MÁS DE MIL PERSONAS ATRAPADAS EN HOSPITALES CANARIOS TRAS RECIBIR EL ALTA

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Más de mil personas con el alta médica siguen ingresadas en hospitales públicos y concertados de Canarias. La noticia ha sido dada a conocer por el sindicato Asamblea7Islas, que ha remitido un escrito al Parlamento canario exigiendo medidas urgentes. A simple vista, parece un problema de logística hospitalaria. Pero si observamos con una lupa marxista, lo que aflora es mucho más grave: una Sanidad Pública al borde del colapso por décadas de políticas de desinversión, mercantilización y abandono estructural de los sectores más vulnerables.

   Las personas que ocupan esas camas no están ahí porque quieran. La mayoría son personas mayores con enfermedades crónicas, con dependencia severa o sin redes familiares capaces de asumir sus cuidados. Ya no necesitan tratamiento hospitalario, pero tampoco pueden regresar a casa. No tienen a dónde ir. La ausencia de una red sólida de atención sociosanitaria —residencias, centros de media estancia o servicios domiciliarios dignos— las condena a permanecer donde no deberían: en un hospital que necesita urgentemente liberar esas camas para nuevos pacientes.

   Este fenómeno no es casual ni nuevo. En 2022 ya se reguló la derivación de estos pacientes hacia centros sociosanitarios de tránsito. Pero la realidad muestra que esa medida fue solo un parche. La escasez de plazas, la saturación del personal y la falta de inversión efectiva han hecho que la situación siga empeorando. Las consecuencias son evidentes: urgencias colapsadas, listas de espera quirúrgicas interminables y profesionales agotados que ven cómo se deteriora día a día la atención que pueden ofrecer.

    Esta situación no puede entenderse sin analizar las relaciones sociales de producción que estructuran nuestro sistema sanitario. La Sanidad Pública, aunque constitucionalmente reconocida como un derecho, ha sido gestionada bajo lógicas de mercado, orientadas a la eficiencia económica antes que al bienestar colectivo. La salud, en este contexto, se convierte en una mercancía: se mide por costes y rentabilidad, no por su impacto social.

   Canarias, una de las comunidades con menor inversión sanitaria por habitante del Estado español, es un ejemplo paradigmático de este modelo. El resultado es un sistema incapaz de responder con dignidad a las necesidades reales de su población. Y más aún cuando se trata de personas mayores, dependientes o sin recursos. Es decir, aquellos que el capital considera improductivos.

   La ocupación de camas por parte de pacientes con alta médica no solo es un síntoma de saturación. Es, sobre todo, el reflejo de un modelo que margina a quienes no pueden pagar cuidados privados, y que no invierte en alternativas públicas por considerarlas “poco rentables”. Bajo esta lógica, los hospitales se convierten en espacios de contención forzada para quienes han sido expulsados del sistema.

  La crítica que emerge desde el movimiento obrero y los sindicatos, como Asamblea7Islas, es clara: este problema no puede seguir siendo silenciado ni postergado. Porque no es una anécdota. Es un retrato nítido del fracaso de las políticas neoliberales aplicadas a la sanidad. Y también, del desprecio estructural a los cuidados.

   No hay soluciones técnicas a un problema político. El Gobierno de Canarias ha anunciado inversiones para abrir más plazas sociosanitarias. Pero los expertos advierten que estas medidas son insuficientes si no se acompañan de un plan integral que fortalezca los servicios públicos y acabe con la precariedad laboral que sufre el personal sanitario y asistencial. En otras palabras: necesitamos una reestructuración profunda del modelo de cuidados, basada en el derecho universal a la salud y no en criterios de rentabilidad.

  En el fondo, lo que está en juego no es solo la eficiencia hospitalaria. Es una batalla ideológica: ¿entendemos la salud como un derecho colectivo o como un bien de consumo para quienes puedan pagarlo? ¿Asumimos como sociedad que cuidar a nuestros mayores y dependientes es una responsabilidad común o lo dejamos en manos de la caridad y el negocio privado?

   El colapso de camas en los hospitales canarios no es un error de planificación. Es una consecuencia directa de décadas de desmantelamiento de los servicios públicos. Es el resultado de haber subordinado la salud al capital. Y es, sobre todo, un recordatorio urgente de que necesitamos otro modelo: uno que ponga la vida en el centro, y no el beneficio económico.

   Hoy, más que nunca, toca levantar la voz por una sanidad pública fuerte, gratuita, universal y verdaderamente accesible. Toca exigir que nadie más quede atrapado en una cama hospitalaria por falta de alternativas. Porque lo que está ocurriendo en Canarias no es una excepción. Es la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda. Y su solución no vendrá de los despachos, sino de la movilización social.