EL DECRETO DE LA EXCLUSIÓN: CUANDO LA BUROCRACIA CONTRA LOS DEPENDIENTES DE CANARIAS

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En abril de 2025, el Gobierno de Canarias aprobó el Decreto 46/2025 con la promesa de simplificar los trámites para acceder al sistema de atención a la dependencia. Su objetivo oficial: reducir la burocracia y agilizar los tiempos de espera. Sin embargo, apenas unos meses después de su entrada en vigor, trabajadores sociales, técnicos de la administración y colectivos profesionales han encendido las alarmas: lejos de aligerar la carga, el nuevo decreto impone un modelo que expulsa a los más vulnerables del sistema, precariza los cuidados y convierte los derechos sociales en una carrera de obstáculos.

LA BUROCRACIA COMO INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN

   El análisis del decreto no puede quedarse en la superficie administrativa. Desde una mirada marxista, la norma representa un paso más en la lógica del Estado burgués que, en lugar de garantizar derechos, los administra con criterios de coste-beneficio. Bajo la ideología tecnocrática del “rendimiento”, la atención a la dependencia deja de ser un derecho social basado en las necesidades colectivas y pasa a gestionarse como una operación técnica, donde el sujeto dependiente es tratado como expediente, y no como persona.

  La carga burocrática, lejos de reducirse, se ha trasladado directamente a las familias. Son ellas —ya de por sí sobrecargadas por el trabajo reproductivo y de cuidados, invisibilizado históricamente por el capital— las que ahora deben aportar una avalancha de documentación económica, médica y social incluso antes de saber si serán reconocidas como dependientes. Así, el Estado externaliza en los hogares trabajadores su propia ineficiencia estructural.

UN PROCEDIMIENTO EXCLUYENTE POR DISEÑO

   El nuevo decreto ha eliminado elementos clave del proceso de evaluación como el informe social y el análisis del entorno. Estos componentes no eran meros trámites: eran la garantía de que la situación vital de la persona solicitante fuera valorada en su contexto, con criterios humanos y no solo estadísticas. Al desaparecer, el procedimiento se convierte en un proceso ciego a las desigualdades estructurales, especialmente aquellas que afectan a mujeres cuidadoras, personas migrantes o en situación de pobreza.

  Además, se obliga a las familias a elegir inmediatamente, tras la valoración del grado de dependencia, qué servicio o prestación desean recibir. Sin orientación profesional ni tiempo para comprender las opciones, muchas de ellas se ven forzadas a tomar decisiones determinantes en un contexto de estrés y desinformación. Esta imposición de inmediatez no responde a la lógica del cuidado, sino a la lógica del expediente cerrado.

LA DESPROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA

  Otro de los cambios criticados es la delegación de funciones técnicas en personal sin formación específica. Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela una tendencia preocupante: el vaciamiento profesional del sistema de atención, lo que facilita decisiones arbitrarias, errores administrativos y, en última instancia, injusticias que pueden dejar a personas sin acceso a derechos fundamentales.

  Desde el propio personal técnico de la Dirección General de Dependencia se han denunciado las consecuencias de esta desprofesionalización: inequidad, inseguridad jurídica y vulneración del principio de legalidad. El procedimiento unificado en una sola visita domiciliaria impide una evaluación completa y reflexiva, condenando al fracaso la promesa de una atención personalizada.

EL ESTADO TECNÓCRATA Y LA INVISIBILIDAD DE LOS CUIDADOS

   El Gobierno defiende el decreto como una medida de simplificación administrativa, necesaria para reducir una espera media de 543 días. Pero esta argumentación obvia el fondo del problema: la falta crónica de recursos humanos, la infrafinanciación estructural del sistema y el abandono institucional de las redes públicas de cuidados.

   En lugar de fortalecer el sistema con más inversión pública, formación profesional y planificación a largo plazo, se opta por una estrategia de racionalización que desplaza la carga sobre las espaldas ya agotadas de las familias trabajadoras. Se impone así una lógica neoliberal de eficiencia, que no busca atender mejor, sino atender menos y más barato.

  La consecuencia inmediata es el colapso de los servicios sociales municipales. Las nuevas exigencias documentales, la ausencia de acompañamiento profesional y la necesidad de justificar cada demora provocan una avalancha de demandas en los ayuntamientos, desbordando su ya precaria capacidad operativa.

DERECHOS VACIADOS, CUIDADOS MERCANTILIZADOS

   Como bien señala el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, “la atención social no se puede cambiar por dinero”. Pero eso es, precisamente, lo que hace este decreto: sustituye el cuidado público, colectivo y profesional por un modelo individualista y descontextualizado, en el que las prestaciones económicas aparecen como la única salida. El Estado no asume su responsabilidad de cuidar, sino que paga para que otros lo hagan —en condiciones casi siempre precarias y desiguales.

  La lógica de este modelo no es accidental: responde a un patrón estructural en el que las necesidades vitales de la clase trabajadora —salud, cuidados, vivienda, educación— se subordinan a los imperativos del capital. El cuidado se convierte en mercancía, el derecho en trámite, y el Estado en gestor de una escasez programada.