¿FALSIFICACIÓN DE DATOS Y MUERTES EN LISTA DE ESPERA?: EL ESCÁNDALO DE LA DEPENDENCIA EN CANARIAS

Por ERNESTO GUTIÉRREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

   Los Comités de Empresa de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias han exigido la dimisión inmediata de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez Cuelliga, señaladas por la presunta manipulación de los datos enviados al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), en los que se comunicaron como concedidas más de 9.000 prestaciones que en realidad no existían .

   La consejera Delgado reconoció públicamente lo que calificó como un "error", atribuyéndolo a una "discordancia" en la información remitida. Según explicó, su departamento contabilizaba como prestaciones puestas en marcha aquellas que habían sido concedidas, pero no ejecutadas . Sin embargo, esta explicación ha sido calificada por los trabajadores como insuficiente y como una muestra más de la falta de transparencia y rigor en la gestión de la dependencia en Canarias.

UNA LISTA DE ESPERA QUE SE TRADUCE EN MUERTES

   La situación es aún más grave si se considera que, según datos recientes, más de 11.000 personas en Canarias tienen reconocido el derecho a una prestación de dependencia pero siguen esperando su ejecución. La mayoría de ellas llevan más de seis meses en esta situación . Además, desde la aprobación de la Ley de Dependencia hace 18 años, más de 23.000 personas han fallecido en las islas esperando recibir una prestación .

   Estas cifras no son meros números; representan vidas truncadas por la ineficiencia y la desidia de un sistema que debería garantizar el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables. La muerte en lista de espera es la manifestación más cruel de una estructura que prioriza la burocracia y la apariencia sobre las necesidades reales de las personas.

EL NUEVO DECRETO: ¿SIMPLIFICACIÓN O RECORTE DE DERECHOS?

   En este contexto, el Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia. Según la Consejería, el objetivo es simplificar y agilizar los trámites, unificando en una sola resolución el grado de dependencia y las prestaciones correspondientes .

  Sin embargo, los trabajadores y sindicatos han denunciado que este decreto "cronifica los problemas estructurales, centraliza aún más las decisiones y limita las garantías tanto para la ciudadanía como para el personal técnico" .

  Afirman, igualmente, que se legisla "desde el engaño, ocultando la realidad del sistema, construyendo marcos normativos sin dotación presupuestaria, sobre datos falseados y alejando cada vez más la gestión de criterios técnicos, transparentes y democráticos".

 Los sectores más críticos con el Ejecutivo regional, de Coalición Canaria y el PP, denuncian  que la manipulación de los datos de dependencia puede entenderse como una estrategia para ocultar la precariedad del sistema y justificar políticas de recorte y externalización de servicios.

   Desde este punto de vista, inflar las cifras de prestaciones concedidas serviría a la construcción de una narrativa de éxito y eficiencia que contrasta con la realidad de miles de personas que esperan, y en muchos casos mueren, sin recibir la atención que necesitan.