"EL NUEVO DECRETO DE DEPENDENCIA ES UN MALTRATO INSTITUCIONAL A LAS FAMILIAS VULNERABLES"

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En abril de 2025, el Gobierno de Canarias aprobaba el Decreto 46/2025. Una normativa que prometía reducir la burocracia y agilizar los procesos de reconocimiento y atención a personas en situación de dependencia. A pocos meses de su entrada en vigor, la realidad ha resultado muy distinta a lo anunciado. Profesionales del Trabajo Social y técnicos de la administración denuncian que, lejos de simplificar, este decreto representa una carga aún mayor para los sectores más vulnerables de la sociedad.

UNA CARGA ADMINISTRATIVA TRASLADADA A LAS FAMILIAS

   La principal crítica al nuevo decreto es que traslada el peso de la burocracia desde la Administración hacia los ciudadanos.

   El nuevo modelo de solicitud exige a los usuarios proporcionar una detallada información económica, sanitaria y social, incluso antes de saber si serán reconocidos como personas dependientes. Este nivel de exigencia es particularmente duro para familias ya sobrecargadas por el cuidado de personas en situaciones delicadas.

   El decreto introduce, asimismo, un cambio sustancial: las personas solicitantes deberán decidir de forma inmediata qué servicio o prestación desean recibir, justo después de la valoración del grado de dependencia. Esta decisión, que antes se tomaba tras un proceso de orientación profesional, ahora deberá adoptarse en un contexto de estrés y sin garantías de comprensión plena de las opciones disponibles.

   Para Lole Fabelo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, la medida es claramente lesiva:

     "La atención social no se puede cambiar por dinero".

   Fabelo alerta de que forzar decisiones en momentos de alta carga emocional solo servirá para aumentar la desprotección de quienes más apoyo necesitan.

DESMANTELAMIENTO DE LA ATENCIÓN SOCIAL

    La eliminación del informe social y del análisis del entorno como elementos claves en el procedimiento es otro de los cambios que han generado la alarma de los profesionales.  Para los trabajadores sociales, esto supone vaciar de contenido la evaluación, reduciendo a la persona solicitante a un expediente descontextualizado.

   El procedimiento se ha unificado en una única visita domiciliaria, en la que debe determinarse tanto el grado de dependencia como el Programa Individual de Atención (PIA). Esta simplificación, que podría parecer eficiente sobre el papel, elimina la posibilidad de que los profesionales analicen de forma completa y reflexiva la situación del solicitante.

 Desde el propio personal de la Dirección General de Dependencia del Gobierno de Canarias se han expresado preocupaciones similares. Denuncian que este enfoque no solo reduce la calidad del proceso, sino que compromete su equidad y seguridad jurídica. "

     El decreto introduce medidas que comprometen la equidad del procedimiento y pueden provocar la pérdida del derecho a la prestación si no se justifica adecuadamente cualquier demora", señalan en un comunicado.

TESTIMONIOS DE QUIENES ESTÁN EN PRIMERA LÍNEA

   Los profesionales denuncian, además, la desconexión del decreto con la realidad social de las personas en situación de dependencia.

   Lole Fabelo apunta que exigir que una persona dependiente acuda a una cita o conteste a requerimientos en plazos rígidos desconoce su contexto.

     "Si no se le localiza, pierde el derecho o tiene que iniciar de nuevo el procedimiento. Es un trato inhumano", afirma en declaraciones a la prensa local.

   Trabajadores sociales y técnicos también critican que algunas de las funciones técnicas han sido delegadas a personal sin formación especializada ni mecanismos efectivos de control, lo que aumenta el riesgo de errores administrativos o decisiones arbitrarias.

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO: “ES SIMPLIFICACIÓN, NO CARGA”

  Desde el Ejecutivo canario, la defensa del decreto se mantiene firme. La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, insiste en que la nueva fórmula "simplifica el procedimiento para reducir los plazos de espera, que actualmente rondan los 543 días".

   Ramírez asegura que la Administración podrá recabar gran parte de la información con la autorización del usuario, evitando así una sobrecarga documental. Sin embargo, para los profesionales del sector, esta medida no resuelve los problemas de fondo: falta de personal, ausencia de planificación y desconocimiento del entorno social real de las familias afectadas.

EFECTO COLATERAL: COLAPSO EN LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

   Otra consecuencia directa que prevén los trabajadores sociales es la saturación de los servicios sociales municipales. Las nuevas exigencias documentales, la ausencia de orientación profesional en la toma de decisiones y la necesidad de justificar demoras harán que muchas familias acudan en masa a estos servicios buscando apoyo.

    "Esto no va a agilizar nada. Va a colapsar los ayuntamientos", aseguran desde el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife.

  El enfoque tecnocrático del decreto ignora la realidad material de las familias trabajadoras que cuidan de personas dependientes. En lugar de aumentar la inversión pública y reforzar los recursos humanos, se les impone una lógica de rendimiento administrativo que olvida el principio de justicia social.

   Como ha afirmado un grupo de técnicos en una carta abierta:

    “El decreto olvida que detrás de cada solicitud hay una historia de esfuerzo, de cuidados invisibles y de vidas marcadas por la fragilidad. No podemos permitir que la burocracia sea una nueva forma de exclusión”.