ESTONIA SE SUMA AL "MODELO BUKELE" Y ACEPTA PRESOS SUECOS A CAMBIO DE PASTA
El castigo como mercancía: una nueva economía carcelaria
Estonia ha decidido alquilar parte de su sistema penitenciario a Suecia a cambio de unos 30 millones de euros anuales, acogiendo a presos condenados por delitos violentos. La polémica decisión ha provocado una grave crisis política interna y despierta alarmas sobre la externalización del castigo como nueva estrategia neoliberal en Europa.
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
El reciente acuerdo entre Estonia y Suecia para trasladar a 600 presos a la cárcel de Tartu ha causado un terremoto político. No se trata de reclusos comunes: entre ellos hay violadores y asesinos, perfiles de alta peligrosidad que, por razones de sobrepoblación carcelaria, Suecia prefiere gestionar desde fuera de sus fronteras.
“El castigo se convierte en mercancía: lo gestiona quien mejor lo cobra, no quien mejor lo aplica”.
Estonia, por su parte, ha aceptado el encargo a cambio de 30,6 millones de euros anuales, con pagos adicionales si se amplía la capacidad. Lo que para algunos representa un acuerdo logístico, para otros constituye una peligrosa concesión de soberanía penitenciaria.
Una moción de censura con aroma de escándalo
La ministra de Justicia, Liisa-Ly Pakosta, ha sido acusada por cuatro partidos de la oposición de haber tomado esta decisión de forma opaca y sin evaluación de riesgos. Los conservadores, centristas y socialdemócratas han calificado el acuerdo como una “importación de violadores y asesinos por una miseria”.
El líder del Partido Conservador Popular, Martin Helme, ha denunciado que esta medida convierte a Estonia en un vertedero penal de los países ricos. Helir-Valdor Seeder, del partido Isamaa, ha añadido que Pakosta “ocultó” el verdadero alcance del proyecto al público y que el acuerdo compromete la seguridad nacional.
“Convierten a Estonia en el vertedero penal de los países ricos”.
Kosovo, Bukele y la geopolítica del castigo
Estonia no es pionera en este tipo de asuntos. Kosovo ya había firmado un acuerdo similar con Dinamarca. Y en otro extremo del planeta, Nayib Bukele ha convertido su estrategia carcelaria en un espectáculo político rentable. El punto en común es alarmante: la prisión deja de ser un servicio público nacional y se transforma en una suerte de activo financiero.
Los países periféricos, que antes se alquilaban como maquiladoras o vertederos de residuos tóxicos, ahora ofrecen su infraestructura penal al mejor postor. Lo que era un derecho soberano —castigar y reinsertar al delincuente según criterios propios— se subcontrata por divisas.
¿Cuánto vale la soberanía judicial?
El acuerdo entre Estonia y Suecia no solo tiene consecuencias logísticas o de seguridad. Plantea interrogantes jurídicos y éticos: ¿quién responde si un preso sueco comete un crimen en suelo estonio? ¿Qué derechos asisten a esos presos bajo legislación estonia? ¿Y qué mensaje se envía a la población local cuando se convierte su entorno en una cárcel para extranjeros peligrosos?
Todo esto se ha decidido sin consulta ciudadana, sin debate parlamentario abierto y sin considerar las consecuencias a largo plazo.
Un síntoma del modelo europeo en crisis
Este episodio no es anecdótico. Refleja el agotamiento del modelo europeo que presume de ser garantista, justo y democrático. La falta de voluntad para invertir en soluciones sociales de fondo, tanto en Suecia como en Estonia, lleva a la externalización de problemas: ya sea exportando presos, privatizando servicios públicos o subcontratando el castigo.
Lo preocupante no es solo el acuerdo, sino el precedente que establece. Si la lógica de la eficiencia económica justifica importar presos, ¿qué más se podrá externalizar mañana?
POR ADAY QUESADA PARA CANARIAS SEMANAL.ORG
El reciente acuerdo entre Estonia y Suecia para trasladar a 600 presos a la cárcel de Tartu ha causado un terremoto político. No se trata de reclusos comunes: entre ellos hay violadores y asesinos, perfiles de alta peligrosidad que, por razones de sobrepoblación carcelaria, Suecia prefiere gestionar desde fuera de sus fronteras.
“El castigo se convierte en mercancía: lo gestiona quien mejor lo cobra, no quien mejor lo aplica”.
Estonia, por su parte, ha aceptado el encargo a cambio de 30,6 millones de euros anuales, con pagos adicionales si se amplía la capacidad. Lo que para algunos representa un acuerdo logístico, para otros constituye una peligrosa concesión de soberanía penitenciaria.
Una moción de censura con aroma de escándalo
La ministra de Justicia, Liisa-Ly Pakosta, ha sido acusada por cuatro partidos de la oposición de haber tomado esta decisión de forma opaca y sin evaluación de riesgos. Los conservadores, centristas y socialdemócratas han calificado el acuerdo como una “importación de violadores y asesinos por una miseria”.
El líder del Partido Conservador Popular, Martin Helme, ha denunciado que esta medida convierte a Estonia en un vertedero penal de los países ricos. Helir-Valdor Seeder, del partido Isamaa, ha añadido que Pakosta “ocultó” el verdadero alcance del proyecto al público y que el acuerdo compromete la seguridad nacional.
“Convierten a Estonia en el vertedero penal de los países ricos”.
Kosovo, Bukele y la geopolítica del castigo
Estonia no es pionera en este tipo de asuntos. Kosovo ya había firmado un acuerdo similar con Dinamarca. Y en otro extremo del planeta, Nayib Bukele ha convertido su estrategia carcelaria en un espectáculo político rentable. El punto en común es alarmante: la prisión deja de ser un servicio público nacional y se transforma en una suerte de activo financiero.
Los países periféricos, que antes se alquilaban como maquiladoras o vertederos de residuos tóxicos, ahora ofrecen su infraestructura penal al mejor postor. Lo que era un derecho soberano —castigar y reinsertar al delincuente según criterios propios— se subcontrata por divisas.
¿Cuánto vale la soberanía judicial?
El acuerdo entre Estonia y Suecia no solo tiene consecuencias logísticas o de seguridad. Plantea interrogantes jurídicos y éticos: ¿quién responde si un preso sueco comete un crimen en suelo estonio? ¿Qué derechos asisten a esos presos bajo legislación estonia? ¿Y qué mensaje se envía a la población local cuando se convierte su entorno en una cárcel para extranjeros peligrosos?
Todo esto se ha decidido sin consulta ciudadana, sin debate parlamentario abierto y sin considerar las consecuencias a largo plazo.
Un síntoma del modelo europeo en crisis
Este episodio no es anecdótico. Refleja el agotamiento del modelo europeo que presume de ser garantista, justo y democrático. La falta de voluntad para invertir en soluciones sociales de fondo, tanto en Suecia como en Estonia, lleva a la externalización de problemas: ya sea exportando presos, privatizando servicios públicos o subcontratando el castigo.
Lo preocupante no es solo el acuerdo, sino el precedente que establece. Si la lógica de la eficiencia económica justifica importar presos, ¿qué más se podrá externalizar mañana?
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