EL SÁHARA OCUPADO COMO BOTÍN DEL CAPITALISMO GLOBAL: LA RED INTERNACIONAL DEL SAQUEO

¿Puede haber descolonización cuando la ocupación es tan rentable para tantas potencias?

El control marroquí del Sáhara Occidental no se sostiene solo con soldados y muros. Detrás de la ocupación se esconde una arquitectura económica internacional donde empresas, gobiernos y bancos —de EE.UU. a China, de Rusia al Estado español— se benefician de recursos extraídos ilegalmente. Este reportaje revela los engranajes de ese saqueo global y el papel clave de Canarias como plataforma logística.

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

La pasada semana, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, encabezaba una misión institucional a Marruecos acompañado por empresarios, representantes de las universidades públicas y autoridades portuarias del archipiélago. El viaje, celebrado con entusiasmo por la clase dirigente canaria, tuvo como eje central fortalecer la cooperación económica con el país vecino y buscar oportunidades de inversión en sectores como la energía, la pesca o la logística. Pero la alfombra roja extendida por Rabat tenía una dirección muy concreta: el Sáhara Occidental ocupado.

Lo que Clavijo y su séquito intentan vender como apertura de “puentes estratégicos” no es más que la consolidación de una red de complicidades económicas e institucionales con el régimen marroquí, que desde hace casi cinco décadas mantiene un control ilegal sobre el territorio saharaui. Desde Canarias se exporta logística, tecnología, vuelos y apoyo político para normalizar una ocupación ilegal que, sin embargo, cuenta con el respaldo abierto o tácito de las principales potencias mundiales y de otros países como el Estado español.

Y es que, sin en este conflicto está en juego el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, este pueblo tiene en su contra no solo el papel cada vez más relevante de Marruecos en la geopolítica internacional sino también una la estructura misma de un modelo de saqueo global que enriquece a multinacionales y gobiernos a costa del sufrimiento de los saharauis

UNA COLONIA DISFRAZADA DE NEGOCIO: EL SÁHARA OCCIDENTAL Y LA ARQUITECTURA DEL SAQUEO

El conflicto del Sáhara Occidental constituye hoy uno de los casos más flagrantes de explotación colonial contemporánea, junto con el de la Palestina ocupada por Israel. Bajo control militar marroquí desde 1975, el territorio sigue siendo considerado por la ONU un Territorio No Autónomo pendiente de descolonización. En teoría, según el Derecho Internacional, sus recursos no pueden ser explotados sin el consentimiento del pueblo saharaui. En la práctica, sin embargo, una red de empresas, bancos y gobiernos —desde España a Estados Unidos, desde China a Rusia— se reparten los beneficios de un expolio perfectamente estructurado.

Un factor que no puede pasarse por alto al analizar cómo las grandes potencias legitiman el expolio es el papel directo que han jugado en el propio seno de las Naciones Unidas. El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la Resolución 2797, impulsada por Estados Unidos, que renovó la misión de la MINURSO y situó el plan de autonomía marroquí como base de las negociaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental.

Esta resolución fue redactada y respaldada activamente por Washington —que ha venido apoyando la propuesta de autonomía de Marruecos como “solución más viable” al conflicto— y obtuvo 11 votos a favor y ningún voto en contra. China y Rusia, que podrían haber ejercido su derecho al veto para evitar decidieron permitir se abstuvieron. Esa abstención fue esencial para que el texto saliera adelante, y permitió que Estados Unidos y sus aliados obtuvieran un aval diplomático que, en la práctica, desplaza la autodeterminación saharaui como eje del proceso político. La implicación de estas tres potencias —participando del contorno diplomático que legitima de facto la posición marroquí— pone de manifiesto que no solo miran hacia otro lado, sino que han facilitado, con distintas formas de respaldo, el sostén político internacional del statu quo en el Sáhara Occidental.

EE.UU.: EL SOCIO ESTRATÉGICO QUE AVALA LA OCUPACIÓN

La implicación de Estados Unidos en la cuestión del Sáhara Occidental va mucho más allá de simples relaciones comerciales. Washington ha convertido a Marruecos en un aliado geoestratégico preferencial en el norte de África, financiando, respaldando diplomáticamente y facilitando políticas que sostienen d la ocupación marroquí.

El punto más explícito de ese respaldo fue la aprobación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada por Estados Unidos el 31 de octubre de 2025. Esta resolución no solo renovó el mandato de la MINURSO (la misión de Naciones Unidas en el Sáhara), sino que situó el plan de autonomía propuesto por Rabat como “base para las negociaciones” con el Frente Polisario, desplazando la autodeterminación del pueblo saharaui como principio rector del proceso político. Washington negoció el texto con países aliados y, pese a que China y Rusia se abstuvieron, la falta de un veto permitió que esta visión marroquí del conflicto recibiera un aval diplomático clave en el seno de la ONU.

Marruecos es un socio clave para Estados Unidos, lo que permite a Rabat recibir respaldo político para consolidar su control sobre el Sáhara y acceso preferente a mercados estadounidenses de materias primas.

Esto ha tenido un efecto económico directo para compañías vinculadas a sectores energéticos y extractivos, que mantienen relaciones comerciales con Marruecos y, por extensión, con actividades que beneficiarán directamente a la economía de ocupación. Empresas estadounidenses como Innophos, histórica importadora de roca fosfórica saharaui, o GE Vernova (antes General Electric), que ha suministrado tecnología para proyectos de energía en zonas ocupadas, son ejemplos de que el rol de Estados Unidos no es meramente pasivo, sino estratégico y rentable. Aunque el número de compradores directos de fosfatos saharauis ha disminuido en los últimos años por presiones internacionales, la demanda indirecta de productos derivados sigue alimentando circuitos empresariales opacos que no cuestionan su origen ni las implicaciones éticas de su adquisición.

CHINA: INVERSIÓN ESTRATÉGICA Y EXPANSIÓN COMERCIAL

China, por su parte, mantiene al respecto de la política y economía de ocupación marroquí el mismo tipo de escrúpulos -ninguno- que cualquier otra potencia capitalista. Su participación en el Sáhara Occidental encaja dentro de su estrategia global de expansión económica conocida como la Franja y la Ruta.

Empresas públicas y semipúblicas chinas han estado involucradas en la construcción de infraestructuras clave que fortalecen la presencia marroquí en el Sáhara Occidental. El proyecto del megapuerto de Dakhla Atlantique —concebido para convertir a Dajla en un nodo logístico del Atlántico— ha captado inversiones chinas, y firmas como CCCC (China Communications Construction Company) y su filial China Harbour Engineering Company se perfilan como líderes en obras que, técnicamente, se realizan en un territorio bajo ocupación militar.

La relación entre China y Marruecos en materia militar también ha cobrado relevancia en los últimos años, alejándose de la mera cooperación económica y convirtiéndose en un vínculo de equipamiento bélico que beneficia directamente al régimen marroquí en el contexto del Sáhara Occidental ocupado. China no sólo mantiene cooperación comercial con Rabat, sino que ha sido proveedor de sistemas de armas y vehículos aéreos no tripulados (drones) utilizados por las Fuerzas Armadas Reales.

Marruecos ha adquirido drones de reconocimiento y ataque de origen chino, como los modelos Wing Loong II —fabricados por Aviation Industry Corporation of China (AVIC)— que cuentan con capacidad de carga, autonomía y alcance significativos para misiones de vigilancia y ataque. Estos aparatos han sido desplegados en el espacio aéreo sobre El Aaiún y otras zonas del Sáhara Occidental ocupado, integrándose en la estructura de control y represión del territorio bajo dominio marroquí.

RUSIA: PESCA, ENERGÍA Y PRESENCIA GEOPOLÍTICA

La relación de Rusia con Marruecos en el territorio saharaui se ha mantenido durante décadas, con acuerdos bilaterales que se extienden al ámbito pesquero, energético y logístico.

Una de las manifestaciones más claras del interés ruso es la pesca industrial en aguas del Sáhara Occidental. Desde 1992, flotas pesqueras rusas han operado bajo acuerdos con Rabat para faenar en áreas marítimas cuya soberanía está en disputa. Estos acuerdos no solo generan beneficios económicos para las comunidades pesqueras rusas, sino que, en la práctica, legitiman la explotación de recursos que, según el Derecho Internacional, pertenecen al pueblo saharaui.

Paralelamente, Rusia ha suministrado carbón y otras materias primas energéticas que alimentan las centrales eléctricas marroquíes, necesarias para sostener industrias extractivas y plantas de procesamiento en el Sáhara ocupado. La expansión de infraestructura terrestre —incluyendo vehículos y camiones de fabricantes rusos como Kamaz— refuerza la presencia logística del régimen de Rabat en el desierto, amalgamando intereses económicos con objetivos geoestratégicos.

LOS ACUERDOS ECONÓMICOS Y PESQUEROS ENTRE LA UE Y MARRUECOS

La relación comercial entre la Unión Europea (UE) y Marruecos ha sido formalizada durante décadas mediante una serie de acuerdos de asociación y de pesca que han tenido impacto directo en los recursos del Sáhara Occidental ocupado. Desde 2000, la UE y Marruecos mantienen una zona de libre comercio bajo un Acuerdo de Asociación que liberaliza el comercio de bienes, incluidos productos agrícolas y pesqueros, lo que facilita la circulación de mercancías entre ambos territorios bajo preferencias arancelarias.

Uno de los pactos más controvertidos fue el Acuerdo de Asociación Pesquera, que otorgaba a la flota europea —especialmente española— acceso a las aguas marroquíes y saharauis a cambio de compensaciones económicas a Rabat. Ese acuerdo, ratificado en 2019, llegó a permitir que cerca de 128 buques comunitarios faenaran en esas aguas, con tasas pagadas por armadores y contribuciones de la UE a cambio de cuotas de pesca.

Sin embargo, la legalidad de esos acuerdos ha sido puesta en tela de juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): varias sentencias han declarado que no pueden aplicarse al Sahara Occidental ni a sus recursos, porque Marruecos carece de soberanía legítima sobre ese territorio y porque tales pactos no cuentan con el consentimiento del pueblo saharaui.

Como consecuencia, el acuerdo pesquero expiró en julio de 2023 y su inclusión de aguas saharauis fue ampliamente criticada por violar el derecho internacional. Organizaciones saharauis han advertido que cualquier intento de restablecer o ampliar estos pactos sin el consentimiento del pueblo saharaui sería “jurídicamente frágil y políticamente irresponsable”.

EL PAPEL CENTRAL DEL ESTADO ESPAÑOL

El Estado español, como antigua potencia colonial en el Sáhara, su cercanía geográfica y sus vínculos comerciales con Marruecos, ocupa un lugar central en esta red de intereses económicos que perpetúan el saqueo. El respaldo político de Pedro Sánchez al llamado "Plan de Autonomía" marroquí consolidó un giro estratégico del Gobierno español que ha tenido consecuencias prácticas: desde la permisividad con que empresas españolas operan en el Sáhara ocupado hasta la falta de mecanismos efectivos de control jurídico y ético sobre estas actividades.

Empresas españolas de sectores clave pertenecen a este entramado económico:

Siemens Gamesa (participación española-alemana) ha suministrado e instalado aerogeneradores en proyectos energéticos que alimentan industrias extractivas en el territorio ocupado.
Acciona participa en plantas desalinizadoras y proyectos de infraestructura hidráulica y energética.
Indra ha sido vinculada al suministro de sistemas de vigilancia para el muro militar que divide el Sáhara Occidental, reforzando estructuras de control sobre la población saharaui.
Cepsa y Repsol son los principales proveedores de derivados del petróleo y combustibles que sostienen la maquinaria logística de Rabat en el desierto.

Además, el sector financiero español —en particular Banco Santander, BBVA y CaixaBank— ha sido señalado por financiar proyectos internacionales asociados a la construcción, defensa o energía que tienen implicaciones directas en el mantenimiento de estructuras productivas vinculadas a la ocupación.

Otras potencias europeas mantienen también intereses incrustados en este mosaico de explotación. Francia, por ejemplo, mantiene acuerdos comerciales y de cooperación militar con Marruecos que indirectamente refuerzan el control sobre el Sáhara Occidental, aunque su participación directa en el saqueo de recursos no sea tan mediática como la de otros actores.

CANARIAS: LOGÍSTICA, ARENA Y CIRCULACIÓN DEL EXPOLIO

Si el Estado español provee músculo industrial y financiero, Canarias actúa como pulmón logístico y mercado consumidor dentro de esta cadena que conecta los recursos saharauis expoliados con mercados y puertos europeos.

Empresas canarias han encontrado en el Sahara ocupado una fuente constante de arena y áridos para construcción, regeneración de playas turísticas e incluso para consumo industrial local:

YECASA (Yesos Canarios S.A.) gestiona la importación y almacenamiento de arena saharaui en el puerto de Arinaga, desde donde se distribuye por todo el archipiélago.
Arabella Enterprise Corporation (Gramelcan) opera los buques que transportan estos materiales.
CEISA (Cementos Especiales de las Islas) se beneficia directamente de esta materia prima.
Boluda Corporación Marítima y Hamilton y Cía ofrecen servicios auxiliares y logísticos para las flotas que circulan entre puertos canarios y saharauis.
Binter Canarias mantiene rutas aéreas regulares con El Aaiún y Dajla, facilitando el movimiento de personal técnico, empresarial e institucionales vinculados a las operaciones en el territorio ocupado.

Instituciones públicas de Canarias, como Proexca y FEDEPORT, han promovido activamente misiones comerciales a Dajla para vincular a empresas canarias con proyectos como el megalómano puerto de Dakhla Atlantique, presentándolo como “oportunidad de negocio” sin evaluar las implicaciones éticas, legales y de derechos humanos que conlleva colaborar con un proyecto financiado y ejecutado al amparo de una ocupación ilegal.

El expolio del Sáhara Occidental no es un mero efecto colateral de la ocupación sino su verdadero motor económico. Mientras las potencias obtienen beneficios y las empresas consolidan sus inversiones, el pueblo saharaui continúa despojado de sus recursos, su territorio y su futuro. La ocupación persiste no solo por la fuerza, sino porque genera ganancias y ha sabido integrarse en los intereses geopolíticos y comerciales de actores tan diversos como EE.UU., China, Rusia, el Estado español o el empresarioado de Canarias. En ese reparto, la legalidad internacional queda reducida a retórica, y el derecho del pueblo saharaui, a una incómoda nota a pie de página.