EL "ATAQUE DIRECTO" CONTRA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PENSIONES DESATA LA INDIGNACIÓN DE LOS PENSIONISTAS

REDACCIÓN CANARIAS SEMANAL.ORG

     Mediante un comunicado remitido a la Redacción de Canarias-semanal, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias trasladó un texto elaborado por la Comisión de Comunicación de COESPE en el que la organización denuncia las graves consecuencias del rechazo del Real Decreto Ley 9/2024, votado en el Congreso el pasado 22 de enero.

    El decreto, que incluía medidas esenciales para los sectores más desfavorecidos, fue rechazado por los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts, a pesar del apoyo del PSOE, Sumar y otras fuerzas.

¿Qué medidas incluía el Real Decreto Ley 9/2024?

    El Real Decreto Ley 9/2024, también conocido como "ley ómnibus", incorporaba un paquete de medidas sociales fundamentales para proteger a los colectivos más vulnerables, entre las que se encontraban:

• La moratoria de desahucios y cortes de suministros para familias vulnerables.

• Descuentos en el transporte y en el bono social eléctrico.

• La revalorización de las pensiones contributivas.

• El aumento de las pensiones mínimas y no contributivas.

• El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI).

• Ayudas específicas para los damnificados por la Dana y el volcán de La Palma.

  Estas medidas, consideradas por COESPE y otras organizaciones sociales como un "escudo social" básico, fueron bloqueadas con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención. Los partidos cómplices que se opusieron al decreto fueron el Partido Popular, Vox y Junts, mientras que recibió el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, PNV, Coalición Canaria y UPN.

La reacción de COESPE: indignación por un “ataque directo” a los más vulnerables

   Desde COESPE calificaron el rechazo al Real Decreto como un ataque directo a las clases trabajadoras, pensionistas y personas en situación de vulnerabilidad. Según el comunicado de la organización, esta decisión del Congreso demuestra cómo las prioridades de ciertos partidos están alineadas con los intereses de las grandes empresas y no con las necesidades de la ciudadanía.

   COESPE subrayó que las medidas sociales incluidas en el decreto, como la subida de las pensiones mínimas, la moratoria de desahucios y las ayudas sociales, son esenciales para evitar que millones de personas caigan en la pobreza o la exclusión social. "Esta decisión es un golpe devastador para quienes ya viven al límite de sus posibilidades", afirmaron.

  Además, señalaron que este bloqueo se produce en un contexto de crisis económica e inflación, en el que los costes de vida, especialmente en alimentación, transporte y energía, han aumentado de manera desproporcionada.

     Críticas al Gobierno: insuficiencia de las medidas propuestas

   Aunque el rechazo al Real Decreto Ley 9/2024 fue liderado por partidos de la derecha como el PP, Vox y Junts, COESPE también dirigió fuertes críticas al Gobierno del PSOE y Sumar. Según la organización, las políticas impulsadas por el Ejecutivo no han sido suficientes para abordar los problemas estructurales del sistema público de pensiones y garantizar una vida digna a los jubilados.

   Una de las principales denuncias de COESPE es la insuficiencia de la subida del 2,8% en las pensiones contributivas para 2025, anunciada por el Gobierno. Según la organización, este incremento no compensa la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los pensionistas, especialmente en un contexto de inflación elevada.

     Además, criticaron que las pensiones mínimas y no contributivas, que afectan principalmente a los sectores más vulnerables, sigan muy por debajo del umbral de pobreza.

  Desde COESPE también señalaron que la fórmula utilizada para calcular estas subidas no refleja el impacto real del encarecimiento de servicios básicos, dejando a muchos jubilados en una situación de precariedad.

La reforma de pensiones: un camino hacia la privatización

   Otro de los puntos de conflicto con el Ejecutivo es la reforma del sistema público de pensiones aprobada recientemente mediante el Real Decreto Ley 11/2024. COESPE ha denunciado que esta reforma no aborda los problemas de sostenibilidad del sistema, sino que favorece la privatización al introducir medidas como:

La ampliación voluntaria de la edad de jubilación hasta los 72 años, que consideran una "explotación encubierta" de los trabajadores mayores.

El fomento de los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), que desvían recursos públicos y salarios diferidos hacia entidades financieras, debilitando el modelo público de reparto.

    Según COESPE, estas medidas responden a una estrategia de privatización que beneficia exclusivamente a bancos y fondos de inversión, a costa de debilitar el sistema público y colocar a miles de jubilados en situación de vulnerabilidad.

Exigencias y movilizaciones: “Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden”

   En su comunicado, COESPE reiteró sus demandas históricas y su llamado a la movilización de la ciudadanía para defender el sistema público de pensiones. Entre sus propuestas destacan:

• La revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas, equiparándolas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

• La derogación de las reformas que consideran perjudiciales para el sistema público, incluidas aquellas que incentivan los planes de pensiones privados.

• La auditoría de la Seguridad Social, como establece la ley, para recuperar los más de 103.000 millones de euros en gastos impropios detectados por el Tribunal de Cuentas.

• La implementación de una reforma fiscal progresiva que garantice que las grandes fortunas y corporaciones contribuyan en mayor medida.

     Para COESPE, estas medidas no solo fortalecerían el sistema público, sino que también garantizarían la igualdad y la justicia social para las generaciones presentes y futuras.

     Con este objetivo, han convocado movilizaciones en todo el Estado el próximo 22 de febrero, bajo el lema: "Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden". Estas protestas buscarán visibilizar el impacto de las políticas recientes y exigir un cambio radical en el modelo de pensiones.

       La votación del 22 de enero de 2025 en el Congreso ha supuesto un duro golpe para los colectivos más vulnerables de la sociedad. Mientras los partidos que votaron en contra del Real Decreto Ley 9/2024 bloquean medidas esenciales como la subida de pensiones mínimas o la moratoria de desahucios, las críticas de COESPE al Gobierno revelan un malestar más amplio con las políticas insuficientes y privatizadoras que amenazan el sistema público de pensiones.

     La lucha por las pensiones públicas, según COESPE, no solo es una cuestión de justicia para los jubilados actuales, sino también un compromiso con las generaciones futuras. Por ello, llaman a la acción colectiva y a la movilización como únicas herramientas para frenar el desmantelamiento del modelo público.

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