¿QUIÉNES SE LUCRAN CUANDO TÚ TE ENFERMAS? EL NEGOCIO DE LA SANIDAD EN CANARIAS CONTADO POR SUS PROPIOS PROMOTORES

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En el reciente "Observatorio del Sector Sanitario Privado 2025", publicado por la Fundación IDIS —organización que agrupa a los principales grupos de la sanidad privada española—, se presentan con entusiasmo datos que, bajo una lectura crítica, revelan una preocupante tendencia: el avance imparable de la privatización sanitaria en Canarias.

    Según este informe, 484.712 personas en Canarias ya cuentan con un seguro de salud privado, es decir, alrededor del 22% de la población. Además, los hospitales privados representan el 69% del total de centros hospitalarios en las islas y concentran el 49% de las intervenciones quirúrgicas, el 35% de las altas hospitalarias y el 41% de las urgencias. 

   Estos datos no deberían tranquilizarnos. Muy al contrario: son una señal de alarma sobre la progresiva mercantilización de un derecho básico como es la salud.

EL NEGOCIO DE LOS CONCIERTOS PÚBLICO-PRIVADOS

    El informe de IDIS también revela que los conciertos sanitarios en Canarias ascienden a 312 millones de euros, un 7,15% del gasto sanitario público total, que alcanza los 4.365 millones de euros. 

     Detrás de estas cifras se esconde una dinámica cada vez más perversa: recursos públicos que deberían fortalecer el Servicio Canario de Salud acaban en manos de empresas privadas que, lógicamente, tienen como prioridad el beneficio económico.

     Esta transferencia de fondos no es un fenómeno aislado. En 2025, el Gobierno de Canarias ha incrementado en un 37% la asignación pública a la sanidad privada, hasta alcanzar los 334,8 millones de euros, tal como reportó El Día. En lugar de invertir en reforzar hospitales públicos, contratar personal o mejorar infraestructuras, se derivan millones a un sector cuya lógica no es la salud colectiva, sino la rentabilidad empresarial.

¿MÁS EQUIPAMIENTO, MEJOR SALUD?

     Otro de los puntos que IDIS celebra es que los hospitales privados en Canarias cuentan con el 59% de las resonancias magnéticas y el 51% de los mamógrafos. Se presenta así una imagen de "mayor disponibilidad tecnológica", cuando en realidad lo que esto refleja es una desinversión pública deliberada: al no dotar de recursos suficientes a los hospitales públicos, se fuerza a los ciudadanos a acudir a los privados, bien de forma directa o a través de derivaciones pagadas con fondos públicos.

    Desde la perspectiva de un analisis critico, este fenómeno no es casual ni neutro: es el resultado lógico de una política orientada a convertir los derechos en mercancías. La salud, que debería ser un servicio garantizado a todos por igual, se convierte así en un mercado donde quien puede pagar, accede antes y mejor.

CANARIAS EN EL CONTEXTO NACIONAL

     Aunque Canarias todavía no lidera la privatización sanitaria en España —puesto que ocupan Madrid, Baleares y Cataluña según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública—, su tendencia al alza es clara. Mientras la media nacional de conciertos sanitarios sigue creciendo, Canarias destaca por un aumento especialmente acelerado en los últimos años.

     Este proceso, lejos de mejorar el acceso a la atención, incrementa las desigualdades. Los ciudadanos que no pueden permitirse un seguro privado deben enfrentarse a listas de espera más largas y a una sanidad pública cada vez más debilitada. De este modo, la privatización no solo mercantiliza la salud, sino que fragmenta a la sociedad, dividiendo a la población entre quienes pueden pagar y quienes no.

LOS EFECTOS REALES: ¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE?

     La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha evidenciado que los conciertos públicos mejoran de forma notable la rentabilidad de las clínicas privadas, otorgándoles márgenes de beneficio muy superiores respecto a las que operan sin financiación pública. En otras palabras: las empresas sanitarias privadas tienen en los conciertos una fuente segura de ingresos, a costa del erario público.

    Pero mientras el negocio privado florece, el sistema público languidece. Falta de personal, infraestructuras obsoletas, listas de espera inaceptables y desigualdad de acceso son las consecuencias visibles de un modelo sanitario cada vez más sometido a las leyes del mercado.

  SANIDAD: DERECHO O MERCANCÍA

    Desde la óptica critica, la progresiva privatización de la sanidad no puede interpretarse sino como un proceso de apropiación de lo común por parte del capital. La salud se transforma en un producto sometido a la lógica de la oferta y la demanda. Ya no se trata de garantizar la atención médica como derecho humano, sino de explotar económicamente las necesidades básicas de la población.

   Este proceso, además, retroalimenta la propia privatización: cuanto más debilitado está el sistema público, más ciudadanos recurren a seguros privados, y cuanto más crece la demanda privada, más argumentos encuentran las élites políticas y económicas para justificar nuevos recortes y nuevas externalizaciones.

DEFENDER LO PÚBLICO ES DEFENDER LA VIDA

    Los datos del propio informe de IDIS —que pretende ser una apología de la sanidad privada— revelan, sin quererlo, la gravedad de la situación en Canarias. No estamos ante un modelo de colaboración virtuosa entre lo público y lo privado, sino ante un proceso de transferencia de riqueza pública a intereses privados, que atenta directamente contra el derecho universal a la salud.

    La respuesta debe ser clara: fortalecer el sistema público, acabar con los conciertos sanitarios y garantizar que cada euro de nuestros impuestos se destine a mejorar la atención para todos, no a engordar los beneficios de unos pocos.

    Porque la salud no es un negocio. Es un derecho. Y como tal, debe ser defendido.