ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES RECHAZAN LOS PRESUPUESTOS DE GUERRA Y LOS PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO

Por A. RAMÍREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Mediante un comunicado conjunto remitido a la redacción de Canarias-semanal, 21 organizaciones sindicales y sociales han alertado sobre lo que consideran una nueva ofensiva del capital contra la clase trabajadora, articulada a través del aumento del gasto militar y la implantación de los llamados Planes de Pensiones de Empleo.

   Según se afirma en el comunicado, el sistema capitalista, actualmente en crisis, está preparando “una gran escalada en el robo de las riquezas creadas por la clase obrera”.

   De acuerdo con el texto, tras agotar recursos como los fondos públicos destinados a la gestión de la pandemia y los Fondos Next Generation orientados al llamado “capitalismo verde”, el capital redirige ahora millones de euros hacia la industria armamentística.

    El pretexto, según denuncian las organizaciones firmantes, sería la supuesta amenaza rusa, algo que califican de "manipulación informativa semejante a la que se utilizó para justificar la guerra de Irak con las “armas de destrucción masiva”.

    Para las organizaciones convocantes, esta narrativa mediática cumple una función concreta: “justificar la reducción del gasto en servicios públicos y pensiones y aumentar desmesuradamente los gastos militares”.

    En este escenario, la clase trabajadora acabaría pagando, afirman, “tres veces”: primero, mediante la plusvalía extraída en el proceso productivo; segundo, a través de los impuestos destinados a nutrir los presupuestos de defensa; y tercero, porque –según advierten– “si no derrotamos sus planes, serán nuestros hijos los que acabarán convertidos en carne de cañón”.

   El comunicado pone el foco en lo que sus firmantes consideran una manipulación ideológica de gran envergadura. Según argumentan, el enemigo real de la clase obrera no se encuentra en lejanos territorios, sino “en los consejos de administración de bancos y multinacionales y en el Consejo de Ministros”.

Los Planes de Pensiones de Empleo (PPE)

   Asimismo, el comunicado señala otro frente de ataque: los Planes de Pensiones de Empleo (PPE). Estos han sido introducidos mediante la última reforma de la Ley General de la Seguridad Social, impulsada por el Gobierno del PSOE y Sumar.

  Las organizaciones sindicatales y sociales denuncian que esta reforma representa “un paso decisivo para la privatización de las pensiones”, al permitir que parte de las subidas salariales negociadas en convenios colectivos se destinen obligatoriamente a fondos de pensiones privados gestionados por la banca.

   En ese sentido, afirman que estas entidades financieras actuarán como gestoras de dichos fondos. Entre las compañías mencionadas se encuentran Caser Seguros, Caixabank, BBVA, Banco Santander e Ibercaja. En el caso del Convenio de la Construcción, especifican que la gestora adjudicataria es Caixabank.

   El comunicado explica detalladamente las consecuencias que acarrean estos planes. En primer lugar, señalan que se reduce la base de cotización a la Seguridad Social, lo que afecta directamente al cálculo de diversas prestaciones: desempleo, indemnizaciones por despido, incapacidades temporales y permanentes, así como las pensiones públicas. Afirman que, al no computarse como salario el monto destinado a estos fondos, ni el trabajador ni el empresario cotizan por ese porcentaje.

   En segundo lugar, los firmantes advierten de que el rendimiento futuro de estos fondos privados es “incierto, inseguro e inestable”, ya que depende directamente del comportamiento de los mercados financieros.

   Respecto a los beneficiarios de este sistema, el comunicado es tajante: “Evidentemente, los empresarios”. Argumentan que estos se ahorran más del 34% de cotización sobre la base que debería generar ese salario, dado que la aportación proviene del incremento salarial acordado en convenio, y no de un desembolso adicional. Además, recuerdan que los empresarios se benefician de una desgravación fiscal del impuesto de sociedades de hasta el 10% por lo destinado al fondo de pensiones. En palabras del comunicado: “El dinero lo ponemos los trabajadores de la subida salarial, y la desgravación se la hacen a los empresarios”.

   El texto también señala el papel de la banca en esta arquitectura financiera. Para las organizaciones firmantes, estos planes constituyen un mecanismo que transfiere fondos públicos al capital privado, permitiendo a las entidades bancarias especular con ese dinero: “lo van a usar para jugar en bolsa, para realizar préstamos, financiaciones... en definitiva, para especular con nuestro dinero, no de forma gratuita, sino cobrando por su gestión”.

   En cuanto a los antecedentes internacionales de este tipo de planes, el comunicado menciona fracasos notables como los ocurridos en Reino Unido y en Euskadi, donde modelos similares de capitalización individual terminaron siendo rescatados por el Estado con dinero público. “Como siempre en el capitalismo –afirman–, las ganancias para la banca, las pérdidas se socializan”.

  El comunicado alerta también sobre la aplicación práctica de estos planes en el sector de la construcción, donde ya se han implantado, afectando a más de un millón de trabajadores y alcanzando una capitalización de 1.500 millones de euros bajo gestión de Caixabank. Además, advierten que la patronal del sector del metal está condicionando la firma del convenio a la inclusión obligatoria de un Plan de Pensiones de Empleo. “Después del metal irán el resto de los sectores, públicos y privados”, auguran los firmantes, señalando que el objetivo del sistema es manejar, en pocos años, 300.000 millones de euros procedentes de los salarios de la clase trabajadora.

  Las organizaciones denuncian que el Gobierno que impulsa esta reforma es “el más progresista de la historia”, según su propia definición, pero que en realidad “impulsa la privatización de las pensiones sometido a los intereses de la banca”.

   Y añaden que esta política sería imposible de implementar sin el apoyo de “sus socios colaboradores, UGT y CCOO”, a quienes acusan de confundir y desinformar a la clase trabajadora mientras obtienen beneficios económicos por su participación en la gestión de estos planes.

  Como ejemplo de esta afirmación, señalan que en el Plan de Pensiones de los trabajadores de la Administración General del Estado existe una gestora donde BBVA controla el 70% y UGT y CCOO el 30%, con una retribución conjunta cercana al millón de euros anuales.

 Ante este panorama, el comunicado concluye con un llamamiento a la movilización y a la resistencia: “La clase obrera debe rechazar los Planes de Pensiones de Empleo y los Presupuestos de Guerra”. Y cierra con dos lemas que resumen el espíritu del texto: “¡Basta de sentimiento de impotencia! ¡Preparemos la movilización!”.

  Finalmente, las organizaciones  se comprometen a impedir que “los Planes de Pensiones de Empleo u otros instrumentos financieros semejantes sean introducidos en los lugares de trabajo donde estemos presentes”.

ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL COMUNICADO:

1. Asociación de Trabajadores del Acero – ATA

2. Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias

3. Behargile Asamblearioen Taldeak – BAT

4. COESPE, Huesca

5. Comisiones de Base, Cobas

6. Confederación Intersindical

7. Confederación Nacional del Trabajo, CNT, Huesca

8. CNT Comarcal Sur – Madrid

9. Consejo Sindical Obrero - CSO

10. Coordinadora de Trabajadores de Andalucía – CTA

11. Coordinadora de Trabajadores del Metal – CTM

12. Coordinadora General de Pensionistas de Madrid – Unidad

13. FESIM - CGT

14. Federación Sindical Canaria - FSC

15. Frente Sindical Obrero Canario – FSOC

16. Intersindical de Aragón

17. La Clase Trabajadora, Asturias

18. OSTA, Huesca

19. Sindicalistas de Base de Canarias - SBC

20. Sindicato 25 de marzo – Extremadura

21. Sindicato Ferroviario