LOS DEDAZOS DEL PODER: MILLONES DE EUROS PARA ASESORES Y "CARGOS DE CONFIANZA"

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En tiempos de dificultades económicas para la mayoría, el aumento desmedido del gasto público en asesores políticos designados a dedo evidencia una contradicción flagrante entre los discursos institucionales de austeridad y el uso real de los recursos públicos. Canarias, una de las regiones con mayores índices de pobreza y desempleo del Estado español, protagonizó el pasado año 2024 uno de los mayores aumentos en gasto de personal de confianza. Pero esta tendencia no es un caso aislado. En el marco de la actual estructura estatal capitalista, esta forma de gestión del presupuesto público revela cómo los intereses de clase se proyectan en la administración, sirviendo a los que mandan, a costa de los que viven del trabajo.

CANARIAS: UN GASTO POLÍTICO EN AUMENTO

   El Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), destinó en 2024 más de 29 millones de euros en sueldos para asesores y personal eventual. Esto supone un incremento de 4,5 millones respecto al año anterior. En comparación con 2015, la cifra ha crecido en la friolera de 18 millones. Si en 2022 existían 192 plazas de este tipo, en 2023 ya eran 233.

  Este aumento no refleja solamente una tendencia al crecimiento de los llamados "puestos de confianza", destinados a personal cuya principal cualidad, en muchos casos, consiste en la afinidad política con los gobernantes de turno,  sino también un crecimiento sustancial de sus emolumentos. Hoy, un asesor medio cobra 56.095 euros anuales, mientras algunos casos, como la delegada del Gobierno regional en Caracas, superan los 91.000 euros. Todo esto ocurre en una región donde la renta media apenas supera los 10.000 euros anuales por persona y donde más del 35% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social.

ESPAÑA: UN MODELO QUE SE REPLICA

  Pero este fenómeno, por supuesto,  no exclusivo de Canarias. A nivel estatal, el Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez ha batido también su propio récord en gasto en asesores y altos cargos. Entre enero y octubre de 2024, se destinaron más de 139 millones de euros a este concepto, de los cuales 63 millones fueron exclusivamente para asesores. El número de personas que ocupa estos puestos asciende a 799,444 de ellas directamente vinculadas a Presidencia.

  Lejos de ser una anomalía, esto forma parte de una lógica profundamente arraigada en el funcionamiento del Estado burgués: el refuerzo constante de una burocracia ligada al poder político, que actúa como correa de transmisión de los intereses de los partidos y, en último término, de los intereses generales de la clase a la que estos representan. 

Esta red de cargos de confianza no tiene como función principal mejorar la gestión pública en beneficio del pueblo, sino garantizar la estabilidad del aparato de poder y la lealtad dentro de las organizaciones políticas que lo administran.

LAS AUTONOMÍAS TAMBIÉN COMPITEN

  En el conjunto del Estado, la práctica se replica con variaciones de escasa importante. Cataluña encabeza el ranking de asesores autonómicos, con 242 contrataciones, seguida de Castilla-La Mancha (124) y Madrid (114). El sueldo medio de estos asesores ronda los 46.800 euros anuales, una cifra muy superior al salario medio de la población trabajadora en muchas de estas regiones.

  En definitiva, se ha naturalizado un modelo en el que las redes clientelares, la rotación de cargos y el reparto del presupuesto se usan como mecanismos de poder político antes que como herramientas de gestión racional de los recursos colectivos.

  Los “puestos de confianza” no son producto de un análisis técnico sobre necesidades sociales, sino el resultado de pactos partidarios, intereses internos y reparto de cuotas. Esta lógica, estructural en el capitalismo periférico español, reproduce relaciones de subordinación y dependencia dentro del aparato del Estado. Así, el aparato estatal se convierte en una pirámide donde unos pocos controlan la asignación de los recursos públicos. 

UNA RESPUESTA NECESARIA DESDE EL PUEBLO

  Mientras tanto, la mayoría trabajadora vive bajo un régimen de recortes, precariedad y pobreza. En Canarias, muchas familias no pueden acceder a una vivienda digna, mientras los indicadores de salud y educación se mantienen por debajo de la media estatal. La ciudadanía observa cómo aumentan los cargos políticos, pero no las oportunidades para mejorar su calidad de vida.

  La crítica al gasto excesivo en asesores no puede limitarse al plano moral o técnico. Debe convertirse en una crítica estructural: ¿quién decide cómo se gastan los recursos públicos?, ¿para qué y para quién?

  La respuesta pasa por una transformación radical de las estructuras de poder, por un modelo de democracia real y participativa, en el que los recursos del Estado respondan a las necesidades colectivas y no a los intereses de quienes hoy ocupan los despachos del poder.