VIVIENDA EN CANARIAS: EL NEGOCIO DE LOS GRANDES TENEDORES AGRAVA LA CRISIS HABITACIONAL

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 Como en el resto del Estado español, el parque inmobiliario se ha convertido en un lucrativo negocio que se encuentra en manos de en manos de grandes inversores.

    En 2024, el 40,07% de las nuevas viviendas registradas en el Archipiélago pasaron a formar parte de propietarios con cinco o más casas. Esta cifra marca un récord y refleja una tendencia en la que los pequeños propietarios quedan cada vez más desplazados, mientras las grandes empresas y fondos de inversión acaparan el parque inmobiliario.

  Desde 2014, las inmatriculaciones de pequeños tenedores (con uno o dos inmuebles) han caído un 40,43%, en paralelo con el ascenso de grandes tenedores. En un contexto donde el acceso a la vivienda es cada vez más limitado, los residentes de Canarias enfrentan una realidad donde deben competir por un hogar con grandes actores del mercado.

La mercantilización de la vivienda y el auge de los grandes fondos

   Este fenómeno, lejos de ser exclusivo de Canarias, se extiende a todo el Estado español, donde la vivienda ha dejado de concebirse como un bien social para consolidarse como un producto de inversión.

   Esta transformación, impulsada por la crisis económica de 2008, abrió la puerta a los fondos de inversión internacionales. Uno de los casos más representativos es el del fondo estadounidense Blackstone, que desde su entrada en el mercado en 2013 ha acumulado una cartera de alrededor de 60.000 viviendas en el Estado español. En su mayoría, estas propiedades están destinadas al alquiler, y su gestión se realiza a través de filiales como Testa Home, Anticipa y Aliseda?

   El modelo de negocio de estos fondos se basa en comprar grandes volúmenes de inmuebles, lo que les permite mantener precios altos de alquiler y desplazar a los pequeños propietarios. Esta estrategia ha sido posible, entre otras razones, gracias a la figura de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que gozan de beneficios fiscales significativos. Blackstone, junto con otras SOCIMIs como Azora, Cerberus y el banco CaixaBank, controla un 4,4% de todas las viviendas en alquiler en el Estado español

Testimonios de la crisis habitacional

   Para muchos ciudadanos, esta mercantilización de la vivienda significa la pérdida de su hogar o la imposibilidad de encontrar uno asequible. Alvard Safrazyan, quien fue desahuciada en Barcelona, es un ejemplo de los efectos de estas políticas de inversión. Tras perder su empleo en la crisis de 2008, su hipoteca fue vendida a Anticipa, una filial de Blackstone, lo que acabó en un desahucio. Su caso ilustra cómo estas adquisiciones masivas convierten a las viviendas en activos destinados a generar beneficios para grandes inversores, mientras miles de familias pierden su acceso a un techo

    Por su parte, Jordi González, doctor en Sociología, observa que el problema se intensifica porque los compradores actuales no son familias en busca de un hogar, sino grandes inversores con una lógica empresarial:

    “Cuando tú vas a comprar una casa, no compites con tu vecino, sino con un inversor que organiza esa vivienda en parámetros de especulación”.

   Esta realidad genera una competencia desigual, donde los grandes fondos tienen acceso a recursos y economías de escala que dificultan aún más el acceso a la vivienda para los pequeños tenedores y ciudadanos comunes?

Canarias y el modelo de vivienda como negocio

   En el caso específico de Canarias, la escasez de viviendas para residentes se agrava debido al auge de los alquileres vacacionales y el interés de los grandes inversores en las zonas de alta demanda turística.

    En 2023, los pequeños propietarios en Canarias apenas sumaron el 45,97% de las nuevas inscripciones catastrales, mientras las sociedades mercantiles, especialmente aquellas con cinco o más inmuebles, acumulan el 34,52%. Los fondos de inversión, atraídos por las ventajas fiscales y el valor añadido del turismo, han encontrado en las islas un territorio propicio para maximizar sus beneficios, muchas veces en detrimento de los habitantes locales.

   Frente a esta situación, el Gobierno de Canarias ha impulsado medidas centradas en la construcción de viviendas. Sin embargo, esta apuesta, respaldada por fondos europeos y estatales, ha sido insuficiente para contrarrestar la presión del mercado. Hasta el momento, los resultados de estas políticas son limitados: en 2023 solo se construyeron 1.338 viviendas, y ninguna de ellas fue de protección oficial.

   Expertos como Ángela García Bernardos advierten que, sin regulaciones adicionales como la limitación de precios o la intervención en el mercado de viviendas vacías, la construcción no resolverá la crisis habitacional.

El papel de las SOCIMIs en la expulsión de residentes

   Las SOCIMIs y otros fondos de inversión han adquirido miles de viviendas aprovechando sus beneficios fiscales y el modelo de economía de escala. Esta estructura empresarial no solo facilita el aumento de precios, sino que también permite mantener las viviendas en su cartera para negociar el mercado de acuerdo con la demanda turística y económica de cada región. En Canarias, el crecimiento de estas adquisiciones por SOCIMIs ha alcanzado niveles alarmantes, donde una vivienda de cada tres registradas en el último año pertenece a estos grandes tenedores.

   La estrategia de las SOCIMIs y fondos como Blackstone ha sido comprar inmuebles a bajo costo, especialmente durante las crisis económicas, y gestionar el acceso a la vivienda como un negocio.

   Para abordar esta problemática, diversos especialistas han propuesto regulaciones que prioricen el derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos.

   Jordi González y Ángela García Bernardos coinciden en que es necesario implementar medidas como la regulación de los precios de alquiler y una fiscalización más estricta de las viviendas en manos de grandes tenedores.

   Según Bernardos, “la construcción de vivienda no trae consigo elementos de abaratamiento a no ser que venga acompañada de otras medidas que atenúen el crecimiento de los precios”.

    Esto implicaría intervenir en el mercado de viviendas vacías y limitar el crecimiento del parque inmobiliario en manos de grandes fondos, medidas que podrían frenar el impacto negativo que estos grandes tenedores tienen en el acceso a la vivienda.