LA INFANCIA OLVIDADA EN CANARIAS: MILES DE MENORES DESPROTEGIDOS POR LA NEGLIGENCIA POLÍTICA
"La infancia vulnerable se ha convertido en un negocio subcontratado al sector privado"
El sistema de protección de menores en Canarias ha colapsado. Técnicos sobrecargados, menores sin seguimiento, privatización descontrolada y abandono institucional forman el cóctel perfecto para que miles de niños y niñas crezcan en el olvido y sin garantías de un futuro digno. Las denuncias de los trabajadores sociales no son nuevas, pero la negligencia política sigue siendo la norma (...).
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La situación de la protección de menores en Canarias parece haber traspasado más de una líneas rojas. Lo que debería ser un sistema de amparo, cuidado y acompañamiento para niños en situaciones de extrema vulnerabilidad, se ha convertido en un campo minado de improvisación y abandono. Así lo han denunciado los propios trabajadores del área de Menores del Gobierno de Canarias, que se sienten desbordados y sin capacidad real para proteger a quienes más lo necesitan.
La imagen que estos trabajadores dibujan, en una denuncia que han hecho llegar a la Diputada del Común, es desoladora: técnicos atendiendo hasta 100 menores cada uno, cuando lo razonable serían 25 ó 30. Menores que pasan meses sin ser atendidos por un profesional de referencia, expedientes amontonados y decisiones tomadas a la ligera porque no hay personal suficiente para analizarlas en profundidad. Todo ello en el marco de una crisis migratoria que ha multiplicado la presión sobre un sistema que ya estaba al límite.
Un sistema colapsado por la dejadez política
Esta situación no es nueva, ni inesperada. Durante años, informes, sindicatos y organizaciones sociales han advertido del deterioro progresivo de los servicios de protección de menores en las islas. El problema no es coyuntural, sino estructural. Responde a un modelo de gestión basado en la precariedad laboral, la falta de inversión y la externalización de funciones esenciales a entidades privadas sin el control suficiente.
El modelo de protección de menores en Canarias ha sido tratado como un servicio de segunda, sin planificación a medio ni largo plazo. Se ha considerado una carga presupuestaria molesta, en lugar de una obligación moral y legal. Cada vez que un escándalo salta a la prensa, las autoridades sacan comunicados, promesas y visitas apresuradas a centros, pero las soluciones de fondo nunca llegan.
El impacto de la crisis migratoria
El colapso actual, sin embargo, también tiene que ver con la llegada de casi 6.000 menores migrantes no acompañados a las costas canarias. Estos jóvenes, que huyen de la miseria, llegan a un sistema de acogida saturado, improvisado y sin recursos específicos para atender las particularidades de su situación. Muchos de estos menores pasan meses sin una evaluación psicológica, sin un plan individualizado y sin un seguimiento real de su situación personal y educativa.
La solidaridad interterritorial, que en teoría debería garantizar la reubicación de parte de estos menores en otras comunidades autónomas actualmente brilla por su ausencia. Algunas regiones, como la Comunidad de Madrid o Murcia, directamente se niegan a recibir menores migrantes, utilizando argumentos racistas y de seguridad. Mientras tanto, la Comunidad canaria ha quedado sola en la gestión de una situación que debe asumir con un sistema hecho trizas.
Pero aunque la llegada de menores migrantes ha desbordado al sistema, la realidad es que el abandono de la protección de menores canarios viene de muy atrás. Los profesionales llevan años advirtiendo de la falta de equipos multidisciplinares, de la sobrecarga de expedientes y de la insuficiencia de recursos en programas de acogimiento, prevención y reintegración familiar.
El colapso, por tanto, es anterior a la crisis migratoria. El problema de fondo tiene que ver con una concepción asistencialista de la protección de menores, basada en tapar agujeros y no en construir un sistema robusto, estable y coordinado con los ayuntamientos, los servicios sanitarios y el sistema educativo.
Privatización y precarización
Según los propios trabajadores, uno de los factores que más ha contribuido al deterioro del sistema es la progresiva privatización de los servicios de atención a menores. Muchas de las funciones esenciales (evaluaciones psicológicas, programas de intervención familiar, seguimiento de acogimientos) han sido externalizadas a entidades privadas, que funcionan con presupuestos ajustados, personal inestable y sin el control de calidad necesario. La infancia vulnerable se ha convertido en un negocio subcontratado, donde prima la rentabilidad económica sobre la atención integral.
Los ayuntamientos, que son la primera línea de detección y prevención, están absolutamente desbordados, especialmente en municipios pequeños o con escasos recursos. La falta de coordinación entre las administraciones insular, autonómica y local genera vacíos administrativos, donde los menores quedan desatendidos durante meses o incluso años.
Lo que los trabajadores han trasladado a la Diputada del Común, Lola Padrón, no es solo una denuncia concreta, es un grito de auxilio ante un sistema que necesita ser reconstruido desde la raíz.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La situación de la protección de menores en Canarias parece haber traspasado más de una líneas rojas. Lo que debería ser un sistema de amparo, cuidado y acompañamiento para niños en situaciones de extrema vulnerabilidad, se ha convertido en un campo minado de improvisación y abandono. Así lo han denunciado los propios trabajadores del área de Menores del Gobierno de Canarias, que se sienten desbordados y sin capacidad real para proteger a quienes más lo necesitan.
La imagen que estos trabajadores dibujan, en una denuncia que han hecho llegar a la Diputada del Común, es desoladora: técnicos atendiendo hasta 100 menores cada uno, cuando lo razonable serían 25 ó 30. Menores que pasan meses sin ser atendidos por un profesional de referencia, expedientes amontonados y decisiones tomadas a la ligera porque no hay personal suficiente para analizarlas en profundidad. Todo ello en el marco de una crisis migratoria que ha multiplicado la presión sobre un sistema que ya estaba al límite.
Un sistema colapsado por la dejadez política
Esta situación no es nueva, ni inesperada. Durante años, informes, sindicatos y organizaciones sociales han advertido del deterioro progresivo de los servicios de protección de menores en las islas. El problema no es coyuntural, sino estructural. Responde a un modelo de gestión basado en la precariedad laboral, la falta de inversión y la externalización de funciones esenciales a entidades privadas sin el control suficiente.
El modelo de protección de menores en Canarias ha sido tratado como un servicio de segunda, sin planificación a medio ni largo plazo. Se ha considerado una carga presupuestaria molesta, en lugar de una obligación moral y legal. Cada vez que un escándalo salta a la prensa, las autoridades sacan comunicados, promesas y visitas apresuradas a centros, pero las soluciones de fondo nunca llegan.
El impacto de la crisis migratoria
El colapso actual, sin embargo, también tiene que ver con la llegada de casi 6.000 menores migrantes no acompañados a las costas canarias. Estos jóvenes, que huyen de la miseria, llegan a un sistema de acogida saturado, improvisado y sin recursos específicos para atender las particularidades de su situación. Muchos de estos menores pasan meses sin una evaluación psicológica, sin un plan individualizado y sin un seguimiento real de su situación personal y educativa.
La solidaridad interterritorial, que en teoría debería garantizar la reubicación de parte de estos menores en otras comunidades autónomas actualmente brilla por su ausencia. Algunas regiones, como la Comunidad de Madrid o Murcia, directamente se niegan a recibir menores migrantes, utilizando argumentos racistas y de seguridad. Mientras tanto, la Comunidad canaria ha quedado sola en la gestión de una situación que debe asumir con un sistema hecho trizas.
Pero aunque la llegada de menores migrantes ha desbordado al sistema, la realidad es que el abandono de la protección de menores canarios viene de muy atrás. Los profesionales llevan años advirtiendo de la falta de equipos multidisciplinares, de la sobrecarga de expedientes y de la insuficiencia de recursos en programas de acogimiento, prevención y reintegración familiar.
El colapso, por tanto, es anterior a la crisis migratoria. El problema de fondo tiene que ver con una concepción asistencialista de la protección de menores, basada en tapar agujeros y no en construir un sistema robusto, estable y coordinado con los ayuntamientos, los servicios sanitarios y el sistema educativo.
Privatización y precarización
Según los propios trabajadores, uno de los factores que más ha contribuido al deterioro del sistema es la progresiva privatización de los servicios de atención a menores. Muchas de las funciones esenciales (evaluaciones psicológicas, programas de intervención familiar, seguimiento de acogimientos) han sido externalizadas a entidades privadas, que funcionan con presupuestos ajustados, personal inestable y sin el control de calidad necesario. La infancia vulnerable se ha convertido en un negocio subcontratado, donde prima la rentabilidad económica sobre la atención integral.
Los ayuntamientos, que son la primera línea de detección y prevención, están absolutamente desbordados, especialmente en municipios pequeños o con escasos recursos. La falta de coordinación entre las administraciones insular, autonómica y local genera vacíos administrativos, donde los menores quedan desatendidos durante meses o incluso años.
Lo que los trabajadores han trasladado a la Diputada del Común, Lola Padrón, no es solo una denuncia concreta, es un grito de auxilio ante un sistema que necesita ser reconstruido desde la raíz.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.98