Por M. RELTI PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La situación del mercado inmobiliario en Canarias refleja una problemática muy grave y compleja que no da señales de mejora.
El incremento constante en los precios de la vivienda, sumado a la dificultad de construir nuevas promociones, está alejando a las clases trabajadoras del acceso a un derecho fundamental: una vivienda digna.
Analizamos las razones detrás de este fenómeno, sus posibles consecuencias y por qué en Canarias el problema es particularmente crítico.
¿POR QUÉ LOS PRECIOS NO PUEDEN BAJAR? OPINAN INMOBILIARIOS Y CONSTRUCTORES
Los promotores inmobiliarios en Canarias afirman que no es posible reducir los precios de las viviendas bajo las condiciones actuales. Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Las Palmas, argumenta que hay dos factores clave que lo impiden: el precio del suelo y los costos de construcción.
En tan solo ocho meses, argumentan, el coste de construcción ha aumentado un 80%, encareciendo aún más las nuevas promociones. Este incremento, sumado a la falta de financiación por parte de los bancos y los altos niveles de especulación en las zonas urbanas más demandadas, ha hecho imposible frenar la escalada de precios.
Otro factor importante, alegan, es la paralización del uso de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para construir viviendas de alquiler social. Este instrumento del Régimen Económico y Fiscal (REF) -dicen-"permitiría a los empresarios destinar sus beneficios a inversión en lugar de pagar impuestos, lo que aliviaría parte de la crisis". Los promotores sostienen que la falta de consenso político ha bloqueado esta propuesta, dejándolos sin incentivos para invertir en vivienda asequible.
LOS PRECIOS:UN FUTURO CADA VEZ MÁS INALCANZABLE
Las previsiones para 2025 no son alentadoras. A nivel estatal, se espera un aumento del 9% en los alquileres y del 6% en las ventas, pero en Canarias estas cifras podrían ser aún más altas. Durante 2024, el precio de la vivienda en el archipiélago aumentó un 14%, superando en cinco puntos la media estatal.
En Las Palmas de Gran Canaria, el precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva subió de 1.712 euros en 2023 a 1.850 euros en 2024 y la tendencia apunta a seguir al alza. Esto significa que adquirir una vivienda en zonas céntricas se está convirtiendo en un lujo al alcance únicamente de inversores y grandes fortunas, mientras que las familias trabajadoras quedan excluidas de esa posibilidad.
CANARIAS: UNA TORMENTA PERFECTA PARA LA CRISIS HABITACIONAL
El problema del acceso a la vivienda es especialmente grave en Canarias debido a una combinación de factores estructurales y socioeconómicos:
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Limitaciones geográficas: La condición insular implica una oferta de suelo limitada, que no puede expandirse fácilmente para satisfacer la creciente demanda. Esta escasez natural de terrenos urbanizables eleva los precios de manera constante.
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Dependencia del turismo: La economía canaria prioriza infraestructuras y alojamientos turísticos sobre viviendas residenciales, lo que desplaza a la población local. Además, la proliferación de alquileres vacacionales contribuye a encarecer aún más el mercado inmobiliario.
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Falta de políticas públicas efectivas: Las iniciativas gubernamentales para paliar esta crisis han sido insuficientes o mal gestionadas. Por ejemplo, la construcción de viviendas sociales de promoción pública suele ser más cara que las de promoción privada, según denuncian los propios promotores. Además, el uso del derecho de superficie, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Mogán con la construcción de 300 viviendas de alquiler social, es una excepción y no la norma.
¿SE PUEDE HACER ALGO?
Para revertir esta situación, los promotores piden medidas concretas como la reactivación del uso de la RIC para "construir vivienda asequible", facilidades en el acceso al suelo y una mayor colaboración público-privada en los planes de vivienda.
El mercado inmobiliario en Canarias enfrenta un momento crítico que pone de manifiesto las desigualdades inherentes al sistema económico actual. Si no se toman medidas urgentes y efectivas, la vivienda seguirá siendo un privilegio inaccesible para la mayoría, dejando a amplios sectores de la población en una situación de vulnerabilidad. Resolver esta crisis requiere una combinación de políticas públicas decididas y priorizar el derecho a la vivienda por encima de los intereses especulativos.
Sindicatos como UGT y CCOO, que han incorporado la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones laborales, señalan, por su parte, que el incremento de los precios de alquiler y compra de viviendas está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, superando incluso las subidas salariales pactadas. En este contexto, han instado a que las negociaciones colectivas consideren el coste de la vivienda y han pedido una mayor inversión pública para aumentar el parque de viviendas sociales.
Colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), por su parte, critican que las medidas gubernamentales son insuficientes para frenar la especulación inmobiliaria y proteger a los inquilinos. Denuncian que las regulaciones actuales permiten que los precios sigan subiendo y contienen imprecisiones que facilitan esquivar la normativa. La PAH aboga por una intervención más decidida que incluya la movilización de viviendas vacías y la implementación de controles de precios más estrictos.
Los sindicatos y colectivos sociales en Canarias han expresado su profunda preocupación por la escalada de los precios de la vivienda, considerando que esta situación agrava la precariedad de las clases trabajadoras y vulnera el derecho fundamental a una vivienda digna.
Además, en los últimos meses, se han llevado a cabo manifestaciones en diversas ciudades españolas, incluyendo Canarias, donde colectivos sociales y sindicatos han protestado contra la subida de los precios del alquiler y la crisis de acceso a la vivienda. Estas movilizaciones reflejan el creciente malestar social y la demanda de soluciones políticas que garanticen el derecho a una vivienda digna
En resumen, los sindicatos y colectivos sociales en Canarias consideran que la crisis de la vivienda es una cuestión urgente que requiere una respuesta integral, incluyendo la construcción de viviendas públicas, la regulación efectiva de los precios y la protección de los derechos de los inquilinos para asegurar el acceso a una vivienda digna para todos.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, no se ha quedado atrás. En unas declaraciones públicas ha destacado que la falta de vivienda es el problema social más grave de Canarias. Según sus informes, las islas cuentan con solo un 0,96% de viviendas públicas sociales, en comparación con el 2,5% a nivel nacional y el 9,3% en la Unión Europea.
Yanes aboga por un consenso político amplio para construir 46.000 viviendas públicas en la próxima década, enfatizando la necesidad de priorizar el alquiler social y evitar la venta de viviendas públicas para garantizar su disponibilidad a largo plazo.
CARLOS SERNA: "EXPROPIAR LAS VIVIENDAS VACÍAS, PLANIFICAR LOS RECURSOS, ELIMINAR EL MERCADO INMOBILIARIO... ESA ES LA AUTÉNTICA SOLUCIÓN. NO HAY OTRA."
Con objeto de disponer también de una opinión claramente distanciada tanto de los criterios empresariales como de aquellos otros más o menos enmarcados dentro de la institucionalidad, hemos recabado la opinión de nuestro colaborador Carlos Serna. Serna no solo es un cualificado conocedor del tema, sino que ha abordado la problemática de la vivienda desde las páginas de este mismo digital en diferentes artículos.
En opinión de Carlos Serna asegura, sin ambages, que la crisis de la vivienda en Canarias es una manifestación más de las muchas contradicciones del sistema capitalista.
"En un sistema económico como en el que vivimos, la vivienda, en lugar de ser un derecho universal, se ha convertido en una mercancía más al servicio del beneficio privado.
Hay un librito de muy fácil lectura, - nos dice Serna- titulado "El problema de la vivienda", en el que su autor, Federico Engels, argumenta con mucho tino que las llamadas crisis habitacionales no son producto ni mucho menos de la escasez, sino del sistema capitalista, que prioriza las ganancias de unos pocos sobre las necesidades de las mayorías".
Carlos Serna nos manifiesta no estar en absoluto de acuerdo con las soluciones planteadas por los promotores inmobiliarios y los constructores.
"Éstas opiniones parten, como no podía ser de otra manera, de la lógica del beneficio empresarial, exigiendo incentivos fiscales y facilidades que perpetúan la especulación. En mi opinión, cualquier intento de resolver el problema de la vivienda dentro del capitalismo no deja un puro parche, un mero paliativo que no se atreve a atacar la raíz del problema: la propiedad privada de los medios de producción, incluido el suelo urbano".
Es ahí donde se encuentra realmente la cuestión. Comprendo que algunos angustiados lectores desearían que existiese una varita mágica que resolviera el problema de la vivienda.
Lamento decir que no la hay. Solo la desaparición del sistema económico que permite que los derechos humanos puedan convertirse en objeto de mercadeo, de negocio, de compra y venta haría que el problema desapareciera".
Carlos Serna opina que la falta de viviendas sociales y las altas rentas son el resultado de "un Estado que opera al servicio del capital, no de las clases trabajadoras".
Por tanto, según Carlos Serna:
"La solución tendría que pasar necesariamente por la expropiación de viviendas vacías, la planificación estatal de los recursos y la eliminación del mercado inmobiliario como herramienta de acumulación de riqueza".
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