LA LEY DE DESAHUCIOS EXPRÉS Y LA COMPLICIDAD DE SUMAR Y PODEMOS

Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   En diciembre de 2024, el Congreso de los Diputados aprobaba la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, más conocida como ley contra la ocupación, que permite la ejecución de desahucios exprés en cuestión de días. Una  normativa que fue impulsada y aprobada por una coalición de partidos que se presentan como "progresistas": PSOE, Sumar y Podemos, junto a otros  como PNV, Junts, ERC y EH Bildu.

   La ley, vendida como una medida para agilizar los procedimientos judiciales, ha resultado ser un instrumento que facilita el desalojo de familias vulnerables en beneficio de fondos buitre y especuladores inmobiliarios. La complicidad de los socios del gobierno español con esta legislación no es un simple error, sino una muestra más de la política antiobrera que han practicado durante años mientras se autodenominan “la izquierda de gobierno”.

Un desahucio en 15 días: la realidad del decreto antiokupa

   Con la aprobación de esta normativa, los desahucios pueden ejecutarse en un plazo de apenas 15 días, sin necesidad de que los afectados tengan acceso a un proceso judicial con garantías reales. Los fondos buitre y grandes propietarios han recibido así un cheque en blanco para expulsar a inquilinos de sus viviendas y subir los alquileres de forma abusiva.

   A pesar de que PSOE, Sumar y Podemos intentaron vender la idea de que su acuerdo de Gobierno blindaba a las familias vulnerables, la realidad ha demostrado lo contrario. Los desahucios han continuado y las medidas de protección no han servido para frenar esta oleada de expulsiones forzosas.

    Los efectos devastadores de esta ley no han tardado en hacerse visibles. Algunos ejemplos recientes muestran cómo el desamparo institucional y la voracidad de los grandes propietarios están dejando a familias en la calle.

El caso de Josep Torrent, maestro jubilado en Barcelona

   Josep Torrent, un profesor jubilado que llevaba 22 años viviendo en un edificio del Eixample de Barcelona, se ha convertido en el rostro de la lucha contra los desahucios. Su alquiler de 700 euros fue declarado “insuficiente” por el fondo de inversión que adquirió la propiedad, que decidió expulsarlo para subir la renta a más de 2000 euros al mes.   Solo la movilización popular y la intervención del Sindicato de Inquilinas de Barcelona lograron frenar momentáneamente su desahucio. Sin embargo, la amenaza sigue latente, y la falta de una solución real demuestra cómo el Gobierno sigue legislando a favor de los especuladores mientras abandona a los trabajadores.

   En Madrid, otro caso emblemático ha sido el de Mariano Soler, un anciano desalojado tras haber vivido más de 50 años en su vivienda en Vallecas. Su hogar, que pertenecía a una fundación ligada al franquismo, fue vendido a inversores privados, que no dudaron en aprovechar la nueva ley para deshacerse de él rápidamente.

   Este caso, además de evidenciar la brutalidad de los desahucios exprés, demuestra cómo la transición política española nunca desmanteló realmente el poder de ciertas élites económicas, que siguen operando con total impunidad.

La hipocresía de la falsa izquierda: del "error" de EH Bildu a las mentiras de Podemos

La aprobación de esta ley no solo dejó en evidencia al PSOE, sino también a los partidos que, fuera del Gobierno, intentan presentarse ahora como la "verdadera izquierda" para lavar su imagen.

    EH Bildu votó a favor del decreto y luego afirmó que había sido "por error". Sin embargo, en una segunda votación en el Congreso, volvieron a respaldarlo sin ningún tipo de rectificación real. Podemos, por su parte, anunció a bombo y platillo un supuesto acuerdo con el PSOE para suspender los desahucios a personas vulnerables, pero el decreto final no contenía ninguna garantía efectiva. Ione Belarra celebró un triunfo inexistente, solo para que meses después el PSOE descartara cualquier cambio bajo la presión de Junts y ERC.

    Su práctica política demuestra la farsa electoralista en la que operan estos partidos, más preocupados por generar titulares favorables que por proteger realmente a la clase trabajadora.

La resistencia desde abajo: sindicatos de inquilinas y movilización popular

  Frente a la traición de esta pretendida "izquierda" y la brutalidad de los desahucios exprés, la única respuesta efectiva ha venido de la movilización social.

  Los Sindicatos de Inquilinas y colectivos de vivienda han demostrado que la lucha organizada puede frenar los abusos del capital inmobiliario. Casos como el de Josep Torrent en Barcelona han sido posibles gracias a la solidaridad vecinal, que ha logrado aplazar desahucios y exponer la hipocresía del Gobierno.

   Sin embargo, estos colectivos se enfrentan a una creciente criminalización, con detenciones arbitrarias y multas a activistas que intentan impedir los desalojos. El Estado no solo permite el negocio de los fondos buitre, sino que también persigue a quienes luchan contra él.

   Mientras PSOE, Sumar y Podemos se esfuerzan por presentarse como la única barrera contra el avance de la extrema derecha, su política real es la que está alimentando el descontento social que nutre a fuerzas reaccionarias como Vox.

    Cuando un Gobierno que se dice progresista aprueba medidas que dejan a miles de familias en la calle, facilita el negocio de los especuladores y traiciona sus propias promesas, el resultado es evidente: la clase trabajadora se siente abandonada y busca alternativas, incluso en discursos populistas de derechas que se presentan falsamente como antisistema.

     La única solución real no vendrá del parlamentarismo de estos partidos vendidos, sino de la organización y la lucha en las calles. Frente a los desahucios y la especulación, la respuesta solo puede ser la resistencia popular.