CANARIAS LLEVA CASI CUATRO AÑOS SIN TERMINAR UNA SOLA VIVIENDA PROTEGIDA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Canarias lleva desde 2023 sin registrar una sola vivienda protegida terminada en las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El dato ofrece una imagen especialmente significativo de la política residencial desarrollada durante los últimos años. Mientras los gobiernos autonómicos han anunciado planes de construcción, promociones públicas y medidas para facilitar el acceso a un hogar, los resultados que recoge esa estadística muestran que la incorporación efectiva de nuevas viviendas protegidas ha sido prácticamente inexistente.

  Entre enero de 2019 y junio de 2026, el Ministerio contabiliza solamente 268 viviendas protegidas terminadas en Canarias: 60 en 2019 y 208 en 2022. Durante el resto de los ejercicios comprendidos en ese periodo no aparecen unidades finalizadas en la serie consultada. Esto significa que el promedio de los siete años y medio examinados apenas alcanza las 36 viviendas anuales, una cantidad extraordinariamente reducida para un territorio cuya población supera los 2,2 millones de habitantes y donde numerosas familias encuentran dificultades crecientes para acceder a un alquiler o adquirir su residencia habitual.
 

NI EL PACTO DE LAS FLORES NI EL GOBIERNO DE CLAVIJO HAN RESUELTO EL PROBLEMA

   La evolución de las cifras afecta a gobiernos de distinto signo político. Entre 2019 y 2023, Canarias estuvo gobernada por el denominado Pacto de las Flores, integrado por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, con Ángel Víctor Torres como presidente. Desde julio de 2023 gobierna una coalición encabezada por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, con participación del Partido Popular y otros apoyos parlamentarios. La estadística muestra resultados muy limitados durante la primera etapa y ninguna vivienda protegida terminada en el periodo registrado correspondiente al actual Ejecutivo.

  Conviene evitar una interpretación mecánica de las responsabilidades. La construcción de una promoción residencial requiere adquirir o disponer de suelo, redactar proyectos, tramitar autorizaciones, licitar contratos, ejecutar obras y finalmente obtener las condiciones necesarias para entregar las viviendas. Por eso una promoción terminada durante una legislatura puede haber sido iniciada por un gobierno anterior, y una actuación impulsada recientemente puede no aparecer todavía en las estadísticas de finalización. Sin embargo, esa circunstancia no elimina la responsabilidad de quienes han gobernado durante años: la continuidad administrativa debería permitir que las políticas públicas produzcan resultados más allá de los cambios electorales.

  La pandemia de 2020 también alteró la actividad constructiva y los procedimientos administrativos, pero no explica por sí sola la ausencia de viviendas protegidas terminadas durante varios años posteriores. El dato obliga a examinar la planificación, la disponibilidad de suelo, los presupuestos ejecutados y los obstáculos que han impedido convertir los anuncios en viviendas habitables. La cuestión central no consiste en determinar qué partido puede atribuirse una promoción concreta, sino por qué la acción acumulada de distintas administraciones ha producido resultados tan insuficientes.

ANUNCIAR UNA PROMOCIÓN NO EQUIVALE A ENTREGAR LAS LLAVES

   La diferencia entre viviendas anunciadas, proyectadas, adjudicadas, iniciadas y terminadas resulta fundamental. Cuando una administración comunica la construcción de una promoción, puede estar refiriéndose a una actuación que todavía necesita años de trámites y ejecución. La adjudicación de un contrato representa un avance, pero no significa que las familias puedan entrar inmediatamente a vivir en los inmuebles. Solamente la finalización y posterior puesta a disposición de las viviendas permite comprobar cuántos hogares reciben efectivamente una solución residencial.

  Un ejemplo reciente se encuentra en Los Llanos de Aridane, donde Gestur Canarias ha formalizado un contrato de 26,5 millones de euros para construir 118 viviendas protegidas. El proyecto incluye la redacción técnica, la ejecución de las obras y las actuaciones de urbanización necesarias, con un plazo previsto de 29 meses. Se trata de una inversión pública importante, especialmente en una isla que continúa afrontando las consecuencias de la erupción volcánica de 2021, pero esas 118 viviendas todavía no pueden contabilizarse como terminadas.

  Esta distinción también exige cautela al interpretar la estadística ministerial. La ausencia de viviendas protegidas terminadas en la serie examinada no demuestra que no exista ninguna obra pública en marcha, ni permite afirmar que todas las promociones anunciadas sean ficticias. Lo que confirma es que las actuaciones todavía no se han traducido, dentro del periodo registrado, en un volumen de viviendas finalizadas que permita responder a la demanda acumulada. Para las familias que esperan una solución, la diferencia entre una obra futura y una vivienda disponible tiene consecuencias inmediatas.

LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA TAMPOCO HA RECUPERADO SUS ANTIGUOS NIVELES

   El problema no se limita a las promociones protegidas. Según la misma información estadística, durante el primer semestre de 2026 se terminaron 1.574 viviendas libres en Canarias, mientras que en todo 2025 se habían finalizado 3.152. Son cantidades muy inferiores a las registradas antes de la crisis inmobiliaria de 2008, cuando la construcción privada llegó a superar las 29.000 viviendas anuales. Desde 2012, el Archipiélago no ha recuperado de forma sostenida los niveles de edificación que caracterizaron etapas anteriores.

  Esto no significa que resulte conveniente reproducir el modelo de expansión inmobiliaria previo a 2008, asociado a importantes desequilibrios financieros y territoriales. Pero sí demuestra que la producción residencial actual es limitada en comparación con determinados periodos históricos. La cuestión consiste en determinar qué tipo de viviendas se construyen, dónde se localizan, a qué precios se comercializan y qué necesidades sociales satisfacen. Aumentar indiscriminadamente la edificación no garantiza resolver el problema si una parte considerable de las nuevas propiedades termina destinada a compradores de elevado poder adquisitivo o a usos distintos de la residencia habitual.

  La vivienda protegida cumple precisamente una función diferente de la promoción privada ordinaria. Su finalidad es facilitar el acceso a determinados hogares mediante condiciones de precio, financiación o adjudicación reguladas. Cuando esa oferta desaparece o resulta insignificante, las familias con menos recursos quedan prácticamente obligadas a competir en el mercado libre con compradores e inquilinos que disponen de capacidades económicas muy superiores.

UNA NECESIDAD SOCIAL CONVERTIDA EN FUENTE DE RENTAS

  La escasez de vivienda pública aumenta la dependencia de los hogares respecto a los propietarios privados. Quienes necesitan un alojamiento deben destinar una parte de sus ingresos al pago de alquileres o hipotecas, mientras quienes poseen inmuebles pueden obtener rentas periódicas o beneficios mediante su venta. Esta relación no constituye necesariamente una irregularidad jurídica, pero genera consecuencias distributivas importantes cuando los precios inmobiliarios crecen más rápidamente que los salarios.

  Para un trabajador, la vivienda representa una condición indispensable para vivir cerca de su empleo, organizar su familia y acceder a servicios. Para un inversor, puede constituir un activo que compite con otras oportunidades de rentabilidad. Cuando ambas funciones entran en contradicción, el precio puede dejar fuera a quienes necesitan el inmueble como residencia habitual. La intervención pública mediante un parque de alquiler asequible permite reducir esa dependencia y ofrecer alternativas que no estén determinadas exclusivamente por la capacidad de pago.

 Canarias presenta además una presión residencial vinculada a su actividad turística, la demanda de segundas viviendas y el alquiler vacacional. Esas actividades pueden generar ingresos empresariales y patrimoniales, pero también compiten por determinados inmuebles y espacios urbanos. No todos los problemas de acceso a la vivienda pueden atribuirse al turismo, porque intervienen igualmente los salarios, la disponibilidad de suelo y la evolución de la construcción. Sin embargo, una política residencial que ignore los usos económicos del parque inmobiliario ofrecería una explicación incompleta del encarecimiento.

EL DEBATE SOBRE LOS COMPRADORES NO RESIDENTES

  La publicación de estas estadísticas coincide con la propuesta del Gobierno canario para restringir determinadas adquisiciones inmobiliarias a quienes acrediten una residencia prolongada en el Archipiélago. La iniciativa pretende reducir la presión de compradores no residentes y limitar algunas operaciones de carácter inversor, pero todavía necesita superar importantes obstáculos legislativos y europeos. Además, su posible eficacia dependerá de cómo distinga entre personas que necesitan establecer su hogar en Canarias y compradores que buscan acumular propiedades.

  El problema de fondo es que limitar una parte de la demanda no equivale a crear automáticamente una oferta pública asequible. Incluso si las restricciones consiguieran moderar determinadas operaciones inmobiliarias, seguiría siendo necesario construir viviendas protegidas, movilizar suelo adecuado y garantizar que los inmuebles se destinen efectivamente a residencia habitual. La estadística ministerial muestra precisamente que esa tarea permanece muy lejos de alcanzar una dimensión suficiente.

  También resulta necesario examinar las responsabilidades municipales, autonómicas y estatales. Los ayuntamientos intervienen en la planificación urbanística y determinadas autorizaciones, las comunidades autónomas disponen de competencias fundamentales en vivienda y el Estado establece parte del marco legislativo y financiero. La distribución institucional puede generar dificultades reales de coordinación, pero no debería convertirse en una justificación permanente para la ausencia de resultados.

LAS PROMESAS DE VIVIENDA DEBEN MEDIRSE EN HOGARES REALES

   El contraste histórico permite comprender hasta qué punto se ha reducido la promoción protegida. Durante 1997 y 1998, Canarias llegó a registrar más de 4.000 viviendas protegidas terminadas en cada ejercicio, según la serie ministerial recogida por Canarias Ahora. Aquellas cifras respondían a un contexto económico y urbanístico diferente, por lo que no pueden utilizarse como una receta automática para el presente. Pero demuestran que el volumen de producción pública residencial ha experimentado una transformación extraordinaria.

  La escasez de vivienda protegida no constituye solamente un problema administrativo. Afecta a la distribución de la renta, porque obliga a numerosos hogares a destinar una proporción creciente de sus ingresos al alojamiento; condiciona la movilidad laboral, porque dificulta trasladarse cerca de los puestos de trabajo; y puede aumentar la desigualdad patrimonial entre quienes poseen inmuebles y quienes dependen permanentemente del alquiler.

   La política de vivienda necesita indicadores que permitan comprobar sus resultados: viviendas efectivamente terminadas, hogares adjudicatarios, precios de alquiler, plazos de ejecución y recursos públicos utilizados. Los anuncios de inversión y las adjudicaciones son relevantes, pero no deberían sustituir la evaluación de los resultados materiales. Después de siete años y medio en los que las estadísticas oficiales solamente registran 268 viviendas protegidas terminadas, el problema de Canarias no parece ser la falta de discursos políticos sobre la vivienda, sino la enorme distancia entre esos discursos y las casas que realmente llegan a estar disponibles para la población.