A PROPÓSITO DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS: LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA NO ES UNA EXCEPCIÓN, ES LA REGLA

POR MANUEL MEDINA (*) PARA CANARIAS SEMANAL.ORG

     España amaneció el pasado jueves con otro nuevo escándalo político. En esta ocasión, la noticia fue la dimisión de Santos Cerdán, Secretario de organización del PSOE, presuntamente envuelto en un caso de corrupción por cobro de comisiones.

    Sin embargo, más que una sorpresa, este episodio es el enésimo capítulo de una historia largamente conocida. Una historia que, a poco que se repase, nos revela que la corrupción en España no es un accidente ni una disfunción, sino una pieza clave de su actual engranaje político.

   Durante décadas, la corrupción ha sido tratada como si fuera un fenómeno puntual, atribuible a “manzanas podridas” que traicionan los ideales de sus Partidos. Pero esa visión, cómoda y superficial, oculta otra realidad mucho más incómoda: la corrupción en España es estructural. Está profundamente arraigada en la forma en que se ha construido y consolidado el poder político y económico desde la Transición. No se trata de casos aislados. Es un modo de funcionamiento.

“La Monarquía ha funcionado como núcleo simbólico y práctico de la impunidad”

   Para entender esta afirmación no basta con contar el número de comisiones o el volumen de maletines. Hay que tratar de escarbar más hondo. Hay que mirar al sistema.

UN SISTEMA HEREDADO: DEL FRANQUISMO A LA MONARQUÍA PARLAMENTARIA

      Cuando se habla de corrupción estructural en España el punto de partida ineludible se encuentra en la dictadura franquista. No porque antes no hubiera corrupción —la hubo, y mucha—, sino porque fue durante aquellos cuarenta años cuando se consolidó una forma muy concreta de relación entre el poder político, el económico y el judicial.

    Durante la dictadura, el Régimen utilizó el aparato del Estado sino para asegurar la lealtad de las elites. Se repartieron concesiones, licencias, contratos públicos, tierras, favores y puestos en Consejos de Administración, de manera absolutamente "natural". Las grandes fortunas españolas de hoy —vinculadas a los grandes negocios de la  Banca, la Construcción, las Energéticas o los Medios de comunicación— no surgieron de la competencia libre en un mercado abierto, sino del amiguismo y la proximidad con el poder franquista.

    Esta oligarquía no desapareció con la muerte de Franco. Fue, de hecho, uno de los pilares de la llamada Transición. Mientras se redactaba la Constitución y se legalizaban Partidos, esta élite económica se aseguró de que el nuevo régimen no alterara su posición privilegiada. La fórmula fue sencilla: se mantenían las formas democráticas, pero el fondo del poder seguía en manos de los mismos. Para que todo cuadrara, se necesitaba un mecanismo que garantizara que los nuevos partidos jugaban dentro de las reglas del juego. La corrupción funcionó como ese mecanismo.

     El dinero negro, las comisiones ilegales, los favores empresariales y las redes clientelares fueron formas de premiar la obediencia y castigar la disidencia dentro del sistema político. A lo largo de los años, esa corrupción se institucionalizó: se convirtió en una parte más del modelo de acumulación y de dominación.

TRANSICIÓN POLÍTICA SIN RUPTURA ECONÓMICA

      Una de las claves para entender la permanencia de la corrupción es que la Transición fue política, en efecto, pero no económica, ni social. Se cambiaron las formas del Régimen —de dictadura a Monarquía parlamentaria—, pero no se modificó ni un ápice del entramado de intereses que sostenía a las clases dominantes.

     No se tocó la estructura de la propiedad. No se revisaron las privatizaciones fraudulentas de la dictadura. No se desmantelaron los privilegios concedidos a ciertas familias y grupos económicos.

“La “transición” cambió la forma del Régimen político, pero no tocó ni de lejos, las bases corruptas del poder económico”

     Muy al contrario: esos actores se “democratizaron” al convertirse en los financiadores encubiertos de Partidos, campañas y medios de comunicación. El caso Filesa, por ejemplo, mostró cómo el PSOE en los años 80 se financió a través de toda una red de empresas pantalla. El PP, más adelante, profesionalizó las donaciones ilegales en su contabilidad B, como quedó demostrado en los casos Gürtel y Bárcenas.

    Estos no fueron "errores". Fueron síntomas de un sistema cuya base material seguía intacta: una estructura económica oligárquica que utiliza el aparato político para defender sus intereses. La corrupción no es una disfunción del sistema democrático, sino el precio que se pagó por no haber roto con el franquismo.

LA RED DE PODER: PARTIDOS, EMPRESAS Y MEDIOS

    La corrupción estructural en España no puede entenderse sin atender al triángulo formado por partidos políticos, grandes empresas y medios de comunicación. Los partidos, sobre todo los que han repetido la administración del aparato del Estado (PSOE y PP), han necesitado financiarse constantemente para mantenerse en la carrera electoral. Dado que las cuotas de afiliación y las vías legales de financiación son insuficientes, muchos recurrieron a prácticas opacas, cuando no directamente ilegales.

“La Monarquía ha funcionado como núcleo simbólico y práctico de la impunidad”

   A cambio, las empresas beneficiadas por contratos públicos recibían favores, licencias, recalificaciones o indultos. Esta simbiosis entre partidos y empresas ha generado un espeso tejido de relaciones de dependencia mutua, en el que el interés público queda siempre en segundo plano.

    Los medios de comunicación, por su parte, han funcionado muchas veces como correas de transmisión de estos intereses. No sólo porque reciban publicidad institucional —que también—, sino porque están controlados o financiados por los mismos grupos económicos que se benefician del sistema. Esta conexión explica por qué ciertos casos de corrupción apenas ocupan espacio mediático, mientras otros se magnifican según convenga al equilibrio de poder en cada momento.

LA MONARQUÍA COMO NÚCLEO DE IMPUNIDAD

    Si hay una institución que ha funcionado como núcleo simbólico y práctico de la impunidad en España esa ha sido la Monarquía. En pleno siglo XXI, España sigue siendo una Monarquía hereditaria, donde el jefe del Estado no es elegido democráticamente y, además, goza de una inmunidad total que lo coloca por encima de la ley.

    Este privilegio legal ha sido la garantía de que la Casa Real no sólo permanezca blindada ante cualquier acusación judicial, sino también de que se mantenga el pacto de silencio mediático e institucional. El caso de Juan Carlos I —con sus cuentas en Suiza, sus comisiones saudíes y su fortuna opaca— no ha sido una excepción, sino un reflejo brutal de cómo se gestó la acumulación de poder y riqueza desde la propia jefatura del Estado.

    La inviolabilidad del rey, que continúa reconocida por la propia Constitución de 1978, ha servido para que el monarca pueda cometer cualquier ilegalidad sin consecuencia jurídica alguna. ¿Cómo puede hablarse de Estado de derecho en un país donde el principal representante de ese Estado no puede ser juzgado, ni siquiera investigado, por lo que haga durante su reinado?

    Además, la Monarquía ha jugado un papel clave en la articulación del bloque dominante: ha sido una figura de consenso para el mantenimiento del statu quo, unificadora de los intereses de las élites económicas, políticas y militares. Por eso se la ha protegido con tanto celo. Su deslegitimación arrastraría al conjunto del sistema político nacido en la Transición.

UNA JUSTICIA PARA LOS PODEROSOS

   Otro de los pilares que sostiene la corrupción estructural en España es el funcionamiento del aparato judicial. Si bien existe una apariencia de independencia judicial, la realidad muestra una justicia profundamente politizada, selectiva y desigual.

    Los grandes casos de corrupción tardan años en investigarse, prescriben o acaban en absoluciones. Cuando hay condenas, las penas suelen ser ridículas y, en algunos casos, los indultos terminan por cerrar el círculo de impunidad. Mientras tanto, los pequeños delitos de las clases populares son perseguidos con toda severidad.

   Esto no ocurre por casualidad. El sistema judicial español - como el de otros países- ha sido diseñado para garantizar la estabilidad del sistema, no para cuestionarlo. El Consejo General del Poder Judicial, encargado de nombrar a jueces y magistrados, lleva años controlado por pactos entre los partidos mayoritarios. Y, muchas veces, aquellos jueces que se atreven a investigar tramas de corrupción que afectan al núcleo del poder   terminan, de una u otra manera, siendo apartados de sus cargos.

   El aparato judicial, en este sentido, no es un contrapeso del poder político y económico, sino un instrumento más de su reproducción. Las formas legales encubren relaciones materiales de clase.

¿CAMBIO O CONTINUIDAD?

    Con cada nuevo escándalo, surgen promesas de regeneración. Cada Partido en la oposición promete acabar con la corrupción y limpiar las instituciones. Sin embargo, una vez llegan al poder, las lógicas del sistema terminan absorbiéndolos.

   Esto no significa que todos los militantes que integran estos partidos respondan al mismo patrón de corrupción. Significa que el sistema tiene una capacidad asombrosa para absorber y neutralizar cualquier intento de transformación que no cuestione las estructuras fundamentales: la propiedad de los grandes medios de producción, el papel de las élites económicas y el marco constitucional que los protege.

    Las reformas legales, por sí solas, no bastan para acabar con la corrupción. Porque el problema no es simplemente de normas o de transparencia, sino de poder. La corrupción es una forma de redistribución regresiva de la riqueza: traslada recursos públicos a manos privadas, con la complicidad de quienes deberían gestionarlos en nombre del bien común.

LA CORRUPCIÓN COMO PATRÓN DE DOMINACIÓN

    España no tiene tan solo un problema de corrupción: tiene una economía y un sistema político profundamente atravesados por ella. Y esto no se debe a una supuesta “debilidad moral” de los políticos, sino a una estructura histórica concreta que viene del franquismo, que se consolidó en la Transición y se mantiene hoy bajo una forma democrática que es cada vez más formal que real.

    La corrupción no es una enfermedad del sistema. Es parte del sistema. Sirve para reproducir las jerarquías de clase, para mantener intactos los privilegios de los de arriba y para disciplinar a quienes intentan cambiar las reglas.

    En este contexto, cualquier intento de transformación real debe ir mucho más allá de pedir dimisiones o endurecer leyes. Debe cuestionar las bases mismas sobre las que se asienta el poder en España. Y eso implica, inevitablemente, abrir un debate colectivo sobre el modelo de Estado, sobre la propiedad, sobre el papel del aparato judicial y, sí, también sobre la Monarquía.

      Porque sólo desde una ruptura con ese pasado que nunca se fue —ese franquismo maquillado de "democracia"— podrá construirse una sociedad libre de corrupción estructural.

(*) MANUEL MEDINA ES PROFESOR DE HISTORIA Y DIVULGADOR DE TEMAS RELACIONADOS CON ESA MATERIA.

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