EL EXPOLIO SILENCIOSO: CÓMO LA IGLESIA SE APROPIÓ DE MILES DE BIENES PÚBLICOS
"La Iglesia española es una de las mayores potencias económicas del país y ha construido parte de su patrimonio inscribiendo sus bienes sin demostrar que son de su propiedad"
Desde hace décadas, la Iglesia ha inscrito a su nombre miles de bienes en España, muchos de ellos de origen público o comunitario. La falta de transparencia y las dificultades para reclamar estos bienes han generado un conflicto que sigue sin resolverse.
POR EL "EQUIPO NIXOR" DE CANARIAS SEMANAL
En España, hay un misterio sin resolver que afecta a miles de propiedades: ¿a quién pertenecen realmente muchas de las iglesias, plazas, terrenos e incluso monumentos históricos que han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica? Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a una práctica poco conocida pero de gran impacto: las inmatriculaciones.
Las inmatriculaciones son el proceso mediante el cual una entidad inscribe un bien en el Registro de la Propiedad por primera vez. Desde 1946 y hasta 2015, la Iglesia pudo hacerlo sin necesidad de presentar pruebas de propiedad, gracias a una ley franquista que le otorgaba el privilegio de actuar como notaria de sí misma. Esto significa que bastaba la firma de un obispo para registrar terrenos, templos y hasta plazas públicas sin que nadie pudiese cuestionarlo.
"Más de 100.000 bienes podrían haber sido inmatriculados por la Iglesia sin demostrar su propiedad."
¿CUÁNTOS BIENES HAN SIDO INMATRICULADOS?
En 2021, el Gobierno publicó una lista con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, aprovechando una reforma del expresidente José María Aznar que le permitió registrar también lugares de culto. Pero esta lista es solo la punta del iceberg. Las asociaciones que investigan el tema, como "Recuperando", calculan que desde 1946 la Iglesia ha podido inscribir a su nombre más de 100.000 bienes.
La falta de transparencia hace que conocer la cifra exacta sea casi imposible. Muchos de los registros están redactados deliberadamente de forma genérica y confusa, sin detallar con precisión qué propiedad se ha inscrito. Por ejemplo, en la lista del Gobierno aparecen descripciones como "capilla en Felgueras", que en realidad corresponde a la iglesia de Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio Mundial.
Esta ambigüedad impide que ayuntamientos y ciudadanos puedan reclamar propiedades que, en muchos casos, han sido mantenidas o construidas con dinero público.
EL CASO DE SANTA MARÍA DEL MAR: CUANDO UNA IGLESIA DEL PUEBLO SE CONVIERTE EN NEGOCIO PRIVADO
Uno de los ejemplos más llamativos de inmatriculación es el de la basílica de Santa María del Mar en Barcelona, conocida por la novela La Catedral del Mar. Se trata de un templo medieval que fue construido gracias al esfuerzo y el dinero de los vecinos, que cargaban las piedras para su edificación.
Sin embargo, en fechas recientes, la Iglesia lo registró a su nombre y comenzó a cobrar entrada a los visitantes. Cuando la plataforma Recuperant intentó obtener información sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad, se encontró con una negativa. “Nos dijeron que no podían darnos datos porque se trataba de una iglesia”, denuncia Dino di Nella, portavoz de la organización.
Esta opacidad se repite en toda España y dificulta que los ciudadanos sepan qué bienes han sido inmatriculados y en qué condiciones.
"La falta de transparencia en los registros impide saber qué bienes pertenecen realmente a la Iglesia
EL "PACK TODO EN UNO": CUANDO UNA IGLESIA INCLUYE PLAZAS, TORRES Y JARDINES
Uno de los aspectos más polémicos de las inmatriculaciones es que, en muchos casos, la Iglesia no solo registró templos, sino también terrenos anexos, plazas públicas y edificios históricos. Este fenómeno ha sido bautizado como el "pack todo en uno".
Por ejemplo, la Catedral de Sevilla no fue registrada sola: la Iglesia también se apropió de la Giralda y del Patio de los Naranjos, dos símbolos históricos de la ciudad. En la Catedral de Valencia, se inscribió la iglesia junto con la torre del Micalet, una construcción del siglo XIV.
El caso más insólito ocurrió en Mallorca, donde la Iglesia inmatriculó la parroquia de San Salvador de Artà e incluyó en la inscripción las murallas históricas del pueblo y sus jardines interiores. Solo tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo obligó a la Iglesia a devolver estos bienes al Ayuntamiento.
Pero hay más: en Getafe, la Iglesia inscribió la iglesia de Santa María Magdalena y, de paso, todo el Cerro de los Ángeles, un lugar de tránsito habitual de personas y vehículos. En Córdoba, se apropió de la plaza del Pocito, y en Alcalá de Henares, de la plaza de los Niños.
¿QUÉ VALOR TIENE TODO ESTE PATRIMONIO?
Estimar el valor total de los bienes inmatriculados es difícil, pero las cifras son astronómicas.
- Valor inmobiliario:
Se calcula que el precio del metro cuadrado en suelo urbano oscila entre 1.500 y 3.000 euros en zonas céntricas.
Considerando los miles de edificios históricos, plazas y terrenos registrados, el valor podría superar los 50.000 millones de euros.
- Ingresos generados:
Solo la Mezquita-Catedral de Córdoba recauda entre 15 y 20 millones de euros al año gracias a la venta de entradas.
La Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
- Ejemplo internacional:
En Italia, el Vaticano tiene un patrimonio inmobiliario valorado en más de 100.000 millones de euros. Aplicando una proporción similar a España, el valor real del patrimonio inmatriculado podría superar los 70.000 millones de euros.
A pesar de la falta de información, algunas plataformas han conseguido pequeñas victorias. En Artà (Mallorca), el Tribunal Supremo ordenó la devolución de las murallas y jardines históricos que la Iglesia había registrado. Sin embargo, la mayoría de los bienes inmatriculados siguen en manos de la Iglesia sin que se haya iniciado un proceso de revisión general.
¿UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?
El debate sobre las inmatriculaciones no es solo una cuestión legal o religiosa, sino un problema de justicia histórica. Miles de bienes fueron inscritos a nombre de la Iglesia sin que esta tuviera que demostrar su propiedad, mientras ciudadanos, ayuntamientos y colectivos luchan por recuperar lo que consideran que nunca debió dejar de ser público.
Para muchos, la pregunta no es si estos bienes deben seguir en manos de la Iglesia, sino cuáles han sido las razones de los diferentes Gobiernos desde 1977 a esta parte para no hacer absolutamente nada que sirva para esclarecer la situación.
Mientras tanto, el expolio silencioso continúa, y los ciudadanos siguen sin obtener ningún tipo de respuestas.
¿SE PUEDEN EXPROPIAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA?
La posibilidad de expropiar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica es una cuestión compleja, pero no imposible. En términos jurídicos, el Estado sí podría iniciar procesos de reversión o expropiación en los casos en que se demuestre que la Iglesia se apropió de estos bienes de manera irregular. Sin embargo, esto requiere voluntad política, reformas legislativas y un estudio caso por caso.
Para proceder a la expropiación, primero habría que determinar si la Iglesia adquirió estos bienes de manera fraudulenta o simplemente aprovechó un privilegio legal. El problema radica en que, hasta 2015, el Código Hipotecario permitía que los obispos actuasen como notarios de sí mismos, inscribiendo propiedades sin necesidad de demostrar su posesión real.
Esto no significa que la apropiación fuese legítima, sino que hubo una laguna legal que facilitó la inscripción masiva de bienes sin control. En algunos casos, se han encontrado pruebas documentales que demuestran que ciertos bienes ya tenían titularidad pública o pertenecían a la comunidad.
Un ejemplo de esto es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que hasta el siglo XX figuraba como propiedad del Estado y que fue inmatriculada por el obispado por solo 30 euros en 2006.
EL MARCO JURÍDICO PARA UNA POSIBLE EXPROPIACIÓN
En España, la expropiación forzosa es una herramienta legal regulada por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que permite al Estado o a los ayuntamientos recuperar bienes privados cuando existe una causa justificada de utilidad pública o interés social.
En el caso de los bienes inmatriculados por la Iglesia, se podrían invocar varias razones para justificar su expropiación o reversión
Interés público: muchos de estos bienes son monumentos históricos o espacios públicos (plazas, calles, murallas) que deberían estar bajo gestión estatal o municipal.
Fraude o abuso de derecho: si se demuestra que la Iglesia inscribió bienes de dominio público, se podría anular la inscripción sin necesidad de expropiar.
Falta de pruebas de propiedad: la Iglesia no tuvo que presentar documentos que acreditaran la titularidad de los bienes antes de inmatricularlos. Una revisión de estos casos podría anular muchas de esas inscripciones.
UNA FORTUNA GIGANTESCA BASADA EN INMUEBLES, SUBVENCIONES Y EXENCIONES FISCALES
El poder económico de la Iglesia no proviene solo de las donaciones de los fieles, sino de un modelo de financiación privilegiado, que incluye:
Más de 100.000 bienes inmatriculados: La Iglesia posee templos, plazas, terrenos urbanos y rústicos, muchos de ellos inscritos a su nombre sin demostrar propiedad real.
Exención del pago del IBI y otros impuestos: Gracias a acuerdos con el Estado, la Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
Subvenciones directas del Estado: La Iglesia recibe cada año alrededor de 300 millones de euros a través del IRPF (la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta).
Ingresos por turismo y alquileres: Monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Catedral de Sevilla generan millones de euros en entradas, que son gestionados íntegramente por la Iglesia. Además, muchas de sus propiedades son alquiladas a empresas privadas o utilizadas para actividades económicas.
Según estimaciones independientes, el valor del patrimonio inmobiliario de la Iglesia en España podría superar los 70.000 millones de euros, convirtiéndola en uno de los mayores propietarios del país.
LA INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA Y EL MERCADO LABORAL
El impacto económico de la Iglesia no se limita a la gestión de su patrimonio. También opera en múltiples sectores, compitiendo con empresas privadas y beneficiándose de exenciones fiscales que le otorgan una ventaja injusta.
- Sanidad y asistencia social: La Iglesia gestiona hospitales, residencias de ancianos y centros de atención social, muchos de ellos financiados con dinero público. Sin embargo, los trabajadores de estos centros suelen tener peores condiciones laborales y en algunos casos se han denunciado prácticas irregulares.
- Turismo religioso: Ciudades como Santiago de Compostela, Toledo o Sevilla dependen en gran medida del turismo vinculado a la Iglesia. Sin embargo, los beneficios de este turismo van a las arcas eclesiásticas y no al Estado.
- Trabajo precario y voluntariado: Muchas actividades de la Iglesia se sostienen con voluntariado gratuito o sueldos bajos, lo que le permite operar con costes reducidos en sectores como la educación, la caridad o la gestión cultural.
"Plazas, murallas y monumentos han sido inscritos junto a templos en un 'pack todo en uno'."
EL USO DEL PODER PARA MANTENER PRIVILEGIOS
El problema de la Iglesia en España no es solo su riqueza, sino cómo la utiliza para mantener sus privilegios y resistirse a cualquier intento de reforma.
- Oposición a pagar impuestos: Aunque legalmente debería pagar impuestos por los bienes que usa con fines lucrativos, la Iglesia se resiste a cumplir con esta obligación. Hasta ahora, ningún Gobierno ha tenido la valentía de exigirle que contribuya como cualquier otra institución.
- Falta de transparencia: A pesar de manejar enormes cantidades de dinero público, la Iglesia no rinde cuentas de cómo usa estos fondos.
- Presión sobre el Gobierno: Cada vez que se propone una ley que afecta a sus intereses (como la eliminación de la exención del IBI), la Iglesia organiza campañas de presión con el apoyo de políticos conservadores y medios afines.
UNA IGLESIA RICA A COSTA DEL ESTADO Y LA CIUDADANÍA
Lejos de ser una institución espiritual centrada en la fe y la caridad, la Iglesia española es una de las mayores potencias económicas del país, con una influencia que se extiende al ámbito político, social y cultural.
Su riqueza no proviene únicamente de la devoción de sus fieles, sino de privilegios históricos que le han permitido acumular bienes, recibir dinero público y operar sin pagar impuestos.
La pregunta es clara: ¿por qué una institución privada sigue gozando de estos beneficios en un Estado supuestamente aconfesional? Mientras no se tomen medidas para limitar su poder, la Iglesia seguirá siendo un gigante económico que influye de manera determinante en la vida pública sin tener que rendir cuentas a nadie.
POR EL "EQUIPO NIXOR" DE CANARIAS SEMANAL
En España, hay un misterio sin resolver que afecta a miles de propiedades: ¿a quién pertenecen realmente muchas de las iglesias, plazas, terrenos e incluso monumentos históricos que han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica? Para responder a esta pregunta, hay que remontarse a una práctica poco conocida pero de gran impacto: las inmatriculaciones.
Las inmatriculaciones son el proceso mediante el cual una entidad inscribe un bien en el Registro de la Propiedad por primera vez. Desde 1946 y hasta 2015, la Iglesia pudo hacerlo sin necesidad de presentar pruebas de propiedad, gracias a una ley franquista que le otorgaba el privilegio de actuar como notaria de sí misma. Esto significa que bastaba la firma de un obispo para registrar terrenos, templos y hasta plazas públicas sin que nadie pudiese cuestionarlo.
"Más de 100.000 bienes podrían haber sido inmatriculados por la Iglesia sin demostrar su propiedad."
¿CUÁNTOS BIENES HAN SIDO INMATRICULADOS?
En 2021, el Gobierno publicó una lista con 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, aprovechando una reforma del expresidente José María Aznar que le permitió registrar también lugares de culto. Pero esta lista es solo la punta del iceberg. Las asociaciones que investigan el tema, como "Recuperando", calculan que desde 1946 la Iglesia ha podido inscribir a su nombre más de 100.000 bienes.
La falta de transparencia hace que conocer la cifra exacta sea casi imposible. Muchos de los registros están redactados deliberadamente de forma genérica y confusa, sin detallar con precisión qué propiedad se ha inscrito. Por ejemplo, en la lista del Gobierno aparecen descripciones como "capilla en Felgueras", que en realidad corresponde a la iglesia de Santa Cristina de Lena, declarada Patrimonio Mundial.
Esta ambigüedad impide que ayuntamientos y ciudadanos puedan reclamar propiedades que, en muchos casos, han sido mantenidas o construidas con dinero público.
EL CASO DE SANTA MARÍA DEL MAR: CUANDO UNA IGLESIA DEL PUEBLO SE CONVIERTE EN NEGOCIO PRIVADO
Uno de los ejemplos más llamativos de inmatriculación es el de la basílica de Santa María del Mar en Barcelona, conocida por la novela La Catedral del Mar. Se trata de un templo medieval que fue construido gracias al esfuerzo y el dinero de los vecinos, que cargaban las piedras para su edificación.
Sin embargo, en fechas recientes, la Iglesia lo registró a su nombre y comenzó a cobrar entrada a los visitantes. Cuando la plataforma Recuperant intentó obtener información sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad, se encontró con una negativa. “Nos dijeron que no podían darnos datos porque se trataba de una iglesia”, denuncia Dino di Nella, portavoz de la organización.
Esta opacidad se repite en toda España y dificulta que los ciudadanos sepan qué bienes han sido inmatriculados y en qué condiciones.
"La falta de transparencia en los registros impide saber qué bienes pertenecen realmente a la Iglesia
EL "PACK TODO EN UNO": CUANDO UNA IGLESIA INCLUYE PLAZAS, TORRES Y JARDINES
Uno de los aspectos más polémicos de las inmatriculaciones es que, en muchos casos, la Iglesia no solo registró templos, sino también terrenos anexos, plazas públicas y edificios históricos. Este fenómeno ha sido bautizado como el "pack todo en uno".
Por ejemplo, la Catedral de Sevilla no fue registrada sola: la Iglesia también se apropió de la Giralda y del Patio de los Naranjos, dos símbolos históricos de la ciudad. En la Catedral de Valencia, se inscribió la iglesia junto con la torre del Micalet, una construcción del siglo XIV.
El caso más insólito ocurrió en Mallorca, donde la Iglesia inmatriculó la parroquia de San Salvador de Artà e incluyó en la inscripción las murallas históricas del pueblo y sus jardines interiores. Solo tras una larga batalla judicial, el Tribunal Supremo obligó a la Iglesia a devolver estos bienes al Ayuntamiento.
Pero hay más: en Getafe, la Iglesia inscribió la iglesia de Santa María Magdalena y, de paso, todo el Cerro de los Ángeles, un lugar de tránsito habitual de personas y vehículos. En Córdoba, se apropió de la plaza del Pocito, y en Alcalá de Henares, de la plaza de los Niños.
¿QUÉ VALOR TIENE TODO ESTE PATRIMONIO?
Estimar el valor total de los bienes inmatriculados es difícil, pero las cifras son astronómicas.
- Valor inmobiliario:
Se calcula que el precio del metro cuadrado en suelo urbano oscila entre 1.500 y 3.000 euros en zonas céntricas.
Considerando los miles de edificios históricos, plazas y terrenos registrados, el valor podría superar los 50.000 millones de euros.
- Ingresos generados:
Solo la Mezquita-Catedral de Córdoba recauda entre 15 y 20 millones de euros al año gracias a la venta de entradas.
La Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
- Ejemplo internacional:
En Italia, el Vaticano tiene un patrimonio inmobiliario valorado en más de 100.000 millones de euros. Aplicando una proporción similar a España, el valor real del patrimonio inmatriculado podría superar los 70.000 millones de euros.
A pesar de la falta de información, algunas plataformas han conseguido pequeñas victorias. En Artà (Mallorca), el Tribunal Supremo ordenó la devolución de las murallas y jardines históricos que la Iglesia había registrado. Sin embargo, la mayoría de los bienes inmatriculados siguen en manos de la Iglesia sin que se haya iniciado un proceso de revisión general.
¿UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN?
El debate sobre las inmatriculaciones no es solo una cuestión legal o religiosa, sino un problema de justicia histórica. Miles de bienes fueron inscritos a nombre de la Iglesia sin que esta tuviera que demostrar su propiedad, mientras ciudadanos, ayuntamientos y colectivos luchan por recuperar lo que consideran que nunca debió dejar de ser público.
Para muchos, la pregunta no es si estos bienes deben seguir en manos de la Iglesia, sino cuáles han sido las razones de los diferentes Gobiernos desde 1977 a esta parte para no hacer absolutamente nada que sirva para esclarecer la situación.
Mientras tanto, el expolio silencioso continúa, y los ciudadanos siguen sin obtener ningún tipo de respuestas.
¿SE PUEDEN EXPROPIAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA IGLESIA?
La posibilidad de expropiar los bienes inmatriculados por la Iglesia católica es una cuestión compleja, pero no imposible. En términos jurídicos, el Estado sí podría iniciar procesos de reversión o expropiación en los casos en que se demuestre que la Iglesia se apropió de estos bienes de manera irregular. Sin embargo, esto requiere voluntad política, reformas legislativas y un estudio caso por caso.
Para proceder a la expropiación, primero habría que determinar si la Iglesia adquirió estos bienes de manera fraudulenta o simplemente aprovechó un privilegio legal. El problema radica en que, hasta 2015, el Código Hipotecario permitía que los obispos actuasen como notarios de sí mismos, inscribiendo propiedades sin necesidad de demostrar su posesión real.
Esto no significa que la apropiación fuese legítima, sino que hubo una laguna legal que facilitó la inscripción masiva de bienes sin control. En algunos casos, se han encontrado pruebas documentales que demuestran que ciertos bienes ya tenían titularidad pública o pertenecían a la comunidad.
Un ejemplo de esto es el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba, que hasta el siglo XX figuraba como propiedad del Estado y que fue inmatriculada por el obispado por solo 30 euros en 2006.
EL MARCO JURÍDICO PARA UNA POSIBLE EXPROPIACIÓN
En España, la expropiación forzosa es una herramienta legal regulada por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que permite al Estado o a los ayuntamientos recuperar bienes privados cuando existe una causa justificada de utilidad pública o interés social.
En el caso de los bienes inmatriculados por la Iglesia, se podrían invocar varias razones para justificar su expropiación o reversión
Interés público: muchos de estos bienes son monumentos históricos o espacios públicos (plazas, calles, murallas) que deberían estar bajo gestión estatal o municipal.
Fraude o abuso de derecho: si se demuestra que la Iglesia inscribió bienes de dominio público, se podría anular la inscripción sin necesidad de expropiar.
Falta de pruebas de propiedad: la Iglesia no tuvo que presentar documentos que acreditaran la titularidad de los bienes antes de inmatricularlos. Una revisión de estos casos podría anular muchas de esas inscripciones.
UNA FORTUNA GIGANTESCA BASADA EN INMUEBLES, SUBVENCIONES Y EXENCIONES FISCALES
El poder económico de la Iglesia no proviene solo de las donaciones de los fieles, sino de un modelo de financiación privilegiado, que incluye:
Más de 100.000 bienes inmatriculados: La Iglesia posee templos, plazas, terrenos urbanos y rústicos, muchos de ellos inscritos a su nombre sin demostrar propiedad real.
Exención del pago del IBI y otros impuestos: Gracias a acuerdos con el Estado, la Iglesia no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles por la mayoría de sus propiedades, lo que supone una pérdida de 600 a 1.000 millones de euros anuales para los ayuntamientos.
Subvenciones directas del Estado: La Iglesia recibe cada año alrededor de 300 millones de euros a través del IRPF (la famosa casilla de la Iglesia en la declaración de la renta).
Ingresos por turismo y alquileres: Monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Catedral de Sevilla generan millones de euros en entradas, que son gestionados íntegramente por la Iglesia. Además, muchas de sus propiedades son alquiladas a empresas privadas o utilizadas para actividades económicas.
Según estimaciones independientes, el valor del patrimonio inmobiliario de la Iglesia en España podría superar los 70.000 millones de euros, convirtiéndola en uno de los mayores propietarios del país.
LA INFLUENCIA EN LA ECONOMÍA Y EL MERCADO LABORAL
El impacto económico de la Iglesia no se limita a la gestión de su patrimonio. También opera en múltiples sectores, compitiendo con empresas privadas y beneficiándose de exenciones fiscales que le otorgan una ventaja injusta.
- Sanidad y asistencia social: La Iglesia gestiona hospitales, residencias de ancianos y centros de atención social, muchos de ellos financiados con dinero público. Sin embargo, los trabajadores de estos centros suelen tener peores condiciones laborales y en algunos casos se han denunciado prácticas irregulares.
- Turismo religioso: Ciudades como Santiago de Compostela, Toledo o Sevilla dependen en gran medida del turismo vinculado a la Iglesia. Sin embargo, los beneficios de este turismo van a las arcas eclesiásticas y no al Estado.
- Trabajo precario y voluntariado: Muchas actividades de la Iglesia se sostienen con voluntariado gratuito o sueldos bajos, lo que le permite operar con costes reducidos en sectores como la educación, la caridad o la gestión cultural.
"Plazas, murallas y monumentos han sido inscritos junto a templos en un 'pack todo en uno'."
EL USO DEL PODER PARA MANTENER PRIVILEGIOS
El problema de la Iglesia en España no es solo su riqueza, sino cómo la utiliza para mantener sus privilegios y resistirse a cualquier intento de reforma.
- Oposición a pagar impuestos: Aunque legalmente debería pagar impuestos por los bienes que usa con fines lucrativos, la Iglesia se resiste a cumplir con esta obligación. Hasta ahora, ningún Gobierno ha tenido la valentía de exigirle que contribuya como cualquier otra institución.
- Falta de transparencia: A pesar de manejar enormes cantidades de dinero público, la Iglesia no rinde cuentas de cómo usa estos fondos.
- Presión sobre el Gobierno: Cada vez que se propone una ley que afecta a sus intereses (como la eliminación de la exención del IBI), la Iglesia organiza campañas de presión con el apoyo de políticos conservadores y medios afines.
UNA IGLESIA RICA A COSTA DEL ESTADO Y LA CIUDADANÍA
Lejos de ser una institución espiritual centrada en la fe y la caridad, la Iglesia española es una de las mayores potencias económicas del país, con una influencia que se extiende al ámbito político, social y cultural.
Su riqueza no proviene únicamente de la devoción de sus fieles, sino de privilegios históricos que le han permitido acumular bienes, recibir dinero público y operar sin pagar impuestos.
La pregunta es clara: ¿por qué una institución privada sigue gozando de estos beneficios en un Estado supuestamente aconfesional? Mientras no se tomen medidas para limitar su poder, la Iglesia seguirá siendo un gigante económico que influye de manera determinante en la vida pública sin tener que rendir cuentas a nadie.
Chorche | Domingo, 02 de Marzo de 2025 a las 14:40:32 horas
Y sin embargo su representado dijo: mi reino no es de este mundo.
También dicen que dijo que antes entraría un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo.
También dicen que dijo, al que abuse de una criatura más le valdría atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar.
Dicen que vivía entre pobres y parias y que sólo tenía un burro cuando se lo prestaban.
También dijo: POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS.
Dicen los que han estudiado su vida que era anarco-comunista.
Sus autoproclamados representantes son capitalistas y dueños de la "Inmobiliaria celestial", pero esta inmobiliaria ni la consiguieron por medios lícitos ni la destinan para beneficiar a los más necesitados.
Y pobre del gobierno que se meta con sus privilegios.
No hay duda en que son maestros en adoctrinar y colonizar las mentes pues aún con todo ésto y mucho más, son millones los que marcan la casilla de la iglesia en la Declaración de Renta.
Excelente trabajo Equipo Nicor.
Muy necesario. Lo he divulgado.
Muchísimas gracias.
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