28 OCTOGENARIOS POSEEN LA MITAD DE LA RIQUEZA DE TODA ESPAÑA

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

    En un artículo publicado este domingo por Andrés Rodríguez en el diario madrileño El País, titulado “La mitad de la riqueza en España la tienen 28 octogenarios”, se expone con crudeza un dato que debería escandalizar a cualquier conciencia mínimamente ética.

   De acuerdo a las estadísticas del estudio elaborado por el “Observatorio de Desigualdad de CaixaBank Research”, el 1% más rico en España concentra cerca del 17% del total del patrimonio neto del país, mientras que el 50% más pobre apenas posee un 7%.

    Pero lo que resulta todavía más alarmante es que la mitad de la riqueza financiera está en manos de tan solo 28 personas, todas mayores de 80 años.

   Según afirma el autor del artículo, esta élite de multimillonarios representa una casta casi fosilizada que ha amasado —y sobre todo, retenido— una riqueza descomunal en un país con una tasa de pobreza estructural que afecta a más del 20% de su población.

    El informe al que hace referencia subraya que el grueso de la concentración se da en forma de depósitos, acciones y fondos, elementos financieros inalcanzables para la mayoría de la población, que apenas logra cubrir gastos básicos como la vivienda o la alimentación.

    De acuerdo a lo expresado por Andrés Rodríguez, esta realidad no solo refleja un problema económico, sino que revela el fracaso de las políticas redistributivas y el colapso de la justicia fiscal.

    A pesar de la retórica sobre “recuperaciones económicas” o “estabilidad financiera”, lo cierto es que la riqueza no se crea para todos, sino que se hereda, se concentra y se protege mediante estructuras jurídicas y políticas pensadas para ello.

   El artículo en cuestión señala, por ejemplo, que la vivienda es el único activo relevante para las clases trabajadoras, mientras los ricos diversifican sus fortunas con instrumentos financieros y empresariales.

   Según asegura el periodista, la mayor parte de estos multimillonarios tienen su fortuna protegida a través de herencias y patrimonios familiares, lo que evidencia una sociedad profundamente estamentalizada, donde el ascenso social es más un mito que una posibilidad. La conclusión es tan clara como demoledora: la desigualdad en España no solo existe, sino que se institucionaliza.

    El artículo también recoge que la brecha de género se manifiesta también en esta concentración: los hombres son mayoría entre los poseedores del gran capital, mientras las mujeres concentran menos propiedades y activos financieros, reforzando un esquema estructural de desigualdad que atraviesa la clase y el género.

    En este contexto, ¿qué papel desempeña el Estado? Según el informe citado por el autor, el sistema fiscal español, lejos de corregir esta injusticia, la agrava. El diseño de impuestos como el IRPF, el IVA o el de sociedades beneficia a los grandes capitales, penaliza el consumo popular y apenas grava las grandes fortunas. Además, el autor señala que el impuesto de sucesiones, que podría limitar la concentración patrimonial, se encuentra desmantelado en varias comunidades autónomas.

    De acuerdo a lo expresado por Rodríguez, esta situación de hiperconcentración no solo genera desigualdad, sino que también amenaza la estabilidad democrática. Un país donde 28 personas controlan la mitad del poder financiero es un país donde el poder político, por mucho que se elija en las urnas, se encuentra sometido a la voluntad de una oligarquía envejecida y opaca.

    La meritocracia, la igualdad de oportunidades y la justicia social quedan reducidas a eslogans vacíos cuando la estructura económica las contradice cada día.  Frente a esta realidad, la urgencia de reformas profundas no puede seguir postergándose. La fiscalidad progresiva, la transparencia financiera, la regulación de las grandes fortunas y una política pública de redistribución efectiva son medidas mínimas, concluye diciendo el articulista.