VENEZUELA: WASHINGTON PREMIA A JORGE RODRÍGUEZ, EL GOBIERNO "ENCARGADO" ALABA A LA PATRONAL

Por CRISTÓBAL GARCÍA VERA PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Ni un solo día pasa en Venezuela sin que el Gobierno «encargado» que preside Delcy Rodríguez ofrezca nuevas pruebas de su sometimiento a Washington y añada nuevos capítulos a la humillación que inflige a su país.

   Cuando parece que la capitulación ha alcanzado límites difíciles de superar, la cúpula postchavista se encarga de demostrar que todavía se puede  ir más lejos. La entrega de las riquezas nacionales, la subordinación a los intereses del capital estadounidense y las muestras de sumisión ante quienes ordenaron la agresión militar contra Venezuela se suceden con una desfachatez que no deja de sorprender. Los tres últimos acontecimientos conocidos constituyen nuevas y elocuentes manifestaciones de esta deriva entreguista.

    Por un lado, Washington anunció su decisión de retirar las sanciones a Jorge Rodríguez, el segundo elemento del triunvirato que ejerce en el país como «capataz» de Trump.  Poco después, el ministro de Trabajo se deshacía en elogios hacia la gran patronal venezolana y, para completar el cuadro, el nombre de Donald Trump ha quedado grabado en una placa conmemorativa de Caracas dedicada a Abraham Lincoln.

    Se trata de tres episodios que, contemplados conjuntamente, ofrecen un retrato degradante de la subordinación política a la que la cúpula poschavista que ocupa el Gobierno, el PSUV y buena parte de la Asamblea Nacional ha conducido al país.

WASHINGTON RETIRA EL CASTIGO A SUS MÁS FIELES SERVIDORES

   Este miércoles, 14 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro eliminaba a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, de su lista de  venezolanos sancionados. Había sido incluido en 2018, junto a otros integrantes de la dirección venezolana. Su hermana Delcy había sido la primera en recibir esta contraprestación por los servicios prestados al imperialismo estadounidense, ya en el mes de abril  

   Solo un día después de que la Administración Trump concediera esta medida de gracia a Jorge Rodríguez,  Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecían ante el Tribunal que los juzga por cargos relacionados con el narcotráfico, construidos e inventados por esa misma Administración. Maduro y Flores fueron secuestrados el 3 de enero durante una incursión militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de 100 muertos y que el actual Gobierno «encargado» ha considerado una «oportunidad para iniciar con los Estados Unidos una nueva diplomacia de paz».

   Jorge Rodríguez preside el órgano legislativo, cuya función consiste en aprobar las nuevas medidas  económicas y políticas impuestas por los Estados Unidos. Es, además,  uno de los principales interlocutores de Washington. 

EL PETRÓLEO: LA DIMENSIÓN MATERIAL DE LA CAPITULACIÓN

   Aunque el nuevo Gobierno encargado ha venido aplicando fielmente cada uno de los pasos de la "transición para Venezuela" ideada en la capital del imperio para convertir al país latinoamericano en su nueva neocolonia, la clave de bóveda de estos cambios ha sido el acuerdo petrolero anunciado por Trump en el mes agosto. Según la documentación difundida por la propia Casa Blanca, las autoridades venezolanas concedieron a North American Blue Energy Partners (NABEP) derechos de explotación por cien años sobre 17 campos con unos 65.000 millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente una quinta parte del total venezolano. 

  Por si ello fuera poco, un organismo dependiente del aparato militar estadounidense obtiene el 35 % de la matriz de NABEP y Washington dispondrá del derecho de veto sobre los nombramientos del Consejo de Administración, cuya mayoría deberá ser estadounidense. Además, tendrá derecho a comprar al coste de producción el 20 % del crudo extraído y preferencia para adquirir el resto. El acuerdo del Gobierno estadounidense con NABEP queda sometido a la legislación y los tribunales norteamericanos.

  Pero la entrega de los recursos del pueblo venezolano a EEUU no termina ahí. La reforma petrolera amplió la autonomía de los operadores privados y Delcy Rodríguez impulsó, tras reunirse con una delegación estadounidense de grandes compañías, la apertura minera al capital extranjero.

   El 9 de octubre, el presidente de PDVSA anunció el objetivo de alcanzar 105 contratos petroleros antes de terminar el año, de los cuales ya había 61 firmados. La orientación no se agota, por tanto, en un solo acuerdo: alcanza a las reglas que ordenan el aprovechamiento de recursos estratégicos.  Venezuela aporta los yacimientos mientras una potencia extranjera se reserva derechos preferentes sobre la producción, capacidad de decisión empresarial y mecanismos de vigilancia de los pagos. 

EL MINISTRO DE TRABAJO DESCUBRE LAS VIRTUDES DE LA GRAN PATRONAL

  La segunda noticia que contribuye a dibujar el negro panorama que se cierne sobre Venezuela procede de la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada los días 8 y 9 de octubre. En esta reunión de la patronal, el ministro venezolano del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, supuestamente encargado de defender los intereses de los asalariados, manifestó su admiración por la clase empresarial del país. Según explicó, su trabajo al frente del Ministerio y la necesidad de afrontar el pago de las nóminas le habían permitido «comenzar a entender a los empresarios», a quienes presentó como personas que arriesgan su capital y su esfuerzo.

  Un día antes, la propia Delcy Rodríguez había presidido la inauguración del encuentro patronal, elogiando también la contribución de los empresarios a la economía venezolana y anunciando nuevas medidas favorables al capital privado. Entre ellas, una reforma tributaria y otra de la legislación eléctrica para ampliar la participación empresarial en el sector. Durante el acto, el presidente de Fedecámaras, Felipe Capozzolo, le entregó un plan destinado a "promover las inversiones, la producción y el empleo".

    Justo es recordar en este caso, no obstante, que esta aproximación a la gran patronal no comenzó con el Gobierno «encargado», sino durante la presidencia de Nicolás Maduro. El 20 de julio de 2021, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta ejecutiva, participó también en la 77.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, protagonizando un acercamiento que rompía con casi dos décadas de distanciamiento institucional. La iniciativa formaba parte del "giro económico" iniciado años antes, y denunciado por organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela, con una progresiva apertura y acercamiento a los grandes capitalistas que perseguía congraciarse con esa clase social.  En aquella ocasión, Maduro respaldó expresamente el entendimiento con la patronal, asegurando que había surgido un «nuevo empresariado patriota».

  Los destinatarios de estos gestos no eran, como no lo son tampoco hoy, pequeños comerciantes ahogados por las facturas, sino los representantes de la gran burguesía venezolana históricamente enfrentada al proceso bolivariano. Y, concretamente, los miembros de la organización patronal responsable del golpe contra Hugo Chávez en abril de 2002 y cuyo entonces presidente, Pedro Carmona Estanga, se autoproclamó jefe del Estado, disolviendo el Parlamento y el Tribunal Supremo y dejando sin efecto la Constitución.

   Que el ministro encargado de proteger los derechos laborales reivindique ante semejante auditorio el «sufrimiento y el sacrificio» de quienes administran el capital, mientras Delcy Rodríguez anuncia nuevas reformas favorables al empresariado, muestra hasta dónde ha llegado la política de conciliación con la gran burguesía iniciada bajo Maduro y profundizada ahora por el Gobierno subordinado a Washington.

LA HUMILLACIÓN CONVERTIDA EN PLACA CONMEMORATIVA

    El tercer episodio de esta sucesión de noticias tenía lugar en la plaza Lincoln de Colinas de Bello Monte, en Baruta. El 9 de octubre, durante la reinauguración del busto de Abraham Lincoln, se descubrió una placa que destaca que la restauración se realizó bajo la administración de Donald Trump. Presidieron el acto el alcalde opositor Darwin González, antiguo dirigente de Fuerza Vecinal y actualmente independiente, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett.

   Aunque la iniciativa partiera de un alcalde opositor, su significado político trasciende la responsabilidad de esa autoridad municipal. El homenaje refleja también el clima político que se está imponiendo en Venezuela, donde la creciente subordinación del Gobierno central a Washington coincide con manifestaciones públicas de reconocimiento al presidente que ordenó la agresión militar contra el país.

   Fue una inscripción conmemorativa, no el cambio de nombre del monumento. Pero la precisión no atenúa el simbolismo: el presidente que ordenó la operación militar contra Caracas aparece homenajeado en una plaza venezolana mientras Maduro y Flores permanecen presos en su país. La normalización de semejante escena, después de la agresión, adquiere una dimensión de humillación nacional difícil de superar.

  Los tres hechos poseen responsables institucionales distintos, pero apuntan hacia un mismo paisaje: Washington decide a quién libera de sanciones, obtiene garantías decisivas sobre una parte enorme de la riqueza petrolera y encuentra interlocutores dispuestos a aceptar sus condiciones. La gran patronal recibe gestos de comprensión de un ministro que debería defender a los asalariados y un representante de Trump asiste a la consagración pública del nombre de su presidente.

  Lo verdaderamente obsceno no es solo la magnitud del despojo, sino que se ejecute desde las instituciones que todavía invocan el nombre de Hugo Chávez. Bajo los símbolos de la Revolución Bolivariana, la cúpula que gobierna Venezuela está consumando su negación: la entrega de la soberanía nacional al mismo poder imperialista contra el que aquella nació.