CANARIAS: DOS CAPITALES, UNA MISMA CRISIS DE ALQUILERES Y DOS FORMAS DE EVITAR SU REGULACIÓN
¿Quién gana y quién pierde cuando los gobiernos rechazan intervenir en un mercado que absorbe una parte creciente de los salarios?
Mientras los precios continúan subiendo, las dos capitales canarias muestran cómo la vivienda se ha convertido en un terreno de conflicto entre las necesidades de la población trabajadora y los intereses de la propiedad inmobiliaria.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En las dos capitales canarias, alquilar una vivienda se ha convertido en una carga económica cada vez más pesada para las familias trabajadoras. Sin embargo, los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular mantienen su resistencia a aplicar los mecanismos legales de contención de alquileres. En Las Palmas de Gran Canaria, la solicitud municipal lleva más de dos años esperando una resolución autonómica. En Santa Cruz de Tenerife, el propio Ayuntamiento decidió no solicitarla.
Los datos más recientes permiten apreciar la magnitud del problema. Según el portal inmobiliario Idealista, en septiembre de 2026 el precio de oferta del alquiler alcanzó 14,6 euros por metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria y 14 euros en Santa Cruz de Tenerife. En términos interanuales, las subidas fueron del 4,6% y del 5,8%, respectivamente.
No se trata, por tanto, de un problema exclusivo de una ciudad o de un ayuntamiento. Ambas capitales presentan una misma contradicción económica: mientras la vivienda se encarece como fuente de rentabilidad para sus propietarios, una parte creciente de los salarios termina destinada a pagar el alquiler.
LAS PALMAS: DOS AÑOS DE TRÁMITES PARA INTENTAR LIMITAR LOS PRECIOS
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó en mayo de 2024 su declaración como zona de mercado residencial tensionado. La petición, presentada por el Gobierno municipal encabezado por Carolina Darias, se fundamentó posteriormente en estudios técnicos realizados con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los resultados son significativos. Según la documentación municipal, el 77% de los habitantes reside en distritos donde se registra un esfuerzo económico excesivo para acceder a una vivienda. El alquiler representa, por término medio, el 30,97% de la renta de los hogares y sus precios han aumentado un 29,4% desde 2019.
Estos indicadores justificaron la solicitud de intervención, pero el Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo, todavía no ha resuelto favorablemente el expediente.
En octubre de 2026 anunció que lo sometería a información pública. Se trata de un nuevo trámite, no de la declaración definitiva.
La Ley estatal 12/2023 permite establecer determinadas limitaciones a las rentas en los mercados residenciales tensionados. Sin embargo, su aplicación requiere una declaración formal de la comunidad autónoma, que en Canarias tiene la competencia para aprobarla.
SANTA CRUZ: UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE RECHAZÓ SOLICITAR LA MEDIDA
En Santa Cruz de Tenerife, la situación presenta una diferencia políticamente importante. En marzo de 2024, el alcalde José Manuel Bermúdez encargó un informe para determinar si la ciudad, o determinadas zonas del municipio, reunían las condiciones necesarias para solicitar la declaración. Pero la iniciativa encontró la oposición expresa del Partido Popular, integrante del Gobierno municipal. Su portavoz y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, anunció en abril de aquel año que su formación nunca votaría a favor de declarar Santa Cruz zona tensionada. Finalmente, el Gobierno local decidió no presentar la solicitud, una decisión que provocó un enfrentamiento político en el pleno municipal de enero de 2025.
La posición municipal se mantiene vinculada a la defensa del aumento de la oferta residencial. En declaraciones difundidas a comienzos de octubre de 2026, Bermúdez argumentó que la limitación de alquileres puede provocar la retirada de viviendas del mercado.
Sin embargo, el propio Ayuntamiento reconoce la gravedad de la situación residencial. En septiembre anunció actuaciones por 112,2 millones de euros, incluyendo 343 viviendas nuevas y miles de intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. También informó de más de 4,5 millones destinados a prestaciones para alquileres e hipotecas durante 2025 y parte de 2026.
Resulta revelador: mientras se destinan recursos públicos a paliar las dificultades de acceso, se rechaza utilizar una herramienta que pretende contener determinados incrementos de precios.
CUANDO LA VIVIENDA SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO, EL SALARIO PIERDE VALOR
Para comprender esta situación conviene examinar la contradicción que habitualmente queda oculta detrás del debate administrativo. Una vivienda satisface una necesidad humana indispensable. Para quien reside en ella constituye un valor de uso: permite descansar, mantener una familia y desarrollar una vida estable. Pero en una economía capitalista constituye también una mercancía y un activo patrimonial. Su propietario puede obtener ingresos alquilándola o esperar que aumente su valor para venderla. Cuando la necesidad social de alojamiento queda subordinada a la búsqueda de rentabilidad, aparecen intereses materiales enfrentados.
El trabajador necesita que el alquiler resulte compatible con su salario. El propietario que obtiene ingresos del arrendamiento tiene un incentivo económico para elevar la renta hasta donde las condiciones del mercado lo permitan.
No hablamos necesariamente de una confrontación personal entre propietarios e inquilinos. Existen pequeños propietarios con situaciones económicas muy diferentes de las grandes empresas inmobiliarias. Pero la contradicción entre la necesidad de vivienda y la obtención de renta mediante la propiedad permanece.
Además, el alquiler actúa como mecanismo de redistribución regresiva de los ingresos. Un trabajador que cobra 1.400 euros mensuales y paga 500 de alquiler dispone de 900 euros para sus restantes necesidades. Si el alquiler aumenta hasta 750 euros mientras su salario permanece inmóvil, la cantidad disponible cae a 650.
Su salario nominal no ha cambiado, pero su capacidad material de consumo se ha reducido. Por tanto, la lucha por limitar los alquileres forma parte de la lucha por el salario real, porque afecta directamente a qué proporción de los ingresos del trabajo permanece en manos de quienes los generan.
EL ESTADO NO ES NEUTRAL ANTE LOS INTERESES ENFRENTADOS
Desde esta perspectiva, las decisiones institucionales adquieren un significado diferente. Cuando una administración limita los alquileres, interviene sobre las condiciones de obtención de rentas inmobiliarias. Cuando rechaza hacerlo, mantiene las reglas que permiten su formación mediante el mercado. En consecuencia, la ausencia de regulación tampoco constituye una decisión económicamente neutral.
El argumento de aumentar la construcción tiene una parte evidente de verdad. Canarias necesita ampliar su parque residencial, especialmente el público. Pero construir más viviendas no garantiza por sí solo que sus precios resulten accesibles. La pregunta decisiva es qué viviendas se construyen, quién las posee y para quién se producen. Una vivienda edificada como inversión inmobiliaria puede aumentar la oferta sin convertirse necesariamente en una solución habitacional para una familia trabajadora. La contradicción resulta especialmente visible en una economía insular, donde el suelo es limitado y la actividad turística y la inversión inmobiliaria pueden competir con las necesidades de residencia permanente.
DOS CAPITALES, UN MISMO CONFLICTO DE INTERESES
La declaración de zonas tensionadas no acabaría con la crisis residencial. No elimina la propiedad privada, ni transforma las relaciones económicas que convierten la vivienda en fuente de beneficios.
Pero precisamente por tratarse de una intervención limitada, resulta significativo que encuentre tantas resistencias políticas. Las Palmas lleva más de dos años esperando una decisión autonómica. Santa Cruz renunció a solicitarla. Son procedimientos diferentes, pero ambos desembocan en un resultado común: los mecanismos de contención previstos en la legislación estatal continúan sin aplicarse en las dos capitales canarias.
La cuestión fundamental, por tanto, no consiste únicamente en decidir cuántas viviendas construir. Consiste en determinar si el acceso a una necesidad básica debe seguir dependiendo prioritariamente de la rentabilidad inmobiliaria o si los poderes públicos están dispuestos a limitar esa rentabilidad para proteger las condiciones de vida de la población trabajadora. Y esa pregunta, que afecta directamente a cientos de miles de habitantes de las dos capitales, continúa esperando una respuesta política.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En las dos capitales canarias, alquilar una vivienda se ha convertido en una carga económica cada vez más pesada para las familias trabajadoras. Sin embargo, los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular mantienen su resistencia a aplicar los mecanismos legales de contención de alquileres. En Las Palmas de Gran Canaria, la solicitud municipal lleva más de dos años esperando una resolución autonómica. En Santa Cruz de Tenerife, el propio Ayuntamiento decidió no solicitarla.
Los datos más recientes permiten apreciar la magnitud del problema. Según el portal inmobiliario Idealista, en septiembre de 2026 el precio de oferta del alquiler alcanzó 14,6 euros por metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria y 14 euros en Santa Cruz de Tenerife. En términos interanuales, las subidas fueron del 4,6% y del 5,8%, respectivamente.
No se trata, por tanto, de un problema exclusivo de una ciudad o de un ayuntamiento. Ambas capitales presentan una misma contradicción económica: mientras la vivienda se encarece como fuente de rentabilidad para sus propietarios, una parte creciente de los salarios termina destinada a pagar el alquiler.
LAS PALMAS: DOS AÑOS DE TRÁMITES PARA INTENTAR LIMITAR LOS PRECIOS
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria solicitó en mayo de 2024 su declaración como zona de mercado residencial tensionado. La petición, presentada por el Gobierno municipal encabezado por Carolina Darias, se fundamentó posteriormente en estudios técnicos realizados con la colaboración de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Los resultados son significativos. Según la documentación municipal, el 77% de los habitantes reside en distritos donde se registra un esfuerzo económico excesivo para acceder a una vivienda. El alquiler representa, por término medio, el 30,97% de la renta de los hogares y sus precios han aumentado un 29,4% desde 2019.
Estos indicadores justificaron la solicitud de intervención, pero el Gobierno autonómico, presidido por Fernando Clavijo, todavía no ha resuelto favorablemente el expediente.
En octubre de 2026 anunció que lo sometería a información pública. Se trata de un nuevo trámite, no de la declaración definitiva.
La Ley estatal 12/2023 permite establecer determinadas limitaciones a las rentas en los mercados residenciales tensionados. Sin embargo, su aplicación requiere una declaración formal de la comunidad autónoma, que en Canarias tiene la competencia para aprobarla.
SANTA CRUZ: UN GOBIERNO MUNICIPAL QUE RECHAZÓ SOLICITAR LA MEDIDA
En Santa Cruz de Tenerife, la situación presenta una diferencia políticamente importante. En marzo de 2024, el alcalde José Manuel Bermúdez encargó un informe para determinar si la ciudad, o determinadas zonas del municipio, reunían las condiciones necesarias para solicitar la declaración. Pero la iniciativa encontró la oposición expresa del Partido Popular, integrante del Gobierno municipal. Su portavoz y primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, anunció en abril de aquel año que su formación nunca votaría a favor de declarar Santa Cruz zona tensionada. Finalmente, el Gobierno local decidió no presentar la solicitud, una decisión que provocó un enfrentamiento político en el pleno municipal de enero de 2025.
La posición municipal se mantiene vinculada a la defensa del aumento de la oferta residencial. En declaraciones difundidas a comienzos de octubre de 2026, Bermúdez argumentó que la limitación de alquileres puede provocar la retirada de viviendas del mercado.
Sin embargo, el propio Ayuntamiento reconoce la gravedad de la situación residencial. En septiembre anunció actuaciones por 112,2 millones de euros, incluyendo 343 viviendas nuevas y miles de intervenciones de rehabilitación y mantenimiento. También informó de más de 4,5 millones destinados a prestaciones para alquileres e hipotecas durante 2025 y parte de 2026.
Resulta revelador: mientras se destinan recursos públicos a paliar las dificultades de acceso, se rechaza utilizar una herramienta que pretende contener determinados incrementos de precios.
CUANDO LA VIVIENDA SE CONVIERTE EN UN NEGOCIO, EL SALARIO PIERDE VALOR
Para comprender esta situación conviene examinar la contradicción que habitualmente queda oculta detrás del debate administrativo. Una vivienda satisface una necesidad humana indispensable. Para quien reside en ella constituye un valor de uso: permite descansar, mantener una familia y desarrollar una vida estable. Pero en una economía capitalista constituye también una mercancía y un activo patrimonial. Su propietario puede obtener ingresos alquilándola o esperar que aumente su valor para venderla. Cuando la necesidad social de alojamiento queda subordinada a la búsqueda de rentabilidad, aparecen intereses materiales enfrentados.
El trabajador necesita que el alquiler resulte compatible con su salario. El propietario que obtiene ingresos del arrendamiento tiene un incentivo económico para elevar la renta hasta donde las condiciones del mercado lo permitan.
No hablamos necesariamente de una confrontación personal entre propietarios e inquilinos. Existen pequeños propietarios con situaciones económicas muy diferentes de las grandes empresas inmobiliarias. Pero la contradicción entre la necesidad de vivienda y la obtención de renta mediante la propiedad permanece.
Además, el alquiler actúa como mecanismo de redistribución regresiva de los ingresos. Un trabajador que cobra 1.400 euros mensuales y paga 500 de alquiler dispone de 900 euros para sus restantes necesidades. Si el alquiler aumenta hasta 750 euros mientras su salario permanece inmóvil, la cantidad disponible cae a 650.
Su salario nominal no ha cambiado, pero su capacidad material de consumo se ha reducido. Por tanto, la lucha por limitar los alquileres forma parte de la lucha por el salario real, porque afecta directamente a qué proporción de los ingresos del trabajo permanece en manos de quienes los generan.
EL ESTADO NO ES NEUTRAL ANTE LOS INTERESES ENFRENTADOS
Desde esta perspectiva, las decisiones institucionales adquieren un significado diferente. Cuando una administración limita los alquileres, interviene sobre las condiciones de obtención de rentas inmobiliarias. Cuando rechaza hacerlo, mantiene las reglas que permiten su formación mediante el mercado. En consecuencia, la ausencia de regulación tampoco constituye una decisión económicamente neutral.
El argumento de aumentar la construcción tiene una parte evidente de verdad. Canarias necesita ampliar su parque residencial, especialmente el público. Pero construir más viviendas no garantiza por sí solo que sus precios resulten accesibles. La pregunta decisiva es qué viviendas se construyen, quién las posee y para quién se producen. Una vivienda edificada como inversión inmobiliaria puede aumentar la oferta sin convertirse necesariamente en una solución habitacional para una familia trabajadora. La contradicción resulta especialmente visible en una economía insular, donde el suelo es limitado y la actividad turística y la inversión inmobiliaria pueden competir con las necesidades de residencia permanente.
DOS CAPITALES, UN MISMO CONFLICTO DE INTERESES
La declaración de zonas tensionadas no acabaría con la crisis residencial. No elimina la propiedad privada, ni transforma las relaciones económicas que convierten la vivienda en fuente de beneficios.
Pero precisamente por tratarse de una intervención limitada, resulta significativo que encuentre tantas resistencias políticas. Las Palmas lleva más de dos años esperando una decisión autonómica. Santa Cruz renunció a solicitarla. Son procedimientos diferentes, pero ambos desembocan en un resultado común: los mecanismos de contención previstos en la legislación estatal continúan sin aplicarse en las dos capitales canarias.
La cuestión fundamental, por tanto, no consiste únicamente en decidir cuántas viviendas construir. Consiste en determinar si el acceso a una necesidad básica debe seguir dependiendo prioritariamente de la rentabilidad inmobiliaria o si los poderes públicos están dispuestos a limitar esa rentabilidad para proteger las condiciones de vida de la población trabajadora. Y esa pregunta, que afecta directamente a cientos de miles de habitantes de las dos capitales, continúa esperando una respuesta política.
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