TRES ESTADOS AFRICANOS ABANDONAN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL ORG

    Durante décadas, se nos ha dicho que la Corte Penal Internacional (CPI) existe para proteger a la humanidad de los peores crímenes: genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad.

     Sin embargo, los recientes acontecimientos en África Occidental han puesto en entredicho esa promesa. Hace apenas unos días, tres países –Mali, Burkina Faso y Níger– anunciaron su salida oficial de la Corte Penal Internacional, formulando una dura crítica a su funcionamiento y objetivos reales.

    Los tres países, actualmente gobernados por juntas militares tras sucesivos golpes de Estado, acusan a la Corte de actuar con una doble vara de medir, aplicando sus reglas únicamente contra los Estados africanos y protegiendo, en cambio, a los países poderosos del norte global.

    Esta acusación no es nueva, pero sí lo es la contundencia del gesto: abandonar formalmente esa institución.

Para entender este paso, hay que mirar hacia atrás. La CPI fue creada en 2002 con el respaldo del Estatuto de Roma. Se suponía que sería un organismo neutral, independiente, al servicio de la justicia global. Pero desde entonces, casi todos los juicios y condenas han recaído sobre líderes, militares o ciudadanos africanos. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia son miembros. Y cuando estos países cometen violaciones de derechos humanos –como en Irak, Palestina o Chechenia–, la CPI guarda silencio o se declara incompetente.

¿JUSTICIA O INTERVENCIÓN ENCUBIERTA?

      Desde la lógica de estos Estados africanos, la CPI se ha convertido en un instrumento de dominación neocolonial, una manera elegante de justificar sanciones, intervenciones o presiones políticas. Como señalaron en su comunicado conjunto,

  no se puede seguir tolerando que la soberanía de los pueblos africanos sea “pisoteada por intereses geopolíticos extranjeros disfrazados de legalidad internacional”.

    Este tipo de denuncia no es aislada. De hecho, Sudáfrica ya intentó retirarse en 2016 (aunque luego detuvo el proceso) y varios gobiernos africanos han cuestionado públicamente a la Corte en años recientes. Pero lo que cambia ahora es la coordinación política y la coherencia ideológica detrás del gesto. Mali, Burkina Faso y Níger forman parte de la Alianza de Estados del Sahel, una coalición con una creciente narrativa antiimperialista y de recuperación de la soberanía popular, al margen de las estructuras internacionales dominadas por Occidente.

DETRÁS DE LAS CÁMARAS: LA GEOPOLÍTICA DEL DERECHO

      El paso dado por estos países no solo debe leerse como una reacción a los procesos judiciales, sino como parte de una transformación más amplia del panorama internacional. El mundo ya no es unipolar. Nuevos actores como China y Rusia están ofreciendo a estos países alternativas estratégicas, militares y económicas. Y ellos, a su vez, están dejando atrás el modelo  occidental que les fue impuesto tras la descolonización.

    En este contexto, abandonar la CPI se convierte en una afirmación de independencia, un gesto de ruptura con una arquitectura jurídica global que ya no consideran legítima. Es también una forma de interpelar a otras naciones africanas: ¿seguiremos siendo juzgados por tribunales que no juzgan a quienes nos invaden, nos saquean o nos matan de hambre?

¿QUÉ PASARÁ AHORA?

       En términos prácticos, la retirada de estos países no implica que automáticamente queden fuera del alcance de la CPI. Los crímenes cometidos antes de su salida aún podrían ser investigados. Y si el Consejo de Seguridad de la ONU lo decide, podría pedir a la Corte que actúe, como ya ocurrió en Libia. Pero políticamente, la retirada es una bofetada simbólica que expone las debilidades del sistema actual de justicia internacional.  La decisión de Mali, Burkina Faso y Níger no parece ser   solo una reacción defensiva.