LOS NIÑOS ROBADOS DEL FRANQUISMO (Y LA "DEMOCRACIA"): LA HERIDA ABIERTA DE LA IMPUNIDAD
Una de las etapas más negras de nuestra historia reciente
Durante décadas, miles de familias españolas —especialmente mujeres pobres, republicanas o solteras— fueron víctimas de sustracción de menores. Canarias no fue ajena a esta tragedia. Mientras las asociaciones de víctimas continúan su lucha por verdad, justicia y reparación, el Estado sigue sin dar una respuesta clara, perpetuando una impunidad que atraviesa generaciones (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante décadas, miles de familias españolas —especialmente mujeres pobres, republicanas o solteras— fueron víctimas de sustracción de menores. Se trató de un fenómeno que, aunque comenzó durante el franquismo, se prolongó tras la llegada del Régimen monárquico del 78. Canarias no fue ajena a esta tragedia. Hoy, mientras las asociaciones de víctimas continúan su lucha reclamando verdad, justicia y reparación, el Estado sigue sin dar una respuesta clara, perpetuando una impunidad que atraviesa generaciones.
Ya en 1940, una ley del régimen franquista otorgaba la patria potestad de los niños internados en centros del Auxilio Social al Estado, facilitando legalmente la desaparición de menores sin el consentimiento materno. Esta normativa institucionalizó la sustracción de hijos de mujeres consideradas “no aptas” por motivos ideológicos, sociales o morales, especialmente si eran republicanas, pobres o solteras.
En muchos casos se crearon verdaderas redes en las que participaron médicos, funcionarios, monjas, jueces y autoridades civiles. Su objetivo era doble: por un lado, “salvar” a los niños del supuesto influjo ideológico de sus familias; por otro, obtener beneficios económicos mediante adopciones ilegales. Esta operación contó con la cobertura de hospitales, parroquias, registros civiles y clínicas privadas, lo que la convirtió en una operación de carácter estructural y masivo.
CANARIAS NO FUE UNA EXCEPCIÓN
El archipiélago también fue escenario de estas prácticas. Desde hace años, el colectivo Sin Identidad, activo en Canarias ha recopilado pruebas, testimonios y documentos que demuestran cómo este crimen se extendió también por las islas. Jorge Rodríguez, su portavoz, ha denunciado que se trata de “una de las etapas más negras de la historia reciente de Canarias”.
Gracias a su presión, en 2019 el Gobierno canario aprobó la Ley 13/2019, reconociendo oficialmente el 30 de agosto como el Día en Memoria de los Menores Robados. Sin embargo, ni esta ley ni otras acciones simbólicas han logrado aún llevar ante la justicia a los responsables de estas desapariciones forzadas.
EL TESTIMONIO COMO PRUEBA DE CARGO
El relato de las víctimas es la principal fuente de reconstrucción de esta historia silenciada.
María José Picó nació en 1962 en el Hospital General de Alicante. Su madre dio a luz a dos niñas. A una le dijeron que había muerto, pero nunca le mostraron el cuerpo. Décadas después, una exhumación reveló que la tumba estaba vacía. Desde entonces, María José no ha cesado de buscar a su hermana.
Irene Meca, por su parte, supo que fue vendida por 25.000 pesetas. “Mi madre adoptiva me lo confesó antes de morir”, explica. Irene fue llevada a Madrid tras nacer, y nunca conoció a su familia biológica. Historias como estas se repiten por todo el Estado.
EL ESTADO ANTE EL ESPEJO
Durante años, las instituciones miraron hacia otro lado. Las primeras denuncias formales comenzaron a llegar en la década del 2000.
En 2011, la Fiscalía General del Estado recibió más de 260 denuncias. Hasta marzo de 2021, se habían abierto 2.138 investigaciones, pero apenas 526 llegaron a ser judicializadas. La gran mayoría se archivó por prescripción, destrucción de pruebas o falta de voluntad institucional.
El caso del doctor Eduardo Vela, procesado en 2018, ejemplifica esta impunidad. Aunque fue acusado de participar en el robo de bebés y de falsificación documental en la Clínica San Ramón de Madrid, el tribunal lo absolvió alegando que los delitos habían prescrito.
Otro caso emblemático es el de sor María Gómez Valbuena, quien falleció antes de poder ser juzgada, pese a las múltiples denuncias en su contra por su participación directa en el “negocio” del robo y venta de bebes.
UNA CUESTIÓN DE MEMORIA Y DE JUSTICIA
Amnistía Internacional ha reiterado que estos crímenes deben considerarse delitos de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción. La Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, reconoce a las víctimas de sustracción ilegal de bebés, pero no establece mecanismos efectivos para sancionar a los culpables o reparar integralmente el daño.
El Consejo de Europa, en 2006, ya había dado el paso de reconocer a los llamados “niños perdidos” como víctimas del franquismo, subrayando que el robo de bebés formaba parte de un sistema de represión política y control social que debía ser abordado judicialmente.
Organizaciones como Sin Identidad en Canarias o Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, en el resto del Estado, han creado bancos de ADN, promovido investigaciones independientes y mantenido viva la memoria.
“Lo que no quiere investigar la justicia, lo documentaremos nosotras”, afirma al respecto Jorge Rodríguez. Su labor es imprescindible ante un Estado que sigue sin actuar con la firmeza necesaria.
Hoy, miles de adultos viven con dudas sobre su identidad. Y miles de madres —algunas vivas, muchas ya fallecidas— murieron sin saber qué fue de sus hijos. La sociedad tiene una deuda pendiente con todas ellas.
VÍDEO RELACIONADO:
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Durante décadas, miles de familias españolas —especialmente mujeres pobres, republicanas o solteras— fueron víctimas de sustracción de menores. Se trató de un fenómeno que, aunque comenzó durante el franquismo, se prolongó tras la llegada del Régimen monárquico del 78. Canarias no fue ajena a esta tragedia. Hoy, mientras las asociaciones de víctimas continúan su lucha reclamando verdad, justicia y reparación, el Estado sigue sin dar una respuesta clara, perpetuando una impunidad que atraviesa generaciones.
Ya en 1940, una ley del régimen franquista otorgaba la patria potestad de los niños internados en centros del Auxilio Social al Estado, facilitando legalmente la desaparición de menores sin el consentimiento materno. Esta normativa institucionalizó la sustracción de hijos de mujeres consideradas “no aptas” por motivos ideológicos, sociales o morales, especialmente si eran republicanas, pobres o solteras.
En muchos casos se crearon verdaderas redes en las que participaron médicos, funcionarios, monjas, jueces y autoridades civiles. Su objetivo era doble: por un lado, “salvar” a los niños del supuesto influjo ideológico de sus familias; por otro, obtener beneficios económicos mediante adopciones ilegales. Esta operación contó con la cobertura de hospitales, parroquias, registros civiles y clínicas privadas, lo que la convirtió en una operación de carácter estructural y masivo.
CANARIAS NO FUE UNA EXCEPCIÓN
El archipiélago también fue escenario de estas prácticas. Desde hace años, el colectivo Sin Identidad, activo en Canarias ha recopilado pruebas, testimonios y documentos que demuestran cómo este crimen se extendió también por las islas. Jorge Rodríguez, su portavoz, ha denunciado que se trata de “una de las etapas más negras de la historia reciente de Canarias”.
Gracias a su presión, en 2019 el Gobierno canario aprobó la Ley 13/2019, reconociendo oficialmente el 30 de agosto como el Día en Memoria de los Menores Robados. Sin embargo, ni esta ley ni otras acciones simbólicas han logrado aún llevar ante la justicia a los responsables de estas desapariciones forzadas.
EL TESTIMONIO COMO PRUEBA DE CARGO
El relato de las víctimas es la principal fuente de reconstrucción de esta historia silenciada.
María José Picó nació en 1962 en el Hospital General de Alicante. Su madre dio a luz a dos niñas. A una le dijeron que había muerto, pero nunca le mostraron el cuerpo. Décadas después, una exhumación reveló que la tumba estaba vacía. Desde entonces, María José no ha cesado de buscar a su hermana.
Irene Meca, por su parte, supo que fue vendida por 25.000 pesetas. “Mi madre adoptiva me lo confesó antes de morir”, explica. Irene fue llevada a Madrid tras nacer, y nunca conoció a su familia biológica. Historias como estas se repiten por todo el Estado.
EL ESTADO ANTE EL ESPEJO
Durante años, las instituciones miraron hacia otro lado. Las primeras denuncias formales comenzaron a llegar en la década del 2000.
En 2011, la Fiscalía General del Estado recibió más de 260 denuncias. Hasta marzo de 2021, se habían abierto 2.138 investigaciones, pero apenas 526 llegaron a ser judicializadas. La gran mayoría se archivó por prescripción, destrucción de pruebas o falta de voluntad institucional.
El caso del doctor Eduardo Vela, procesado en 2018, ejemplifica esta impunidad. Aunque fue acusado de participar en el robo de bebés y de falsificación documental en la Clínica San Ramón de Madrid, el tribunal lo absolvió alegando que los delitos habían prescrito.
Otro caso emblemático es el de sor María Gómez Valbuena, quien falleció antes de poder ser juzgada, pese a las múltiples denuncias en su contra por su participación directa en el “negocio” del robo y venta de bebes.
UNA CUESTIÓN DE MEMORIA Y DE JUSTICIA
Amnistía Internacional ha reiterado que estos crímenes deben considerarse delitos de lesa humanidad, lo que impediría su prescripción. La Ley de Memoria Democrática, recientemente aprobada, reconoce a las víctimas de sustracción ilegal de bebés, pero no establece mecanismos efectivos para sancionar a los culpables o reparar integralmente el daño.
El Consejo de Europa, en 2006, ya había dado el paso de reconocer a los llamados “niños perdidos” como víctimas del franquismo, subrayando que el robo de bebés formaba parte de un sistema de represión política y control social que debía ser abordado judicialmente.
Organizaciones como Sin Identidad en Canarias o Todos los Niños Robados Son También Mis Niños, en el resto del Estado, han creado bancos de ADN, promovido investigaciones independientes y mantenido viva la memoria.
“Lo que no quiere investigar la justicia, lo documentaremos nosotras”, afirma al respecto Jorge Rodríguez. Su labor es imprescindible ante un Estado que sigue sin actuar con la firmeza necesaria.
Hoy, miles de adultos viven con dudas sobre su identidad. Y miles de madres —algunas vivas, muchas ya fallecidas— murieron sin saber qué fue de sus hijos. La sociedad tiene una deuda pendiente con todas ellas.
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Chorche | Miércoles, 28 de Mayo de 2025 a las 11:53:39 horas
...Si han robado niñas/os en su modélica democracia es por el mismo motivo por el que se ha seguido torturando en los calabozos o sigue habiendo presos políticos o por qué nuestras viejas y viejos siguen tirados en cunetas. Jamás hubo ni una depuración ni una ruptura en ese artificio sonrojante que llaman Transición. No se fueron, son los mismos, por donde pasan esquilman: fascistas, clasistas, misóginos, de mil sectas nacionalcatólicas y profundamente anticomunistas, en todo el amplio espectro ideológico que jamás han sido capaces ni de comprender. Los del atado, bien atado y, cómo no, los de las imprescindibles connivencias.
El Estado español es ese lugar mágico fuera del espacio y del tiempo en el que te acuestas fascista y te levantas demócrata. Nadie sabe que pasa entre medias, si es un ictus o fruto de una aparición mariana, pero se cree fervientemente en ello. Si hasta la década de los 90, en plena ‘democracia’, se ha continuado robando niñas/os de la clase obrera es, sencillamente, porque eso que llaman ‘franquismo sociológico’ existe y persiste, tiene piel, huesos y putrefacta el ‘alma’, porque siguen ocupando los puestos de poder y practicando el corporativismo, porque siempre lo han hecho, porque pueden, porque tienen esa soberbia impunidad que da saberse los amos del cortijo, bendecida de manera insultante por ese pacto de silencio y olvido impuesto del ‘pelillos a la mar’ de una parte de la progresía patria.
Se instauró un cerramiento a cielo abierto, ampliándose y normalizando un omnipresente ojo patriarcal nacionalcatólico que impregnó hasta el último rincón de las instituciones del Estado fascista, gestionadas mayoritariamente en el ámbito de lo ‘social’ por multitud de congregaciones religiosas, cada cuál más integrista, y con la capacidad de valorar y el poder de decidir directamente sobre la vida de tantas mujeres subalternas y la de sus hijas. Esta es la razón por la que la desaparición forzada de niños en el Estado español fue tan masiva e institucionalizada....
Robo de bebés en el Estado español (El Salto)
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