LOS ASALARIADOS YA NECESITAN CARIDAD PARA NO DORMIR EN LA CALLE

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

  La llamada, eufemísticamente, "precariedad habitacional" ha llegado a unos límites que hasta hace unos pocos años resultaban impensables. Quien realiza esta contundente es la ONG católica Caritas Diocesana, refiriéndose, concretamente, a la situación que se vive actualmente en la provincia de Las Palmas.

  A través de un comunicado, la ONG ha apuntado que si tradicionalmente ya dedicaba parte de sus recursos al capítulo vivienda, hoy casi el 40 % de sus partidas están siendo absorbidas por esa área crítica.

   La demanda de ayudas para asegurar un techo es creciente. Y no sólo entre desempleados. Cada vez son más los trabajadores cuyos salarios no les permiten siquiera costear una vivienda digna y deben recurrir a la caridad para acceder a un techo bajo el que poder cobijarse. 

  Este no es, en cualquier caso, un fenómeno localizable solamente en esta provincia canaria. Se trata, por el contrario, de un problema creciente que afecta a todo el Estado.

  La vivienda, lejos de ser un derecho, se ha convertido en una mercancía sometido a la lógica del mercado, donde los que no pueden competir, quedan fuera de manera inmisericorde.

CANARIAS: LA CRISIS QUE YA NO PERMITE ESCAPATORIOS

  La realidad en Canarias es particularmente dramática. Se habla de más de 200.000 viviendas vacías, muchas en manos de fondos buitres, bancos o grandes promotores, mientras cerca de 180.000 residentes esperan acceso a vivienda digna.

  En el primer trimestre de 2025 se detectó que apenas quedan 69 viviendas en alquiler por debajo de 600 €/mes en todo el archipiélago, lo que muestra el grado extremo de inversión especulativa del parque inmobiliario.

   Ese contraste entre abundancia física (viviendas vacías) y acceso efectivo (casi nulo) señala que el problema no es de recursos, sino de poder: quién posee, quién administra, quién decide. En efecto, el “programa de vivienda vacía” de Canarias tenía una previsión presupuestaria creciente para 2025, pero su ejecución efectiva ha sido casi simbólica: de 85 viviendas ofrecidas sólo 1 estaba arrendada efectivamente, y decenas de expedientes archivados por desistimientos, trabas técnicas o falta de voluntad política.

  Este desfase entre lo que se promete y lo que se hace conlleva erosión de la confianza y mera terapia paliativa para un problema que exige transformación estructural.

  Además, en Canarias la desigualdad no solo es de rentas, sino también de inversión: los hogares con rentas más altas concentran sus recursos en activo inmobiliario, promoviendo la subida de precios y encareciendo el acceso para el resto.

  Canarias también presenta el mayor déficit habitacional del país: entre 2021 y 2023 apenas se construyeron 7.900 viviendas, lo que supone una tasa de edificación por hogar del 0,31 %. Esa falencia estructural de producción de vivienda pública o asequible agrava el embudo que obliga a cientos de miles a competir en el mercado libre con ingresos estancados o deficitarios.

ESPAÑA: UNA VIVIENDA PARA QUIEN PUEDA PAGARLA

  Pero el caso canario se reproduce en la mayor parte del Estado español.   Las cifras revelan que hoy más de 8,5 millones de personas viven en condiciones de “exclusión residencial”: 3,7 millones en viviendas inseguras o bajo amenaza de desalojo, y 4,8 millones en hogares inadecuados, ya sea por hacinamiento, déficit de habitabilidad o insalubridad.

  El parque público de vivienda en España representa menos del 2 % del total, una proporción muy inferior a la media europea (alrededor del 9 %) que evidencia cómo el Estado ha dejado al mercado privado un rol hegemónico en provisión de vivienda.

  El Banco de España ha alertado que casi la mitad de los que viven de alquiler están en riesgo de pobreza, empaquetando la desigualdad como una ecuación inevitable del sistema.

   Las cifras de emancipación juvenil también son inapelables. La precariedad laboral y el encarecimiento de la vivienda han reducido las posibilidades reales de independencia para generaciones jóvenes. Todo ello revela que la crisis de la vivienda no es un accidente coyuntural ni un efecto secundario de la inflación. Es una pieza central del orden económico contemporáneo. Donde convergen la financiarización de lo urbano, la concentración del suelo y la vivienda como activo de inversión, y la redistribución regresiva de renta hacia las clases dominantes.

CLASES SOCIALES, VIVIENDA Y CONFLICTO

  En esta ecuación el factor clave es la relación entre quienes poseen (o controlan) bienes inmuebles y quienes dependen del alquiler o financiamiento para acceder a ellos. En un sistema donde la ganancia capitalista aprovecha el derecho básico al techo, la vivienda termina estrangulando a quienes no pueden internalizar su lógica.

 Cuando Cáritas afirma que hay trabajadores que no alcanzan a pagar un techo digno con su salario, eso está hablando de un contrato social roto: la remuneración del trabajo no garantiza lo más elemental de la reproducción humana.

  La vivienda, que debería reivindicarse como derecho social, se ha convertido en mercancía globalizable.

  Los capitales financieros —fondos, bancos, grandes promotores— extraen renta de ella, generando inflación permanente del suelo y rentas inmobiliarias crecientes. Por tanto, los pobres no batallan por cuotas públicas benéficas, sino por reconstruir su capacidad de resistencia en medio de una ofensiva que va a fondo contra la estabilidad material de las familias populares.

 EL ESTADO: NO CÓMPLICE, SINO INSTRUMENTO DIRECTO DE LA ESPECULACIÓN

  El Estado no ha sido un actor pasivo de esta lógica de mercado. Ha sido su principal herramienta. Lejos de desafiar el modelo que mercantiliza el derecho a la vivienda, todos los gobiernos —sin excepción— han legislado para consolidarlo. Las leyes hipotecarias, las desregulaciones del alquiler, las ayudas fiscales a los grandes tenedores, la parálisis deliberada de la construcción de vivienda pública: todo ha estado orientado a garantizar la rentabilidad del capital inmobiliario.

   En Canarias, por ejemplo, el 85 % de las viviendas de nueva construcción no están destinadas a cubrir necesidades sociales reales, sino a alimentar un mercado turístico descontrolado o inversiones especulativas. Cuando se propone una mínima regulación —como el intento de frenar la expansión de las viviendas turísticas—, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) actúa de inmediato, no como árbitro, sino como defensora del “derecho” de los inversores a seguir extrayendo rentas de un bien social.

  Las promesas gubernamentales de construir miles de viviendas públicas quedan, año tras año, en titulares vacíos. No se trata de simples demoras administrativas, sino de una elección consciente: mantener el suelo urbano, la vivienda y el alquiler bajo el dominio del capital privado. Sin expropiación de viviendas vacías, sin control público del alquiler, sin una producción masiva de vivienda pública destinada realmente a los sectores populares, no hay solución estructural posible. Las cifras de construcción real lo demuestran: ni en Canarias ni en el resto del Estado se está construyendo lo que se necesita, ni para quien lo necesita.

SÍ HAY ALTERNATIVA

   Lo que Cáritas advierte en Las Palmas —esa “imposibilidad impensable” de acceder a una vivienda digna incluso trabajando— es apenas una manifestación visible de un mecanismo social profundamente violento. Como descubriera Karl Marx hace más de siglo y medio, el capitalismo convierte en mercancía todo lo que toca.

   “No queda nada sagrado” -escribió Marx, ofreciendo la descripción más acertada de este sistema económico -   “todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado y el hombre, por fin, se ve forzado a enfrentarse con condiciones de existencia y con sus relaciones mutuas con sobria sensatez”.

  No puede sorprender, pues que la vivienda, en este orden social, haya dejado de ser un derecho para convertirse en una fuente privilegiada de acumulación financiera. Es una mercancía más, pero una que resulta vital para la reproducción cotidiana de la vida.  Por eso, su control por parte del capital genera un chantaje estructural sobre millones de trabajadores: pagar o caer en la exclusión social. 

   En Canarias, esa disputa atraviesa a decenas de miles de personas atrapadas entre salarios bajos, alquileres desorbitados y un parque inmobiliario diseñado para satisfacer al turista o al fondo inversor, no al trabajador. Miles de viviendas permanecen vacías mientras se continúan los desalojos, las colas para ayudas de emergencia y los discursos institucionales cargados de promesas huecas.

   Pero aunque parezca que no hay salida, la historia demuestra lo contrario. Toda lógica de dominación ha sido desafiada cuando la organización social ha roto su inercia. La lucha por la vivienda —como ya ocurre en barrios, sindicatos de inquilinas y plataformas por el derecho al techo— no es una batalla menor. Es una línea de confrontación directa entre las necesidades humanas y los intereses del capital. Recuperar el hogar como derecho, y no como mercancía, es una de las tareas ineludibles para cualquier proyecto emancipador que aspire a a construir una sociedad digna en este siglo XXI.