OPERACIÓN CHAMARTÍN: EL GRAN SAQUEO URBANÍSTICO QUE HA PUESTO DE ACUERDO A PEDRO SÁNCHEZ E ISABEL DÍAZ AYUSO
¿El mayor pelotazo urbanístico de la historia reciente de España?
La firma del ministro Óscar Puente para dar luz verde a la Operación Chamartín, ahora rebautizada como Madrid Nuevo Norte, no solo pone en marcha un proyecto urbanístico de dimensiones colosales, sino que también evidencia el mayor traspaso de suelo público a manos privadas en la historia reciente de España. Entre promesas de modernización y empleo, emergen duras críticas sobre los intereses que realmente están detrás de esta operación.
Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
![[Img #81876]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2024/2141_5653_2659_jordi-ruiz-cutura-cine.jpg)
La reciente firma del ministro de Transportes, Óscar Puente, marca el inicio de la ejecución de la conocida Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, y también sella lo que muchos consideran el mayor pelotazo urbanístico de la historia reciente de España.
Con la consecución de la Operación Chamartín más de dos millones de metros cuadrados de suelo público pasan a manos privadas, beneficiando principalmente a grandes grupos empresariales como BBVA, Merlin Properties o la constructora San José.
Se trata, en definitiva, de un proyecto que, lejos de responder a las necesidades de la ciudadanía, pone de manifiesto la subordinación del gobierno "progresista" a los intereses del capital privado, en connivencia con la derecha del Partido Popular liderada en la capital por Isabel Díaz Ayuso.
Un proyecto impulsado por y para las élites
El desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte abarca más de 2,3 millones de metros cuadrados, donde se construirán 10.500 viviendas, un nuevo centro de negocios, infraestructuras de transporte y zonas verdes. La inversión total estimada asciende a 25.000 millones de euros y los promotores prometen la generación de 350.000 empleos durante los 25 años que se estima durará el proyecto. Estas cifras, que podrían parecer deslumbrantes, esconden un trasfondo que beneficia abrumadoramente a las grandes corporaciones.
Con BBVA como principal beneficiario, con un 76% de participación en el proyecto, y Merlin Properties y la constructora San José completando el reparto del suculento pastel, el carácter privatizador y especulativo de la operación resulta evidente. Más allá de las promesas de viviendas asequibles –que solo representarían, en el papel, el 38% del total– y mejoras urbanas, lo que se ha consolidado es el traspaso de terrenos públicos a manos privadas a un precio que muchos expertos consideran muy por debajo de su valor real.
Impacto social y ambiental: las críticas de los colectivos
![[Img #81873]](https://canarias-semanal.org/upload/images/12_2024/1049_chamartin2t.jpg)
No por casualidad, desde sus inicios, la Operación Chamartín ha sido objeto de críticas por parte de colectivos vecinales, ecologistas y asociaciones civiles. Uno de los principales argumentos en contra del proyecto es, precisamente, que prioriza los intereses de grandes constructoras y entidades financieras sobre el bienestar social y ambiental.
Testimonios como el de José Miguel Núñez, portavoz de la Asociación Vecinal de Chamartín, reflejan la indignación de los vecinos:
"Este proyecto no responde a las necesidades reales de la población, sino al lucro de unos pocos. Mientras se construyen oficinas de lujo, seguimos sufriendo una grave carencia de vivienda social y servicios básicos en los barrios periféricos".
Además, la Asociación No Abuso, que reúne a antiguos propietarios de terrenos expropiados, ha denunciado el incumplimiento del fin público que inicialmente justificó esas expropiaciones.
Según su portavoz, María del Carmen López:
"La venta de estos terrenos es un despropósito. No solo se han incumplido las promesas de utilizar el suelo para fines públicos, sino que se ha entregado a precios irrisorios a grandes corporaciones".
El impacto ambiental es otra de las grandes preocupaciones. Organizaciones ecologistas alertan sobre la destrucción de zonas verdes y el incremento del tráfico en una ciudad ya congestionada. Según un informe del Club de Debates Urbanos, este desarrollo podría incrementar la contaminación y contribuir al cambio climático, socavando los objetivos de sostenibilidad que deberían guiar las políticas urbanísticas.
Connivencia entre gobiernos y capital privado
Uno de los aspectos más cuestionados de la Operación Chamartín es la colaboración entre el gobierno central "progresista" y el Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Aunque sus posturas políticas aparentan ser opuestas, ambos han trabajado conjuntamente para facilitar la ejecución del proyecto. Esto deja entrever una preocupante complicidad entre los supuestos "enemigos" ideológicos cuando se trata de beneficiar al capital privado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido públicamente la operación, asegurando que "revitalizará el norte de Madrid y generará empleo". Sin embargo, sus declaraciones no logran ocultar las críticas crecientes de quienes ven en esta actuación un claro ejemplo de la continuidad del modelo neoliberal. Mientras las constructoras celebran esta jugada maestra, los colectivos vecinales siguen luchando contra un proyecto que consideran injusto y lesivo para los intereses de la mayoría.
El espejismo de la vivienda asequible
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la Operación Chamartín es la promesa de construir 10.500 viviendas, de las cuales un 38% serán "asequibles". No obstante, este término resulta engañoso, ya que no garantiza viviendas públicas destinadas a las clases populares. En la práctica, muchas de estas viviendas podrían ser vendidas o alquiladas a precios fuera del alcance de las familias trabajadoras de Madrid.
Además, la proporción de vivienda asequible es insuficiente frente a la creciente crisis habitacional que vive la ciudad.
Según datos del Sindicato de Inquilinos de Madrid, más de 40.000 familias están actualmente en situación de vulnerabilidad habitacional. Este proyecto, lejos de ofrecer una solución, perpetúa la lógica especulativa que ha expulsado a miles de personas de sus barrios en las últimas décadas.
La resistencia continúa
A pesar de la firma y avance del proyecto, la lucha contra la Operación Chamartín no ha terminado. Diversos colectivos, como la Plataforma Zona Norte, el Club de Debates Urbanos y asociaciones vecinales, han emprendido acciones legales para anular la operación. Movilizaciones y protestas continúan visibilizando también la oposición ciudadana frente a lo que califican como un "despojo" de la propiedad y los espacios públicos en beneficio de los intereses privados.
Fuentes utilizadas
Por JORDI RUIZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
La reciente firma del ministro de Transportes, Óscar Puente, marca el inicio de la ejecución de la conocida Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte, y también sella lo que muchos consideran el mayor pelotazo urbanístico de la historia reciente de España.
Con la consecución de la Operación Chamartín más de dos millones de metros cuadrados de suelo público pasan a manos privadas, beneficiando principalmente a grandes grupos empresariales como BBVA, Merlin Properties o la constructora San José.
Se trata, en definitiva, de un proyecto que, lejos de responder a las necesidades de la ciudadanía, pone de manifiesto la subordinación del gobierno "progresista" a los intereses del capital privado, en connivencia con la derecha del Partido Popular liderada en la capital por Isabel Díaz Ayuso.
Un proyecto impulsado por y para las élites
El desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte abarca más de 2,3 millones de metros cuadrados, donde se construirán 10.500 viviendas, un nuevo centro de negocios, infraestructuras de transporte y zonas verdes. La inversión total estimada asciende a 25.000 millones de euros y los promotores prometen la generación de 350.000 empleos durante los 25 años que se estima durará el proyecto. Estas cifras, que podrían parecer deslumbrantes, esconden un trasfondo que beneficia abrumadoramente a las grandes corporaciones.
Con BBVA como principal beneficiario, con un 76% de participación en el proyecto, y Merlin Properties y la constructora San José completando el reparto del suculento pastel, el carácter privatizador y especulativo de la operación resulta evidente. Más allá de las promesas de viviendas asequibles –que solo representarían, en el papel, el 38% del total– y mejoras urbanas, lo que se ha consolidado es el traspaso de terrenos públicos a manos privadas a un precio que muchos expertos consideran muy por debajo de su valor real.
Impacto social y ambiental: las críticas de los colectivos
No por casualidad, desde sus inicios, la Operación Chamartín ha sido objeto de críticas por parte de colectivos vecinales, ecologistas y asociaciones civiles. Uno de los principales argumentos en contra del proyecto es, precisamente, que prioriza los intereses de grandes constructoras y entidades financieras sobre el bienestar social y ambiental.
Testimonios como el de José Miguel Núñez, portavoz de la Asociación Vecinal de Chamartín, reflejan la indignación de los vecinos:
"Este proyecto no responde a las necesidades reales de la población, sino al lucro de unos pocos. Mientras se construyen oficinas de lujo, seguimos sufriendo una grave carencia de vivienda social y servicios básicos en los barrios periféricos".
Además, la Asociación No Abuso, que reúne a antiguos propietarios de terrenos expropiados, ha denunciado el incumplimiento del fin público que inicialmente justificó esas expropiaciones.
Según su portavoz, María del Carmen López:
"La venta de estos terrenos es un despropósito. No solo se han incumplido las promesas de utilizar el suelo para fines públicos, sino que se ha entregado a precios irrisorios a grandes corporaciones".
El impacto ambiental es otra de las grandes preocupaciones. Organizaciones ecologistas alertan sobre la destrucción de zonas verdes y el incremento del tráfico en una ciudad ya congestionada. Según un informe del Club de Debates Urbanos, este desarrollo podría incrementar la contaminación y contribuir al cambio climático, socavando los objetivos de sostenibilidad que deberían guiar las políticas urbanísticas.
Connivencia entre gobiernos y capital privado
Uno de los aspectos más cuestionados de la Operación Chamartín es la colaboración entre el gobierno central "progresista" y el Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Aunque sus posturas políticas aparentan ser opuestas, ambos han trabajado conjuntamente para facilitar la ejecución del proyecto. Esto deja entrever una preocupante complicidad entre los supuestos "enemigos" ideológicos cuando se trata de beneficiar al capital privado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido públicamente la operación, asegurando que "revitalizará el norte de Madrid y generará empleo". Sin embargo, sus declaraciones no logran ocultar las críticas crecientes de quienes ven en esta actuación un claro ejemplo de la continuidad del modelo neoliberal. Mientras las constructoras celebran esta jugada maestra, los colectivos vecinales siguen luchando contra un proyecto que consideran injusto y lesivo para los intereses de la mayoría.
El espejismo de la vivienda asequible
Uno de los argumentos más utilizados para justificar la Operación Chamartín es la promesa de construir 10.500 viviendas, de las cuales un 38% serán "asequibles". No obstante, este término resulta engañoso, ya que no garantiza viviendas públicas destinadas a las clases populares. En la práctica, muchas de estas viviendas podrían ser vendidas o alquiladas a precios fuera del alcance de las familias trabajadoras de Madrid.
Además, la proporción de vivienda asequible es insuficiente frente a la creciente crisis habitacional que vive la ciudad.
Según datos del Sindicato de Inquilinos de Madrid, más de 40.000 familias están actualmente en situación de vulnerabilidad habitacional. Este proyecto, lejos de ofrecer una solución, perpetúa la lógica especulativa que ha expulsado a miles de personas de sus barrios en las últimas décadas.
La resistencia continúa
A pesar de la firma y avance del proyecto, la lucha contra la Operación Chamartín no ha terminado. Diversos colectivos, como la Plataforma Zona Norte, el Club de Debates Urbanos y asociaciones vecinales, han emprendido acciones legales para anular la operación. Movilizaciones y protestas continúan visibilizando también la oposición ciudadana frente a lo que califican como un "despojo" de la propiedad y los espacios públicos en beneficio de los intereses privados.
Fuentes utilizadas
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