
¿A QUIÉN LE LLEGA, REALMENTE, EL SALARIO MÍNIMO?: 366.000 TRABAJADORES CANARIOS COBRAN MENOS DEL SMI
En el conjunto del Estado el 36,9% de los trabajadores se encuentra en la misma situación
Canarias lidera las estadísticas de precariedad laboral en España, con más de 366.000 trabajadores percibiendo ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta situación refleja una problemática estructural que afecta a amplios sectores de la sociedad canaria, exacerbando las desigualdades y limitando las oportunidades de desarrollo.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Según datos recientes de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en 2024, el 39% de los trabajadores en Canarias cobraron menos de 15.120 euros anuales, situándose por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido para ese año. Esta cifra coloca a Canarias entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de trabajadores en situación de precariedad salarial, superando la media estatal del 36,9%.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre de 2024, la población ocupada en Canarias ascendía a 940.689 personas. Aplicando el porcentaje del 39% a este total, se estima que aproximadamente 366.869 trabajadores en Canarias perciben ingresos por debajo del SMI.
Esta situación no es nueva ni sorprendente para quienes trabajan en el ámbito social en las islas. Dolores Fabelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, señala que
"la carencia es generalizada en todos los servicios, pero sobre todo la sobrecarga la están soportando las compañeras de los ayuntamientos, que son servicios básicos".
Esta sobrecarga se traduce en una atención insuficiente para las personas que más lo necesitan, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
EL IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES
La precariedad laboral no solo afecta a los trabajadores en general, sino también a aquellos que se dedican a atender a las poblaciones más vulnerables. En Canarias, hay solo un profesional de trabajo social por cada 5.645 habitantes. Una cifra muy inferior a la media estatal de uno por cada 1.764 habitantes. Esta escasez de personal dificulta la implementación de políticas sociales efectivas y limita la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
Los trabajadores sociales han alzado la voz para denunciar las condiciones en las que desempeñan su labor. En marzo de 2025, profesionales del sector se manifestaron en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y mayor protección frente a las agresiones que sufren en su trabajo diario.
Los testimonios de profesionales del sector social en Canarias revelan una realidad alarmante. En el centro de atención a menores migrantes no acompañados en Mácher, Lanzarote, los trabajadores han denunciado condiciones extremas: falta de comida, servicios básicos y deterioro de las instalaciones. Algunos empleados han tenido que comprar comida con su propio dinero para alimentar a los menores.
Estas situaciones no solo afectan a los trabajadores, sino también a las personas que dependen de estos servicios. La falta de recursos y personal adecuado compromete la calidad de la atención y pone en riesgo la integridad de los usuarios.
Según el informe 'Yo también vivo aquí' de Unicef, cerca de 377.000 menores en las islas se encuentran en riesgo de pobreza, y el 25% de los hogares con menores tienen retrasos en los pagos relacionados con su domicilio. Esta situación se ve agravada por la feminización de la pobreza, donde las mujeres, especialmente aquellas que son cabezas de familia, enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos dignos y estables.
El modelo económico de Canarias, basado en gran medida en el Turismo de masas, ha contribuido también a la precarización del empleo. Las Kellys, asociación de camareras de piso, son uno de los colectivos que han denunciado las condiciones laborales en el sector hotelero, caracterizadas por la externalización de servicios, sobrecarga de trabajo y bajos salarios. Estas trabajadoras han luchado por visibilizar su situación y exigir mejoras en sus condiciones laborales.
¿QUÉ CLASE DE SALARIO MÍNIMO ES ESE?
Si más de un tercio de los trabajadores en el Estado español —y casi cuatro de cada diez en Canarias— no perciben ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué clase de salario “mínimo” es ese?
El SMI, en teoría, representa el suelo por debajo del cual ningún trabajador debería caer. En la práctica, se convierte en un referente abstracto, propagandístico, que no garantiza absolutamente nada. Porque el salario mínimo real no es el que dicta el BOE, sino el que imponen las condiciones concretas del mercado de trabajo. Y en un mercadodonde la precariedad se ha naturalizado y la negociación colectiva ha sido debilitada por los propios sindicatos mayoritarios, convertidos en aparatos del Estado, lo que se impone no es un salario, sino una oferta de subsistencia que el trabajador debe aceptar o arriesgarse al paro.
Se sube el SMI, sí. Pero al mismo tiempo se permite que miles de contratos (parciales, temporales, externalizados, en prácticas o directamente fraudulentos) queden fuera de ese marco. Se sube el SMI mientras se fragmenta y flexibiliza el trabajo, mientras se permite que haya convenios, empresas y sectores enteros donde cobrar menos es legal, habitual o simplemente no se fiscaliza.
No es que haya un salario mínimo. Lo que hay es una pluralidad de mínimos: mínimos por horas, mínimos por sectores, mínimos por edad, mínimos por situación migratoria, mínimos por informalidad, mínimos por desesperación. Esa multiplicidad de mínimos no refleja una política social inclusiva, sino una arquitectura de precariedad funcional al capital. Porque mientras más fragmentada esté la clase trabajadora, más fácil será pagarle menos, enfrentarla entre sí y hacerle creer que la culpa es suya.
El SMI, tal como está planteado, no es un umbral de dignidad, sino un símbolo sin garantía. Una promesa sin cumplimiento. Una cifra que permite a los gobiernos felicitarse mientras millones de personas siguen atrapadas en el mismo pozo de la precariedad.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Según datos recientes de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), en 2024, el 39% de los trabajadores en Canarias cobraron menos de 15.120 euros anuales, situándose por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) establecido para ese año. Esta cifra coloca a Canarias entre las comunidades autónomas con mayor porcentaje de trabajadores en situación de precariedad salarial, superando la media estatal del 36,9%.
Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), al cierre de 2024, la población ocupada en Canarias ascendía a 940.689 personas. Aplicando el porcentaje del 39% a este total, se estima que aproximadamente 366.869 trabajadores en Canarias perciben ingresos por debajo del SMI.
Esta situación no es nueva ni sorprendente para quienes trabajan en el ámbito social en las islas. Dolores Fabelo, presidenta del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, señala que
"la carencia es generalizada en todos los servicios, pero sobre todo la sobrecarga la están soportando las compañeras de los ayuntamientos, que son servicios básicos".
Esta sobrecarga se traduce en una atención insuficiente para las personas que más lo necesitan, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión.
EL IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES
La precariedad laboral no solo afecta a los trabajadores en general, sino también a aquellos que se dedican a atender a las poblaciones más vulnerables. En Canarias, hay solo un profesional de trabajo social por cada 5.645 habitantes. Una cifra muy inferior a la media estatal de uno por cada 1.764 habitantes. Esta escasez de personal dificulta la implementación de políticas sociales efectivas y limita la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.
Los trabajadores sociales han alzado la voz para denunciar las condiciones en las que desempeñan su labor. En marzo de 2025, profesionales del sector se manifestaron en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales y mayor protección frente a las agresiones que sufren en su trabajo diario.
Los testimonios de profesionales del sector social en Canarias revelan una realidad alarmante. En el centro de atención a menores migrantes no acompañados en Mácher, Lanzarote, los trabajadores han denunciado condiciones extremas: falta de comida, servicios básicos y deterioro de las instalaciones. Algunos empleados han tenido que comprar comida con su propio dinero para alimentar a los menores.
Estas situaciones no solo afectan a los trabajadores, sino también a las personas que dependen de estos servicios. La falta de recursos y personal adecuado compromete la calidad de la atención y pone en riesgo la integridad de los usuarios.
Según el informe 'Yo también vivo aquí' de Unicef, cerca de 377.000 menores en las islas se encuentran en riesgo de pobreza, y el 25% de los hogares con menores tienen retrasos en los pagos relacionados con su domicilio. Esta situación se ve agravada por la feminización de la pobreza, donde las mujeres, especialmente aquellas que son cabezas de familia, enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos dignos y estables.
El modelo económico de Canarias, basado en gran medida en el Turismo de masas, ha contribuido también a la precarización del empleo. Las Kellys, asociación de camareras de piso, son uno de los colectivos que han denunciado las condiciones laborales en el sector hotelero, caracterizadas por la externalización de servicios, sobrecarga de trabajo y bajos salarios. Estas trabajadoras han luchado por visibilizar su situación y exigir mejoras en sus condiciones laborales.
¿QUÉ CLASE DE SALARIO MÍNIMO ES ESE?
Si más de un tercio de los trabajadores en el Estado español —y casi cuatro de cada diez en Canarias— no perciben ni siquiera el Salario Mínimo Interprofesional, la pregunta cae por su propio peso: ¿qué clase de salario “mínimo” es ese?
El SMI, en teoría, representa el suelo por debajo del cual ningún trabajador debería caer. En la práctica, se convierte en un referente abstracto, propagandístico, que no garantiza absolutamente nada. Porque el salario mínimo real no es el que dicta el BOE, sino el que imponen las condiciones concretas del mercado de trabajo. Y en un mercadodonde la precariedad se ha naturalizado y la negociación colectiva ha sido debilitada por los propios sindicatos mayoritarios, convertidos en aparatos del Estado, lo que se impone no es un salario, sino una oferta de subsistencia que el trabajador debe aceptar o arriesgarse al paro.
Se sube el SMI, sí. Pero al mismo tiempo se permite que miles de contratos (parciales, temporales, externalizados, en prácticas o directamente fraudulentos) queden fuera de ese marco. Se sube el SMI mientras se fragmenta y flexibiliza el trabajo, mientras se permite que haya convenios, empresas y sectores enteros donde cobrar menos es legal, habitual o simplemente no se fiscaliza.
No es que haya un salario mínimo. Lo que hay es una pluralidad de mínimos: mínimos por horas, mínimos por sectores, mínimos por edad, mínimos por situación migratoria, mínimos por informalidad, mínimos por desesperación. Esa multiplicidad de mínimos no refleja una política social inclusiva, sino una arquitectura de precariedad funcional al capital. Porque mientras más fragmentada esté la clase trabajadora, más fácil será pagarle menos, enfrentarla entre sí y hacerle creer que la culpa es suya.
El SMI, tal como está planteado, no es un umbral de dignidad, sino un símbolo sin garantía. Una promesa sin cumplimiento. Una cifra que permite a los gobiernos felicitarse mientras millones de personas siguen atrapadas en el mismo pozo de la precariedad.
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