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CARTAGENA, BASE LOGÍSTICA PARA EL GENOCIDIO PALESTINO: ESPAÑA PERMITE LA DESCARGA DE ARMAS ISRAELÍES

La realidad tras la retórica humanitaria del Gobierno español

El buque Danica Violet, procedente de Israel, atracará en el puerto de Cartagena para descargar explosivos. Esta operación, facilitada por empresas con vínculos con la industria armamentística israelí, pone en evidencia la falta de un embargo efectivo por parte del Gobierno español y su complicidad en el conflicto palestino-israelí.

 

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

   El buque Danica Violet, un carguero con bandera danesa, llegará al puerto de Cartagena el próximo viernes, 23 de mayo.

 

   Según datos de la Red Estatal contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la plataforma VesselFinder, este buque transporta material clasificado como IMO 1.4, es decir, explosivos. Un tipo de mercancía está estrechamente vinculada al comercio de armas y, en este caso particular, al abastecimiento militar del Estado de Israel.

 

   La operativa logística será facilitada por la consignataria A. Pérez y Cía, S.L., cuyo director general, Félix Gendler, representa también a la naviera israelí ZIM en territorio español. Esta empresa ha sido repetidamente señalada por colaborar con la movilización de material bélico destinado a Israel desde otros países, como Estados Unidos. Los vínculos empresariales entre estas navieras, las compañías armamentísticas y las autoridades portuarias españolas configuran una red que actúa sin control público ni rendición de cuentas.

 

CONTINUIDAD EN LA EXPORTACIÓN DE ARMAS

 

   Pese a la aprobación parlamentaria de una propuesta para embargar la venta de armas a Israel, el Gobierno español no ha ejecutado acciones concretas que frenen este tipo de comercio. El Ministerio de Defensa, por boca de  la ministra Margarita Robles,  ha manifestado reservas ante un embargo total, alegando que muchos sistemas armamentísticos españoles dependen de componentes o software israelí. De hecho, España siguió exportando material de defensa a Israel hasta diciembre de 2024, lo cual deja en evidencia una política incoherente y una retórica vacía.

  

  La dependencia tecnológica sirve como excusa para mantener relaciones comerciales con un Estado acusado de crímenes de guerra y de llevar a cabo una política sistemática de apartheid contra el pueblo palestino. No se trata de un problema técnico, sino de una decisión política: priorizar las relaciones económicas y militares con un aliado estratégico, en detrimento de los derechos humanos y del derecho internacional.

 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL Y EL SILENCIO DEL ESTADO ESPAÑOL

 

   El arribo del Danica Violet ocurre en un contexto de escalada militar israelí. Desde octubre de 2023, más de 53.000 personas han muerto como consecuencia de los bombardeos israelíes sobre Gaza y Cisjordania. La mayoría de las víctimas son civiles: mujeres, niños y ancianos. Estas cifras han sido confirmadas por organismos internacionales y medios de referencia global.

 

   Diversas resoluciones de Naciones Unidas, así como informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han documentado la utilización de armamento extranjero en estas masacres. Frente a este escenario, la comunidad internacional ha empezado a tomar medidas: países como Bélgica e Irlanda han suspendido parte de sus contratos armamentísticos con Israel. Sin embargo, España se mantiene al margen, permitiendo que barcos como el Danica Violet descarguen explosivos en su territorio con total impunidad.

 

INTERESES ECONÓMICOS Y COMPLICIDADES

 

   Las razones de esta pasividad institucional deben buscarse en las estructuras del capitalismo global. España no actúa como un Estado soberano al servicio de su pueblo, sino como un engranaje más del sistema internacional de producción, distribución y consumo capitalista. La industria armamentística representa uno de los sectores más lucrativos del mercado internacional, y su funcionamiento depende de la guerra, la destrucción y el sufrimiento.

 

   La implicación de empresas como A. Pérez y Cía. S.L. o la propia naviera ZIM, así como la cobertura legal y política ofrecida por el Estado español, revela una realidad incómoda: el Gobierno es cómplice de este comercio. No porque venda armas directamente, sino porque permite su tránsito, lo legitima con su silencio y se beneficia indirectamente de los impuestos, las licencias y los contratos asociados.

 

   Este fenómeno no es nuevo. El puerto de Cartagena ya ha sido utilizado en anteriores ocasiones por barcos similares, como el Marianne Danica, al que se le prohibió la entrada en 2024 tras la presión social. La llegada del Danica Violet demuestra que la excepción no ha hecho norma y que el sistema sigue funcionando con normalidad bajo una lógica de acumulación, donde el beneficio económico prima sobre la vida.

 

  Colectivos como RESCOP, así como plataformas sindicales y vecinales, han denunciado públicamente la llegada del Danica Violet y exigido una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La movilización popular, aunque todavía limitada, se convierte en una herramienta imprescindible para denunciar y bloquear este tipo de operaciones.

 

    Poner fin a esta complicidad no es sólo una cuestión de justicia internacional, sino también una necesidad histórica para quienes aspiramos a una sociedad libre de explotación, dominación y violencia.

 
 
 
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