
LA HUELGA DEL METAL EN CÁDIZ: UNA VICTORIA MORAL CONTRA LA TRAICIÓN SINDICAL
Una rebelión desde las bases
Durante 23 días, los trabajadores del metal en Cádiz no solo enfrentaron a las patronales, sino también a sus propios sindicatos. Rechazaron acuerdos firmados a sus espaldas, se organizaron en asambleas masivas y pusieron en el centro del debate el papel de la burocracia sindical. Aunque la huelga ha terminado, la batalla por un sindicalismo de clase apenas comienza.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras 23 intensos días de lucha ha finalizado la huelga del metal en Cádiz. No lo ha hecho con una derrota y tampoco, como algunos titulares sugieren, con la “victoria de la negociación”. Lo que ha quedado grabado en esta movilización es otra cosa: un grito de dignidad de la clase obrera gaditana, que decidió enfrentarse no solo a la patronal, sino también a las estructuras sindicales tradicionales que, una vez más, demostraron estar más cerca de los despachos que de las asambleas.
La huelga comenzó a mediados de junio como una movilización para negociar el nuevo convenio colectivo del sector, impulsada inicialmente por UGT y CC.OO. Las reivindicaciones eran claras: recuperar derechos arrebatados, como el Plus Tóxico Penoso, y frenar la precarización creciente que castiga especialmente a los jóvenes trabajadores. Pero lo que arrancó como una negociación controlada, pronto se convirtió en un terremoto de la base que desbordó todos los cauces oficiales.
UNA REBELIÓN DESDE LAS BASES
El detonante de esta reacción fue el preacuerdo firmado unilateralmente por UGT el 27 de junio. Un convenio con vigencia hasta 2031, sin garantías inmediatas de recuperar derechos perdidos y que, según los propios trabajadores, abría la puerta a una mayor precariedad. Lejos de celebrar el acuerdo, centenares de trabajadores lo rechazaron en asamblea, denunciando que había sido pactado a espaldas de la clase obrera. La CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) no solo se desmarcaron del acuerdo, sino que llamaron a continuar la huelga de forma indefinida.
En Cádiz, las asambleas volvieron a ser el corazón del conflicto. Reuniones de 700, 1000 y hasta 1200 trabajadores marcaron el pulso de una movilización que ya no giraba solo en torno al convenio. Se trataba de dignidad. De decir basta a un modelo productivo basado en la subcontratación salvaje, en el empobrecimiento planificado, y en la domesticación de la protesta a través de un sindicalismo convertido en engranaje del Estado y no en herramienta de lucha.
LOS “SINDICATOS” QUE ACTÚAN CONTRA LOS TRABAJADORES
CC.OO. optó por la ambigüedad. Aunque no firmaron el preacuerdo, tampoco respaldaron la huelga indefinida. Su portavoz en Cádiz, Pedro Lloret, incluso criticó públicamente a los sindicatos combativos por “actuar desde la anarquía” y abogó por el “compromiso” y la “legalidad”. Pero, ¿qué clase de legalidad protege acuerdos firmados sin consulta con la base? ¿Y qué compromiso se defiende cuando se entregan derechos a cambio de paz social impuesta?
La respuesta llegó desde las calles y desde las propias asambleas. Muchos afiliados de base de UGT y CC.OO. desobedecieron a sus direcciones y apoyaron abiertamente la huelga convocada por CGT y CTM. Porque la clase no está partida: lo que está partido es el vínculo entre las cúpulas sindicales y sus afiliados, entre los discursos de conciliación y la realidad de las fábricas.
REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Como en la huelga de 2021, la respuesta del Gobierno central fue la represión. Más de 20 trabajadores detenidos, operaciones policiales con registros en domicilios, multas de hasta 40.000 euros y una estrategia mediática orientada a criminalizar la protesta. La operación Fuego, abierta por la Policía Nacional, apunta a los huelguistas con acusaciones de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad.
Pero no solo los trabajadores han sido golpeados. También sus familias y círculos de apoyo han sido objeto de persecuciones. En barrios enteros se vivió un clima de hostigamiento que buscaba infundir miedo. Para muchos, lo que está en juego no es solo un convenio: es el derecho mismo a protestar, a huelga, a organizarse fuera del carril marcado por las cúpulas oficiales.
UNA CAJA DE RESISTENCIA Y UNA MEMORIA DE LUCHA
A pesar del desgaste y la pérdida salarial acumulada, los trabajadores no se rinden. La CGT ha realizado un llamado urgente a fortalecer una caja de resistencia para apoyar a los compañeros detenidos y encausados. Se han recaudado ya más de 85.000 euros para evitar el ingreso en prisión de algunos de ellos, y el apoyo popular ha trascendido los límites de Cádiz, activando redes solidarias en todo el Estado.
Más allá del desenlace formal de la huelga, la batalla ha dejado huellas imborrables, demostrando que combatividad sigue viva, las asambleas pueden imponerse a los despachos y el sindicalismo de clase no es un recuerdo nostálgico, sino una necesidad presente para los trabajadores.
UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA
La huelga del metal en Cádiz no ha sido tan solo una defensa laboral. Ha sido una denuncia estructural de un modelo económico que privilegia la ganancia de fondos buitre como Black Rock sobre la vida digna de quienes producen y de un sindicalismo mayoritario que se ha convertido en gestor de la frustración obrera, no en su herramienta de lucha.
En esta movilización los trabajadores del metal han recuperado la palabra, la calle y el derecho a decidir. Cádiz ha vuelto a escribir una página en la historia de la lucha obrera. Y lo ha hecho con dignidad, con coraje y con una claridad que debería interpelar a toda la clase trabajadora del Estado español: cuando las asambleas mandan, el poder tiembla.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Tras 23 intensos días de lucha ha finalizado la huelga del metal en Cádiz. No lo ha hecho con una derrota y tampoco, como algunos titulares sugieren, con la “victoria de la negociación”. Lo que ha quedado grabado en esta movilización es otra cosa: un grito de dignidad de la clase obrera gaditana, que decidió enfrentarse no solo a la patronal, sino también a las estructuras sindicales tradicionales que, una vez más, demostraron estar más cerca de los despachos que de las asambleas.
La huelga comenzó a mediados de junio como una movilización para negociar el nuevo convenio colectivo del sector, impulsada inicialmente por UGT y CC.OO. Las reivindicaciones eran claras: recuperar derechos arrebatados, como el Plus Tóxico Penoso, y frenar la precarización creciente que castiga especialmente a los jóvenes trabajadores. Pero lo que arrancó como una negociación controlada, pronto se convirtió en un terremoto de la base que desbordó todos los cauces oficiales.
UNA REBELIÓN DESDE LAS BASES
El detonante de esta reacción fue el preacuerdo firmado unilateralmente por UGT el 27 de junio. Un convenio con vigencia hasta 2031, sin garantías inmediatas de recuperar derechos perdidos y que, según los propios trabajadores, abría la puerta a una mayor precariedad. Lejos de celebrar el acuerdo, centenares de trabajadores lo rechazaron en asamblea, denunciando que había sido pactado a espaldas de la clase obrera. La CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) no solo se desmarcaron del acuerdo, sino que llamaron a continuar la huelga de forma indefinida.
En Cádiz, las asambleas volvieron a ser el corazón del conflicto. Reuniones de 700, 1000 y hasta 1200 trabajadores marcaron el pulso de una movilización que ya no giraba solo en torno al convenio. Se trataba de dignidad. De decir basta a un modelo productivo basado en la subcontratación salvaje, en el empobrecimiento planificado, y en la domesticación de la protesta a través de un sindicalismo convertido en engranaje del Estado y no en herramienta de lucha.
LOS “SINDICATOS” QUE ACTÚAN CONTRA LOS TRABAJADORES
CC.OO. optó por la ambigüedad. Aunque no firmaron el preacuerdo, tampoco respaldaron la huelga indefinida. Su portavoz en Cádiz, Pedro Lloret, incluso criticó públicamente a los sindicatos combativos por “actuar desde la anarquía” y abogó por el “compromiso” y la “legalidad”. Pero, ¿qué clase de legalidad protege acuerdos firmados sin consulta con la base? ¿Y qué compromiso se defiende cuando se entregan derechos a cambio de paz social impuesta?
La respuesta llegó desde las calles y desde las propias asambleas. Muchos afiliados de base de UGT y CC.OO. desobedecieron a sus direcciones y apoyaron abiertamente la huelga convocada por CGT y CTM. Porque la clase no está partida: lo que está partido es el vínculo entre las cúpulas sindicales y sus afiliados, entre los discursos de conciliación y la realidad de las fábricas.
REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Como en la huelga de 2021, la respuesta del Gobierno central fue la represión. Más de 20 trabajadores detenidos, operaciones policiales con registros en domicilios, multas de hasta 40.000 euros y una estrategia mediática orientada a criminalizar la protesta. La operación Fuego, abierta por la Policía Nacional, apunta a los huelguistas con acusaciones de desórdenes públicos y atentados contra la autoridad.
Pero no solo los trabajadores han sido golpeados. También sus familias y círculos de apoyo han sido objeto de persecuciones. En barrios enteros se vivió un clima de hostigamiento que buscaba infundir miedo. Para muchos, lo que está en juego no es solo un convenio: es el derecho mismo a protestar, a huelga, a organizarse fuera del carril marcado por las cúpulas oficiales.
UNA CAJA DE RESISTENCIA Y UNA MEMORIA DE LUCHA
A pesar del desgaste y la pérdida salarial acumulada, los trabajadores no se rinden. La CGT ha realizado un llamado urgente a fortalecer una caja de resistencia para apoyar a los compañeros detenidos y encausados. Se han recaudado ya más de 85.000 euros para evitar el ingreso en prisión de algunos de ellos, y el apoyo popular ha trascendido los límites de Cádiz, activando redes solidarias en todo el Estado.
Más allá del desenlace formal de la huelga, la batalla ha dejado huellas imborrables, demostrando que combatividad sigue viva, las asambleas pueden imponerse a los despachos y el sindicalismo de clase no es un recuerdo nostálgico, sino una necesidad presente para los trabajadores.
UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA
La huelga del metal en Cádiz no ha sido tan solo una defensa laboral. Ha sido una denuncia estructural de un modelo económico que privilegia la ganancia de fondos buitre como Black Rock sobre la vida digna de quienes producen y de un sindicalismo mayoritario que se ha convertido en gestor de la frustración obrera, no en su herramienta de lucha.
En esta movilización los trabajadores del metal han recuperado la palabra, la calle y el derecho a decidir. Cádiz ha vuelto a escribir una página en la historia de la lucha obrera. Y lo ha hecho con dignidad, con coraje y con una claridad que debería interpelar a toda la clase trabajadora del Estado español: cuando las asambleas mandan, el poder tiembla.
Chorche | Sábado, 19 de Julio de 2025 a las 22:12:37 horas
Vaya lección que nos han dado los trabajadores del metal de Cádiz.
Como en los mejores tiempos de la lucha obrera allá por la década de los 70 del siglo pasado.
Doble mérito en estos tiempos de pusilanimidad, de aborregamiento...
Sin miedo, que por el miedo nos tienen cogidos y cuando somos muchos no hay cárceles para todxs.
"Si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido".
Gracias por la lección de dignidad y coraje que habéis dado al país.
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