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El ingeniero Carlos Soler Y dro Monzón,en una rueda de prensa de Agua para La Palma El ingeniero Carlos Soler Y dro Monzón,en una rueda de prensa de Agua para La Palma
Viernes, 01 de Noviembre de 2024 Tiempo de lectura:

EL AGUA EN LA PALMA: UN BIEN ESENCIAL CONTROLADO POR UN LOBBY DE INTERESES PRIVADOS

La compra de pozos privados sin estudios técnicos enfrenta al Cabildo con colectivos ciudadanos

La Asociación Agua para La Palma denuncia la decisión del Consejo Insular de Aguas de invertir 4,4 millones de euros en la compra de pozos privados sin estudios previos sobre la cantidad y calidad del agua. Expertos aseguran que mejorar las infraestructuras públicas, como el Túnel de Trasvase, sería una alternativa más viable y económica.

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

 

 

   La gestión de un recurso tan esencial como el agua en La Palma vuelve a estar en el centro del debate público de esta isla canaria, tras la decisión del Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) de invertir 4,4 millones de euros en la adquisición y reactivación de los pozos La Herradura I y II. La medida, que será votada en la Junta Directiva del organismo este lunes, 3 de febrero, ha sido duramente criticada por la Asociación Agua para La Palma, que denuncia la falta de estudios técnicos que justifiquen la viabilidad de esta inversión.

 

    En este sentido la Asociación Agua para La Palma ha presentado un escrito formal solicitando la paralización de la compra de los pozos, alegando que el "expediente carece de información clave". Según este colectivo, no existen ensayos de bombeo de larga duración que determinen el flujo continuo de agua que podrían aportar estos pozos y tampoco se han realizado análisis físico-químicos ni de conductividad del agua para evaluar su calidad.

 

  "No se puede comprar a lo loco un recurso hídrico sin pruebas determinantes", advierte el colectivo, que insiste en que sin estos estudios la inversión supone un riesgo para el interés público.

 

   El caso resulta aún más polémico si se tiene en cuenta que estos pozos han estado fuera de funcionamiento desde finales de los años 80. En su momento, fueron ofrecidos a la Comunidad de Riego de Los Sauces, que solicitó un informe a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias. Dicho informe resultó desfavorable, desaconsejando su compra debido al estado de los pozos y la salinización de su agua.

 

    Entonces, si estos pozos no eran viables en los años 80, ¿qué ha cambiado ahora? Para la Asociación Agua para La Palma, nada.

 

¿Por qué el Cabildo apuesta por estos pozos y no por mejorar el Túnel de Trasvase?

 

   Uno de los puntos clave de la denuncia del colectivo ciudadano es que mientras el Consejo Insular de Aguas de La Palma invierte millones en comprar pozos privados, desatiende infraestructuras públicas mucho más eficaces, como el Túnel de Trasvase.

 

   Según la Asociación Agua para La Palma, este túnel, construido para transportar agua desde el este al oeste de la isla, ha sido infrautilizado en los últimos años.

 

   El ingeniero Carlos Soler, asesor de la asociación y especialista en el tema, una gestión adecuada de esta infraestructura permitiría extraer más caudal de forma eficiente y económica.

 

    "El Consejo Insular de Aguas ha mantenido semicerrada la válvula de la boca del Túnel de Trasvase en Aduares, utilizando datos erróneos para justificar la compra de pozos privados", denuncia Soler.

 

   Para el ingeniero, la clave no es gastar más dinero en infraestructuras privadas, sino optimizar las públicas, aumentando la captación de agua en el Túnel de Trasvase, mejorando  la eficiencia de los canales de distribución, reduciendo las enormes pérdidas por fugas y priorizando el mantenimiento y renovación de las conducciones públicas en lugar de adquirir fuentes de agua inciertas.

 

  Sin embargo, el CIALP ha optado por invertir en desaladoras y comprar pozos privados, ignorando estas alternativas que - según Carlos Soler- resultarían más sostenibles y económicas.

 

Intereses privados en la gestión del agua

 

   Para la Asociación Agua para La Palma, decisiones del CIALP no pueden entenderse sin tener en cuenta el papel del lobby del agua en La Palma. Desde hace años, colectivos ciudadanos y expertos han denunciado que ciertos sectores con intereses privados en el negocio del agua están influyendo en las políticas públicas.

 

  Según Agua para La Palma, el problema radica en que el agua pública es más barata que la que venden los propietarios de pozos y galerías privadas. Si el Cabildo priorizara el uso de infraestructuras públicas, reduciría la dependencia de estos sectores privados, algo que no parece estar en su agenda.

 

  En el año 2019, el actual viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, entonces alcalde de Tijarafe, denunciaba públicamente que "el Consejo Insular de Aguas está controlado por un lobby cuyo objetivo es "mantener el precio del agua en La Palma" y no defender los intereses públicos del agua en la Isla".

 

Un modelo de gestión en entredicho

 

  Y es que el caso de los pozos La Herradura no es un hecho aislado, sino que forma parte de un modelo de gestión del agua en La Palma que ha sido cuestionado en múltiples ocasiones.

 

  El ingeniero Carlos Soler ha señalado, a este respecto, que la crisis del agua en la isla no es tanto un problema de falta de recursos como de mala gestión. De hecho, los datos reflejan que el acuífero insular recibe cuatro veces más agua de lluvia de la que se consume anualmente.

 

     La Asociación Agua para La Palma, por su parte,  insiste en que las autoridades deben centrarse en mejorar la gestión del Túnel de Trasvase, evitar las pérdidas de agua en los canales de distribución y apostar por una política pública que garantice el agua a precios justos para la población y el sector agrícola.

 

    Mientras tanto, el CIALP sigue adelante con su plan de compra de pozos privados, a pesar de las advertencias de expertos y colectivos ciudadanos.

 

   La Asociación Agua para La Palma ha dejado claro que llevará este caso a instancias judiciales si es necesario, para evitar lo que consideran un derroche de fondos públicos.

 

 

 
 
 
 
 
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