ISABEL DÍAZ AYUSO PODRÁ PENALIZAR HASTA CON 100 MIL EUROS LAS MANIFESTACIONES UNIVERSITARIAS
¿Quién teme a los estudiantes que piensan? ¿Nos encontramos ante un modelo educativo o un modelo represivo?
La Comunidad de Madrid planea multar con hasta 100.000 euros a quienes protesten sin permiso en los campus universitarios. Detrás del lenguaje técnico y la promesa de “orden”, se oculta una vieja tentación: la de silenciar el conflicto para que todo parezca en calma.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL,ORG
¿Hasta dónde puede llegar el poder regional a la hora de ![[Img #85001]](https://canarias-semanal.org/upload/images/06_2025/6285_carlos-serna-ciencias.jpg)
controlar la disidencia en los campus?
Una nueva ley amenaza con criminalizar la protesta estudiantil en las Universidades públicas de Madrid. ¿Se trata de orden o de represión?
Cuando se habla de Universidades, muchos piensan en libros, aulas, exámenes... pero también en espacios de pensamiento crítico, debate y, cómo no, protesta. Es justamente esa última función la que parece haber encendido las alarmas del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
Un borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid ha desatado la polémica: en sus líneas se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros por manifestarse sin autorización en los campus universitarios.
"Multar la disidencia no es garantizar el orden: es reforzar el miedo."
Esta iniciativa no surge, en cualquier caso, en el vacío. Viene tras producirse semanas de protestas estudiantiles, acampadas en solidaridad con Palestina y actos de desobediencia simbólica dentro de universidades públicas. Pero lo que propone el texto legal va más allá de esas acciones puntuales: pretende crear un marco legal que limite severamente la capacidad de protesta en un lugar históricamente vinculado a la agitación política y la libertad de expresión.
UNA LEY QUE APUNTA A LA RAÍZ DEL DESACUERDO
El borrador filtrado establece que serán consideradas infracciones graves las
"manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de manifestaciones sí autorizadas", así como "la ocupación de espacios universitarios" o la "impedimenta del uso de instalaciones".
A primera vista, podría parecer una medida de orden y convivencia. Pero cuando se mira con más atención, lo que aparece es un intento de blindar las universidades contra cualquier muestra de oposición política.
En la práctica, esta ley permitiría multar a estudiantes que organicen asambleas espontáneas, acampadas reivindicativas o cortes simbólicos en los accesos. Y lo más preocupante es que las multas podrían oscilar entre los 10.000 y 100.000 euros, una cantidad completamente desproporcionada para quienes apenas pueden sobrevivir con becas, trabajos precarios o ayudas familiares.
¿PUEDE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPONER ESTAS SANCIONES?
Aquí es donde la cosa se vuelve más complicada. La Comunidad de Madrid tiene competencias en educación superior, pero el derecho a manifestarse y reunirse pacíficamente está garantizado por la Constitución Española (art. 21). Además, la regulación sobre derechos fundamentales no puede ser alterada por una ley regional sin entrar en conflicto con normas superiores, especialmente si afecta a libertades protegidas por la Carta Magna.
El Estado, a través de la Ley Orgánica 9/1983, regula el derecho de reunión. Esta ley establece que no hace falta autorización previa para manifestarse, solo una comunicación previa cuando la protesta se realiza en lugares de tránsito público. En ningún momento se exige autorización para protestas en recintos universitarios, aunque sí se deben respetar el orden público y la actividad académica. Pretender modificar esto desde una norma autonómica plantea una duda legal importante sobre su constitucionalidad.
DE LAS AULAS A LAS CALLES: UNA LARGA HISTORIA DE RESISTENCIA
Las Universidades no son solo centros de formación técnica o profesional. A lo largo del siglo XX, fueron auténticos focos de resistencia política, espacios donde se gestaron movimientos que transformaron sociedades enteras. Basta recordar las huelgas estudiantiles bajo la dictadura franquista, las luchas contra la LOU en los 2000, o las recientes acampadas por Palestina en 2024-2025.
Desde una perspectiva más estructural, podríamos decir que lo que se intenta con esta ley es neutralizar un sujeto históricamente molesto para el poder. Porque cuando los estudiantes se organizan, cuestionan. Y cuando cuestionan, generan peligro para quienes intentan sostener un modelo social, económico y político basado en la mercantilización de la educación y el vaciamiento del pensamiento crítico.
El Estado no es un árbitro neutral, sino una estructura que defiende los intereses de las clases hegemónicas. Y en ese marco, los espacios públicos, incluidos los universitarios, se convierten en terrenos disputados. Lo que ocurre hoy en Madrid es, en ese sentido, un síntoma claro de la función del Estado como aparato de control ideológico.
¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER ESTA LEY?
La aplicación de esta normativa no solo limitaría el derecho de expresión de los estudiantes, sino que abriría igualmente la puerta a un nuevo modelo de universidad: silenciosa, sumisa, gestionada como si se tratara de una empresa. Una universidad en la que disentir no solo sea incómodo, sino costoso y arriesgado. Esto, en definitiva, apunta al vaciamiento político del espacio universitario, a la criminalización del conflicto y al debilitamiento de la democracia participativa.
Los expertos constitucionalistas ya han señalado que esta medida podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional si se aprueba tal y como indican las filtraciones de la misma. Además, es previsible que las universidades públicas madrileñas, con cierto grado de autonomía, se resistan a aplicar esta ley. No sería la primera vez que se produce una fractura entre el poder político regional y los órganos de gobierno de los centros educativos.
UNA LEY QUE NO SOLO REGULA, SINO TAMBIÉN DISUADE
Lo más peligroso de este tipo de medidas no es solo su aplicación, sino el mensaje que lanzan: “si te organizas, te castigo”. Esto genera un clima de miedo, autocensura y desmovilización. Y en contextos donde el debate público ya está muy empobrecido, este tipo de leyes contribuyen a asfixiar la participación social.
Tal vez esa sea la verdadera intención del proyecto: no resolver un problema de orden público, sino prevenir la aparición de focos de disenso en momentos de creciente polarización social. Porque los movimientos estudiantiles, cuando emergen con fuerza, suelen ir más allá del aula: cuestionan también el modelo de sociedad, los privilegios de las élites, las injusticias del sistema.
POR CARLOS SERNA PARA CANARIAS SEMANAL,ORG
¿Hasta dónde puede llegar el poder regional a la hora de controlar la disidencia en los campus?
Una nueva ley amenaza con criminalizar la protesta estudiantil en las Universidades públicas de Madrid. ¿Se trata de orden o de represión?
Cuando se habla de Universidades, muchos piensan en libros, aulas, exámenes... pero también en espacios de pensamiento crítico, debate y, cómo no, protesta. Es justamente esa última función la que parece haber encendido las alarmas del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.
Un borrador de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid ha desatado la polémica: en sus líneas se contemplan sanciones de hasta 100.000 euros por manifestarse sin autorización en los campus universitarios.
"Multar la disidencia no es garantizar el orden: es reforzar el miedo."
Esta iniciativa no surge, en cualquier caso, en el vacío. Viene tras producirse semanas de protestas estudiantiles, acampadas en solidaridad con Palestina y actos de desobediencia simbólica dentro de universidades públicas. Pero lo que propone el texto legal va más allá de esas acciones puntuales: pretende crear un marco legal que limite severamente la capacidad de protesta en un lugar históricamente vinculado a la agitación política y la libertad de expresión.
UNA LEY QUE APUNTA A LA RAÍZ DEL DESACUERDO
El borrador filtrado establece que serán consideradas infracciones graves las
"manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de manifestaciones sí autorizadas", así como "la ocupación de espacios universitarios" o la "impedimenta del uso de instalaciones".
A primera vista, podría parecer una medida de orden y convivencia. Pero cuando se mira con más atención, lo que aparece es un intento de blindar las universidades contra cualquier muestra de oposición política.
En la práctica, esta ley permitiría multar a estudiantes que organicen asambleas espontáneas, acampadas reivindicativas o cortes simbólicos en los accesos. Y lo más preocupante es que las multas podrían oscilar entre los 10.000 y 100.000 euros, una cantidad completamente desproporcionada para quienes apenas pueden sobrevivir con becas, trabajos precarios o ayudas familiares.
¿PUEDE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPONER ESTAS SANCIONES?
Aquí es donde la cosa se vuelve más complicada. La Comunidad de Madrid tiene competencias en educación superior, pero el derecho a manifestarse y reunirse pacíficamente está garantizado por la Constitución Española (art. 21). Además, la regulación sobre derechos fundamentales no puede ser alterada por una ley regional sin entrar en conflicto con normas superiores, especialmente si afecta a libertades protegidas por la Carta Magna.
El Estado, a través de la Ley Orgánica 9/1983, regula el derecho de reunión. Esta ley establece que no hace falta autorización previa para manifestarse, solo una comunicación previa cuando la protesta se realiza en lugares de tránsito público. En ningún momento se exige autorización para protestas en recintos universitarios, aunque sí se deben respetar el orden público y la actividad académica. Pretender modificar esto desde una norma autonómica plantea una duda legal importante sobre su constitucionalidad.
DE LAS AULAS A LAS CALLES: UNA LARGA HISTORIA DE RESISTENCIA
Las Universidades no son solo centros de formación técnica o profesional. A lo largo del siglo XX, fueron auténticos focos de resistencia política, espacios donde se gestaron movimientos que transformaron sociedades enteras. Basta recordar las huelgas estudiantiles bajo la dictadura franquista, las luchas contra la LOU en los 2000, o las recientes acampadas por Palestina en 2024-2025.
Desde una perspectiva más estructural, podríamos decir que lo que se intenta con esta ley es neutralizar un sujeto históricamente molesto para el poder. Porque cuando los estudiantes se organizan, cuestionan. Y cuando cuestionan, generan peligro para quienes intentan sostener un modelo social, económico y político basado en la mercantilización de la educación y el vaciamiento del pensamiento crítico.
El Estado no es un árbitro neutral, sino una estructura que defiende los intereses de las clases hegemónicas. Y en ese marco, los espacios públicos, incluidos los universitarios, se convierten en terrenos disputados. Lo que ocurre hoy en Madrid es, en ese sentido, un síntoma claro de la función del Estado como aparato de control ideológico.
¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER ESTA LEY?
La aplicación de esta normativa no solo limitaría el derecho de expresión de los estudiantes, sino que abriría igualmente la puerta a un nuevo modelo de universidad: silenciosa, sumisa, gestionada como si se tratara de una empresa. Una universidad en la que disentir no solo sea incómodo, sino costoso y arriesgado. Esto, en definitiva, apunta al vaciamiento político del espacio universitario, a la criminalización del conflicto y al debilitamiento de la democracia participativa.
Los expertos constitucionalistas ya han señalado que esta medida podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional si se aprueba tal y como indican las filtraciones de la misma. Además, es previsible que las universidades públicas madrileñas, con cierto grado de autonomía, se resistan a aplicar esta ley. No sería la primera vez que se produce una fractura entre el poder político regional y los órganos de gobierno de los centros educativos.
UNA LEY QUE NO SOLO REGULA, SINO TAMBIÉN DISUADE
Lo más peligroso de este tipo de medidas no es solo su aplicación, sino el mensaje que lanzan: “si te organizas, te castigo”. Esto genera un clima de miedo, autocensura y desmovilización. Y en contextos donde el debate público ya está muy empobrecido, este tipo de leyes contribuyen a asfixiar la participación social.
Tal vez esa sea la verdadera intención del proyecto: no resolver un problema de orden público, sino prevenir la aparición de focos de disenso en momentos de creciente polarización social. Porque los movimientos estudiantiles, cuando emergen con fuerza, suelen ir más allá del aula: cuestionan también el modelo de sociedad, los privilegios de las élites, las injusticias del sistema.
Chorche | Lunes, 16 de Junio de 2025 a las 11:22:16 horas
La organización Andalucía Laica ha criticado públicamente la reciente instrucción enviada a los centros educativos andaluces, que obliga a incluir 90 minutos semanales de Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil.
La entidad denuncia la falta de justificación legal, la vulneración de la autonomía pedagógica y el atentado contra la libertad de conciencia de las familias, calificando la medida como un retroceso en el principio de laicidad en la escuela pública.
Andalucía Laica ha hecho pública una denuncia ante lo que considera una "imposición injustificada" de la asignatura de Religión en el segundo ciclo de Educación Infantil (de 3 a 6 años) en los centros públicos andaluces. La organización denuncia que los colegios han recibido recientemente una nota informativa —sin firma ni identificación oficial— procedente supuestamente del Servicio de Planificación y Escolarización, en la que se les ordena incorporar, antes del 12 de junio, módulos de 90 minutos semanales de Religión en esta etapa educativa.
"La escuela pública debe garantizar un espacio común “basado en valores compartidos vinculados a los Derechos Humanos y no en dogmas particulares, que deben quedar restringidos al ámbito privado o a los lugares de culto”.
“La presencia de simbología o contenidos religiosos en el entorno escolar no solo es inapropiada, sino que supone financiar con dinero público un adoctrinamiento que debería corresponder exclusivamente a las iglesias”
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