EL MOVIMIENTO POR LA VIVIENDA DE TENERIFE LEVANTA LAS TIENDAS Y MANTIENE LA LUCHA
"Hay que transformar la movilización en una organización estable cada vez más poderosa"
El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha decidido levantar la acampada de la Plaza de España y anuncia una nueva etapa de organización. En un comunicado remitido a Canarias-semanal, reclama un plan de emergencia habitacional y plantea ampliar la movilización hasta construir una huelga general.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En una rueda de prensa celebrada este lunes 6 de octubre, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife anunció el levantamiento de la acampada instalada en la Plaza de España de Santa Cruz después de cinco noches de movilización. El colectivo explicó que esta decisión constituye el comienzo de una nueva etapa en la que pretenden transformar el respaldo recibido en organización estable y acciones capaces de hacer frente a la especulación inmobiliaria.
El balance que ofrece el sindicato recoge más de doscientas nuevas personas interesadas en participar en la organización, más de tres mil que se acercaron al campamento para informarse y alrededor de diez mil asistentes a la manifestación celebrada el sábado 3 de octubre en Tenerife.
«La acampada se termina porque la lucha por la vivienda es ahora más fuerte que cuando pusimos la primera caseta», explican.
Su propósito es que esa fuerza no se disperse cuando desaparezcan las tiendas de campaña. "La continuidad -sostienen- dependerá de convertir la indignación compartida en capacidad de intervención sobre un mercado que excluye a una parte creciente de la población".
UN CAMPAMENTO QUE CONSTRUYÓ COMUNIDAD
La acampada, iniciada el miércoles 30 de septiembre, reunió a personas con dificultades para encontrar alojamiento, familias incapaces de afrontar el alquiler y trabajadores cuyos ingresos no permiten acceder a una vivienda.
Según informó el Sindicato, más de doscientas personas participaron en esta experiencia, sostenida por una red vecinal que aportó alimentos, suministros y apoyo cotidiano.
En un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los organizadores destacan que "la solidaridad superó las necesidades del campamento y permitió ofrecer comida y compañía a personas sin hogar que se acercaban a la plaza".
Para el sindicato, esta respuesta "evidencia tanto la capacidad de cooperación de la población como las carencias de las administraciones".
"Mientras se habla de emergencia habitacional -apuntan- siguen siendo las redes comunitarias las que cubren necesidades básicas desatendidas".
El caso de Maricarmen, vinculada al Sindicato de Inquilinas de Madrid, aparece en el comunicado como un detonante de la movilización. Los convocantes subrayan, sin embargo, que su situación no constituye una excepción y citan 1.426 desahucios en Canarias durante el último año, equivalentes a casi cuatro diarios.
El sindicato sitúa el conflicto en la distancia entre los ingresos laborales y el coste de acceder a un techo. Denuncia salarios bajos y aumentos acumulados del alquiler superiores al 120 % en numerosos municipios.
El colectivo señala, igualmente, "la existencia de más de doscientas mil viviendas vacías y unas treinta y cuatro mil personas esperando vivienda pública".
La precariedad residencial está documentada por organizaciones como Cáritas y la Fundación FOESSA. Su informe sobre Canarias distingue entre las más de 560.000 personas en exclusión social —el 25,5 % de la población—, las 218.000 que viven en vivienda insegura y las 342.000 en vivienda inadecuada.
En este escenario, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife cuestiona un modelo que "convierte la vivienda en un activo para invertir y extraer rentas".
"Este modelo - denuncian - beneficia a grandes propietarios, fondos, bancos e inmobiliarias, mientras dificulta la permanencia de quienes viven y trabajan en las islas. Su llamamiento se dirige también a pequeños propietarios que, según señalan, necesitan alquilar una vivienda para complementar salarios insuficientes".
EXIGEN RESPONSABILIDADES AL GOBIERNO CANARIO
El Sindicato dirige sus críticas especialmente al Ejecutivo de Fernando Clavijo, rechaza que el Gobierno autonómico atribuya a Madrid la responsabilidad de resolver el problema y sostiene que Canarias dispone de competencias y herramientas que no está utilizando suficientemente.
En este sentido, denuncian el bloqueo de una nueva ley de vivienda desde hace tres años y cuestionan la aplicación de instrumentos previstos en la legislación canaria, entre ellos la intervención sobre inmuebles deshabitados y las alternativas habitacionales ante desahucios.
Critican, igualmente, la apuesta por modificar la Ley del Suelo para facilitar nuevas construcciones. A su juicio, ampliar la actividad inmobiliaria en un territorio limitado no garantiza que las viviendas resultantes sean accesibles. En la misma línea, rechazan medidas como las ayudas a hipotecas y bonos al alquiler cuando, según su análisis, el dinero público termina sosteniendo precios elevados sin modificar las condiciones del mercado.
TRECE MEDIDAS Y UNA NUEVA ETAPA DE MOVILIZACIÓN
Frente a esa política, reclaman un Plan de Emergencia Habitacional que incorpore las trece medidas propuestas por el sindicato y respaldadas, según indican, por más de cincuenta colectivos. Entre ellas figuran declarar zonas tensionadas, regular alquileres, garantizar contratos indefinidos y recuperar vivienda vacía de grandes propietarios, bancos y fondos.
La propuesta incluye limitar la compra especulativa y las segundas residencias, devolver al uso residencial viviendas turísticas y temporales, ampliar y proteger el parque público y garantizar vivienda pública y alquiler asequible en nuevas promociones. También exigen suspender los desahucios cuando no exista una alternativa digna y ajustada a la economía familiar.
Tras el rechazo parlamentario de las medidas conocidas como «decreto Maricarmen», el Sindicato de Inquilinas advierteque el problema y la organización surgida alrededor de él van a continuar.
Plantean mantener la presión sobre los gobiernos central y autonómico, actuar con independencia de los calendarios electorales y trabajar en la construcción de una huelga general desde abajo.
El levantamiento del campamento en Tenerife deja así una tarea concreta para los activistas sociales: consolidar un movimiento que defienda el acceso universal a la vivienda y pueda sostener esa exigencia más allá de la plaza y de la posible instrumentalización partidaria de esta reclamación esencial de la población trabajadora.
REDACCIÓN CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
En una rueda de prensa celebrada este lunes 6 de octubre, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife anunció el levantamiento de la acampada instalada en la Plaza de España de Santa Cruz después de cinco noches de movilización. El colectivo explicó que esta decisión constituye el comienzo de una nueva etapa en la que pretenden transformar el respaldo recibido en organización estable y acciones capaces de hacer frente a la especulación inmobiliaria.
El balance que ofrece el sindicato recoge más de doscientas nuevas personas interesadas en participar en la organización, más de tres mil que se acercaron al campamento para informarse y alrededor de diez mil asistentes a la manifestación celebrada el sábado 3 de octubre en Tenerife.
«La acampada se termina porque la lucha por la vivienda es ahora más fuerte que cuando pusimos la primera caseta», explican.
Su propósito es que esa fuerza no se disperse cuando desaparezcan las tiendas de campaña. "La continuidad -sostienen- dependerá de convertir la indignación compartida en capacidad de intervención sobre un mercado que excluye a una parte creciente de la población".
UN CAMPAMENTO QUE CONSTRUYÓ COMUNIDAD
La acampada, iniciada el miércoles 30 de septiembre, reunió a personas con dificultades para encontrar alojamiento, familias incapaces de afrontar el alquiler y trabajadores cuyos ingresos no permiten acceder a una vivienda.
Según informó el Sindicato, más de doscientas personas participaron en esta experiencia, sostenida por una red vecinal que aportó alimentos, suministros y apoyo cotidiano.
En un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal, los organizadores destacan que "la solidaridad superó las necesidades del campamento y permitió ofrecer comida y compañía a personas sin hogar que se acercaban a la plaza".
Para el sindicato, esta respuesta "evidencia tanto la capacidad de cooperación de la población como las carencias de las administraciones".
"Mientras se habla de emergencia habitacional -apuntan- siguen siendo las redes comunitarias las que cubren necesidades básicas desatendidas".
El caso de Maricarmen, vinculada al Sindicato de Inquilinas de Madrid, aparece en el comunicado como un detonante de la movilización. Los convocantes subrayan, sin embargo, que su situación no constituye una excepción y citan 1.426 desahucios en Canarias durante el último año, equivalentes a casi cuatro diarios.
El sindicato sitúa el conflicto en la distancia entre los ingresos laborales y el coste de acceder a un techo. Denuncia salarios bajos y aumentos acumulados del alquiler superiores al 120 % en numerosos municipios.
El colectivo señala, igualmente, "la existencia de más de doscientas mil viviendas vacías y unas treinta y cuatro mil personas esperando vivienda pública".
La precariedad residencial está documentada por organizaciones como Cáritas y la Fundación FOESSA. Su informe sobre Canarias distingue entre las más de 560.000 personas en exclusión social —el 25,5 % de la población—, las 218.000 que viven en vivienda insegura y las 342.000 en vivienda inadecuada.
En este escenario, el Sindicato de Inquilinas de Tenerife cuestiona un modelo que "convierte la vivienda en un activo para invertir y extraer rentas".
"Este modelo - denuncian - beneficia a grandes propietarios, fondos, bancos e inmobiliarias, mientras dificulta la permanencia de quienes viven y trabajan en las islas. Su llamamiento se dirige también a pequeños propietarios que, según señalan, necesitan alquilar una vivienda para complementar salarios insuficientes".
EXIGEN RESPONSABILIDADES AL GOBIERNO CANARIO
El Sindicato dirige sus críticas especialmente al Ejecutivo de Fernando Clavijo, rechaza que el Gobierno autonómico atribuya a Madrid la responsabilidad de resolver el problema y sostiene que Canarias dispone de competencias y herramientas que no está utilizando suficientemente.
En este sentido, denuncian el bloqueo de una nueva ley de vivienda desde hace tres años y cuestionan la aplicación de instrumentos previstos en la legislación canaria, entre ellos la intervención sobre inmuebles deshabitados y las alternativas habitacionales ante desahucios.
Critican, igualmente, la apuesta por modificar la Ley del Suelo para facilitar nuevas construcciones. A su juicio, ampliar la actividad inmobiliaria en un territorio limitado no garantiza que las viviendas resultantes sean accesibles. En la misma línea, rechazan medidas como las ayudas a hipotecas y bonos al alquiler cuando, según su análisis, el dinero público termina sosteniendo precios elevados sin modificar las condiciones del mercado.
TRECE MEDIDAS Y UNA NUEVA ETAPA DE MOVILIZACIÓN
Frente a esa política, reclaman un Plan de Emergencia Habitacional que incorpore las trece medidas propuestas por el sindicato y respaldadas, según indican, por más de cincuenta colectivos. Entre ellas figuran declarar zonas tensionadas, regular alquileres, garantizar contratos indefinidos y recuperar vivienda vacía de grandes propietarios, bancos y fondos.
La propuesta incluye limitar la compra especulativa y las segundas residencias, devolver al uso residencial viviendas turísticas y temporales, ampliar y proteger el parque público y garantizar vivienda pública y alquiler asequible en nuevas promociones. También exigen suspender los desahucios cuando no exista una alternativa digna y ajustada a la economía familiar.
Tras el rechazo parlamentario de las medidas conocidas como «decreto Maricarmen», el Sindicato de Inquilinas advierteque el problema y la organización surgida alrededor de él van a continuar.
Plantean mantener la presión sobre los gobiernos central y autonómico, actuar con independencia de los calendarios electorales y trabajar en la construcción de una huelga general desde abajo.
El levantamiento del campamento en Tenerife deja así una tarea concreta para los activistas sociales: consolidar un movimiento que defienda el acceso universal a la vivienda y pueda sostener esa exigencia más allá de la plaza y de la posible instrumentalización partidaria de esta reclamación esencial de la población trabajadora.
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