llevaron a cabo detenciones en varias provincias, con Canarias como epicentro. La trama, que involucró a políticos, empresarios y mandos de la Guardia Civil, funcionaba ofreciendo a empresas ventajas a la hora de conseguir contratos públicos, sacar adelante expedientes o agilizar ayudas europeas —todo ello, supuestamente, a cambio de pagos, viajes, regalos e incluso fiestas en las que no faltaban drogas ni prostitución.
Desde el principio, los investigadores localizaron a varias figuras clave:
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Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE, apodado “Tito Berni”, acusado de influir para beneficio empresarial a cambio de contraprestaciones.
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Su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería de Canarias, también implicado.
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Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, cuya propia entrega de pruebas al juzgado proporcionó una gran parte de la evidencia esencial del caso.
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Y, en el centro del foco mediático y judicial, el general de División retirado Francisco Espinosa Navas.
Desde las primeras investigaciones, la trama mezclaba intereses privados con decisiones supuestamente públicas, en particular vinculadas a las facilidades que los implicados ofrecían a las empresas para conseguir contratos o ayudas.
TITO BERNI: EL POLÍTICO QUE SE VOLVIÓ SÍMBOLO DEL ESCÁNDALO
Aunque al principio el peso mediático del caso recayó sobre Navarro Tacoronte —por liderar la operativa de conexión— pronto se evidenció que su papel podía describirse también como parte de un círculo más amplio de influencias cruzadas. El exdiputado Tito Berni, en su etapa como representante político y gestor de vínculos institucionales, habría convertido su red de contactos en plataforma para ofrecer “puertas abiertas” a empresarios que buscaban contratos públicos o subvenciones.
El sumario recoge que Berni utilizó su cargo no solo para facilitar encuentros con altos cargos políticos y administrativos, sino también para abrir espacios informales de negociación, como reuniones o comidas que se desarrollaban en contextos fuera de los procedimientos habituales.
Aunque él mismo Berni ha negado imputaciones directas de cohecho y tráfico de influencias, su figura sigue siendo un punto de gravedad política dentro de una trama que asistió de primera mano a la apertura de canales de acceso privilegiado a la contratación pública.
EL GENERAL QUE CRUZÓ LOS LÍMITES DEL MANDO
La figura más controvertida del caso es, sin duda, Francisco Espinosa Navas, general de División de la Guardia Civil y antiguo director del proyecto europeo GAR-SI Sahel, destinado oficialmente a “mejorar la seguridad internacional, apoyando a las fuerzas de varios países del Sahel”.
Ese proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea y gestionado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), habría supuesto un volumen de recursos de decenas de millones de euros dedicados a equipar y entrenar unidades locales de seguridad en países africanos.
La Fiscalía Europea asumió en 2023 la investigación de la parte de la causa relativa a esos contratos, señalando posibles irregularidades en la gestión de compras y en los procedimientos de adjudicación empleados bajo el mando de Espinosa.
INDICADORES DE IRREGULARIDADES EN GAR-SI-SAHEL
Informe tras informe, las autoridades europeas advirtieron de decisiones cuestionables en la compra de material y equipos que no cumplían criterios técnicos adecuados, lo que condujo a gastar “al menos 12 millones de euros de manera imprudente e injustificada”, según análisis especializados encargados por la propia Comisión Europea.
Además, las investigaciones judiciales identificaron que parte de esos contratos —incluidos suministros de drones y equipamientos— se adjudicaron a empresas que mantenían trato frecuente con el general al margen de los procedimientos de transparencia habituales, explorándose si esa adjudicación venía acompañada de pagos o beneficios encubiertos.
PAGOS, REGALOS Y FAVORES: EL USO DEL CARGO PÚBLICO PARA EL BENEFICIO PRIVADO
Las grabaciones, documentos y testimonios admitidos en el juicio describen un patrón común: empresarios que buscaban adjudicaciones o posibilidades de negocio eran introducidos por Navarro Tacoronte ante figuras como Espinosa o Berni, y a cambio se esperaba que aportasen “atenciones” —incluyendo pagos en efectivo, viajes o comidas pagadas— al general o a terceros implicados.
En uno de los audios revelados por la Guardia Civil, según el testimonio del capitán de Asuntos Internos, el general llegaba a pedir entre 2.000 y 3.000 euros en gastos adicionales para justificar ante su familia y luego intercambiar favores con empresarios, lo que fue interpretado como indicativo de un sistema de incentivos más allá de lo legítimo.
Además, en registros domiciliarios al general retirado se hallaron más de 61.000 euros en efectivo escondidos, lo que, según la instrucción judicial, no se correspondería con los ingresos oficiales que habría recibido por su carrera o por su participación en proyectos públicos.
El Caso Mediador se ha convertido en mucho más que el enésimo escándalo político. Es un triángulo que une a poder político regional (Canarias), influencias estatales (PSOE) y la cúpula de una institución armada como la Guardia Civil.
La intervención de la Fiscalía Europea —algo inusual en casos de corrupción dentro de España— responde precisamente al hecho de que parte de los fondos supuestamente malversados provenían de la UE.
Con el juicio en marcha y la atención pública renovada, el Caso Mediador ha trascendido su origen insular para convertirse en símbolo de cómo los vínculos entre política, fuerza pública y negocios pueden corroer la confianza en instituciones supuestamente al servicio de la ciudadanía.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La pasada semana, el llamado Caso Mediador o Caso Tito Berni" volvía a ocupar las páginas de los tribunales y la prensa con el inicio del juicio por la primera de las piezas separadas de la causa.
Más de tres años después de que estallara en febrero de 2023, la trama sigue aflorando detalles que muestran una red de poder cruzada por sobornos, influencias y el uso de posiciones públicas para abrir puertas privadas.
La Guardia Civil, en la segunda sesión del juicio en Santa Cruz de Tenerife, ha relatado ante el Tribunal que la operativa de la trama arrancaba siempre igual: “engrasamiento” con regalos y atenciones —cajas de puros, encendedores, comidas de lujo— seguidos de pagos en efectivo y tarjetas prepago de difícil trazabilidad. Según el testimonio de un capitán de Asuntos Internos, esa fase inicial era solo el primer eslabón de un sistema que buscaba favores y accesos directos al poder.
Y hoy, casi tres años después, la historia ya no es solo la del intermediario que dio nombre a la causa —Marco Antonio Navarro Tacoronte, el “mediador”— sino la del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, que habría utilizado su posición jerárquica en ese Cuerpo armado para obtener beneficios privados y favorecer a determinados empresarios a cambio de dádivas.
DE CANARIAS A MADRID: ASÍ COMENZÓ EL CASO MEDIADOR
El caso se destapó cuando, en febrero de 2023, se llevaron a cabo detenciones en varias provincias, con Canarias como epicentro. La trama, que involucró a políticos, empresarios y mandos de la Guardia Civil, funcionaba ofreciendo a empresas ventajas a la hora de conseguir contratos públicos, sacar adelante expedientes o agilizar ayudas europeas —todo ello, supuestamente, a cambio de pagos, viajes, regalos e incluso fiestas en las que no faltaban drogas ni prostitución.
Desde el principio, los investigadores localizaron a varias figuras clave:
-
Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado del PSOE, apodado “Tito Berni”, acusado de influir para beneficio empresarial a cambio de contraprestaciones.
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Su sobrino Taishet Fuentes, exdirector general de Ganadería de Canarias, también implicado.
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Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, cuya propia entrega de pruebas al juzgado proporcionó una gran parte de la evidencia esencial del caso.
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Y, en el centro del foco mediático y judicial, el general de División retirado Francisco Espinosa Navas.
Desde las primeras investigaciones, la trama mezclaba intereses privados con decisiones supuestamente públicas, en particular vinculadas a las facilidades que los implicados ofrecían a las empresas para conseguir contratos o ayudas.
TITO BERNI: EL POLÍTICO QUE SE VOLVIÓ SÍMBOLO DEL ESCÁNDALO
Aunque al principio el peso mediático del caso recayó sobre Navarro Tacoronte —por liderar la operativa de conexión— pronto se evidenció que su papel podía describirse también como parte de un círculo más amplio de influencias cruzadas. El exdiputado Tito Berni, en su etapa como representante político y gestor de vínculos institucionales, habría convertido su red de contactos en plataforma para ofrecer “puertas abiertas” a empresarios que buscaban contratos públicos o subvenciones.
El sumario recoge que Berni utilizó su cargo no solo para facilitar encuentros con altos cargos políticos y administrativos, sino también para abrir espacios informales de negociación, como reuniones o comidas que se desarrollaban en contextos fuera de los procedimientos habituales.
Aunque él mismo Berni ha negado imputaciones directas de cohecho y tráfico de influencias, su figura sigue siendo un punto de gravedad política dentro de una trama que asistió de primera mano a la apertura de canales de acceso privilegiado a la contratación pública.
EL GENERAL QUE CRUZÓ LOS LÍMITES DEL MANDO
La figura más controvertida del caso es, sin duda, Francisco Espinosa Navas, general de División de la Guardia Civil y antiguo director del proyecto europeo GAR-SI Sahel, destinado oficialmente a “mejorar la seguridad internacional, apoyando a las fuerzas de varios países del Sahel”.
Ese proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea y gestionado a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), habría supuesto un volumen de recursos de decenas de millones de euros dedicados a equipar y entrenar unidades locales de seguridad en países africanos.
La Fiscalía Europea asumió en 2023 la investigación de la parte de la causa relativa a esos contratos, señalando posibles irregularidades en la gestión de compras y en los procedimientos de adjudicación empleados bajo el mando de Espinosa.
INDICADORES DE IRREGULARIDADES EN GAR-SI-SAHEL
Informe tras informe, las autoridades europeas advirtieron de decisiones cuestionables en la compra de material y equipos que no cumplían criterios técnicos adecuados, lo que condujo a gastar “al menos 12 millones de euros de manera imprudente e injustificada”, según análisis especializados encargados por la propia Comisión Europea.
Además, las investigaciones judiciales identificaron que parte de esos contratos —incluidos suministros de drones y equipamientos— se adjudicaron a empresas que mantenían trato frecuente con el general al margen de los procedimientos de transparencia habituales, explorándose si esa adjudicación venía acompañada de pagos o beneficios encubiertos.
PAGOS, REGALOS Y FAVORES: EL USO DEL CARGO PÚBLICO PARA EL BENEFICIO PRIVADO
Las grabaciones, documentos y testimonios admitidos en el juicio describen un patrón común: empresarios que buscaban adjudicaciones o posibilidades de negocio eran introducidos por Navarro Tacoronte ante figuras como Espinosa o Berni, y a cambio se esperaba que aportasen “atenciones” —incluyendo pagos en efectivo, viajes o comidas pagadas— al general o a terceros implicados.
En uno de los audios revelados por la Guardia Civil, según el testimonio del capitán de Asuntos Internos, el general llegaba a pedir entre 2.000 y 3.000 euros en gastos adicionales para justificar ante su familia y luego intercambiar favores con empresarios, lo que fue interpretado como indicativo de un sistema de incentivos más allá de lo legítimo.
Además, en registros domiciliarios al general retirado se hallaron más de 61.000 euros en efectivo escondidos, lo que, según la instrucción judicial, no se correspondería con los ingresos oficiales que habría recibido por su carrera o por su participación en proyectos públicos.
El Caso Mediador se ha convertido en mucho más que el enésimo escándalo político. Es un triángulo que une a poder político regional (Canarias), influencias estatales (PSOE) y la cúpula de una institución armada como la Guardia Civil.
La intervención de la Fiscalía Europea —algo inusual en casos de corrupción dentro de España— responde precisamente al hecho de que parte de los fondos supuestamente malversados provenían de la UE.
Con el juicio en marcha y la atención pública renovada, el Caso Mediador ha trascendido su origen insular para convertirse en símbolo de cómo los vínculos entre política, fuerza pública y negocios pueden corroer la confianza en instituciones supuestamente al servicio de la ciudadanía.
Acoran | Lunes, 26 de Enero de 2026 a las 18:21:59 horas
Esta muy claro la corrupción allá en España y aquí en el territorio colonizado, esta INSTITUCIONALIZADA, no es la excepción, es la norma y da igual que sea el PP O el PSOE es el aparato del estado lo que esta echo un ASCO, porque FRANCO murió pero dejo todo amarrado y bien amarrado...
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