LA PALMA TRAS EL VOLCÁN: UNA RECONSTRUCCIÓN MARCADA POR EL NEOLIBERALISMO Y LA DESIGUALDAD

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   La erupción del volcán Tajogaite en La Palma, en 2021, dejó una huella imborrable en la isla, no solo por la devastación física, sino por las decisiones políticas que han marcado su proceso de reconstrucción. Tres años después, la isla enfrenta una recuperación que, lejos de ser colectiva y planificada, se ha caracterizado por una lógica neoliberal que prioriza la iniciativa individual sobre la acción estatal coordinada.

    El 19 de septiembre de 2021, el volcán Tajogaite entró en erupción, afectando a más de 1.200 hectáreas, destruyendo infraestructuras, viviendas y cultivos, y obligando a evacuar a miles de personas. La magnitud del desastre requería una respuesta integral y planificada para garantizar una recuperación equitativa y sostenible.

    Inicialmente, se propuso un proceso participativo denominado "Revivir el Valle", que buscaba involucrar a la comunidad en la toma de decisiones sobre la reconstrucción. Este enfoque contemplaba la creación de un consorcio que ofreciera parcelas urbanizadas y viviendas sociales, evitando la dispersión y priorizando la seguridad frente al riesgo volcánico. Sin embargo, este plan, que nunca fue implementado,  fue definitivamente desechado con la llegada al poder de Coalición Canaria y el Partido Popular, quienes optaron por un modelo que permite a los afectados reconstruir en sus antiguas propiedades, incluso sobre las coladas de lava, siempre que se cumplan ciertos requisitos técnicos.

   La nueva normativa aprobada por el Gobierno de Canarias facilita la reconstrucción individual, permitiendo edificaciones en suelo rústico y eximiendo de evaluaciones de impacto ambiental en ciertos casos. Esta flexibilización normativa refleja una lógica neoliberal que transfiere la responsabilidad de la reconstrucción a los individuos, minimizando la intervención estatal y dejando en manos de los afectados la tarea de reconstruir sus vidas y propiedades.

    Este enfoque ha generado una reconstrucción caótica, perpetuando la dispersión territorial y aumentando la vulnerabilidad frente a futuras erupciones. La falta de una planificación centralizada y la ausencia de una cultura del riesgo volcánico han llevado a decisiones que priorizan la inmediatez sobre la seguridad a largo plazo. Además, la reconstrucción individual ha generado desigualdades, ya que no todos los afectados cuentan con los recursos necesarios para reconstruir, creando una brecha entre quienes pueden rehacer sus vidas y quienes quedan rezagados.

   Uno de los principales problemas evidenciados por la erupción y su posterior reconstrucción, la ausencia de una planificación territorial que contemple los riesgos naturales, ha llevado a adoptar decisiones que ignoran la peligrosidad de ciertas zonas, aumentando la exposición de la población a futuros desastres.

LA ESPECULACIÓN Y LA CRISIS HABITACIONAL

  La erupción del volcán Tajogaite en 2021 no solo sepultó viviendas y terrenos, sino que también desató una crisis habitacional sin precedentes en La Palma. La destrucción de más de 1.300 viviendas dejó a miles de personas sin hogar, generando una demanda urgente de soluciones habitacionales.

   En respuesta, las autoridades aprobaron un decreto que permitía la reconstrucción de viviendas en suelo rústico, una medida que, si bien buscaba agilizar la recuperación, abrió la puerta a la especulación inmobiliaria. La posibilidad de edificar en terrenos previamente no urbanizables, sumada a la inyección de fondos públicos para la reconstrucción, provocó un aumento en el precio del suelo, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los afectados.

   Esta situación ha sido calificada por algunos expertos y políticos como "inmoral", al considerar que ha dado lugar a que algunos especuladores se lucren con el sufrimiento de los damnificados. Además, la falta de una planificación urbanística adecuada y la ausencia de una cultura del riesgo han contribuido a una reconstrucción desordenada, perpetuando la dispersión territorial y aumentando la vulnerabilidad frente a futuras erupciones.

   A pesar de las ayudas económicas destinadas a la reconstrucción, muchos damnificados consideran insuficientes las compensaciones recibidas. Las indemnizaciones, que oscilan entre 20.640 y 60.480 euros según el grado de afectación de la vivienda, no cubren en muchos casos el valor real de las propiedades perdidas, ni los costos de construcción en un mercado inmobiliario inflacionado.

   Además, la burocracia y los retrasos en la entrega de ayudas han generado una sensación de abandono por parte de las autoridades. Tres años después de la erupción, más de cien familias siguen sin una vivienda definitiva, residiendo en alojamientos temporales como módulos prefabricados o incluso hoteles.

    La situación se agrava con el auge de la vivienda vacacional en la isla. Se estima que el 60% de las camas turísticas en La Palma están concentradas en este tipo de alojamiento, lo que ha contribuido al encarecimiento del mercado inmobiliario y ha desplazado a los residentes locales en busca de vivienda.

  En este contexto, la especulación inmobiliaria no solo afecta a los damnificados por la erupción, sino que también pone en riesgo el tejido social y económico de la isla. La falta de una política de vivienda pública efectiva y la desregulación del mercado han convertido el acceso a una vivienda digna en un desafío casi inalcanzable para muchos palmeros.